Reggio’s Weblog

Dice Le Monde que Nicolas Sarkozy promueve la candidatura de Felipe González para presidente de la Unión Europea (UE), y se puede añadir que José Luis Rodríguez Zapatero apoya la idea. Por el contrario, la sensación es que el ex presidente de Gobierno español está esperando el mejor momento para anunciar su “no candidatura” a ese puesto y despejar las especulaciones. Mientras los hilos se tejen, González trabaja como presidente del grupo de reflexión sobre el futuro de Europa, creado por el Consejo Europeo en su reunión del pasado diciembre.

Además de González, que fue nombrado por unanimidad, hay dos vicepresidentes: la ex jefe de Estado de Letonia, Vaira Vike-Freiberga, y el ex presidente de la multinacional finlandesa Nokia, Jorma Olilla. El resto del grupo, hasta 9 o 10 miembros, se formará con científicos, tecnólogos, economistas, expertos en inmigración o energía, etcétera. En los meses transcurridos se ha dado una especial resonancia, por la forma de trabajar y los objetivos que se proponen, entre el político González y el empresario Olilla, que ya se han reunido en varias ocasiones.

Dentro de unos días, González trasladará su despacho principal a la sede del madrileño palacio de Viana, propiedad del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ejercerá las dos actividades que tiene encomendadas: la presidencia del grupo de reflexión europeo y la de embajador plenipotenciario para los bicentenarios de América Latina. Para la primera contará con la ayuda del hasta ahora embajador de España en Washington, Carlos Westendorp, ya jubilado, muy buen conocedor de la Unión Europea. En la segunda tenía como apoyo a otro embajador, Pipo Dicenta, pero acaba de dejar su función para incorporarse a la Unión Latina.

Hasta donde se conoce, el grupo de reflexión de la UE armará su pronóstico (que ha de entregar en junio de 2010, coincidiendo con la presidencia española) en torno a cinco ejes. El primero, la Agenda de Lisboa, que trata de hacer de Europa la zona más competitiva del planeta: ¿por qué, con algunas excepciones, Europa no avanza más en la sociedad del conocimiento y en la inversión en capital tecnológico?

El segundo, el modelo energético y el cambio climático: sólo con los compromisos que Europa ha adquirido en lo que se refiere a la reducción de gases de efecto invernadero, se requeriría una revolución energética de la que no hay ni rastro; además, están los problemas geoestratégicos de abastecimiento en una región muy deficitaria en energía.

En tercer lugar, una reflexión sobre el modelo social, seña de identidad europea: cómo financiarlo en una coyuntura demográfica desfavorable y con déficit de competitividad en relación a otros conjuntos regionales.

Cuarto, la política migratoria europea en un momento en el que se empieza a manifestar el embrión de un modelo alternativo, restrictivo, al que se ha utilizado hasta ahora consistente en la recepción e integración de los inmigrantes, poniendo el énfasis en los beneficios de su llegada, no en las dificultades de su acomodo.

Por último, la determinación de una política exterior y de seguridad común, cuando el planeta se enfrenta a problemas vinculados no sólo al terrorismo internacional sino a redes mafiosas y criminales muy potentes, que no tienen fronteras y cuya actividad ocupa porcentajes crecientes de la actividad económica.

A estos puntos, que tratarán de componer un discurso estratégico sobre un proyecto común (no un estudio teórico de miles de páginas), se les podrían unir algunas de las obsesiones europeístas de Felipe González, por las que seguramente fue elegido por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete. Por ejemplo, las fronteras de la UE y el caso de Turquía.

El socialista español siempre ha creído, más allá de las declaraciones de unos y otros, que pasará mucho tiempo antes de que Turquía sea un miembro más de la Unión. Por tanto, habrá de encontrarse una hoja de ruta que tenga en cuenta este hecho.

Turquía debería aprovechar la mala conciencia europea para lograr un acuerdo especial con la UE lo más amplio posible; por ejemplo, usar el euro como moneda aunque no tenga libertad de movimientos de personas. Cuando los europeos estén acostumbrados a compartir experiencias con los turcos, habrá otro ambiente psicológico y se podrán abordar nuevas cuotas de participación conjunta.

