Agua y política, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Si retrocedemos unas semanas, estábamos en una sequía cuyo precedente inmediato se situaba más de 50 años atrás. Estamos ahora en un momento tan lluvioso que nos hemos de retrotraer varios decenios para encontrar otro mes de mayo con precipitaciones tan intensas y continuadas. La situación es tan paradójica que uno acaba pensando que la lluvia está arruinando lo que algunos pretendían convertir en un precedente del que sacar consecuencias en muchos otros terrenos. ¿Qué hacemos con la tan traída y llevada cañería? Es evidente que el decreto que autoriza su construcción tiene las horas contadas. El Gobierno central asumirá los costes políticos de su derogación, pero se beneficiará asimismo de la cancelación de una decisión que, de llevarse a cabo, complicaría las cosas en Aragón, en las comarcas del Ebro y en muchos otros sitios de España. El Gobierno catalán acogerá con aparente disgusto esa derogación, pero en el fondo respirará con alivio por ver acabado un culebrón del que le ha resultado muy difícil salir indemne. Y en definitiva, todos habremos aprendido un poco más acerca de un problema que teníamos y que seguimos teniendo. Pero las aguas no volverán a su cauce sin efectos colaterales.

Hace unas semanas, los responsables de la política del agua en Cataluña tenían ante sí un panorama inquietante. Se estaba al borde del inicio de las restricciones de agua de boca para los más de cinco millones de personas que pueblan la región metropolitana de Barcelona. Las decisiones que se habían tomando con anterioridad, apuntaban a un replaneamiento muy positivo de la gestión del agua en Cataluña, pero no permitían enfrentarse a la excepcionalidad del momento. Los responsables del asunto estaban encajonados en una situación que no parecía tener una salida digna. Si esperaban acontecimientos (lluvia), podían encontrarse con la necesidad de cortar el consumo de agua a una gran parte de la población catalana. Si querían tomar decisiones para asegurar ese consumo, dependían de otros actores (Ejecutivo central, Gobierno de Aragón, asociaciones de regantes…), y casi siempre las decisiones que tomaran acabarían generando descontentos y fricciones, en un sector muy preocupado por los cambios en la política tradicional. Sobre todo cuando esas decisiones se tenían que tomar desde un Gobierno y una fuerza política, ICV-EUiA, que se había definido con contundencia en contra de los trasvases y que había colaborado en la puesta en práctica de los principios de la llamada Nueva Cultura del Agua (ahorro en el consumo, regeneración de pozos y acuíferos, mejor utilización del freático, estrategia de desalación…). La pistola de las restricciones les apuntaba en una sien, y en la otra tenían colocada la pistola del descrédito político.

Entendiendo que la situación requería coraje y al mismo tiempo prudencia y consistencia con las narrativas enunciadas y proclamadas solemnemente, no creo que podamos hablar de una buena gestión del asunto, y más bien deberíamos considerar nefasta la comunicación que se fue realizando de las decisiones o amagos de decisiones que se fueron tomando. La gestión del consejero Francesc Baltasar ha sido zigzagueante, poco clara y casi siempre mal explicada. Ha predominado el regate en corto y el qui dia passa, any empeny. Sin coherencia política es difícil afrontar situaciones como las descritas. La impresión que uno tiene en este final de ciclo, es que las culpas no son de uno solo. Faltó coordinación y corresponsabilidad, no sólo entre el Gobierno de la Generalitat y el central, o entre los distintos departamentos de la Generalitat, sino que incluso el propio Departamento de Medio Ambiente y la Agencia Catalana del Agua tampoco han ido muy de la mano. Por otro lado, se han oído muchas voces acusando a partidos e instituciones de tratar la cuestión más con la vista puesta en las repercusiones electorales que en el fondo del asunto. Lo cierto es que lo que ha faltado precisamente es política. Política enraizada en valores sólidos y que refleje de manera consistente los idearios que cada uno afirma defender. Hay líneas rojas que cuando se cruzan, uno acaba pagando fuertemente esa vulneración. En este sentido, los partidos en el Gobierno, y especialmente ICV-EUiA, en su gestión del asunto, han cruzado repetidamente alguna de esas líneas, contradiciendo muchas de las buenas prácticas que ayudaron a poner en marcha. Una cosa es la coherencia en la gestión de la acción de gobierno, y otra cosa es tomar decisiones que muy difícilmente son comprensibles en quienes han ido siguiendo una cierta narración construida a lo largo de varios años. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, al ser preguntado el pasado martes sobre cuál sería la reacción de sus compañeros de partido en Cataluña al conocer que Aragón pensaba presentar un recurso contra la interconexión, decía: “Simplemente les recordaré que nos manifestábamos juntos hace unos meses para que no volviera a haber trasvases en España”. Es probable que quienes con pragmatismo y aparente sentido de gobierno han ido trampeando la crisis, salgan menos tocados que los que más perfil ideológico habían mostrado, y que son precisamente los que más plumas se han dejado por el camino. Pero de ahí no creo que tengamos que sacar la conclusión de que cuanto menos perfil ideológico mejor, sino más bien que cuanta más coherencia entre los valores proclamados y la práctica política, mejor.

Hace unos días el colectivo de reflexión sobre cuestiones rurales Saó (blocs.mesvilaweb.cat/ saorural) realizó un pequeño debate en relación con el asunto del agua. Una de mis conclusiones es que necesitamos restablecer la calma aprovechando la recuperación de los niveles de agua embalsada, y que hemos de seguir trabajando en la misma línea en la que se había trabajado con anterioridad a la crisis. Estamos llegando a reservas de 300 hectómetros cúbicos, y en ese contexto es indefendible que algunos pretendan mantener por puro revanchismo político (CiU) o por tratar de eludir el enésimo viraje político (el Gobierno del tripartito), la necesidad de una medida muy limitada y que sólo podía justificarse por motivos de emergencia. Sin duda, todos hemos aprendido mucho en estas semanas.

Joan Subirats, es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Desconfianza, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Estos días la confianza está de moda en el escenario político institucional. O más bien la desconfianza. María San Gil, Aznar y Rajoy van tejiendo y destejiendo sus percepciones sobre quién les merece confianza. Los presidentes autonómicos y los líderes socialistas (en algunos casos, ambas cosas a la vez) van mostrando también el grado de credibilidad y de confianza que les merecen las maniobras que cada uno por su lado tratan de poner en práctica justo antes de los cambios que pueden avecinarse en el escenario de financiación autonómica. Seguramente, y sin estirar en demasía el argumento, podríamos aventurar que la situación en el País Vasco está llena de desconfianzas, acumuladas tras decenios de conflicto sangriento y de tribulaciones sociales de todo tipo. Cuanto más se complican las relaciones sociales, cuanto más entramos en lo que Michael Walzer califica como una “sociedad de lejanías”, más necesitamos contar con depósitos o rincones de confianza en los que descargar las incertidumbres y las tensiones del día a día. Gobernar cada día es más complicado. Y la confianza es un bien cada día más escaso.

