Reggio’s Weblog

Tras las elecciones generales del pasado 9 de marzo, y con la apretada agenda congresual de los próximos junio y julio ya en el horizonte, el panorama político catalán se presenta, de aquí a final de curso, sencillamente apasionante. Si aparcamos por hoy los enredos internos del Partido Popular en Cataluña -tiempo habrá de analizarlos como se merecen-, los grandes hitos y las grandes incógnitas del trimestre que ahora comienza se llaman, por este orden, Esquerra, Convergència y PSC.

El 25º congreso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es, desde luego, el más difícil de pronosticar, y ello por dos razones. Porque el ADN del septuagenario partido incluye el gen de la imprevisibilidad y porque, con cuatro fracciones en liza que pueden aliarse bajo combinaciones distintas, cualquier augurio resulta muy arriesgado. De todos modos, es posible que prevalezcan en la asamblea republicana las fuerzas del establishment, quienes saborean las mieles del poder institucional y no están dispuestos a escupirlas para volver al arduo testimonialismo. Que ERC quiera fortalecer su identidad en el seno del Gobierno tripartito, que no considere esta alianza la única posible y explore acercamientos a Convergència, es de una prudencia táctica elemental, pero no tiene por qué impedir el triunfo del pragmatismo.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) afronta su 15º congreso con la construcción de la “casa gran del catalanisme” todavía en la fase de movimiento de tierras, aunque confortada por las discordias hídricas de sus adversarios y por la sensación general de fragilidad que envuelve al Ejecutivo de José Montilla. Tras una década sufriendo el síndrome de la emulación con respecto de Esquerra -a ver cuál de los dos partidos exhibía más músculo patriótico- parece resurgir entre los convergentes el anhelo de centralidad: la conciencia de que un partido catalanista catch all -ésa fue la exitosa fórmula de Jordi Pujol- no puede prescindir de aquellos sectores moderados, más proclives a la gestión que a la lírica, a los cuales se etiquetó durante lustros como roquistas y cuya representación actual suele atribuirse al alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. Por consiguiente, y sin que quepa esperar ni un giro copernicano ni ninguna clase de purga, es razonable prever que el círculo de poder orgánico y de orientación estratégica en torno a Artur Mas (el pinyol) se amplíe por acumulación, incorpore sensibilidades más diversas y sea capaz de combinar el nacionalismo de los grandes ideales con el de las cosas concretas.

Cerrará la serie, poco antes de la pausa vacacional, el 11º congreso del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Cuando una organización política preside y gobierna mayoritariamente la Generalitat, participa del Ejecutivo estatal, controla los grandes ayuntamientos del país y tres de las cuatro diputaciones provinciales, y además acaba de cosechar unos resultados electorales como los del 9-M, resulta casi imposible que se sustraiga a la euforia y la autocomplacencia. Sin embargo, tal como subrayaba el otro día en privado un ilustre veterano de la casa, el PSC tiene también ante sí un montón de desafíos tácticos de primera magnitud. El debate público de estas semanas a propósito del grupo parlamentario propio en el Congreso es sólo un indicio de problemas más profundos: en 2008, el reto de los socialistas catalanes ya no es quitarse de encima el viejo estigma de sucursalismo, sino gestionar la contradicción creciente entre sus intereses y los del fraternal binomio Moncloa-Ferraz.

Todo lo escrito hasta aquí, no obstante, parte de una hipótesis incierta y problemática: que lleguemos al mes de agosto sin sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006. Si, por el contrario, el alto organismo resuelve antes de las vacaciones, y si lo hace en el sentido que el perfil ideológico de sus magistrados hace temer a muchos, entonces la política catalana podría verse sacudida por un verdadero tsunami.

No me tomen por agorero, pero supongamos que el tribunal anula por inconstitucionales la referencia del preámbulo a Cataluña como nación y algunos aspectos sustantivos del articulado (el deber de conocer el catalán, la bilateralidad…) o los interpreta decididamente a la baja. No hace falta una bola de cristal para prever los efectos que una sentencia de este tipo tendría sobre el debate interno de Esquerra Republicana: no sólo iba a multiplicar el predicamento de quienes, como Joan Carretero, ven en la anulación del Estatuto el mejor trampolín hacia la independencia; serían las propias fracciones de Carod y Puigcercós las que, presionadas por la militancia, abanderarían el discurso de la radicalización y la ruptura.

¿Y en el seno de Convergència? Es obvio que, en ese eventual escenario, las tesis de moderación, pragmatismo y pactismo de los herederos de Miquel Roca serían desarboladas y barridas por los planteamientos más soberanistas. CDC se vería lanzada otra vez a una surenchère patriótica con ERC por cuál de las dos siglas capitalizaba más el desaire, el bofetón del Estado a nuestra dignidad colectiva, o se vería empujada a confluir con los republicanos en una táctica de frente nacionalista. En cuanto al PSC, tampoco su suerte tendría nada de envidiable, con el presidente Montilla emparedado entre el choque frontal con el PSOE o la ruptura irreparable del tripartito, entre la crisis orgánica y el naufragio político.

Por supuesto, estoy muy a favor de la independencia de los tribunales, lo cual no significa que crea siempre en ella. Pero, al mismo tiempo, ¿no es una obligación primordial de los responsables públicos -incluidos los magistrados- sopesar y calibrar bien las consecuencias de sus decisiones?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

A la luz de los resultados que las elecciones generales del pasado 9 de marzo tuvieron en Cataluña, despuntó entre algunos opinadores y más todavía entre ciertos actores políticos un conato de debate sobre a quién cabía atribuir el mérito de la espectacular victoria socialista, sobre de quién eran los votos que formalmente recogió Carme Chacón. Unos -incluso con despacho en la madrileña calle de Ferraz- sostuvieron que el grueso de esos sufragios eran de Rodríguez Zapatero y, por ende, del PSOE porque, argumentaban, cuando el PSC se presenta a las autonómicas sin el tirón de ZP, obtiene aproximadamente la mitad. Otros -más bien radicados en la barcelonesa calle de Nicaragua- replicaron que, si el PSC no gobernase desde hace cuatro años y medio en Cataluña, el escrutinio del 9-M no le habría sido tan propicio y, por tanto, la victoria global del PSOE se habría visto amenazada.

¿Discusión bizantina? No lo creo aunque, a mi juicio, debería plantearse de otro modo. Teniendo en cuenta la creciente homogeneidad sociológica, mediática y económica de España, ¿cuál es el factor X que permite al PSC-PSOE sacarle al PP en Cataluña una ventaja de 29 puntos porcentuales y 17 escaños, mientras en Madrid o en la Comunidad Valenciana -por ejemplo- la derecha gana cómodamente por 10 puntos o más de diferencia? Si, según ha subrayado recientemente ese perspicaz científico social que es José Bono, la guía telefónica de Madrid y la de Lleida -y la de Toledo, supongo- ofrecen grandes semejanzas en cuanto a los apellidos, ¿por qué en Lleida el PP considera un éxito sacar el 15% de los votos y en Toledo arrasa con el 51%? Si fuese sólo por la competencia de CiU, el PSOE debería bendecir cada día la existencia de ese nacionalismo catalán que priva a su rival de cientos de miles de votos.

Pero no se trata principalmente de esto. Para comprobarlo, fijémonos en determinadas zonas de la Cataluña metropolitana donde el voto nacionalista (a Convergència y a Esquerra) alcanza poco más del 10% y resulta casi testimonial. La cuestión que planteo es: ¿por qué en esos lugares (en Cornellà, en L’Hospitalet, en Santa Coloma de Gramenet…) el PP se mueve entre el 17% y el 19% de los sufragios, y en sus equivalentes madrileños (Móstoles, Torrejón, Alcorcón, Coslada, Rivas, Parla…) consigue 20 puntos más en el peor de los casos, superando con frecuencia el 45% del apoyo electoral? Si los habitantes de unos y otros municipios hablan muy mayoritariamente la misma lengua, ven las mismas cadenas de televisión y comparten idéntico entusiasmo cuando gana la selección española de fútbol, ¿cómo se explica que voten tan distinto?