Dentro de pocos días se presentará, previsiblemente, el Informe Económico del Presidente de Gobierno, correspondiente al ejercicio en curso. Este año lo más importante no es dónde hará esa presentación y de quién estará acompañado, aunque también: en 2007 lo hizo en el recinto privado de la Bolsa de Madrid y compartió tribuna con el entonces director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, y con el vicepresidente, Pedro Solbes, que no ocultaba su incomodidad por participar en ese acto. Ya entonces se planteó el difícil encaje de ese informe en un sistema político como el español: si la oposición quiere interpelar el contenido del mismo, ¿cuál es el mecanismo orgánico para hacerlo toda vez que a pesar de ser un informe oficial del presidente no pasa por el Parlamento?

Pero lo más significativo este año, más que nunca, será su contenido: conocer un diagnóstico preciso de la situación y las medidas para corregir la desaceleración económica, casi tres meses después de las elecciones generales, cuando esa desaceleración es “más intensa” de lo previsto y quizá se requieran nuevas medidas de estímulo económico, que se tomarán “en función de las circunstancias” (las palabras entrecomilladas pertenecen a Rodríguez Zapatero, en su intervención en el Foro Burgos, el pasado viernes). Esta profundización de las dificultades está haciendo que algunos sectores productivos de la economía, que en coyunturas favorables acusaban al Ejecutivo de intervencionismo (por ejemplo, con la Ley del Suelo), ahora exijan su presencia urgente y la aparición de la chequera del superávit público para sacar sus castañas del fuego, so pena de una catástrofe para el empleo y para el conjunto de la economía. Admirable.

En el prólogo al Informe 2007, Zapatero enfatizó que tal documento, elaborado a través de su Oficina Económica, permitirá durante años sucesivos “la comparación de la economía española desde la óptica de la Presidencia de Gobierno” y contribuirá “al debate económico y social de las políticas económicas que deben diseñarse a medio y largo plazo, con la finalidad de aumentar el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. Pues bien, el informe pasado decía textualmente: “El escenario macroeconómico para los dos próximos años es muy positivo. Las previsiones apuntan a que en 2007 continuará la fase de expansión económica mundial iniciada en 2002. El crecimiento mundial, que se situará alrededor del 5%, seguirá estando muy repartido entre las distintas áreas, con las economías emergentes liderando este crecimiento. El escenario de riesgo caracterizado por una desaceleración brusca de la actividad como consecuencia del comportamiento del mercado hipotecario y del déficit por cuenta corriente de EE UU tiene una probabilidad bastante reducida” [el subrayado es nuestro].

De nuevo se manifiesta la necesidad de que los hombres públicos -y los economistas- sean humildes con la prospectiva para no equivocarse tan centralmente en los diagnósticos. El Informe 2007 desbordaba autocomplacencia, a la vista de lo sucedido en los 12 meses siguientes. Su prólogo empezaba del siguiente modo: el año 2006 ha sido, en términos económicos, el mejor año en la historia democrática española; la actividad económica ha continuado en 2006 un periodo de expansión que dura ya más de 14 años, por primera vez se han superado los 20 millones de personas ocupadas, alcanzando una tasa del 8,5%, la tasa más baja de la democracia y próxima al promedio europeo… Si la metodología del informe próximo fuese la misma que la del anterior, debería comenzar reconociendo la rapidez con que se deteriora la tasa de crecimiento, y el enorme crecimiento del desempleo en España en el primer trimestre del ejercicio en curso, que le aleja de nuevo de la media europea.

En el Informe 2007 se describía el cambio en el modelo de crecimiento, ya que la construcción estaba siendo sustituida como motor de crecimiento por la inversión en bienes de equipo; y se decía que la productividad, después de haber presentado avances muy moderados, inferiores claramente a los experimentados por las principales economías europeas, parecía haber retomado una tendencia más positiva. Aunque los cambios de modelo y de las tendencias son de largo plazo, ¿cuánto ha variado la situación 13 meses después?