En una obra reciente, Pierre Rosanvallon nos propone un marco analítico basado en la desconfianza como elemento explicativo de los males actuales del sistema democrático representativo y de sus posibles respuestas. El profesor del Collège de France nos recuerda que el sistema político liberal-democrático descansa sobre una cierta “reserva de desconfianza”. Desde el punto de vista más estrictamente liberal, el recurso a la desconfianza viene marcado por el peligro constantemente presente de una evolución autoritaria del poder, cuya tendencia a abusar de su posición de privilegio se entiende como estructural. Como diría Benjamín Constant, “toda buena Constitución es un acto de desconfianza”. Por tanto, los liberales tratan de construir un sistema político lleno de frenos, cautelas y controles cruzados que eviten abusos de poder. De hecho, el sistema administrativo burocrático reposa en el gran principio organizativo de las desconfianzas cruzadas, y así nos va. Desde la perspectiva democrática, las bases de la desconfianza son distintas. En este caso, la preocupación es conseguir que el poder político sea consistente con los compromisos adquiridos ante la ciudadanía y, por tanto, mantener la exigencia y la legitimidad inicial basada en la capacidad del poder de servir al interés general. La desconfianza se convierte así en contrademocracia, o en una democracia vigilante, que exige transparencia, rendición de cuentas, posibilidad de remoción y posibilidad de imputación. La creciente imprevisibilidad técnica, económica y social hace crecer la sensación de ingobernabilidad y de descontrol, pero al mismo tiempo recarga las exigencias sobre los gobernantes, al ser ellos quienes representan la única posibilidad de solución y de sentido colectivo que sigue atesorando la política, crecientemente desacreditada, pero crecientemente necesaria.

En este sistema de desconfianza generalizada, no es extraño que el informe presentado por la Generalitat sobre las razones del creciente abstencionismo de nuestra sociedad (www.gencat.cat), que ha coordinado el profesor Josep Maria Vallès, vuelva a recordarnos que nuestra ciudadanía mantiene un bajo interés por la política, una dificultad por la comprensión de los procesos políticos, una desconfianza notable en la capacidad ciudadana para influir en las decisiones de los políticos y una valoración baja o muy baja de las instituciones y, sobre todo, de los partidos y del personal político. Como dice el informe, “todas estas actitudes y opiniones configuran el fenómeno general de la desafección política”. Sin confianza, no hay afecto. Pero lo que deberíamos preguntarnos es si necesitamos afección o más bien lo que tenemos que construir es un nuevo impulso de ciudadanía democrática basado precisamente en la desconfianza, en la capacidad de controlar una democracia institucional a la que ya no es posible querer sin más.

La abstención es significativa; crece de manera implacable y es mayor en los espacios en que las condiciones de vida son peores. Pero deberíamos evitar confundir participación política con ejercicio del voto. Se están diversificando los canales de expresión política. Mientras los partidos ven erosionada su credibilidad, surgen nuevos sujetos colectivos que expresan intereses tan generales o tan parciales como los propios partidos. Van apareciendo nuevas formas democráticas, más constantes y no tan ritualizadas como las elecciones. La gente expresa reivindicaciones, se queja, se expresa de manera significativa, a pesar de que no lo haga de manera sistemática y a través de los mismos canales. Hay notables formas de implicación civil, manifestada en espacios que, si bien no están institucionalizados, cumplen funciones claras de articulación. Y tampoco podemos olvidar la intervención social en muchos procesos locales y globales. Expresión, implicación e intervención son otros tantos aspectos de vida democrática no despreciables, y tampoco reducibles a esa forma aparentemente superior, pero limitada en sus aspectos emotivos y diarios, que es el rito electoral. No podemos pedirle a la gente que entienda y que comparta la política institucional si desde las propias instituciones cada día se entiende menos dónde estamos. Sin duda falta aún la capacidad de que ese conjunto de prácticas alternativas converja en una narración común, y tampoco está claro que ella sea posible ni deseable. Pero lo que no podemos hacer es despreciar por “negativa” esa forma democrática de participación que es la vigilancia desconfiada.

Joan Subirats, es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Europa, la escuela, la escalera y el Síndic, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Un variado conjunto de elementos han convertido de nuevo el tema de la inmigración en un elemento central de la agenda política en Europa, en España y en Cataluña. Como han denunciado en estas mismas páginas Ridao y Ramoneda, está tomando cuerpo en Europa una iniciativa para ir deteniendo y expulsando a los ocho millones de inmigrantes que supuestamente pululan por el continente sin papeles, reduciendo significativamente, además, sus garantías jurídicas. Es evidente que el tema está alimentando a la derecha europea, en esa mezcla de “nacionalismo ciudadanista” (como diría el profesor Ricard Zapata) y de pulsión securitaria que tan buenos resultados ha dado al conservadurismo autoritario en sitios tan dispares como Holanda, Francia, Dinamarca, Suiza o Italia. Pero tampoco desde las posiciones socialdemócratas se sabe muy bien cómo responder a esa incomprensión generalizada sobre el mundo al que nos estamos asomando. No resulta fácil tratar de capear el temporal con posiciones ambivalentes y con mensajes contradictorios. El último en llegar no puede dictarnos qué es lo que tenemos que hacer, pero tampoco está claro qué es lo que une realmente a los penúltimos con los de en medio y los primigenios (si es que alguien es del todo primigenio).

En España, el reciente cambio de gobierno nos ha conducido a crear un ministerio que ha trasladado a su rótulo las competencias de trabajo e inmigración. Pero todos sabemos que la inmigración no es sólo trabajo, es también salud, educación, vivienda, ocio y religión. Y en los últimos meses, el incremento de los recién llegados por razón de reagrupamiento familiar lo refuerza si cabe. El nuevo ministro del ramo, el ex alcalde de L’Hospitalet Celestino Corbacho, ha manifestado un cierto cambio de talante con relación a su antecesor. Y ello parece que tiene que ver con la sensación de que los socialistas no estaban afrontando con suficiente seriedad un tema que es considerado muy preocupante para dos de cada tres españoles, y con una opinión pública cada vez más favorable a endurecer normas y acceso a prestaciones para inmigrantes. Corbacho está tratando de combinar cierta mayor rotundidad en las formas (no más regularizaciones, más precauciones en los procesos de reagrupamiento, menos contemplaciones con los rasgos diferenciales…) con afirmaciones claras de integración para los que ya están “regularizados” (participación política, acceso garantizado a servicios básicos…). Todavía recuerdo una de sus frases en L’Hospitalet: “La base de toda integración está en la escuela y en la escalera”. Y a esto quiero también referirme.

La portada del martes de la La Gaceta de los Negocios decía: “Los inmigrantes son un negocio para el Estado y una ruina para las autonomías”. El Estado recauda impuestos de los inmigrantes por valor de 24.000 millones de euros, y esa misma cantidad es la que se gastan las comunidades autónomas (CC AA) en proveer de servicios a esa población. Los inmigrantes, según esa fuente, aportan el 6,6% de la recaudación total de las administraciones públicas y reciben el 5,4% de las prestaciones. Recauda el Estado, gastan las CC AA y los municipios. Y ése es el problema. Los municipios son, de hecho, los que mayores esfuerzos están haciendo en el tema de la inclusión social de los inmigrantes, sin que se les reconozca adecuadamente el esfuerzo que en general están realizando. Acaba de aparecer un informe del Síndic de Greuges, La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes (www.sindic.cat), en colaboración con la Fundación Pi i Sunyer, en el que se demuestra que la clave del proceso de inclusión de los inmigrantes es el papel que, de manera más o menos proactiva, desempeñan los municipios en el proceso de empadronamiento. Si un inmigrante está empadronado, tiene acceso a servicios sanitarios y educativos, y se le abren las puertas a otras prestaciones. Los ayuntamientos son claves en los procesos de enraizamiento y en la cuestión del reagrupamiento. Nadie les agradece nada y en muchos casos no saben a qué atenerse. ¿Tienen que hacer la vista gorda y empadronar a alguien que no tiene papeles muy claros? ¿Han de exigir muchas garantías sobre el domicilio en que afirman residir? Sin prejuzgar cuál es la respuesta adecuada, lo cierto es que el informe del Síndic demuestra que predomina el campi qui pugui. Hay algunos municipios que se arriesgan y empadronan (incluso en direcciones del propio Ayuntamiento) como medio para que los inmigrantes acaben incorporándose en “la escuela y la escalera”, y otros que optan por cerrar la puerta antes de que la corriente de aire acabe generando más de un disgusto. En las bases del reciente Pacto Nacional por la Inmigración del Gobierno catalán, se aboga por unificar criterios en estos temas y facilitar la acogida. En el fondo, como casi siempre, todo acaba siendo un problema de valores.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