No me parece aventurado suponer que la clave de dicho fenómeno, el factor X en virtud del cual en Cataluña el PP resulta electoralmente indigerible para sectores socioculturales que en otras zonas urbanas del Estado lo votan sin ningún problema, tiene que ver con alguna clase de sentimiento de catalanidad territorial que se considera maltratado por las huestes de Aznar y de Rajoy. Una catalanidad no nacionalista, con poca carga lingüística, pero lo bastante politizada para revolverse ante la demagogia que los populares han practicado a cuenta del Estatuto, o para rechazar el cuento interminable de la persecución contra el castellano, o para encontrar grotesco que Javier Arenas conmine al presidente Chaves a no consentir que salga de la desaladora andaluza de Carboneras ni una gota de agua para Cataluña… Una catalanidad -si me permiten el neologismo- decididamente montillesca, que el PSC ha cultivado con mimo y con acierto durante décadas.

Sin embargo, no es así como interpretan la cúpula del PSOE y el Gobierno central el 9-M catalán y sus consecuencias políticas. Más bien se intuye la lectura contraria: si el PSC obtuvo 1,6 millones largos de votos, fue gracias al palmito político de José Luis Rodríguez Zapatero, y los subsiguientes 25 diputados sólo han venido a compensar parcialmente el desgaste electoral que infligieron al PSOE en muchas zonas de España la reiterada alianza del PSC con Esquerra Republicana, la tramitación de un nuevo Estatuto catalán, los accidentados avatares del primer tripartito, etcétera. Digámoslo de otra manera: cuando el PSC se sentía gozoso acreedor de la gratitud del PSOE y de su secretario general por haber contribuido con 25 escaños a revalidarlos en el poder, empieza a descubrir que desde Ferraz y La Moncloa lo consideran más bien deudor, incluso un deudor ingrato y molesto.

Ha sido flagrante, por ejemplo, la deslealtad del Gobierno amigo para con la Generalitat ante la crisis hídrica. Frente al riesgo de que el trasvase temporal Segre-Llobregat deviniera en manos del PP una especie de Estatuto bis capaz de sublevar contra el PSOE a todo el litoral mediterráneo desde Castellón hasta Almería, la Administración socialista estatal ha preferido desairar al Ejecutivo catalán, vetar la captación de agua del Segre y no ofrecer alternativa alguna, más allá de vagas expresiones de buena voluntad. Al mismo tiempo, en el debate de investidura de esta semana, aquella “España plural” del primer ZP ha sido reemplazada por una “España unida y diversa” de resonancias semánticas franquistas y de claro relente neocentralizador. Da miedo pensar en la próxima negociación de las cláusulas financieras del Estatut, en este clima y bajo la sombra de la crisis económica…

Corto y claro: Rodríguez Zapatero le hizo la cama política a Pasqual Maragall en cuanto lo percibió como un estorbo. ¿Tratará de hacer lo mismo con José Montilla? ¿Se dejaría éste? ¿Cómo reaccionaría el aparato del PSC ante un conflicto de lealtades? ¿Y sus 25 diputados?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Tal vez sea ya el momento de reconocerlo sin ambages: contra el PP se vivía mejor. Dado que, además, en esa época llovía con cierta regularidad, la conjunción de ambas circunstancias -un Gobierno tan antipático como prepotente y una pluviometría normal- propició el éxito en Cataluña de un discurso que abordaba la problemática del agua con grandes dosis de radicalidad y de fundamentalismo, desde una explosiva mezcla entre la cultura del no y la imprevisión más temeraria.

Había que oponerse, por descontado, al Plan Hidrológico Nacional (PHN) de Aznar, y particularmente al trasvase del Ebro, que sólo pretendía alimentar los desenfrenos urbanístico-especulativos (las Terras Míticas, las Marinas d’Or y similares) en el Levante hegemonizado por el PP. Pero, no contento con eso, el discurso al que aludo execró, convirtió en crimen de lesa sostenibilidad cualquier trasvase, cualquier obra hidráulica de envergadura, cualquier transporte de agua a media o larga distancia, como si cada valle, cada cuenca fluvial, fuese una taifa independiente. En esta última línea, se sacralizó el concepto de territorio (”el territorio rechaza…”, “… no puede hacerse sin el consenso del territorio…”), otorgando a una comarca o a un grupo de comarcas derecho de veto sobre políticas de alcance nacional o estatal. Se erigió a determinadas plataformas cívicas más o menos asamblearias en representantes genuinas de la ciudadanía, en pie de igualdad o incluso por encima de las instituciones democráticas. Se cultivó el sentimiento antibarcelonés latente en muchas zonas del país, propagando la imagen de una metrópoli vampírica, derrochadora insaciable de los recursos del resto de Cataluña. Y se hizo mucha, muchísima demagogia a cuenta de los efectos apocalípticos que tendría detraer del Ebro o de cualquier otro río siquiera una gota, cualesquiera que fuesen su caudal, las necesidades que atender y las circunstancias climatológicas del momento.

Tales mensajes, inicialmente de alcance local, fueron amplificados, legitimados e incorporados a la agenda política catalana por unas izquierdas entonces en la oposición (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa), que hallaron en la defensa del statu quo hídrico un excelente banderín de enganche frente al PP, pero sobre todo un factor de asedio y erosión contra el declinante Gobierno de Convergència i Unió. Incluso, para cortarle a éste cualquier vía de escape, el futuro tripartito coincidió con el Partido Popular en el rechazo de la hipótesis del Ródano. Todos los trasvases eran malos por definición, y no había más que hablar.

En apenas cuatro o cinco años, sin embargo, las circunstancias han cambiado mucho. En Madrid ya no gobierna el PP, sino un PSOE que derogó el PHN casi tan deprisa como retiró a las tropas de Irak y que, dando por perdidas Valencia y Murcia, contempla la política del agua con el ánimo de preservar sus feudos en Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las izquierdas catalanas, por su parte, rigen la Generalitat y, en consecuencia, tienen la imperiosa obligación de asegurar el suministro de agua a la conurbación barcelonesa, por responsabilidad y porque lo contrario sería su suicidio electoral. Y Cataluña padece la, según los expertos, peor sequía en seis décadas.

Así las cosas, que diversos miembros del Gobierno catalán hayan empleado toda clase de eufemismos semánticos para evitar, al referirse a las medidas de urgencia que planean, la palabra maldita, trasvase, no es lo más grave. Tampoco lo es que el consejero de Medio Ambiente, el ecosocialista Francesc Baltasar, envolviese de torpezas y ocultaciones su idea de conectar provisionalmente el cauce del Segre con la cuenca del Llobregat. Ya resulta más preocupante la alegría con que al fin se anunció ese proyecto de captación sin el previo acuerdo del Ejecutivo central -bajo cuya jurisdicción se halla la Confederación Hidrográfica del Ebro- y sin tomar en cuenta lo que dice al respecto el nuevo Estatuto de Aragón.

Con todo, lo peor del actual escenario no son los deslices gubernamentales, ni las contorsiones de quienes intentan preservar su virginidad ecologista frente a los embates de la realidad. Lo peor son las reacciones sociales y territoriales ante la crisis hídrica, unas reacciones que constituyen la feraz cosecha de aquello que se sembró hasta 2004. “Política vol dir pedagogia”, sentenció el socialista Rafael Campalans en 1933. Pero sus herederos ideológicos creyeron que contra el PP y contra CiU, y tratándose del agua, política significaba agitación, demagogia, hurgar en supuestos agravios localistas y negar la gravedad del problema. Ahora, desde el poder, les está tocando probar su propia medicina.