¿Hubiera fichado el lobby de las grandes constructoras a David Taguas, ex director de la Oficina Económica del Presidente (OEP), por su capacidad técnica, en el caso de que el PP hubiera ganado las elecciones? Sólo contestando afirmativamente a este contrafáctico tiene sentido proseguir el debate sobre la ética, la estética y las incompatibilidades de altos cargos que se ha abierto a raíz de este caso, hecho público a la puerta de un gigantesco puente, como si las continuas festividades fuesen a amortiguar la publicidad de tal decisión. Cuando el sentido común se confronta con la política o la ley es que algo no funciona bien.

Si se corrobora su nombramiento como presidente de Seopan -para lo que se necesita el dictamen definitivo sobre su compatibilidad, que emitirá el Ministerio de Administraciones Públicas- Taguas podría volver a entrar en La Moncloa (de donde salió hace apenas unas semanas) para sentarse en la misma mesa del mismo despacho que tenía antes como director de la OEP, pero desde el otro lado; por ejemplo, esta vez no tendría que escuchar las demandas de los constructores para ampliar los avales del Instituto de Crédito Oficial a las empresas que construyen vivienda libre, como seguramente le pidieron antaño cuando él era el titular de la oficina (a lo que se opuso el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes), sino verbalizarlas él mismo y convencer a su interlocutor de la Administración de que son necesarias. De funcionario visitado a brujo visitador. De torero a toro. Sin solución de continuidad.

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos incluye que los miembros del Gobierno (Taguas tenía rango de secretario de Estado) no puedan realizar en dos años actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo. Seguro que Taguas no lo ha hecho, ya que su capacidad era otra, pero la actividad de la OEP ha tenido mucho que ver con el sector de la construcción y la solución a algunos de sus problemas. La oficina tenía una estructura de 27 economistas, que servían como “órgano de apoyo encargado de asistir al presidente de Gobierno en asuntos económicos”; entre sus funciones están las de “conocer los programas de los departamentos ministeriales para facilitar su labor” e “informar de los asuntos económicos que se someten a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios”; y su director participaba, de cuerpo presente, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El lobby que ha fichado a Taguas llevaba más de siete meses sin presidente, desde que falleció Enrique de Aldama, quizá esperando a que se despejase el panorama político, saber el resultado de las elecciones del 9 de marzo y conocer los nombres del nuevo Gobierno. El presidente de Seopan ha sido hasta ahora un personaje del sector y no ha tenido funciones ejecutivas, sino de interlocución e influencia. Forman parte de Seopan las 33 empresas constructoras más importantes del sector, entre ellas las seis grandes: ACC, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL y Sacyr Vallehermoso, que fabrican más del 7% del PIB de España y dan trabajo a 420.000 personas. En los últimos tiempos, alrededor de la mitad de la facturación de esas empresas procede de actividades diferentes a la construcción, como son la energía, las concesiones de infraestructuras, las finanzas y los servicios. Se han transmutado en grandes conglomerados, por lo que su necesidad de interlocución ha de ser más amplia que el Ministerio de Fomento y abarca al conjunto de la Administración.

Resolver con eficacia las pasarelas directas entre el poder político y el poder económico es un asunto de la calidad de la democracia de un país. Si la ley de incompatibilidades no es capaz de combatir las zonas grises que se establecen, corresponde actualizarla. La sospecha generada de que con el nombramiento de Taguas, el lobby constructor paga los servicios prestados o compra influencia futura, no es sana para la democracia. Ni para Taguas, un buen economista con derecho a volver a trabajar en el sector privado, ni para sus interesados contratadores, ni para los hipotéticos receptores de sus influencias en el sector público.