¿La fiesta del ‘precariado’?, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Hace ya años, la Fundación Friedrich Ebert, vinculada al partido socialdemócrata alemán y para nada susceptible de ser tachada de radicalismo alternativo, publicó un estudio, Sociedad en proceso de reforma, en el que utilizaba el término Prekariat para referirse a los grandes cambios que se estaban produciendo en un mercado de trabajo que ha ido transformando a los asalariados estables en trabajadores permanentemente en precario. Si buscamos en fuentes autorizadas, encontramos “inseguro, apurado, escaso,… se aplica a la manera de estar en un cargo o situación cuando no se está con plena seguridad o derecho” (Diccionario María Moliner). El término había sido ya utilizado por un grupo de activistas italianos vinculados al movimiento libertario y fue después popularizado a través del Fórum Social Europeo. Hoy la expresión nos recuerda la proliferación casi estructural de formas de vinculación laboral que poco tienen que ver con lo que conocíamos en plena época fordista.

Hace pocos días la consejera de Trabajo, Mar Serna, expresaba, con razón, sus temores ante una progresiva dualización del mercado de trabajo. No hay duda de que España ocupa el primer lugar en Europa en el número de trabajadores temporales. Hace un par de años, un estudio de ESADE (Ana Laborda) informaba de que si bien tenemos uno de cada 10 trabajadores de la Unión Europea, concentramos uno de cada cuatro de los trabajadores temporales. No descubrimos nada si examinamos el muy desigual nivel de sindicación que se da por sectores, por edades o por orígenes, lo que sin duda redunda en diferentes niveles de protección. En efecto, los sindicatos han visto debilitada su presencia en las nuevas formas de contratación, por el incremento de las llamadas formas especiales de empleo y la inestabilidad y la movilidad que ello comporta para los trabajadores, por la disgregación de los colectivos de trabajo, por la rotación contractual, el miedo a la no renovación del contrato en caso de mostrar voluntad reivindicativa y también por lo difícil que es incorporar sindicalmente a los trabajadores precarios en un contexto de crisis de las garantías colectivas en el mundo del trabajo. Hemos asistido a una lenta pero persistente revisión del modelo de empleo “para toda la vida” con contrato indefinido a tiempo completo y de las carreras de larga duración en el seno de las empresas, un modelo que prometía una movilidad social ascendente. Hoy es la progresión constante de las llamadas “formas flexibles de empleo” lo que caracteriza el nuevo acceso en el mercado de trabajo. No es, pues, extraño que hayan ido apareciendo formas de lucha de los colectivos más vulnerables (trabajadores de comida rápida, del comercio o de la limpieza, becarios…), con estructuras que incluyen afiliados y no afiliados, mezclando sectores y organizaciones. Sin duda, los sindicatos han de ir incorporando esas nuevas realidades, evitando el enquistamiento que puede provocar la propia fuerza interna de colectivos muy sindicalizados y asimismo muy protegidos de la temporalidad.

Hay muchas formas de precariedad. La brevedad del contrato, la constante rotación de tareas, la desconexión entre formación y empleo, con la infravalorización que ello supone, y la frecuente combinación de temporalidad y bajos salarios se mezclan de manera muy diversa. Todo ello genera que bajo el paraguas de la precariedad podamos encontrar tanto personas con formación de posgrado relativamente satisfechas por la flexibilidad que tienen a pesar de la temporalidad de sus vínculos, junto a aquel otro que siente frustración por recibir un salario casi mínimo cuando contaba con una formación que le había generado otras expectativas, y junto a ellos, un inmigrante con contratos de semana en labores de construcción o limpieza, y un joven que sirve en una hamburguesería o está en la caja de una cadena de supermercados. Todo ello agravado por razones de sexo, de edad o de origen.

Los alemanes hablan de una combinación de resignación y de falta de expectativas cuando se refieren al abgehängtes Prekariat, una especie de precario dependiente o desconectado que, a pesar de la aparente contradicción que encierra la expresión, muestra la idea de exclusión y de ruptura de futuro que todo ello puede encerrar para quienes menos recursos formativos tengan para resistir esa flexibilidad sin seguridad. Antiguamente, el precario era aquel que rezaba (del latín prece). Seguramente, hoy la gran cantidad de precarios que pueblan nuestras ciudades, sea porque trabajan con contratos temporales, sea porque están endeudados de manera muy notable y son por tanto muy vulnerables ante el futuro, mantienen esa parte de esperanza, de fe, pero también de impotencia, que deja en manos del externo al que se reza la propia suerte. En este capitalismo financiero, mucho más interesado por el consumo que por la producción, el precariado empieza a ser algo existencial y por tanto generalizado. Se esta convirtiendo en una condición estructural que refleja la nueva relación entre capital y trabajo inmaterial, y de esta manera se extiende a ámbitos no estrictamente laborales, afectando tanto a los que ya son precarios como a aquellos que pueden serlo. Será preciso buscar nuevas respuestas políticas a esa nueva realidad estructural. Es cada vez más difícil valorar la labor de personas que desempeñan trabajos de fuerte contenido inmaterial, e incluso la propia definición de productividad se complica. Por ello, se refuerza la idea de una renta básica como garantía mínima, que logre recuperar la idea que la nueva productividad depende más de la cooperación que de la jerarquía y de la competencia. No basta con regular la precariedad si no nos planteamos trabajar en la transformación del sistema que la ha generado.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

¿Nuevos ministerios?, de Joan Subirats en El País de Cataluña

El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presenta rasgos interesantes desde el punto de vista de la configuración de carteras y responsabilidades. Aún es pronto para saber cómo se concretarán esos perfiles aparentemente innovadores. Más allá del indudable simbolismo de la presencia mayoritaria de mujeres, hemos de estar atentos a cómo se van distribuyendo responsabilidades, competencias y recursos. El juego de verdad empieza con el nombramiento de ministros y la denominación de carteras, pero lo que acaba decantando fortalezas y debilidades es la cascada de nombramientos de secretarías de estado, subsecretarías y direcciones generales. A partir de ese organigrama final, disponible dentro de pocas semanas, sabremos más a ciencia cierta cómo se materializan y se hacen operativos esos cargos, y con qué fuerza cuenta cada uno de los ministros. Por el momento, lo que destaca es la nueva distribución de áreas y tareas en los ministerios. Más allá de las evidentes continuidades en ministerios tradicionales (Asuntos Exteriores, Interior, Justicia, Economía, Defensa,…), lo más nuevo surge en las transferencias de competencias entre los demás. Si bien conceptualmente no es una mala solución combinar las políticas de medio ambiente con las tradicionalmente vinculadas a agricultura y pesca (hoy etiquetadas como medio rural y marino), no resulta nada claro que exista la capacidad de combinar las perspectivas ambientales con tradiciones de sectores que, si bien presentan rasgos de innovación, siguen muy acostumbrados a la lógica de las cuotas y del desarrollismo protegido. Asuntos Sociales se desgaja de Trabajo, pero en ese ministerio se quedan las cuestiones de inmigración. Familia pasa a Educación junto con Asuntos Sociales, pero se crea el Ministerio de Igualdad, cuando ése es un tema transversal que indefectiblemente deberá relacionarse y buscar su espacio en áreas muy configuradas técnica y profesionalmente. Una mirada a sus competencias señala una visión muy sesgada de lo que debería ser una perspectiva de igualdad en el conjunto de las políticas públicas. El ministerio que preside Bibiana Aído asume básicamente competencias en temas de igualdad entre sexos, violencia contra la mujer y políticas de juventud. Dejando al margen los evidentes solapamientos competenciales con las políticas que despliegan las comunidades autónomas, sorprende que no se hayan incorporado al nuevo departamento asuntos como la lucha contra las discriminaciones por razón de discapacidades de toda índole y que no se parta de un marco más centrado en el reconocimiento de la diversidad.