De este modo, hemos visto reaparecer al inefable Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, para excomulgar y amenazar al Gobierno de Montilla por “trasvasista”, y hemos oído a payeses, regantes y otras fuerzas vivas o corporaciones de Girona, Tarragona y Lleida denunciar cualquier hipótesis de cesión hídrica hacia Barcelona como un expolio, como un “robo” de su agua. Y es lógico: una vez demostrado que el cóctel de movilizaciones, cálculos electorales y estridencias verbales paró lo del Ebro, ¿quién va a ser tan tonto de dejarse arrebatar siquiera un metro cúbico del líquido elemento?

Mientras tanto, ningún paladín de la “nueva cultura del agua” ha impugnado aún que -según recordaba el editorial de este diario el pasado lunes- el sector agropecuario catalán consuma el 73% del agua para producir el 2% del PIB. Ninguno, tampoco, ha objetado todavía el proyecto, avalado por el Gobierno socialista aragonés, de levantar un vergel de ocio y juego en medio de los Monegros. Será que la “nueva cultura del agua” va por barrios…

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Acaba de dejarnos Josep Benet i Morell, y es tiempo de necrologías, de semblanzas periodísticas y de homenajes bien merecidos al historiador, al político, al correoso adversario de la dictadura franquista, al patriota. Las líneas que siguen no pretenden adscribirse a ninguno de esos nobles géneros. Quieren ser sólo una evocación urgente de la figura de Benet y de su trayectoria pública a través de tres imágenes, de tres escuetas instantáneas.

La primera foto de este tríptico virtual fue tomada en agosto de 1957, se conserva en el Arxiu Històric de Barcelona y ha sido publicada unas pocas veces. Domina la escena un guardia civil en uniforme estival de campaña, con grandes cartucheras al cinto y el naranjero en bandolera. Detrás, el principal acusado del consejo de guerra al que corresponde la imagen, el dirigente comunista Joan Comorera, conversa con su abogado, Antonio Solís, ambos seguidos de cerca por otro abogado, un joven y ya filiforme Josep Benet, que habla con su defendida, la esposa de Comorera, Rosa Santacana.

Es cierto que tanto Comorera como Benet habían nacido en Cervera de la Segarra y eran incluso parientes cercanos. Pero no cabe olvidar que, por aquellas fechas, quien había sido el primer secretario general del PSUC era un réprobo, un maldito, un apestado para la poderosa clandestinidad de la hoz y el martillo. Además de expulsarlo, el Partido por antonomasia había saludado su detención como la de “un traidor al movimiento obrero, un agente al servicio del enemigo”, y hasta los presos comunistas de la barcelonesa cárcel Modelo le hicieron el más absoluto vacío. En tales circunstancias, asumir la defensa jurídica del matrimonio Comorera no resultaba cómodo ni siquiera desde una perspectiva antifranquista. Pero Josep Benet la ejerció, lo hizo con gran brillantez y logró la absolución de su patrocinada. Durante las dos décadas siguientes, su toga se movilizaría a favor de Maurici Serrahima y de Jordi Carbonell, de Joan Sales y de Montserrat Avilés, de Lluís Maria Xirinacs y de los primeros impulsores de Comisiones Obreras…

La segunda imagen no es una fotografía, sino un dibujo, un espléndido diseño de Enric Satué que reproducía el marco noucentista del emblema de la Generalitat de Cataluña pero, dentro del óvalo, reemplazaba las cuatro barras por el afilado perfil del rostro de Josep Benet. Acompañado de lemas como Benet, el President de tots o Benet, tu Presidente, ése fue el motivo gráfico central de la campaña del PSUC para las elecciones catalanas de marzo de 1980. Después de haber encarnado como nadie el espíritu unitario de la Assemblea de Catalunya, de haber trasladado ese espíritu al Senado en 1977 e incluso, con mayores dificultades, en 1979, Josep Benet -que no fue nunca comunista- aceptó ser el candidato del partido de los comunistas catalanes a la presidencia de la Generalitat en el momento auroral de la autonomía recuperada.

Ello le valió, desde luego, numerosas incomprensiones, y el epíteto despectivo de “submarino del PSUC”. Las arrostró sin inmutarse en aras de un doble y ambicioso compromesso storico: la reconciliación definitiva -llevaba persiguiéndola desde 1947- entre la tradición católico-catalanista, montserratina, de la que él mismo procedía, y la izquierda de matriz marxista; y, al mismo tiempo, la integración política, la fusión en un solo pueblo de los catalanes de origen y los inmigrantes llegados a lo largo del franquismo, aquellos a cuyas vanguardias más activas representaban por entonces el PSUC y Comisiones Obreras. Benet no alcanzó a presidir Cataluña, pero agotó sus cuatro años de mandato y, en 1982, se atrevió a lo que nadie más osaría en dos décadas: a presentarle una moción de censura al presidente Jordi Pujol. Él, a quien algunos espíritus sectarios iban a tachar, años después, de paniaguado y hasta esbirro de Pujol…

La tercera y última pieza de esta mínima galería de imágenes es una foto firmada por Josep Losada y publicada en el diario Avui el 21 de julio de 1995. Aparecen en ella, de derecha a izquierda, cuatro personas: Jorge Trías Sagnier, Josep Benet, José María Aznar y Alejo Vidal-Quadras, captados a la entrada de un restaurante barcelonés en el que se disponían a almorzar el día anterior. En aquellos momentos, el líder del Partido Popular y de la oposición al Gobierno de Felipe González estaba cubriendo las últimas etapas de su larga marcha hacia La Moncloa y, respecto de Cataluña, combinaba la política del palo con la de la zanahoria. Por una parte, llevaba dos años consintiendo a Vidal-Quadras hurgar en la convivencia lingüística y abominar del nacionalismo en los términos más belicosos. Por otra, trataba -con resultados muy mediocres- de tranquilizar y hasta de seducir a ciertas élites catalanas ante la hipótesis de la llegada del PP al poder. En ese contexto, Trías Sagnier, amigo de Benet desde los días de la transición, pidió al entonces director del Centre d’Història Contemporània de Catalunya una cita pública con Aznar que dulcificase la imagen de éste en el Principado.

Benet, hombre de diálogo, accedió, pero no dejó pasar la ocasión de deplorar, ante el líder de la derecha española, los reflejos anticatalanes de ésta, la guerra lingüística inducida desde ciertas cabeceras madrileñas ni las “posiciones preocupantes para Cataluña” que, a su juicio, sostenía el PP. Cortesía obliga, Aznar encajó las críticas y hasta aceptó la oferta de Benet de asesorarle en algunas materias sensibles de orden histórico e identitario. No parece, sin embargo, que esos consejos fueran nunca solicitados ni atendidos. De hecho, en el funeral de anteanoche en el monasterio de Sant Pere de les Puel·les, ni siquiera compareció ningún representante del PP.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Que determinada fuerza política coseche unos malos resultados electorales puede deberse a motivos muy distintos: al desgaste sufrido en el ejercicio del poder o a la falta de credibilidad como alternativa de gobierno, al planteamiento erróneo de la campaña electoral o a la equivocada configuración de la candidatura, a un incidente desestabilizador de última hora o a la eficaz competencia de los rivales… Cuando el descalabro es de gran envergadura, señal de que han concurrido a provocarlo causas múltiples, tanto errores de planteamiento como de discurso y hasta tal vez contrariedades fortuitas. Si el batacazo alcanza las brutales dimensiones del que sufrió Esquerra Republicana (ERC) el pasado domingo, entonces lo que ha fracasado es la estrategia global del partido.