¿Va a más la crisis financiera que empezó el pasado mes de agosto en EE UU, o ya se han sufrido sus peores efectos? Si uno se atiene a algunas declaraciones de sus protagonistas o al comportamiento de los mercados bursátiles en las últimas semanas, podría pensarse que el momento álgido de las dificultades está detrás y sólo quedan coletazos residuales (aunque importantes) de la misma. Si se mira la cascada de cifras de pérdidas, menores beneficios y provisiones de capital que anuncian muchos de los grandes bancos del mundo, los nubarrones están encima de nosotros.

A principios de este mes, la Administración de Bush propuso el mayor cambio regulatorio desde la Gran Depresión de 1929, con el objeto de dotar a los mercados financieros de una estructura adaptada a la realidad del siglo XXI, que permita controlar las crisis. El problema, una vez más, es que el tiempo político va detrás de las innovaciones financieras: los órganos supervisores no se enteraron del estallido de las hipotecas de alto riesgo hasta que éste se produjo. Ahora, el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Donald Kohn, acaba de insistir en una conferencia en la necesidad de un endurecimiento de las regulaciones financieras: “En mi opinión”, dijo, “será necesario prestar una mayor atención reguladora a la forma con que los bancos de inversión gestionan su política de riesgos”. Es decir, más regulación y menos autorregulación.

Mientras llega ese nuevo esquema de vigilancia, hay que achicar los problemas urgentes: la Fed dirigió el plan de salvamiento del quinto banco de inversión del país, Bear Stearns, y activó una legislación por la cual esas entidades de crédito pueden servirse de la liquidez que proporciona la Reserva Federal dejando como garantía las hipotecas subprime de tan difícil cobro. Pocas políticas tan alejadas de la desprestigiada teoría del riesgo moral como ésta. Ahora le toca al Banco de Inglaterra (véase EL PAÍS de ayer): tras haber salido al rescate del hoy nacionalizado banco Northern Rock, la entidad emisora británica aprobará la semana entrante un plan de rescate para la banca, por un importe máximo de 65.000 millones de euros: inyectará liquidez en los mercados con una medida al menos polémica: permitirá canjear hipotecas y otros activos dañados por la crisis de las subprime, por bonos del Estado a un plazo de un año. Otra vez el dinero público como bote de salvación de intereses privados. Al tiempo de esa información, se daba la siguiente: el Royal Bank of Scotland, participado por el Santander, anunciará esta semana nuevos números rojos en torno a los 5.000 millones de euros, y ultima una ampliación de capital de unos 11.200 millones de euros.

La cascada de datos que llega del otro lado del Atlántico es muy representativa de la situación. Citigroup, el primer conglomerado financiero de EE UU, perdió 5.110 millones de dólares de enero a marzo, que sumados a los del trimestre anterior ascienden a 15.000 millones; al conocerse esos números rojos, subió su cotización en Wall Street porque los mercados esperaban un panorama aún más negro. Citigroup va a despedir a 9.000 personas y a vender activos a General Electric para reducir costes y obtener ingresos. Días antes, Merrill Lynch, tercer banco de inversión de EE UU, recogió pérdidas (casi 2.000 millones de dólares) por tercer trimestre consecutivo; en esos nueve meses ha perdido 14.000 millones de dólares (en 2006 había ganado 7.500 millones) y despedirá a 4.000 empleados. Morgan Stanley ha reducido sus ganancias en el mismo periodo un 42%, y JP Morgan, segundo banco estadounidense, ha visto caer su beneficio en un 50%. El cuarto banco comercial norteamericano, Wachovia, anunció unas pérdidas trimestrales de 393 millones de dólares, las primeras desde 2001, debido sobre todo al efecto de las hipotecas de alto riesgo en su balance. Al tiempo, destacaba una ampliación de capital por valor de 7.000 millones de dólares, el recorte del dividendo en un 41% y 500 despidos más.

La alegría de los mercados se basa en que la aristocracia financiera pierde o recorta sus beneficios en menor proporción de lo que las expectativas pintaban. Pero el periodo de crisis se extiende en el tiempo. Menos da una piedra.