Se persiste en el Ministerio de la Vivienda, cuando quizá la propia crisis del sector inmobiliario y las evidentes necesidades de replantear el desarrollo urbano y territorial hubieran podido conducir a nuevos planteamientos, evitando los inconvenientes de seguir confundiendo políticas urbanas con políticas urbanísticas o con políticas de vivienda. Entiendo que se necesita un planteamiento más global sobre los problemas urbanos. Lo urbano abarca hoy un denso conjunto de fenómenos socioecónomicos, organizados en un ámbito territorial específico que acostumbra a tener diversos centros de gravedad, con evidentes relaciones de dependencia funcional entre ellos (movilidad, servicios, vivienda, redes de interacción, etcétera) y que precisan un cierto sistema de acuerdos y convenciones sobre cómo usar espacios y otros recursos imprescindibles. A partir de ahí, los dilemas emergen fácilmente: densidad y dispersión, mixtura y segmentación, homegeneidad y heterogeneidad, vínculos y fronteras… El medio urbano presenta características específicas, en términos de viabilidad, de qué consideramos eficacia, habitabilidad o facilidad para trabajar y desplazarse. Todos sabemos, además, que en esos espacios urbanos se acumulan capacidades de intervención de distintas esferas de gobierno (europea, estatal, autonómica, local…) y que nada puede hacerse sin contar con la gran cantidad de actores económicos y sociales que se mueven por esos enclaves y por sus entresijos.

Seguramente, a partir del reconocimiento de que existe una realidad compleja como la que tratamos de describir, seremos capaces de descubrir las limitaciones de una concepción de planeamiento urbano y de creación de viviendas que parte de supuestos racionales cada vez menos útiles para lograr acercarse a esa nueva y cambiante realidad. Una ciudad, un tejido urbano, acumula espacios y tiempos de trabajo, cuidado y reproducción, y cada vez resulta más difícil facilitar las movilidades y las exigencias de la cotidianidad. Probablemente, si aprendiéramos de las experiencias de otros países al respecto, evitaríamos errores de planeamiento que fuerzan homogeneidades o mixturas, que presuponen tipos de organización familiar o del trabajo que ya no son operativos, o que simplemente ven las ciudades como un problema que gestionar. Realmente, uno llega a pensar que quizá es mejor que no se haya creado un Ministerio de las Ciudades si la concepción que lo había de inspirara fuera el tecnificar algo como la vida urbana, que demuestra su plenitud en la autonomía de sus intercambios espontáneos, en su horizontalidad. Pero al menos deberíamos trabajar para evitar que la falta de políticas urbanas de nuevo cuño no implique el seguir persistiendo en el error de considerar lo urbano como un problema que resolver desde lejos y con instrumentos obsoletos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UB.

La indiferencia de la Administración, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Vivimos en una época de explosión de la diversidad. Cada cual reivindica su personalidad, su manera de entender la vida. Y el mercado ha logrado equiparar calidad del servicio con personalización del mismo. Un anuncio de unos grandes almacenes preguntaba retóricamente: “¿Qué es calidad de vida?”, y respondían de inmediato: “Calidad es poder elegir”. Me acuerdo perfectamente de que hace años, cuando mi madre me mandaba a comprar papel higiénico, existía sólo una marca, llamada Elefante, que bajo un envoltorio de celofán encerraba un papel de color oscuro y de tacto más bien áspero. Nada que ver con la abundancia de marcas y la heterogeneidad de presentaciones y calidades que podemos encontrar en el apartado correspondiente de cualquier superficie comercial. Ya no existe la barra de pan, sino decenas de tipos que combinan elementos, cereales, texturas y cocciones de maneras muy diversas. Es cada vez más cierto que una de las características diferenciales de la ciudad es la existencia mayor o menor de diversidad de servicios de todo tipo. Si uno va circulando por la urbe, irá comprobando que a medida que se interna por barrios más populares, con menores recursos económicos, baja el número y la diversidad de tiendas, negocios y servicios de todo tipo. Las diferencias de clase son cada vez más diferencias en la disponibilidad de servicios y productos de consumo. La exacerbación del consumismo es tremenda y comporta muchísimos problemas, pero es indudable que la conexión entre calidad y personalización de los servicios es algo claramente irreversible.

En las administraciones públicas, las cosas no han seguido un itinerario comparable. Hace muchos años, Max Weber puso las bases de lo que en aquel momento significó una profunda modernización de la Administración pública al servicio del príncipe de turno. Algunos consideran que Weber fue para la Administración pública lo que Taylor y Ford fueron para la renovación del sistema productivo. Recuerdo aún una frase del manual de Derecho Administrativo de un ilustre catedrático de la materia que subrayaba el hecho de que la Administración pública tenía que actuar siempre guiada por la lógica de “la eficacia indiferente”, entendiendo que cualquier viso de personalización en los servicios públicos implicaba una peligrosa desviación hacia el pantanoso terreno de la discrecionalidad. Muchos años después, se habla de posfordismo o toyotismo para referirse a la capacidad de la industria para mantener su capacidad de llegar a amplísimos sectores de la población y al mismo tiempo lograr altas capacidades de respuesta a las demandas cada vez más diversificadas y personalizadas de esa misma población. Uno de los éxitos de Zara, por ejemplo, es su capacidad para modificar en pocos días el tipo de producto en cualquier tienda de su red mundial de distribución comercial, atendiendo a las variaciones de la demanda. Lo que nos ocurre es que, si bien tenemos posfordismo en el ámbito mercantil, la Administración pública sigue operando como si estuviéramos en un escenario de grandes agregados sociales en los que predominan la homogeneidad y la indiferenciación social. Y ello genera crecientes problemas. En los próximos años, uno de los elementos centrales que nos permitirán evaluar positivamente o no cualquier proceso de renovación administrativa será la capacidad de reconocer y atender la diversidad por parte de los servicios públicos. Vivimos ya en esa fase, pero la rápida evolución a la que asistimos incrementará mucho más la presión en este sentido. Parecería que estamos condenados a tener una Administración que confunde igualdad con homogeneidad, cuando todo apunta a que sólo a partir del reconocimiento de la diversidad se puede avanzar en la cohesión social.