Según es público y notorio, desde el otoño de 2003 esa estrategia ha consistido en potenciar el eje político izquierda-derecha en detrimento del eje Cataluña-España, haciendo posible con ello el acceso al gobierno de la Generalitat de una mayoría configurada, junto a Esquerra, por el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa-Verds (ICV). Al apostar por el tripartito de Maragall primero, y después por el de Montilla, ERC lo justificaba con una doble y legítima ambición a medio plazo: de un lado, y desde dentro del mismo Ejecutivo, arrebatar al PSC la bandera de la izquierda -del “socialismo”, ha escrito el dirigente republicano Xavier Vendrell (Disculpin les molèsties, págs. 165-170)-, atrayendo a su electorado tradicional, incluso al castellanohablante y más sentimentalmente español, hacia un independentismo del bienestar, despojado de cargas identitarias. Por otra parte, y con los resortes del poder en la mano, reducir el espacio social de Convergència i Unió (CiU), hacerle el sorpasso electoral y, a la postre, sustituirla en el rol de fuerza hegemónica del nacionalismo.

Si en marzo de 2004 esos dos objetivos -más el segundo que el primero- pudieron parecer plausibles, pues ERC quedó a apenas dos escaños de CiU, si el fracaso del PSC en las catalanas de 2006 permitió prolongar el ensueño, las municipales de mayo de 2007 ya dieron un serio aviso sobre la dificultad de la empresa. Las generales de 2008 han evidenciado su hundimiento, y ponen patas arriba toda la estrategia de Esquerra a lo largo del último quinquenio.

Lejos de morder ni siquiera un bocado en los tradicionales pastos metropolitanos del socialismo, ha sido el voto de 2004 a Esquerra el ahora fagocitado por el PSC en Badalona, Sabadell, Terrassa, Mataró, L’Hospitalet, El Prat, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà -”convertir a José Montilla en nuestro presidente es la clave de bóveda para que personas no nacionalistas devengan independentistas”, aseguraba el citado Vendrell el año pasado (ibidem, pág. 204)-. Pero el abrazo del oso socialista a su partner republicano también ha sido asfixiante en poblaciones como Berga, Calaf, La Garriga, Igualada, Manresa o Vic. Lo cual, combinado con la abstención específica de muchísimos simpatizantes de ERC -basta ver el caso de Barcelona, donde el partido pierde 80.000 electores sin que ninguna otra sigla gane ni uno solo- ha dado lugar a la espectacular mengua de casi 350.000 votantes, un 54,5% de todos los habidos cuatro años atrás. Así las cosas, y aunque CiU no obtenga de ello ganancias significativas, vuelve a situarse con un volumen de apoyo tres veces superior al de su rival independentista, haciendo inverosímil cualquier hipótesis de sorpasso.

En lo que a Esquerra se refiere, el escrutinio del 9 de marzo indica varias cosas muy importantes. Una, que disputarle al PSC-PSOE el marchamo del progresismo y de la izquierda clásicos es ilusorio: para decirlo con dos metáforas, Joan Manuel Serrat preferirá siempre a Zapatero, y el Baix Llobregat está todavía enganchado a Felipe. Otra evidencia es que cientos de miles de personas, en el entorno social y electoral de ERC, discrepan con la fórmula del segundo tripartito. Los menos, porque habrían preferido un gobierno nacionalista con Convergència; los más, porque creen que Esquerra se ha dejado abducir por el presidente Montilla, que ha difuminado su perfil y no hace más que engordar el gigantesco poder institucional del PSC a cambio de bien pocas contrapartidas. Ni siquiera ha conseguido una cosa tan justa y transversal como la devolución completa de los papeles de Salamanca. ¿Por qué -se preguntan muchos nacionalistas de los que el domingo permanecieron en casa- ERC no planteó hace tiempo a La Moncloa que, o esos documentos regresaban ya según prevé la propia ley española 21/2005, o el Gobierno de la Generalitat saltaba por los aires?

Llegados a este punto, el problema mayor de los dirigentes de Esquerra es que ninguno de ellos defendió jamás, a lo largo de estos cinco años, una estrategia distinta de la que acaba de desmoronarse; ninguno propugnó seriamente otra política de alianzas ni en 2003 ni en 2006, ninguno discutió -por lo menos, no en público- que, a lomos de tripartitos, galopasen directos hacia la hegemonía. El rápido movimiento de Joan Puigcercós al salir del Gobierno y regresar al partido, pues, no supone que el ya exconsejero pueda vanagloriarse de haber anticipado el peligro, ni conlleva rectificación alguna. Es sólo una jugada táctica del secretario general para reforzar su control sobre la organización, ganar libertad de maniobra y preparar mejor la batalla final frente a Carod Rovira. Pero los retos que plantea la débâcle electoral del 9 de marzo están ahí, sin obtener respuesta. Aplazarla hasta el mes de junio no va a resultar nada fácil. Esconder la cabeza bajo el ala y mantener el statu quo hasta el otoño de 2010, eso ya sería completamente imposible.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Podríamos comenzar con un acertijo: en medio de la áspera campaña electoral que hoy finaliza, ¿cuál ha sido el único asunto acerca del cual Partido Popular y PSOE se han mostrado completamente de acuerdo? ¿Qué extraño tema ha hecho coincidir en sus opiniones a los ex presidentes Felipe González (”se ha sembrado una semilla terrible…”) y José María Aznar (”es un error que tendrá graves consecuencias…”), dos figuras políticas que sobre cualquier otra materia discrepan de raíz y hasta se profesan una notoria antipatía personal? ¿Qué cuestión ha alterado, durante las últimas semanas, la geometría gobierno-oposición tanto en el pleno del Parlamento catalán como en el del Ayuntamiento de Barcelona, ha empujado al PSC a votar lo mismo que el PP y a Iniciativa a alinearse con Convergència, siendo así que no se trataba de un asunto de competencia ni municipal ni autonómica?

La respuesta correcta, el factor desencadenante de tan curiosos emparejamientos es, como ya habrán adivinado, la independencia de Kosovo. O, para ser más exactos, el rechazo de los dos grandes partidos estatalistas españoles, el Gobierno y la oposición juntos, a esa independencia. No sólo el de ellos, sino el de buena parte de la opinión publicada, con especial virulencia desde el campo de la izquierda más dogmática; gentes de esas que velan por evitar los estigmas colectivos, que ponen el grito en el cielo ante cualquier expresión generalizadora del tipo “los musulmanes son…” o “los subsaharianos se dedican a…”, han sugerido tranquilamente que, con casi dos tercios de la población en el paro, los kosovares configuran un pueblo de mafiosos, narcotraficantes y contrabandistas.

La base doctrinal que tanto el ministro Moratinos como el presidenciable Rajoy han invocado para situar a España, con respecto al último divorcio balcánico, en la misma posición que mantienen el ruso Vladimir Putin, el chino Hu Jintao, el boliviano Evo Morales o el cubano Fidel Castro -¡vaya póquer de demócratas!-, es que la independencia de Kosovo carece de legalidad por tratarse de un acto unilateral, realizado sin la aquiescencia de Serbia ni el aval de Naciones Unidas. Sucede, sin embargo, que gran parte de los Estados nacidos a lo largo de los dos últimos siglos lo han hecho de modo unilateral, y casi siempre por la fuerza. Unilateralmente proclamaron su independencia las repúblicas hispanoamericanas entre 1810 y 1825, y Madrid tardó décadas en reconocer su pérdida. Unilateralmente y con las armas en la mano se independizó Bélgica del reino de los Países Bajos en 1830. Unilateralmente se declararon independientes Finlandia en diciembre de 1917, Estonia y Letonia en febrero de 1918, Lituania y Polonia en noviembre de ese mismo año; la Rusia bolchevique necesitó varios años y diversas derrotas militares antes de avenirse a protocolizar en acuerdos diplomáticos esas amputaciones territoriales de su imperio.