Se multiplican los indicios de que en Europa se cuece un modelo alternativo al seguido hasta ahora en el tratamiento de la inmigración. Y ello coincide con la peor de las coyunturas: una desaceleración económica de la que no se conoce aún ni su profundidad, ni su duración. La manifestación más brutal de ese cambio que se intuye la expresó Silvio Berlusconi -el representante de la nueva derecha europea- pocas horas después de ganar las elecciones: “Cerraremos las fronteras del país y estableceremos más campos de detención para identificar a los extranjeros sin empleo. Comenzaremos a devolver a sus países a los inmigrantes extracomunitarios de los países del Adriático y el Mediterráneo”.

Con menos estridencias, el debate electoral español de hace mes y medio trajo también consigo muestras de ese cambio de tendencia, cuando Mariano Rajoy pronunció la frase clave: “¡No cabemos todos!”. El tono del PP tuvo escasos matices: se presentó a la inmigración como una amenaza, cuyo principal impacto estaba siendo la saturación de algunos servicios públicos -educación y sanidad-, la competencia por recursos sociales escasos y los perjuicios que de todo ello derivan para los ciudadanos españoles. El nombramiento como ministro de Trabajo e Inmigración de Celestino Corbacho ha sido interpretado por algunos como una rectificación de la política del Gobierno socialista, aunque hasta ahora lo declarado por el ex alcalde de Hospitalet (una población con casi un 25% de inmigrantes) hace difícil avalar esa interpretación.

Las políticas restrictivas a la llegada de inmigrantes se van a confrontar con otro vector que tira en la dirección opuesta: la llegada de ciudadanos procedentes del sur (África) se va a multiplicar ante las mayores dificultades para sobrevivir, motivadas por la crisis alimentaria que con tanta fuerza ha emergido en los últimos meses. Ésa es una de las conclusiones que han aparecido en el Foro África, que está desarrollándose en Santa Cruz de Tenerife, organizado por CajaCanarias. En los últimos años se han producido algunos cambios positivos en el continente africano: han emergido democracias que se contraponen a antiguas dictaduras (democracias frágiles, como aquellas en las que muchos de sus ciudadanos viven con algunos céntimos de dólar al día), se ha reducido el número de conflictos armados, y el PIB medio de la región ha crecido alrededor del 6% en los últimos años.

En este entorno se produce la crisis alimentaria, que se manifiesta en escasez y carestía y que afecta de modo central a muchos países de la región. Es imposible dificultar al mismo tiempo la entrada libre, sin aranceles, de los productos que exportan los países africanos y la de los ciudadanos que huyen de la miseria. La culminación de la Ronda de Doha, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a finales de mayo, dará una medida de la sensibilidad a este problema.

La cumbre de los responsables de Economía del G-7 y las asambleas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) del pasado fin de semana han sido testigos de la acumulación de dificultades económicas de distinta naturaleza que hoy agitan al planeta, y que configuran una coyuntura muy complicada e inédita en los últimos tiempos. En la misma, los elementos están tan relacionados que es cada vez más difícil identificar la etiología y separarla de sus consecuencias más inmediatas.

Así, confluyen las turbulencias financieras motivadas por las hipotecas de alto riesgo con una inflación alimentaria que afecta a la supervivencia de muchos ciudadanos del planeta, y con un crecimiento espectacular del precio del petróleo y la volatilidad de los tipos de cambio de las principales monedas. Ha vuelto al lenguaje económico la estanflación (crecimiento lento y aumento de la inflación) que se puso de moda a mitad de los años setenta del siglo pasado, con la primera crisis del petróleo: la crisis financiera ha reducido las expectativas de crecimiento económico y la crisis alimentaria ha avivado el aumento de los precios. Frío y calor al mismo tiempo.