No pretendo decir que el encaje entre gestión pública y atención a la diversidad y personalización del servicio sea un asunto fácil. Es evidente que el código genético de las administraciones públicas las hace especialmente refractarias a las cuestiones de la diversidad. Pero no por ello conviene abandonar el asunto, sobre todo si nos preocupa el hecho de que las clases medias puedan ir abandonando el barco de los servicios públicos al no encontrar respuesta a su percepción de la calidad, muy relacionada con el acceso y la atención personalizada. Cuantos menos incentivos tengan las clases medias para usar esos servicios públicos, menos aliados tendremos en su defensa y más vulnerables serán a las lógicas que los pretenden confinar a los sectores sociales cuyas únicas alternativas son precisamente esos servicios públicos. Las tensiones entre universalidad y personalización, entre derechos individuales y colectivos, entre principios de equidad y de mérito, o entre las exigencias de eficiencia de la gestión y las exigencias de la equidad, son sólo algunos de los problemas emergentes. Pero no por ello deberíamos ceder en el empeño.

Será difícil avanzar si no descentralizamos los servicios públicos y logramos así combinar la personalización y la atención a la diversidad con la necesaria integralidad de las prestaciones. Sólo desde la proximidad podremos ser capaces de enfrentarnos a ese formidable reto de personalizar los servicios públicos sin perder valores como la equidad y el acceso universal a aquéllos. Y eso obliga a mantener fuertes capacidades de gobierno para atender a los desequilibrios territoriales que toda descentralización comporta, junto con potentes sistemas de información compartidos y procesos de evaluación pluralista y participativa. Ése es actualmente uno de los asuntos más relevantes a los que tienen que enfrentarse todas las administraciones públicas y los servicios que de ellas dependen, que constituyen el núcleo básico de la calidad de vida de los ciudadanos.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Poder y buen gobierno, de Joan Subirats en El País

En esta fase previa a la investidura, el más que presumible nuevo presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha avanzado que hará cambios significativos en la estructura de gobierno. Afirma que buscará una más “funcional”, que atienda las prioridades básicas del nuevo Ejecutivo: “Que la economía funcione; que se cree empleo; seguir con la modernización e innovación de España, y mejorar posiciones en política social e integración”.

La estructura que empezó a perfilar apunta a un núcleo ejecutivo más pequeño que atienda a esas prioridades de forma específica, y que se responsabilice de coordinar distintas áreas gubernamentales. Se sigue confiando en un esquema que no siempre resulta operativo, pero que parece inscrito en los códigos genéticos de las administraciones públicas, un esquema que se basa en la jerarquía y la especialización. Cuando lo que observamos es que hay temas (como la igualdad de género, la inclusión social, el deterioro de la convivencia urbana…) que requerirían perspectivas más transversales y nuevos formatos organizativos.

La progresiva ampliación de tareas gubernamentales ha conducido a que en un gabinete convencional no pueda haber tantos ministros como problemas aparecen y como políticas públicas han de formularse. En Nueva Zelanda (probablemente, el país más innovador en el funcionamiento gubernamental), cuentan con 26 ministros que se ocupan de 72 ministerios, perfectamente diferenciados, y con una lógica de trabajo transversal y temático que resulta ciertamente sugerente. No cabe duda que Zapatero hace bien en preocuparse por la estructura de su futuro gobierno y su funcionalidad, pero debería ir un paso más allá y tratar de encauzar una forma de operar de las administraciones públicas que sintonice con las ideas de innovación y atención a la diversidad que dice querer priorizar.

A mediados de los años noventa, Felipe González, al repasar sus realizaciones en los largos años en que ocupó la presidencia del gobierno, describió a la reforma administrativa como la más importante “asignatura pendiente” que le quedaba por hacer. En la legislatura apenas finalizada, se han hecho cosas en este campo y se han intentado otras, pero lo cierto es que las dinámicas de modernización administrativa no han alcanzado nunca el impulso político que tuvieron cuando Joaquín Almunia fue ministro de Administraciones Públicas.

Lo más sobresaliente en este campo en los últimos cuatro años, al margen de la agenda territorial y sus sobresaltos, ha sido la continua mejora en la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos administrativos, los cambios en el Estatuto del Empleado Público, el Plan Concilia y la Ley de Agencias Estatales. Un balance muy descriptible si atendemos a la significación que tiene el buen funcionamiento de las administraciones públicas en el desempeño general de un país que ha alcanzado niveles importantes de gasto público.

En los temas de “buen gobierno”, en febrero de 2005 se publicó en el BOE el llamado Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Los principios básicos inspiradores del código son incontestables: “Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres”. ¿Quién da más? Lo cierto es que, en la práctica, ello se concreta en el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades y en un seguimiento semestral del mismo.

Si examinamos el llamado Programa Nacional de Reformas, veremos que su principal objetivo es ayudar a la convergencia europea fijada en la cumbre de Lisboa, y por tanto expresa un interés muy claro en los temas que afectan a la actividad económica. Los únicos indicadores incorporados en relación al funcionamiento de las administraciones públicas hacen referencia a los trámites administrativos vía Internet.

La ley de creación de Agencias Estatales podría haber implicado un cambio significativo en el proceder de la Administración General del Estado, pero ha faltado ambición. La idea era reforzar los aspectos de autonomía y de control por resultados, pero sólo se han creado tres agencias, la del BOE, la de Cooperación Internacional y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y de Calidad de los Servicios Públicos, que a pesar de tener un nombre tan largo y ambicioso, apenas si se ha puesto en marcha y requiere mayor autonomía y más relieve.

Lo que de verdad importa es saber si el esfuerzo en confianza y en recursos que la sociedad española hace en relación a sus gobernantes, es respondido adecuadamente. Y ello exige no sólo campañas de publicidad o buenos discursos, sino debate público basado en evidencias, un buen sistema público de información y evaluación y una constante y transparente rendición de cuentas. Y hemos de reconocer que en esos temas vamos atrasadillos.

Lo peor de las reformas administrativas es cuando las mismas se convierten en procesos estrictamente de ingeniería organizacional o procedimental, o en un buen bocado para consultores y expertos de todo tipo. En muchos de esos casos, los problemas derivan de que seguimos manteniendo una visión jerárquica y especializada de la acción de gobierno y por ende, de la labor de gestión y administración. Mientras, la falta de funcionalidad de algunas políticas públicas, sus desajustes y la falta de información fiable sobre los resultados que consiguen, hace seguir creciendo la erosión que sufren los poderes públicos en algo tan importante para su actuación como es la legitimidad.

En estos temas deberíamos poder ir más allá de la retórica y de la simple enumeración de principios y propuestas estrictamente administrativas. Politizar el debate sobre la administración y la gestión pública que queremos, implica conectar los problemas pendientes con el gran cambio social que se está produciendo a pasos agigantados en el entorno de esas administraciones aparentemente autistas. Y por tanto, conectar valores de futuro sobre qué país queremos con procesos administrativos y capacidad de gestión y de servicio a los ciudadanos.

Hoy en día, “buen gobierno” no es sólo informatizar la burocracia o vigilar las incompatibilidades. Es pensar en cómo desplegar las potencialidades de descentralización y de comunicación. “Buen gobierno” es también una manera de proceder en la que se busca el implicar en la acción de dirección colectiva a actores muy diversos, que se influyen mutuamente desde una lógica de respeto y de reconocimiento mutuo.

“Buen gobierno” es el resultado de la labor de muchas instituciones de gobierno en España, de sus distintas esferas autonómicas y locales. Y también es el resultado de otras muchas instituciones, organizaciones y entidades que trabajan y colaboran en resolver problemas públicos desde su compromiso público.

“Buen gobierno”, por tanto, es el reconocimiento que los poderes públicos no pueden cambiar las cosas por sí solos. “Buen gobierno” implica reconocer que para que se hagan cosas no sirve sólo la jerarquía y la autoridad, sino también la deliberación, la participación social y el acuerdo social. Cuanto más reforcemos la capacidad social y ciudadana de exigir transparencia y rendición de cuentas, mejor funcionará todo. En definitiva, “buen gobierno” implica modestia y voluntad de aprendizaje colectivo.