Pero no hace falta remontarse tan atrás en el tiempo ni tan lejos en la geografía. Dentro del espacio ex yugoslavo, Eslovenia y Croacia proclamaron su independencia a finales de junio de 1991, obviamente contra la voluntad de Belgrado y sin intervención alguna de la ONU. Pues bien, apenas en marzo de 1992 la flamante República de Croacia era reconocida por el Reino de España poco antes de ser aceptada como miembro de las Naciones Unidas. Ello a pesar de que, en ese momento, un tercio del territorio croata estaba controlado por las milicias serbias, y aun cuando los combates intermitentes contra esas milicias por el dominio de las Krajinas se prolongaron cuatro años más, hasta el verano de 1995. Para la normalización diplomática entre Serbia y Croacia hubo que esperar a marzo de 1996.

Esa Croacia independiente, tan denostada hace tres lustros por los mismos que ahora abominan del Kosovo libre, constituye hoy “una democracia que funciona, con instituciones estables que garantizan el Estado de derecho”, según la describió la Comisión Europea en 2004. No es un país perfecto, tiene rémoras económicas, heridas de guerra sin cicatrizar y reformas pendientes, pero ocupa desde el pasado enero uno de los puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se halla en el umbral de la OTAN y será, en un par de años, el miembro número 28 de la Unión Europea, todo ello con el resuelto apoyo español.

Los que, en España, rechazan la independencia kosovar con el argumento de que ese territorio era una provincia autónoma y no una república federada de la Yugoslavia titista, olvidan que la mayoría albanokosovar reivindicó el estatus republicano desde los años sesenta, que para tenerlo reunía condiciones demográficas e identitarias superiores a las de montenegrinos o macedonios, y que sólo la cerrada oposición serbia impidió satisfacer tal demanda, aunque la autonomía provincial fuese incrementada en 1969 y de nuevo en 1974. A quienes dudan de la viabilidad de Kosovo como Estado soberano habría que preguntarles por la viabilidad de tantos Estados en África u Oceanía (desde Somalia hasta Timor Leste, desde Zimbabue hasta Liberia) cuya independencia, sin embargo, nadie cuestiona ni propone embargar.

Esperemos que, una vez pasadas las elecciones del domingo y tras un plazo prudencial para no perder la cara, la política balcánica de España vuelva al consenso central de la Unión Europea. El precio que se pagará por ello será que la bandera rojigualda deje de lucir en las calles de Belgrado, de Banja Luka o de Mitrovica, enarbolada por la derecha ultranacionalista serbia. Pero, en esta vida, no se puede tener todo.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Ciertos observadores y analistas de la presente precampaña electoral han reprochado a Convergència i Unió (CiU) el infundir a su oferta para el 9 de marzo un carácter descarnadamente crematístico, el condicionar su hipotético papel de bisagra a una mera cuestión de dividendos, el haber escogido como fondo musical de los mensajes de Duran Lleida el metálico sonido de una caja registradora. La crítica es exacta pero injusta, porque el mismo o parecido reproche podría hacerse a casi todas las demás fuerzas políticas en liza, y muy particularmente a las dos mayores, el Partido Socialista y el Partido Popular.

El PP y el PSOE, en efecto, diseñaron estas semanas de campaña informal pero encarnizada con un objetivo común: explicarle a cada elector en cuanto individuo, y también en cuanto habitante de un determinado territorio, qué ventajas materiales, qué ganancias dinerarias le reportaría la victoria respectiva de Mariano Rajoy o de José Luis Rodríguez Zapatero en los inminentes comicios generales. Desde el punto de vista individual, y después de la subasta de rebajas fiscales, hemos asistido a la puja entre los dos grandes partidos estatales sobre cuál de ellos subirá más el salario mínimo interprofesional y las pensiones de menor cuantía, cuál creará más plazas de guardería y hará brotar más puestos de trabajo, siendo la promesa socialista de devolver 400 euros a cada contribuyente la guinda del pastel. En el plano autonómico, bastará recordar el cómico concurso de promesas gubernamentales de inversión ferroviaria: ¡5.000 millones para las Cercanías de Madrid!, anuncia Zapatero. ¡10.000 millones para Cataluña!, dice la ministra Chacón. ¡No, no, serán 13.000 millones!, asegura el consejero Nadal. ¿Alguien da más?

En estas condiciones, no es de extrañar que el diario parisiense Libération -poco sospechoso de simpatías derechistas- titulase el otro día En Espagne, Zapatero mise sur la politique des euros (”En España, Zapatero apuesta por la política de los euros”), antes de comparar al presidente del Gobierno con Papá Noël o con un Rey Mago. Efectivamente, y para tratarse de un partido de izquierdas o progresista, el PSOE parecía haber sustituido el programa electoral por el talonario de cheques, y fijado como blanco de sus mensajes ya no el cerebro ni el corazón de los electores, sino sólo su bolsillo. La falta de tensión ideológica del discurso socialista era, una semana atrás, tan acusada como sorprendente.

Así las cosas, la ruidosa entrada en escena de los obispos ha sido para la campaña del PSOE como agua de mayo en febrero: pegados hasta entonces al suelo del vil metal, sus mensajes han podido remontar el vuelo hacia los grandes principios doctrinales, algunos de ellos rastreables en el ADN del partido desde los tiempos del abuelo Pablo Iglesias: el laicismo, la defensa de la libertad de conciencia, el rechazo de la injerencia clerical en los asuntos políticos… Gracias a la nota de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, la campaña socialista ha adquirido de repente aliento épico -siempre lo tiene el combate contra un adversario ancestral y antipático-, ha ascendido desde el criticable halago de intereses materiales hasta la noble lucha por ideas y valores de progreso.

De progreso, sí; o, por lo menos, percibidos como tales entre un amplio sector de la sociedad, que es en definitiva lo que cuenta. Conviene no olvidar que este país -Cataluña o España, pues no hubo en la materia diferencias significativas- conoció durante un siglo largo a la Iglesia más beligerantemente derechista de Europa y, en consecuencia, alimentó el anticlericalismo más nutrido, virulento y feroz del continente. Y aunque, en los últimos 50 años, la fobia popular contra la jerarquía católica haya parecido evaporarse, un par de generaciones no son suficientes para borrar del subconsciente colectivo unas sospechas, unos recelos, unas percepciones hostiles que comenzaron a sembrar los liberales de 1835 y llevaron a su sangriento clímax los anarquistas de 1936. Máxime si, como es el caso, asistimos hoy a una evidente ofensiva de los grupos católicos más integristas y reaccionarios para reconquistar presencia social y reimponer su hegemonía en materia de moral y costumbres.

He apuntado más arriba que, para el electorado potencial del PSOE, un duelo entre el Gobierno socialista y esa cúpula episcopal representada por la tripleta atacante Rouco-Cañizares-García Gasco, un duelo así resulta altamente galvanizador y movilizador. En efecto, ¿cómo no indignarse ante la desfachatez de quienes, siendo propietarios de la cadena radiofónica Cope y haciendo de ella el uso goebbelsiano que hacen, se describen a sí mismos como amordazados, intimidados, calumniados, y denuncian que se les quiere “silenciar”? ¿Cómo ignorar a ese mitrado que invoca la palabra de Cristo para organizar en su diócesis rogativas “por la unidad de España”? ¿Cómo dejar sin respuesta en las urnas a una jerarquía que condena cualquier negociación con terroristas, pero todavía no ha condenado su propia sumisión de décadas a aquel contumaz terrorista con fajín de generalísimo que respondía por Francisco Franco…?

