Reggio’s Weblog

La renuncia del diputado Eduardo Zaplana al escaño y su contratación por Telefónica como delegado para Europa ha coincidido con el anuncio de que el ex director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, estará al frente -si el informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre compatibilidades lo autoriza- de la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). El tránsito desde los cargos públicos por elección o por libre designación hasta los puestos de alta responsabilidad en las empresas privadas no puede ser juzgado sólo -aunque también- con arreglo a los criterios del derecho; hay normas políticas, éticas e incluso estéticas que tienen igualmente un ámbito de competencia.

Porque la ley reguladora de Conflictos de Intereses de Altos Cargos 5/2006 o el Título XIX del Código Penal sobre delitos contra la Administración Pública (incluido el tráfico de influencias) no agotan la complejidad ni abarcan todos los matices de las zonas fronterizas entre los poderes político y económico. Ni que decir que la garantía constitucional de presunción de inocencia ampara los comportamientos de los políticos -como de los restantes ciudadanos- mientras no se demuestra lo contrario. La prosa jurídico-administrativa de la norma 5/2006 se presta a diversas interpretaciones: el artículo 8 limita el ejercicio de las actividades privadas, durante los dos años siguientes al abandono del puesto, a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y a los demás altos cargos enumerados por el artículo 3. David Taguas -el secretario de Estado que sustituyó a Miguel Sebastián cuando éste fue candidato a la alcaldía de Madrid- se halla sometido a esas cautelas. En cambio, Zaplana, portavoz parlamentario del principal partido de la oposición durante la anterior legislatura, abandonó el Gobierno hace cuatro años tras la derrota electoral del PP.

Las interrogantes sobre estos polémicos casos se hallan cargadas de implicaciones normativas de carácter extrajurídico, también vinculantes. ¿Tiene Zaplana los saberes especializados, la experiencia internacional y el dominio de idiomas indispensables para ser el delegado de Telefónica en Europa? ¿No resulta algo chirriante que Taguas pase sin solución de continuidad a defender los intereses sectoriales de las constructoras después de haber sido su interlocutor como representante del interés general del Estado?

En cualquier caso, el reclutamiento de la clase política y sus vías de comunicación -de ida y vuelta- con la sociedad plantean conflictos de todo tipo. La alternancia en el poder (central, autonómico y municipal) de los partidos resucita para los cargos electos y de libre designación situaciones semejantes a las vividas en las novelas de Galdós por los funcionarios cesantes de la clientelar España de la Restauración. El enorme incremento del gasto público y del intervencionismo estatal durante las últimas décadas no sólo multiplica los puestos representativos y ejecutivos reservados a los políticos de partido, sino que también eleva los niveles de ingresos, el prestigio social, la capacidad de influencia y los recursos humanos, materiales y de servicios puestos a disposición de sus titulares. El revés de la trama es el duelo padecido por los beneficiarios de esas posiciones privilegiadas cuando pierden el cargo a consecuencia de una derrota electoral o de un cese. Como enseña el caso de Eduardo Zaplana, la conservación del escaño como diputado raso no siempre sirve de consuelo a los políticos defraudados por el tropiezo electoral de su partido o por la pérdida de poder en la nomenklatura organizativa; Acebes, Pizarro y Costa pueden ser las próximas víctimas de ese síndrome.

La expulsión del paraíso no implica problemas laborales para el personal de las diferentes Administraciones públicas, con derecho a la excedencia especial y la reserva de plaza (salvo los militares). El significativo porcentaje ocupado dentro de los cargos electos o de libre designación por enseñantes (de maestros a catedráticos), funcionarios de distintos niveles, jueces, fiscales, diplomáticos, letrados del Consejo y abogados del Estado, registradores de la propiedad y otros cuerpos de la Administración, tal vez se deba a la falta de riesgo que significa el paso de la burocracia a la política en viajes de ida y vuelta sin límites de número y tiempo.

Aunque la excedencia especial también se aplica en las empresas privadas, el privilegio comparado de los llamados servidores públicos es su doble acceso a la organización estatal: como políticos que hacen las leyes, dictan los decretos, ordenan los gastos y trazan las líneas de actuación, por un lado, y como funcionarios que aplican las normas y mantienen la maquinaria en marcha, por otro. Si esa tendencia se acentuase, las habituales invocaciones a la sociedad civil como instancia controladora de una clase política que teóricamente la representa serían una mera ficción retórica: a uno y otro lado de las urnas estarían siempre las caras de los miembros de la burocracia estatal.

La historia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) escrita por Santiago de Pablo, Ludger Mees y José Antonio Rodríguez (Crítica, 2 vol., 1999 y 2001) fue titulada El péndulo patriótico como metáfora de la oscilación entre el pragmatismo autonomista y el radicalismo independentista del movimiento fundado por Sabino Arana. Ni los esfuerzos por mantener el equilibrio entre ambos extremos evitado rupturas, ni el péndulo regulador se mueve de forma acompasada. El temor a las crisis internas explica la habitual prudencia de los dirigentes jelkides: la renuncia de Imaz a repetir como presidente del PNV y las cautelas de su sucesor, Iñigo Urkullu, obedecen a esa causa.