Tras las elecciones del 14 de marzo del 2004, Zapatero afirmó: “El poder no me va a cambiar”. Esperemos que con la misma determinación nos retorne en el 2012 unas administraciones públicas que hayan cambiado notablemente sus formas de proceder.

Joan Subirats, es catedrático de Ciencia Política y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Gestionar resultados electorales, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Estos días de menor actividad institucional y social pueden facilitar digestiones más sosegadas de los resultados electorales en Cataluña. Sin duda, es más fácil gestionar éxitos inesperados que fracasos no previstos, pero en ambos casos lo que conviene es prudencia. Surgen voces que extrapolan los resultados del 9 de marzo y que ven a los socialistas como protagonistas casi absolutos de la política catalana en los años venideros. Otros lamen sus heridas y tratan de imaginar nuevos escenarios para el nacionalismo catalán. Los populares viven sin vivir en ellos, ya que si bien han aumentado su representación, la distancia sideral que les separa de sus adversarios directos por el poder en Madrid descalifica su esfuerzo. Y la gente de Iniciativa y compañía cuenta y recuenta para llegar a la conclusión de que su despliegue territorial empieza a ser sólido, pero a costa de sus tradicionales baluartes en los barrios y las localidades de la periferia barcelonesa. Lo cierto es que deberíamos ir todos con cuidado para no lastimarnos. Los escenarios políticos y mediáticos en que se desarrolla la política española no han dejado apenas espacio para nada que no fuera la virulenta confrontación entre los dos polos magnéticos que representaban Zapatero y Rajoy. Pero no está nada claro que los resultados sean trasladables sin más a la escena política catalana, cuando tenemos suficientes precedentes que sitúan al electorado catalán como experto en el llamado voto dual, o lo que es lo mismo, cantidad de gente que cambia de voto (o deja de votar) dependiendo del tipo de elección de que se trate.

Una primera cuestión es saber si el PSC quiere cambiar de pareja de baile. Nos hemos acostumbrado en estos últimos 30 años a que el gran dilema a la hora de escoger quién mandaba en Cataluña estaba planteado entre una opción de izquierda representada en primer lugar por el PSC y la opción más conservadora, pero “del país”, representada por la coalición de CiU. Después de las últimas elecciones, ese dilema, ¿ha quedado obsoleto? La pujanza del PSC y su abrumador poder institucional, ¿exigen modificar su estrategia, sirviendo de paso a los intereses de Madrid? Si, como dicen algunos, su modelo de desarrollo y de crecimiento del país está más cerca de CiU que de ERC y de ICV-EUiA, ¿debería hacer casos a estos cantos de sirena-intereses y avanzar hacia la gran coalición en Cataluña? Sus hasta ahora socios prioritarios han pagado y pagan algunos precios significativos por su posición institucional, aunque es evidente que también logran muchas ventajas. El PSC tiene ante sí la nada fácil tarea de convertir sus miles de votos de firmeza anti-PP en capital positivo de proyecto de país. Y no estaría nada mal que nos dijeran si piensan en un modelo federal, en cómo van a perfilar su relación con el PSOE, en qué tipo de desarrollo o en qué estrategia de recursos están pensando. Llega un momento en que el discurso de “¡que vienen, que vienen!” puede no lograr mantener cohesionado a un electorado muy disperso y contradictorio. Y eso pasa, en primer lugar, por saber qué política de alianzas van a practicar, evitando una perspectiva de tierra quemada para con sus socios actuales, y quién sabe si futuros, de gobierno.

Todo ello depende también de Zapatero. Por lo que parece, ha perdido votos en las franjas intermedias del electorado que últimamente se disputan el PP y el PSOE. El 9 de marzo, esa derrama de votos centristas vino compensada por las ganancias en la periferia, lo que le permite consolidar su proyecto a medio plazo y le da la razón frente a quienes le acusaban de lanzar por la borda el capital de los ochenta del PSOE. Reforzando su alianza con la periferia nacionalista, consigue evitar mayorías alternativas y sigue aislando al PP. Pero ahora necesita buscar un acomodo mejor a las tensiones centro-periferia, con mecanismos federalizantes que han de implementarse en esta legislatura, para institucionalizar esa alianza implícita y seguir recortando espacios a un PP con claras tendencias regionalistas. En efecto, la salida de la derrota sin paliativos del PP cabe buscarla en ese no explicitado entendimiento entre un Rajoy debilitado y una reforzada periferia regionalista y pepera que ha construido bases sólidas en las que apoyar esos 10 millones de votos que no pueden despreciarse, por mucho que no hayan logrado desplazar a Zapatero.

Esquerra ha recogido mucha abstención. Sería peor si su gente simplemente hubiera cambiado de caballo. Pero es evidente que es difícil mantener como reivindicación inmediata la independencia, cuando la sensación general era de que lo que nos estábamos jugando era “¡Virgencita, que me quede como estoy!”. El problema de ERC es CiU, y el problema de CiU es que no sabe qué hacer con el capital político que atesora y gestiona. La aparente fragilidad de ERC se fundamenta en la enorme ambigüedad de CiU, que, como el perro del hortelano, ni hace ni deja hacer. Tenemos un electorado nacionalista, sólido aunque baqueteado, dispuesto a seguir confiando en quien ilusione y muestre caminos sensatos por los que avanzar, extinguida la vía del qui dia passa, any empeny. No creo que Iniciativa deba tener miedo a seguir renovando mensajes y personas, evitando cortoplacismos y giros que ahora resultarían incomprensibles. Debe seguir apostando por otro futuro, otra vía de crecer y generar calidad de vida e igualdad. Y no puede sentirse atenazada en institucionalismos bloqueadores de su personalidad. No se trata de marcar perfil propio porque sí. Seguramente, se puede apostar por otro futuro, moviéndose en las contradicciones de un partido de gobierno, pero sin caer en la trampa por la cual la gente acabe pensando que tu único objetivo es seguir en el poder sea cual sea el precio. Lo mejor es evitar prisas excesivas. Y seguir pensando que la política no se acaba en las elecciones ni en las instituciones, y que dentro de unos años, el escenario habrá cambiado. Siempre quedan partidos por jugar y los votantes seguirán discriminando elección tras elección.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Detalles poselectorales, de Joan Subirats en El País de Cataluña

1. Bipartidismo. Las pasadas elecciones han exacerbado las tendencias naturalmente bipartidistas del sistema político español. La proporción de diputados que no se alinean con los dos grandes partidos se ha reducido a más de la mitad en pocos años. Ahora no llegan a 30 los diputados atípicos, frente a los casi 70 que acumulaban el resto de los partidos en 1989. Lo cierto es que nunca había habido tanta acumulación bipartidista en el Congreso de los Diputados. Y desde 1996 el descenso de pluralismo político (si lo relacionamos con la mayor o menor presencia de diputados de distintas fuerzas políticas parlamentarias) en las Cortes ha sido constante y profundo. ¿Cómo deberíamos valorarlo? Desde mi punto de vista es preocupante, ya que la realidad social y territorial de España casa mal con el mapa tremendamente bicolor que estos días nos muestran los medios de comunicación. Sobre todo, porque es difícil imaginar que los populares mantengan la capacidad de encarnar y representar un conjunto de opciones políticas, económicas y sociales que vayan desde la extrema derecha xenófoba y autoritaria, a democratacristianos y liberales de estilo y matriz europea. Y lo mismo podríamos decir de los socialistas, aparentemente capaces de contener desde votantes dubitativos entre el PP y el PSOE o tibios socialdemócratas muy cómodos en la nueva globalización financiera y el desarrollismo sin límites, hasta personas muy metidas en políticas alternativas en materia económica o profundos valedores de respuestas radicales en materia de sostenibilidad. El país seguramente da para más. Y si no es así, si el futuro nos empuja cada vez más hacia la existencia de sólo dos alternativas viables (como defendía Maragall hace unas semanas), entonces sería bueno que las formas organizativas de los partidos y sus mecanismos de designación de dirigentes y candidatos respondieran mejor a esa nueva realidad bipolar (al estilo de lo que ocurre en Estados Unidos). Pero entiendo que sigue siendo viable y necesario contar con una mayor pluralidad política que incorpore nuevas ideas y valores al debate y a la esfera pública, evitando que crezcan los incentivos a buscar fuera del sistema esos espacios de alternatividad.