Que la nota episcopal del pasado día 31 y sus secuelas constituyen el mejor regalo de precampaña imaginable para los socialistas lo demuestran dos reacciones paralelas: la intervención del presidente de los obispos españoles, Ricardo Blázquez, para quitar hierro, templar gaitas y desmentir un apoyo explícito al PP, y los denodados esfuerzos del secretario de organización del PSOE, José Blanco, por insuflar oxígeno al fuego de la polémica. “Si esto dura hasta primeros de marzo, ganamos”, debe de pensar Pepiño. El ultramontanismo rampante hoy en la piel de toro juega a su favor.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Escribí en estas mismas páginas, durante el tramo inicial de la legislatura española ahora casi concluida, que el mayor capital político de José Luis Rodríguez Zapatero consistía en no ser Aznar; más aún, en aparecer -ante una porción del electorado mucho más amplia que los votantes del PSOE- como la antítesis de Aznar: el presidente de la retirada de Irak frente al fanfarrón de las Azores, el hombre del talante y las buenas palabras frente al estilo adusto, ceñudo y amenazador del precedente inquilino de La Moncloa. Naturalmente, a lo largo de estos cuatro años la usura de la realidad ha empañado bastante el brillo del leonés, pero la comparación con el ahora presidente de honor del Partido Popular sigue resultándole favorecedora, sobre todo en Cataluña. Por ello, y aunque, llamado por una vocación tardía, Aznar hubiera profesado como monje trapense o se hubiese hecho eremita en los Monegros, era de prever que, al acercarse las elecciones de 2008, los socialistas sacarían al anterior presidente del Gobierno a colación, agitarían su figura como un espantajo y le atribuirían el mando real pero oculto de la campaña del PP.

En este caso, sin embargo, la intoxicación no ha sido necesaria ante la contundencia de la realidad. No es que, desde el traspaso de poderes de la primavera de 2004, el ex presidente Aznar hubiese desaparecido por completo de la escena política; pero, últimamente, su figura ha recuperado tal protagonismo que es imposible no ver en ese revival mucha desconfianza hacia la capacidad de liderazgo de Mariano Rajoy, una voluntad de tutela sobre las decisiones de éste y, en definitiva, la imagen de un candidato vicario, mediatizado o por delegación.

No es un secreto para nadie que el fichaje estrella de los populares para el 9 de marzo, don Manuel Pizarro, es un estrecho amigo de Aznar, quien le allanó el camino hacia la presidencia de Endesa recién privatizada y le ha tenido como estrella invitada en numerosos actos de la FAES. Con todo, se me antoja mucho más importante el papel que José María Aznar parece haber asumido como adelantado y ariete ideológico del PP en asuntos de una especial trascendencia y sensibilidad. Un ejemplo: la cuestión de las lenguas en Cataluña. ¿Es mera casualidad que sólo tres días hayan separado la venida del ex presidente a Barcelona para reclamar, frente a “las políticas lingüísticas nacionalistas”, la defensa de “la lengua común de todos los españoles”, y la solemne promesa de Rajoy de promulgar una ley que garantice la enseñanza en castellano en todo el ciclo educativo y todo el territorio estatal, digan lo que digan algunos estatutos de autonomía?

El pasado viernes, y en el marco de unas jornadas consagradas a la figura histórica de Antonio Maura -también son ganas, ponerse a reivindicar ahora al represor de la Semana Trágica barcelonesa, al adversario frontal de las demandas autonomistas catalanas, a la bestia negra (”¡Maura, no!”) del progresismo español y europeo-, José María Aznar esparció otro chorro de nitroglicerina doctrinal. “La izquierda descreída”, dijo, “combate la idea de nación española. Ha inventado falsas naciones sin otro objetivo que socavar la única nación verdadera, la española”.

Bien, vayamos por partes. En primer lugar, todas las naciones -y, de hecho, todas las tradiciones, según explicó hace lustros el historiador británico Eric Hobsbawm- son inventadas. ¿O acaso el señor Aznar cree que las naciones surgieron del dedo del Altísimo el sexto día de la Creación, a última hora de la tarde? Siendo así que cualquier nación contemporánea es una construcción ideológica, jurídica, política y cultural -o sea, un invento-, llama la atención que don José María impute a las izquierdas, y sólo a ellas, el haber inventado las naciones catalana, vasca o gallega. ¿Izquierdistas Sabino Arana, Enric Prat de la Riba, Manuel Murguía…? Pero esto es grano de anís ante la formulación del gran dogma aznariano: ¡la nación española, única verdadera! ¿Se ha convertido Aznar en el sumo pontífice de la religión nacionalista, en el delegado de Rouco, Cañizares y García Gasco para asuntos de la nacionalidad, en el gran inquisidor de los patriotismos lícitos y los ilícitos? ¿Se dan cuenta los votantes no fanatizados del Partido Popular del sesgo integrista que está tomando el discurso de sus líderes en un número cada vez mayor de materias?

Frente al discurso blandito de Mariano Rajoy, José María Aznar lleva meses ejerciendo como el guardián de las esencias, el celador de la ortodoxia y el paladín dialéctico de la derecha española en el combate contra sus enemigos, que no adversarios. El pasado otoño lo hizo a través del inefable libro Cartas a un joven español, donde el ex presidente del Gobierno cataloga bajo el mismo rótulo de “enemigos de la libertad” a los nacionalismos catalán o vasco y al fundamentalismo islámico radical, donde escribe sin rubor cosas como la siguiente: “España es un deber. (…) El ser español lo impregna y lo incorpora todo, sin remedio. Así de poderosa es nuestra nación”. Y todavía el pasado martes, durante un congreso de ciertas víctimas del terrorismo convertido en aquelarre antigubernamental y ultraespañolista, el antiguo veraneante de Quintanilla de Onésimo volvió a lucirse en la descalificación de Rodríguez Zapatero y en la solicitud -algo condescendiente- del voto para Rajoy.

Si el PSOE no fuese un partido laico, en el frontispicio de su sede de Ferraz deberían inscribir ahora mismo el lema Dios aprieta, pero no ahoga. En efecto, la economía da pocas alegrías al Gobierno, y las encuestas de intención de voto tampoco están para tirar cohetes; pero mientras Aznar siga protagonizando la precampaña popular, crispándola y radicalizándola, mientras Rajoy aparezca como un candidato eclipsado y bajo vigilancia, nada estará perdido para ZP.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

A fuerza de repetirlo, lo hemos convertido entre todos en el tópico mayor de estas próximas elecciones: los 47 diputados elegidos por Cataluña -y entre ellos los de 25 a 29 que suelen repartirse las grandes formaciones de ámbito estatal- van a ser cruciales para decantar la victoria del lado del PSOE o bien del lado del PP. Puede que ello sea cierto en términos aritméticos, pero ¿lo es en términos políticos? Esa supuesta capacidad decisoria de los escaños catalanes, ¿empuja a socialistas y populares a esmerarse especialmente con el electorado de esta comunidad, a complacer sus demandas y ofrecerle unas candidaturas brillantes y atractivas por encima de la media?

Si se me permite una metáfora machista, diré que el PSC-PSOE trata a su potencial electorado catalán como a esa sufrida, resignada y fiel esposa tradicional que lo encajaba todo sin chistar y, encima, tenía la cena a punto y la muda planchada. ¿Qué iba a hacer, la pobre? ¿Fugarse con el PP? Nada en el despliegue preelectoral socialista evoca una estrategia de seducción, esa clase de esfuerzo que se emplea para conquistar a la novia o conservar a la amante, un deseo de deslumbrar a los tibios y agradar a los reticentes. Recordemos: el oscurantismo sobre las balanzas fiscales; el empecinamiento en la defensa de la infausta ministra Magdalena Álvarez; el fiasco de la reunión bilateral Estado-Generalitat de la pasada semana; el simultáneo desaire sobre el túnel del AVE, corregido en el último minuto; las declaraciones de José Blanco dando por concluidas -mientras el Estatuto permanece bajo la guillotina del Constitucional- las reformas autonómicas… De hecho, el lema tácito del partido socialista para Cataluña viene a ser: “¡No os quejéis, que mucho peor sería el PP!”.