El FMI ha calculado unas pérdidas de casi un billón de dólares (600.000 millones de euros) relacionadas con las hipotecas locas, una cifra que multiplica por cuatro las que la banca ha reconocido hasta ahora, lo que hace pensar a los analistas más pesimistas que lo peor está aún por llegar: hasta ahora, las distintas entidades bancarias han anunciado pérdidas por valor de 147.000 millones de euros. Estas turbulencias se están trasladando con rapidez a la economía real, básicamente a través del parón del crédito, y todas las organizaciones multilaterales y servicios de estudios privados revisan una y otra vez a la baja los porcentajes de crecimiento del PIB.

Las dificultades son muy otras en países como Haití, Camerún, Egipto, Senegal o Indonesia, donde el principal problema es el hambre. La agencia de alimentación y agricultura de la ONU ha pronosticado que la factura de los cereales puede subir un 74% durante el año en curso en algunos de los países más pobres del mundo, y que si los Gobiernos no dan pasos para frenar el alza del precio de los alimentos, habrá hambre y malestar social que desembocará en disturbios. En las asambleas del FMI y del BM, los participantes centraron sus críticas en los biocarburantes, combustibles obtenidos a partir de materias primas vegetales, acusados de ser el principal agente de la crisis alimentaria al causar el alza de materias primas básicas como el arroz y el trigo. El BM entiende que la inflación generada a través de los alimentos tiende a convertirse en estructural, ya que, al margen de los biocombustibles, el encarecimiento es debido a una suma de factores entre los que se encuentra el régimen de alimentación de los países emergentes (más ingresos por persona se traducen en más comida, más carne y más necesidad de grano para alimentar al ganado), las sequías motivadas por el cambio climático, las dificultades a la hora de incrementar las reservas y la oferta alimentaria… Problemas de oferta y de demanda. El presidente del FMI, Dominique Strauss-Khan, declaró que los aumentos de los precios alimentarios han eliminado de un plumazo los avances en la lucha contra la pobreza contenidos en los Objetivos del Milenio de la ONU: “Hemos retrocedido siete años en apenas unos meses”.

Una de las enseñanzas de estas asambleas es que se han acabado las políticas de talla única, tan cercanas a la ortodoxia tradicional del Fondo y del Banco Mundial. Cada región del mundo escoge sin complejos el desequilibrio más grave de su economía y adopta las políticas económicas más convenientes para eliminarlo. Mientras EE UU ha elegido volver a la senda del crecimiento aun a costa de más inflación, la política monetaria del Banco Central Europeo persiste en combatir el descontrol de los precios antes que fijarse en los estragos de la desaceleración en la vida cotidiana de los ciudadanos. Unos y otros, americanos y europeos, deberán contribuir a un fondo para que las poblaciones más afectadas de los países pobres puedan comprar los alimentos hiperinflacionados.

En la pasada reunión del Ecofin celebrada en Eslovenia, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, fijó unas reglas del juego que suponen el reconocimiento de un cierto cambio: si la economía española crece en el entorno del 3% a lo largo de la legislatura, habrá margen para cumplir el programa electoral; pero si el crecimiento es menor, habrá que establecer prioridades en el gasto social. Recuérdese que a estas alturas del año, el Ministerio de Economía aún no ha corregido oficialmente las estimaciones de crecimiento del PIB para el año en curso, que cifra en el 3,1%.

Sin embargo, Solbes se ha quedado solo en la estimación de ese porcentaje. El consenso de los institutos de estudio de la economía y de los servicios de estudio se corresponde más con el avance que hace unos días hizo público el Banco de España: crecimiento de la economía española en un 2,4% en el año en curso, y del 2,1% en 2009. Con esos porcentajes, se irá irremediablemente a la segunda opción enunciada por Solbes: priorización de los gastos sociales a satisfacer. Lo que significa que no se cumplirá el programa con el que se ganaron las elecciones hace un mes.