2. Medios de comunicación. No creo que podamos desconectar la reflexión sobre el bipartidismo del papel que desempeñan en el debate político institucional los medios de comunicación. El profesor Giovanni Sartori ya nos advertía de ello en su Homo Videns, e insiste en ello Josep Maria Vallès en su último libro (Una agenda imperfecta) cuando afirma que “la credibilidad de la política democrática es incompatible con una dinámica comunicativa que impulsa la descalificación en bloque del adversario y de sus posiciones”. En estas últimas semanas hemos visto como casaban perfectamente las agendas de los dos grandes partidos (interesados en limpiar de obstáculos periféricos la contienda a dos que deseaban) con los grandes grupos de comunicación que se movían mucho mejor en una realidad bipolar que en un escenario multipolar. Conviene sólo recordar la forma en que fue recogido por los medios de comunicación el debate a cinco en TV-3 y la manera muy distinta en que se publicitaron los dos debates entre Zapatero y Rajoy. Mientras que en el primer caso era difícil sacar en limpio ganadores y perdedores, y todo se llenaba de matices incómodos, en el caso del debate a dos, el morbo de quién había ganado, las encuestas instantáneas y las portadas de los medios el día siguiente mostraban la fuerza mediática y publicitaria del evento. Tenemos, pues, una bipolaridad alimentada y querida por los grandes partidos y por los grandes medios de comunicación

3. Alternativas. Es evidente, por otra parte, que hay ciertos problemas en la propia configuración del sistema político y electoral que favorecen el bipartidismo. Sabemos que la Constitución española fija sólo el número máximo y mínimo de diputados (entre 350 y 400). Desde 1977 nos hemos situado en la parte baja de la horquilla, y además, al fijarse el mínimo de diputados de provincia en dos, sólo quedan 250 para distribuir de forma proporcional a la población. No es, pues, extraño que en circunscripciones de menos de 10 diputados (la inmensa mayoría) la proporcionalidad sea muy poco operativa, lo que convierte la contienda en una opción dicotómica, y sólo terceros partidos específicamente territoriales pueden también llegar a obtener representación. Y es precisamente eso lo que molesta a muchos, que postulan modificar la legislación electoral para precisamente impedir esa anomalía periférico-nacionalista. A la postre, el casi medio millón de votos que ha costado cada diputado de Izquierda Unida-Alternativa contrasta con los poco más de 65.000 votos que han tenido que reunir socialistas y populares para obtener un escaño. No creo que sea factible modificar a corto plazo el sistema electoral, pero resultaría relativamente fácil aumentar a 400 los diputados que elegir, lo que favorecería una mayor proporcionalidad y pluralidad. Lógicamente, en el caso de modificar el sistema electoral, un sistema a dos vueltas como el que funciona en Francia aseguraría pluralidad y gobernabilidad en proporciones razonables.

4. Senado. Esperemos que en esta legislatura pueda abordarse finalmente la reforma del Senado. El nivel de desconcierto que genera su elección es sólo proporcional a la inutilidad de su existencia. El pasado domingo era grotesca la confusión existente entre el electorado al contemplar las proporciones y el contenido de la papeleta. No es extraño que la suma de votos blancos y nulos en la votación del Senado en España haya superado el millón de personas (en porcentaje, el 2,26 de votos nulos y el 2,02 de votos en blanco). En Cataluña, la cifra es de casi 200.000 votos nulos y blancos (en porcentaje, el 2,9 de votos nulos y el 2,8 de votos en blanco), bastante más del doble que ese mismo tipo de votos en las urnas del Congreso. La perspectiva federal debería abrirse paso, convirtiendo al Senado en algo que no sea redundante, ya que sólo en contadas ocasiones añade valor al proceso legislativo

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

Espacios en movimiento, de Joan Subirats en El País de Cataluña

En Cataluña, pocos cambios, pero significativos, con redimensionamientos notables de los espacios de las distintas fuerzas políticas. Una abstención menor de lo que uno podía imaginar tras muchos meses de castigo, directo e indirecto, al paciente electorado. Éxito de la estrategia del PSC al movilizar en función del miedo al retorno del Partido Popular, lo que les colocaba en una posición decisiva. Los convergentes resisten, pero la gran cuestión es saber si podrán o no rentabilizar su cuota de poder.

Esquerra ve reducido muy notablemente su espacio, y aunque estas elecciones no sean especialmente las suyas, es evidente que los efectos no serán pacíficos. Los populares demuestran la solidez de su zócalo electoral en un sitio tan complicado para ellos como Cataluña, y la coalición de ICV-EUiA consigue resistir al bipartidismo rampante y al voto útil, aunque seguramente Joan Herrera esperaba más de su buena actuación como parlamentario primero y como candidato después.

A pesar de que los socialistas no alcanzan la mayorían absoluta, la reducción de los espacios de los partidos minoritarios apunta a una menor pluralidad democrática del país, y ello no es bueno para nadie. La corta historia democrática del país nos enseña que la falta de controles y amortiguadores son malos atributos para quienes han de gobernar un país, y ello es especialmente significativo en momentos como los actuales en que hemos de enfrentarnos a graves problemas estructurales. Esperemos que la prudencia, la generosidad y la templanza sean buenas consejeras en momentos como este.

No está claro qué consecuencias tendrá todo ello en el principal partido de la oposición, aunque si me pidieran apostar, apuntaría a Aguirre y a una nueva versión de sostenella y no enmendalla. Y tampoco está claro aún cómo digerirá el nuevo Ejecutivo socialista su nueva acumulación de legitimidad y confianza para lidiar con los asuntos no resueltos de la ordenación autonómica. ¿Bono e Ibarra o Antich, Touriño o el nuevo Montilla? ¿Cómo afrontarán el despliegue del Estatuto de autonomía catalán? ¿Llenos de sano orgullo y pletóricos de confianza, pero cicateros en la visión federal del poder que está implícitamente planteada en el texto estatutario?

Es también importante analizar el papel de los medios de comunicación en esta desenlace. La bipolarización favorece la presentación mediática de las opciones, simplifica y facilita las cosas. El problema es que empobrece el escenario. ¿Hemos de resignarnos a esa realidad? Si es así, los partidos, todos, deberían tomar buena nota. Y una última cosa: deberíamos replantearnos seriamente en esta legislatura el asunto del Senado. La impresión de desconcierto, incomprensión y lejanía que provocaba la visión de la sábana de color anaranjado con decenas de nombres colocados bajo rótulos muchas veces incomprensibles, junto con la sensación de que el Senado sirve de bien poca cosa, deberían hacernos reflexionar.