El Partido Popular, por su parte, se ha juramentado como nunca para abonar la táctica del PSOE y del PSC, y trata al grueso del censo electoral catalán como si éste fuese masoquista. Puede que, tiempo atrás, bajo el liderazgo de un cierto Josep Piqué, el PP hubiese intentado aquí crecer en anchura y no en radicalidad, disputar la bandera centrista y hasta asumir un tibio, muy tibio, catalanismo. En todo caso, el modelo hoy imperante no es ése, sino uno anterior, el que capitaneó Vidal-Quadras entre 1993 y 1996. No lo digo a modo de descalificación, sino con ánimo estrictamente descriptivo: son los mismos argumentos, las mismas demandas, los mismos patrocinadores, los mismos corifeos.

El PP de Cataluña inauguró su precampaña de 2008 con un vídeo que denuncia la inmersión escolar en catalán y sugiere una enseñanza en las dos lenguas cooficiales al 50%; es, palabra por palabra, lo que don Alejo propuso en marzo de 1994, frente al rechazo rotundo de las demás fuerzas políticas, de la comunidad educativa, etcétera. Acto seguido, y nada menos que con Aznar como oficiante, se presentó en Barcelona el último libro de la FAES, ¿Libertad o coacción? Políticas lingüísticas y nacionalismos en España, donde se sostiene que la normalización lingüística persigue “la desaparición del castellano” y se asegura que “las cosas en Cataluña están como con Franco, pero al revés”.

Si alguien se toma la molestia de comparar ese texto con algunas de las más célebres portadas y editoriales de Abc de 1993, o con el libro coetáneo de Federico Jiménez Losantos (La dictadura silenciosa), verá qué poco originales resultan las tesis de Xavier Pericay y demás autores del volumen que Aznar bendijo con su presencia. En fin, el fichaje del irascible adalid castellanista Francisco Caja para un lugar de salida en la candidatura del PP por Barcelona conecta directamente con el legado de Vidal-Quadras (Convivencia Cívica Catalana fue su criatura) y con los grupúsculos que promovieron la presunta guerra lingüística de tres lustros atrás. Y como entonces, no falta el cálido apoyo del radiofonista Federico azuzando el “esperanzador giro” de Sirera y la beligerancia de los populares en “el liberticida asunto de la lengua”.

Pero no es sólo la lengua. Es la apuesta de Mariano Rajoy por Manuel Pizarro como número dos por Madrid y eventual vicepresidente económico de un gobierno del PP. No dudo de las habilidades profesionales del señor Pizarro, ni ignoro el mucho dinero que, bajo su presidencia, ganaron los accionistas de Endesa. Ahora bien, ¿no existía ningún otro gestor empresarial igualmente eficaz y de derechas que no hubiese ofendido a tantísimos catalanes con sus desplantes a propósito de la OPA de Gas Natural sobre Endesa (”no seré nunca empleado de La Caixa…”), con su chulería al rechazar ante el Parlamento cualquier responsabilidad en el gran apagón del pasado julio?

Algún ingenuo dirá que el PP ha resucitado el fantasma del conflicto lingüístico y las recetas de Vidal-Quadras para reproducir los excelentes resultados electorales que éste obtuvo en 1995-96. No es verdad, porque no hubo tales excelencias. En 1995 el catedrático de Física alcanzó un modesto 13,1% de los votos catalanes, y en 1996 -con Aznar partiendo ganador- aquel 18% que dejó a los populares a la merced del apoyo convergente y casi cinco puntos por debajo de su mejor registro hasta hoy, el de 2000 con Piqué.

No, el objetivo de los fichajes de Pizarro y Caja, del anuncio de una ley en defensa del castellano y del sumiso seguidismo a las consignas del ayatolá Jiménez no es lograr un gran resultado en Cataluña: basta ver la prisa y la imaginación empleadas en designar al cabeza de lista por Barcelona. Aquí, con esta campaña, conseguirán el pleno de sus votantes más acérrimos y recuperar a los electores pródigos de Ciutadans, como mucho. Si el PP ha convertido a Cataluña en el punching bag (el saco para entrenamiento de boxeadores) de su gimnasio político, es para recoger las ganancias en España. ¡Pues no está de moda ni nada, allí, “poner a los nacionalistas en su sitio”, reformar la ley electoral para arrinconarlos, “pararles los pies a los catalanes”, etcétera! De hecho, es el producto de la temporada.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

En el breve lapso de 14 días, los dos principales dirigentes de la federación Convergència i Unió han pronunciado en Barcelona sendas conferencias con pretensión de sentar doctrina, de trascender a la coyuntura y marcar directrices políticas a medio o largo plazo. Dada la siempre tensa relación entre ambos partidos federados y entre sus respectivos líderes, los discursos de éstos conllevaban el morbo añadido de ver hasta qué punto serían contradictorios o divergentes, y darían con ello carnaza a los rivales en el mercado electoral. Examinémoslos con algún detenimiento.La conferencia de Josep Antoni Duran Lleida se celebró el pasado día 6 en el Cercle Financer de La Caixa y, sin carecer de elementos estratégicos, prestó más atención a los factores tácticos, no en vano su autor se juega el tipo político en las urnas dentro de poco más de 100 días. El líder de Unió Democràtica (UDC) construyó un discurso abiertamente, rotundamente neorroquista: realizó la apología de la centralidad, de la estabilidad, del pacto… y de la transición española, rechazó las actitudes rupturistas (”creo un error apostar por la ruptura”, “siempre avanzaremos más por la vía del diálogo que por la de la confrontación”), hizo profesión de fe liberal (”no en el sentido de que sea y deba ser sólo el mercado el que establezca las reglas de juego, pero sí soy partidario y defensor de más libertad”), no dudó en criticar la radicalidad del Estatuto del 30 de septiembre (”llevamos el debate hacia el extremo”) y deploró sin ambages “que CiU y los socialistas no se hayan podido entender para grandes pactos, (…) incluso gobernando en común”. ¿Es preciso recordar que la sociovergencia fue una idea originaria de los entornos de Miquel Roca y Pasqual Maragall? La sombra de Roca fue aún más perceptible cuando Duran habló de política española. Al constatar que, en ese escenario, “el centro político está huérfano, no hay nadie que lo ocupe”, parecía palparse todavía el duelo por la fracasada Operación Reformista. La aspiración a que, tras el 9 de marzo, CiU sea “muy condicionante” de la estabilidad parlamentaria en las Cortes, la voluntad de “estar, con la máxima fuerza política posible, allí donde haya intereses que defender en nombre de Cataluña” y, “por tanto, de estar en Madrid”, el renovado reformismo hispánico (”no nos gusta la España actual, pero trabajamos para cambiarla”) son ideas y actitudes que forman parte del acervo de quien fue, hasta 1995, el portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso. También encaja a la perfección en ese bagaje político otra tesis clave de Duran: “Convergència i Unió no es independentista (…), no se presenta como alternativa a quien legítimamente propone la independencia para Cataluña. Y si lo hiciésemos, que no lo hacemos ni lo haremos, nos equivocaríamos”.

La conferencia de Artur Mas, el martes 20, ha sido más teórica, más estratégica, propia de quien tiene aún tres años de margen antes de confrontar sus ideas con los votos. Frente a la equívoca pretensión, publicitada durante semanas, de “refundar” el catalanismo, el propio líder convergente matizó que se trataba de repensarlo, de actualizarlo, de ponerlo al día, de sacarlo de su actual “perplejidad”. Y sí, es verdad que el planteamiento de Mas dio por superado al de Pujol, pero sólo en un punto, por otra parte bastante obvio: la vieja creencia de que era posible cambiar España por la persuasión y la pedagogía; “nosotros queremos transformar España en un Estado plurinacional, y ellos no quieren ser cambiados y prefieren ejercer como un Estado uninacional”, sentenció el jefe de la oposición en Cataluña.