En este contexto llega la sesión de investidura de Rodríguez Zapatero como presidente de Gobierno, mañana y el miércoles. No hay que ser adivino para deducir que el discurso del líder de la oposición, Mariano Rajoy, se centrará en las dificultades reales de nuestro país (y que no volverá a temas transversales tan manidos como la lucha antiterrorista, el 11-M, o la estructura territorial del Estado, que le llevaron a la derrota electoral): la coyuntura económica, la situación de la justicia, y la inmigración. Y que el candidato a presidente de Gobierno se adelantará en su intervención, con distintas dosis de los mismos temas. En lo que se refiere a la economía, el fin de la legislatura pasada cerró con un balance bastante positivo: espectaculares porcentajes de crecimiento económico, reducción del paro, y superávit de las cuentas públicas durante cada uno de los cuatro años de la etapa.

En el debe se ha de incluir el aumento de la inflación (4,6% ), con lo que ello supone de falta de competitividad de la economía, y el déficit por cuenta corriente (alrededor del 10% del PIB), que no se constituyó en problema hasta que no llegaron las dificultades para financiarlo, como producto de la crisis de las hipotecas subprime.

La coyuntura económica es hoy peor que en plena campaña electoral, en España y en el resto del planeta. Una de las características de esta desaceleración es la rapidez en su avance.

La última quincena ha sido alarmante en la conjunción de datos económicos negativos: exceptuando el paro registrado, que disminuyó (y no es poca excepción), hubo un aumento de la inflación, una caída en el índice de confianza de los consumidores, una disminución espectacular en la compra de automóviles, y una cascada de concursos voluntarios de acreedores (antigua suspensión de pagos) en empresas inmobiliarias.

De las medidas que va a tomar el próximo Gobierno, se saben algunas cosas: que Solbes es muy prudente a la hora de reducir los ingresos fiscales, por lo que habrá pocos regalos impositivos a pesar de las demandas de las patronales más afectadas por la desaceleración; que habrá un descuento de 400 euros en el impuesto sobre la renta de trabajadores, pensionistas y autónomos, con el objetivo de aumentar el consumo, que se instrumentará en el primer Consejo de Ministros que se celebre; que se acelerará aún más el plan de infraestructuras para paliar con inversión pública la reducción de la actividad inmobiliaria privada; y que se incrementará la construcción de viviendas protegidas (a un ritmo de 150.000 por año), facilitando a las empresas que las realicen un aval del Instituto de Crédito Oficial, que puede llegar a los 5.000 millones de euros.

Este programa, que conllevará otras medidas complementarias, no será instrumentado bajo la filosofía de un plan de choque o de ajuste duro, sino como un método de relanzamiento de la economía, que no está detenida sino que crece menos que antes.

¿Qué saben los bancos centrales que desconocemos los demás mortales? Ésa es la primera cuestión que emerge tras la gigantesca inyección de liquidez que las principales autoridades monetarias del mundo activaron la semana pasada, por tercera vez desde que se inició la crisis de las hipotecas locas en EE UU, en agosto.

La operación conjunta de la Reserva Federal y otros cuatro bancos centrales (entre ellos, el europeo) consiste en lo siguiente: abrir una nueva ventanilla y dotar de liquidez al sistema financiero por valor de 135.000 millones de euros a cambio de los activos hipotecarios que nadie quiere en el mercado; los bancos centrales devienen en una especie de avalistas que permutan bonos del Tesoro con vencimiento a los 28 días (con máxima garantía de solvencia) a los bancos que lo solicitan, aceptando como garantía esos activos de los que nadie sabe su valor.

Dinero público y colaterales de alto riesgo: con razón el número dos del FMI, John Lipsky, declaró que los Gobiernos deben barajar todas las opciones, “incluyendo el uso de fondos públicos para salvaguardar el sistema financiero”. ¿Insinúa nacionalizaciones de pérdidas en el sector? ¿Dónde fue a parar la teoría de que cada palo aguante su vela?

El presidente de la Banca Mediolanum, Ennio Doris, que está visitando España, declaró (Cinco Días de 13 de marzo): “La crisis acabará cuando la dimensión del problema de las hipotecas subprime se conozca realmente. Algunas estimaciones apuntan a pérdidas de 600.000 millones de dólares. Hasta ahora se han reconocido menos de 200.000 millones. Pero aún no se sabe cuánto han perdido cada uno de los bancos, tanto pequeños como grandes. En abril sabremos los resultados del primer trimestre. Ahí aflorarán otras pérdidas. Si sale entonces, la liquidez volverá porque todo el mundo sabrá cuál es la situación. Pero si vemos que no sale todo, deberemos esperar otro trimestre”. ¿Son estas pérdidas tres veces superiores a lo anunciado las que conocen con antelación las autoridades centrales?