Contratos, de Joan Subirats en El País de Cataluña

Es curiosa la reciente incorporación de la dinámica contractual en las campañas electorales. En las pasadas elecciones al Parlament de Catalunya, Artur Mas protagonizó ya el affaire del notario, por el que pretendía escenificar en forma de contrato sus compromisos con la ciudadanía, incluyendo el rechazo a pactar con el PP tras las elecciones. Hace unos días, Mariano Rajoy proponía un contrato a los inmigrantes por el que se comprometieran a respetar “usos y costumbres españolas”, que en general ya figuran en las leyes vigentes de obligado cumplimiento. El dirigente de Convergència Democràtica ha vuelto a las andadas. En el Día del Militante (sic), Mas afirmó: “Si CiU, y se lo digo a los socialistas catalanes, tiene la sartén por el mango el 9 de marzo, obligará a los socialistas catalanes y españoles a firmar un contrato público con luces y taquígrafos delante de todo el país que dirá que a partir de este momento en Cataluña se respeta la lista más votada”.

No acabo de entender la propuesta, y si la entiendo mi confusión aumenta. Un contrato es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Es evidente que no se firma un contrato para expresar deseos o para ejercitar la retórica. La función del contrato es producir efectos jurídicos. Parece también claro que el contrato no puede proponer que se realicen actos que van en contra del ordenamiento jurídico. Mas sigue agitando el fantasma del robo que se habría producido tras las elecciones autonómicas, según el cual, a pesar de haber obtenido más votos populares que los demás candidatos, ello no le condujo automáticamente a la presidencia de la Generalitat. Podemos comprender su frustración, pero la culpa la tiene el ordenamiento jurídico del sistema político que, como seguramente todos sabemos, establece un sistema parlamentario de gobierno por el cual la Presidencia de la Generalitat se decide en sede parlamentaria y no por atribución directa del electorado. ¿Puede Zapatero, en el caso de salir reelegido en sede parlamentaria, firmar un contrato con Mas por el cual se modifique la norma estatutaria? ¿Tendría ello validez? Propongo firmar un contrato por el que nos obliguemos todos a no proponer contratos en vano.

Antagonismo y democracia, de Joan Subirats en El País de Cataluña

La evolución de los hechos con relación a la llamada “cuestión vasca” es ciertamente tortuosa. En la anterior legislatura, se plasmó una forma de entender el tema que pasaba por la negación de cualquier posibilidad de diálogo con los protagonistas de la lucha armada, se trataba de acorralar al sector representado por Batasuna y se insistía en contraponer al amplio mundo del nacionalismo vasco un hipotético frente constitucionalista, entendiendo restrictivamente que la Constitución no permite deriva alguna de reconocimiento de la identidad nacional que no sea la española. Empezamos la legislatura que ahora termina con un evidente cambio de trayectoria del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero. Sin dejar de presionar a ETA en el frente policial, se trazaban sendas de diálogo y se generaban expectativas de zanjar el conflicto por la vía de la negociación. Las líneas de comunicación abiertas permitían interpretaciones más amplias sobre cómo encauzar políticamente la indudable presencia de un sector de la población vasca que ha apoyado y sigue sosteniendo el área política que representaba antes Batasuna y ahora representan distintas marcas o siglas. Todo ello, en un escenario de evidente debilidad y crisis interna de ETA. Como bien sabemos, el atentado de la T4 en Madrid rompe dramáticamente esa deriva aparentemente positiva y volvemos a estar situados en una arena de confrontación directa, que parece querer llevar no sólo al deseable desmantelamiento total de la banda terrorista ETA, sino, por extensión, a la aniquilación del espacio político de la llamada “izquierda abertzale”. Recientes procesos judiciales, especialmente los relacionados con el sumario 19/98, en las que se habla de entidades, asociaciones y personas vinculadas al nacionalismo vasco como “entrañas de ETA”, “corazón de ETA”, “cerebro de ETA”, sin que en muchos casos se les haya podido imputar estar directamente implicados en la violencia política, reflejan una visión muy extensiva y organicista del terrorismo, que acaba proyectando dudas sobre cuáles son los límites reales del antagonismo político que tolera o permite nuestra democracia, e implicando en la violencia política a gentes tan alejadas como las de la Fundación Elkarbide.

En este mismo contexto, ayer se cumplieron cinco años del cierre del periódico Egunkaria. No hay noticias del juicio que sigue pendiente, que implica entre otros a Martxelo Otamendi, como director que fue de la mencionada publicación. A pesar de que, por lo que parece, la fiscalía no mantiene acusación alguna, no consta acusación particular y sólo persisten en sus alegatos la Asociación de Víctimas del Terrorismo como “acusación popular”, el periódico lleva cinco años cerrado. ¿Es justificable cerrar un periódico durante cinco años y que los poderes públicos que ordenaron su cierre no presenten acusación delictiva alguna? ¿No es razonable hablar de justicia denegada cuando ha pasado tanto tiempo y no se ha celebrado el juicio, y en cambio se ha anulado un medio de expresión como Egunkaria? Pero lo grave es que éste es simplemente un caso más de una cadena que, desde mi punto de vista, supone una extralimitación de la capacidad represiva del Estado y del poder judicial en una esfera tan sensible para calibrar la fortaleza de una democracia como es la de la capacidad para contener significativos grados de antagonismo político.

En mi opinión, una sociedad moralmente activa acepta el conflicto y se resiste a que se difuminen los límites entre actuaciones claramente condenables por su uso de la violencia, por su negación del pluralismo político o por su intolerancia contra todo aquello y aquellos que no coinciden con sus ideas, y aquellas otras actuaciones y expresiones de disidencia, de alternatividad, de no coincidencia con el mainstream social, por muy periféricas y minoritarias que sean. Creo firmemente que una democracia muestra su fortaleza cuando mayor es su capacidad de contener opiniones, ideas, actuaciones, siempre que esas expresiones se produzcan de acuerdo con los límites antes expresados. Lo que acaba cohesionando y haciendo fuerte a una sociedad es el conflicto. En la disidencia se reconoce al otro, y en ese reconocimiento de la diversidad es donde reside el efecto civilizador, fundacional de una sociedad, de un espacio público, un espacio de todos. Nos debería preocupar que las decisiones judiciales, que se deben acatar pero no forzosamente compartir, refuercen la indeterminación sobre cuáles son las actitudes rechazables por violentas y antidemocráticas, y cuáles son expresión de disidencia y posiciones radicalmente disconformes con el orden establecido. Si uno está a favor de la independencia de Euskadi y coincide con planteamientos políticos que otros tratan de conseguir matando y extorsionando, ¿puede ser equiparada una y otra actuacion? ¿Cómo es posible que se pueda condenar a un ciudadano porque lo que hace o dice sencillamente coincide con lo que dice o propone hacer alguien que comete delitos? ¿Podemos llamar a esa concatenación de elementos “responsabilidad objetiva” y asimilar una y otra cosa a terrorismo? No parece deseable que cada individuo deba luchar para demostrar que no es culpable o tener miedo de que alguien lo castigue por lo que piensa. Acabaremos condicionando todo ejercicio de derechos y libertades al sacrosanto manto de la seguridad, interpretada por unos pocos. ¿Dónde queda la libertad de disentir e impugnar pacífica y contundentemente los ejes de cualquier sistema político? Sin capacidad de disentir, de mantener la incertidumbre y el debate sobre el futuro, también en medios de expresión como Egunkaria, la democracia acaba debilitándose gravemente.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.