Por lo demás, y según mi impresión, el discurso de Mas de esta semana ha supuesto un brillante ejercicio de pujolismo remozado, de neopujolismo: la ubicación del líder en un plano transversal, más allá de las siglas de partido (”estima al país por encima de la ideología”); el nacionalismo personalista (”la nación son las personas antes que ninguna otra cosa”); la apelación a “los valores y las actitudes de compromiso”; el pragmatismo (cualquier propuesta debe partir “de la realidad del país que tenemos, de la Cataluña de carne y hueso”, y debe marcar “horizontes posibles”); la importancia dada a “la capacidad de ofrecer oportunidades de promoción a las personas” (o sea, lo que Pujol llamaba “el ascensor social”)… Las preocupaciones que Artur Mas expresó ante el fenómeno inmigratorio, ante la baja natalidad o ante la crisis del modelo educativo son algunas de las grandes dèries de Pujol desde hace medio siglo. ¡Pero si hasta las metáforas presentes en la conferencia de Mas (el faro que guía la entrada al puerto, el barco desarbolado y a la deriva, los granos de arena que, juntos, forman la playa…) fueron de la más pura estirpe pujoliana!

Al subrayar este rasgo, no pretendo desmerecer la aportación del actual líder de Convergència. Aunque algunos análisis sectarios se nieguen a reconocerlo, el pujolismo ha supuesto una concepción parcial pero compleja y bien enraizada de Cataluña, igual que -toutes distances gardées- el gaullismo lo fue de Francia; y es lógico que, como allí, su visión y su agenda persistan mucho más allá del mandato del fundador. Por otro lado, la supuesta radicalización nacionalista de Mas quedó circunscrita a un “derecho a decidir de la sociedad catalana” que se ejercería de forma gradual y en porciones: mañana contra un Estatuto eventualmente desnaturalizado por el Tribunal Constitucional, pasado “sobre qué infraestructuras queremos como país”, algún día sobre el concierto económico… No es lo mismo que predica Duran Lleida, pero tampoco resulta antitético, y mantiene la ambigüedad marca de la casa.

Estamos, pues, allá donde estábamos en tiempos de Jordi Pujol y Miquel Roca, quizá incluso en los días de Prat de la Riba y Cambó: Mas abandera el Catalunya endins, y Duran el Catalunya enfora. Es el sino estructural de un nacionalismo que, pese a todas las mutaciones, sigue anclado en su congénito vol i dol.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Durante largos años, la cuestión nacional en España ha sido objeto, desde los medios de comunicación y la opinión publicada en general, de una visión sesgada, decididamente estrábica. Los únicos nacionalismos políticos identificados como tales eran los periféricos (el vasco, el catalán, el gallego, etcétera). La única agitación nacionalista era la que se expresaba enarbolando ikurriñas o estelades, o exhibiendo carteles con la leyenda Freedom for Catalonia. En cambio, blandir la bandera rojigualda bajo cualquiera de sus variantes (con escudo constitucional, con águila o con toro) y vitorerar a España hasta desgañitarse, eso era, ya lo hiciesen niñas pijas del barrio de Salamanca o broncos hinchas futbolísticos, un mero rasgo de normalidad, todo lo más de sano fervor patriótico. Aquel que Michael Bilig calificó hace ya más de una década de “nacionalismo banal”, el nacionalismo de Estado, ha gozado entre nosotros de una rara invisibilidad analítica.Parece, sin embargo, que las cosas podrían cambiar. Está a punto de llegar a las librerías un volumen colectivo de perfil académico, coordinado por el profesor Carlos Taibo, que lleva por título Nacionalismo español. Y empiezan a publicarse en la prensa de ámbito estatal artículos en los que se maneja ese concepto -el de nacionalismo español- con normalidad, como descripción de un elemento fundamental en el presente debate político-identitario. Y es que, después de muchos lustros de miopía selectiva, ningún observador honesto de nuestra vida pública puede seguir obviando la realidad de un españolismo rampante y desplegado a la ofensiva.

A la ofensiva, sí, y además a una ofensiva total. Permítanme que ilustre y documente esta afirmación con el examen del proyecto que lanzó desde Madrid, la pasada semana, la sedicente plataforma de asociaciones Por la Concordia Nacional y la Reforma Constitucional. Integran este lobby el Foro Ermua de Iñaki Ezquerra con su Fundación Papeles de Ermua, Convivencia Cívica Catalana (CCC), la Fundación Concordia y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). Si consideramos que la Fundación Concordia fue creada y presidida por Alejo Vidal-Quadras en 1994, cuando todavía lideraba el PP catalán, que el mismo Vidal-Quadras impulsó y dirigió CCC desde 1998, una vez perdido ya aquel liderazgo, y que el propio Vidal-Quadras es desde 2006 uno de los ocho patronos-fundadores de Denaes, convendremos que el conjunto resulta bastante endogámico y no demasiado plural. Pero esto no debe distraernos del contenido de la propuesta que tales colectivos formulan.

Lo que proponen es nada menos que una reforma a fondo de la Constitución de 1978, el cambio de medio centenar de artículos sustanciales de la Carta Magna. ¿Con qué espíritu e intenciones? Para conjurar “el riesgo de quiebra de la propia organización y estructura del Estado nacional español”, para “proceder al cierre del sistema autonómico”. La reforma, argumentada y expuesta al detalle en un documento de 97 páginas, comenzaría por transformar el Preámbulo constitucional en una empalagosa afirmación del carácter ineluctable y predestinado de la configuración histórica de España con sus hechuras actuales. Luego, el texto suprime del artículo 2 la referencia a “nacionalidades y regiones” y la reemplaza por “Comunidades Autónomas”, refuerza el estatus legal del castellano por encima de las demás lenguas e impone la toponimia bilingüe (aquel entrañable Gerona / Girona de 20 años atrás). En el artículo 27.8, nuestros reformadores quieren que el Estado garantice “en toda España el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano o español”, sin obligatoriedad alguna de aprender catalán, euskera o gallego, y hasta eliminan del artículo 46 una inocente alusión a “los pueblos de España”.

Otro punto fuerte de la propuesta es la modificación del sistema electoral, aumentando hasta 500 el número de diputados al Congreso, pero eligiendo a los 150 adicionales por circunscripción única estatal, para minimizar así el peso político de los partidos periféricos. Igualmente, se dificulta hasta hacerla casi imposible la reforma de los estatutos, se retira a las comunidades autónomas las competencias normativas sobre ordenación territorial, urbanismo y vivienda o medio ambiente, se recortan sus atribuciones en materia de orden público, de enseñanza y de cultura, y por supuesto se liquida cualquier referencia a los derechos históricos. En síntesis, el propósito de la iniciativa que Vidal-Quadras y sus influyentes amigos brindan al Partido Popular es suprimir los leves elementos federalizantes del actual marco jurídico español, y blindar “un Estado unitario de base nacional pero políticamente descentralizado”. Descentralización, bajo el rótulo formal de autonomía. Y no se trata de una reacción defensiva ante la escalada soberanista de los últimos años: ellos mismos reconocen que el Estado autonómico generaba problemas, poseía una “lógica perversa”, desde su origen.

Personalmente, agradezco muy de veras a los individuos y fundaciones citados más arriba, a esos vectores del nacionalismo español -que no tienen nada de marginales ni de freakies- la franqueza de poner sus cartas boca arriba, de mostrar que su idea de España excluye radicalmente a varios millones de habitantes de esta piel de toro, la mayoría de los cuales no son independentistas. Ahora, sólo querría que esta propuesta de contrarreforma constitucional -bastante más grave y significativa, creo, que la quema de unas fotos del Rey- mereciese la mitad de la atención, del debate y de los análisis que suscitó aquel breve sarampión de piromanía antimonárquica.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.