Se anunció la inyección de liquidez, pero los mercados no se movieron. Se trata de una excepción peculiar: dinero no circulante. Los bancos lo acumulan, pero no lo prestan: o porque no se fían de los colegas que lo demandan, o porque lo reservan para cuando venzan esos activos referenciados a hipotecas, créditos al consumo, tarjetas de crédito…, cuyo valor se ha desplomado y tengan que devolver el dinero a sus clientes. Hasta el punto de que el problema actual de muchos de los bancos en dificultades no son las hipotecas subprime, sino que no hacen negocio.

Las turbulencias adquieren poco a poco otra característica: ya no está afectada por las mismas sólo la aristocracia de los bancos de inversión -necesitada de recapitalización-, sino muchos bancos comerciales, las aseguradoras de bonos (monolines), algunas firmas de alto riesgo y distintos hedge funds.

Lo más importante del debate entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el pasado lunes en la televisión, no fue el resultado en términos boxísticos. Ello es lo más urgente y lo que afecta al objetivo primero de ambos contendientes políticos: movilizar al electorado indeciso o incómodo para que les vote. Recuérdese que en 2004 al PSOE le votaron más de tres millones de personas que no lo habían hecho cuatro años antes; que el PP tan sólo redujo medio millón de votos, y que, con la conjunción de ambas circunstancias, los socialistas ganaron las elecciones por apenas 1,7 millones de votos. Bastaría con que se quedase en casa la mitad de estos últimos para que el escenario cambiase de tercio. Queda una semana -y otro debate televisado- para saber si obtuvieron ese objetivo movilizador.

Lo más importante, sin embargo, fueron algunos de los mensajes que en ese primer debate se manifestaron. El inicial fue la constatación de que allí se desgranaron dos discursos, dos modelos diferentes, que viven de espaldas sin apenas lugares de encuentro. En este sentido, el debate fue francamente desestimulante: no se entrevé posibilidad alguna de colaboración inmediata. Las declaraciones de Rajoy de que, en caso de que gane el próximo domingo, llamará a los socialistas para establecer una serie de pactos de Estado resulta una ensoñación a la luz de lo observado en la televisión. Más realista es la postura incrédula de Zapatero, que considera casi imposible cualquier acuerdo, visto lo visto a lo largo de la legislatura y en el propio debate por parte del PP. La política de consenso entre los dos grandes partidos parecería casi imposible de recomponer, incluso partiendo del hecho de que el 9 de marzo se reparten cartas nuevas y empieza un nuevo juego.

Hubo en el debate otra novedad de especial significación en cuanto al discurso sobre la inmigración del PP, mucho más explícito que en otras ocasiones. Rajoy sacó a pasear los miedos subyacentes y los prejuicios populares de una parte de las clases medias y bajas ante el fenómeno migratorio. Hizo lo mismo que meses antes practicó Sarkozy para arrancar a Le Pen el voto de mucha gente en los barrios de los alrededores de las grandes ciudades francesas, temerosa de la competencia de los inmigrantes en lo referente a sus puestos de trabajo o a la utilización de los servicios públicos que forman el corazón del Estado del bienestar. El candidato de la derecha habló de “avalancha”, de una delincuencia que identificó mucho más por el lugar de origen de los que caen en ella que por su extracción social, de falta de integración, etcétera.

Con esas advertencias no se dirigía el líder del PP al corazón del racismo, sino a aquellos que en una coyuntura de desaceración económica como la que estamos sufriendo se sienten atemorizados por la presencia de los inmigrantes que les perjudican en su vida cotidiana. Pero así es como se llega a la xenofobia. -