El pragmatismo autonomista de la Comunión Nacionalista Vasca (nombre adoptado por el PNV en 1916) sufrió en 1921 la escisión independentista del grupo Aberri. Reunificado en 1930 bajo su antigua denominación, el PNV fue desafiado durante la República por el radicalismo de Jagi-Jagi. La creación de ETA (desgajada de EGI, las juventudes del PNV) en el franquismo dejó a la democracia como pesada herencia una base electoral del nacionalismo violento en torno al 10% del censo.

Las motivaciones últimas de la escisión en 1986 de Eusko Alkartasuna (EA), fruto de la dimisión en 1984 como lehendakari de Carlos Garaikoetxea, remiten al ámbito de las luchas por el poder; sin embargo, los celos personales del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, y los conflictos de la poderosa organización vizcaína con las agrupaciones de Navarra y Guipúzcoa fueron acompañados por los ecos doctrinarios de las viejas polémicas entre autonomistas moderados e independentistas radicales. Las consecuencias electorales a corto plazo fueron desastrosas: en las autonómicas de 1986 el PNV perdió el 40% de los 450.000 sufragios cosechados en 1984.

El traumático recuerdo de esas escisiones anima la voluntad de impedir la reincidencia y alimenta el ensueño de una reunificación nacionalista. El vergonzoso acuerdo secreto del PNV y de EA con ETA en el verano de 1998 y el Pacto de Estella inmediatamente posterior fueron el primer paso en el ilusorio camino hacia la reconciliación de la familia nacionalista. La vuelta a la actividad criminal de ETA quebró pronto esa candorosa ilusión. Tras sustituir en 1998 como lehendakari a José Antonio Ardanza, presidente de un Gobierno de coalición con el PSOE durante casi 12 años, Ibarretxe se ha convertido en el depositario del compromiso milenarista con una Euskal Herria independiente formada por el País Vasco, Navarra y los territorios ultrapirenaicos franceses. Los votos nacionalistas radicales prestados a Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria, primero por Batasuna para la aprobación del proyecto de nuevo Estatuto en diciembre de 2004, y después por EHAK -una segunda marca del brazo político de ETA- en mayo de 2005 para investirle otra vez lehendakari, convirtieron al PNV en deudor de su apoyo. La convocatoria anunciada por Ibarretxe el pasado septiembre para la celebración el próximo 25 de octubre de un referéndum/consulta de autodeterminación -aprobado antes por el Parlamento de Vitoria con el inevitable apoyo de la segunda marca de Batasuna- confirma esa unidad de propósito soberanista.

Si la generosa renuncia de Imaz a presentarse a la reelección como presidente del PNV fue un síntoma de que las tensiones dentro del partido se hallaban al borde de la ruptura, el alineamiento de Joseba Egibar con el radicalismo independentista -el presidente del PNV en Guipúzcoa es un firme sostén de Ibarretxe- deja poco espacio a las fórmulas conciliatorias de Urkullu. Tras el asesinato de Isaías Carrasco, la inicial oposición de Egibar a las “mociones de censura éticas” presentadas por el PSE y el PNV contra 16 ayuntamientos controlados por ANV con mayoría simple (han fracasado ya la interpuestas en Mondragón, Hernani y Bergara) fue una provocación.

Pero las críticas lanzadas contra el referéndum/consulta de Ibarretxe por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y el alcalde Bilbao, Iñaki Azkuna, indican que la paciencia de los moderados está a punto de colmarse. Aún mayor es la irritación de los votantes: el 9-M, los socialistas lograron el 38% de los votos, un porcentaje superior a la suma de PNV (27%), EA (4,5%) y EB (4,5%), los tres socios del Gobierno de Vitoria.

El obstruccionismo o la abstención de EA y EB ante las “mociones éticas” contra ANV han terminado por arruinar las posibilidades de éxito de esa iniciativa conjunta -en sí misma extraña y escasamente viable- del PNV y del PSOE. Las próximas elecciones autonómicas -en octubre de 2008, caso de adelanto, o en la primavera de 2009- tal vez permitieran al PNV prescindir de unos aliados tan volubles y desleales como son EA y EB; ese viraje, sin embargo, difícilmente llegaría a producirse si Ibarretxe continuase siendo el candidato a lehendakari del PNV y ganase las elecciones.

El Gobierno formado por Zapatero tras su investidura ha recibido como envenenado regalo de bautismo una nueva rebaja de las estimaciones ya pesimistas sobre la economía española en los próximos años. Durante la anterior legislatura, la estrategia de crispación atizada por el PP quedó suavizada por los buenos datos sobre empleo, afiliación a la Seguridad Social, reducción de la deuda pública, superávit presupuestario y tasas de crecimiento; sólo el déficit exterior por cuenta corriente, el diferencial de inflación con Europa y el peso excesivo de la construcción de viviendas afeaban el balance. En el último trimestre de 2007, sin embargo, empezaron a ser perceptibles las consecuencias para la economía española de la crisis financiera desatada durante el verano por las hipotecas subprime en Estados Unidos.

No existe ya duda, en cualquier caso, de que la segunda legislatura de Zapatero será -cuando menos en sus dos primeros años- un bíblico período de vacas flacas; el frenazo en la industria de la construcción afecta ya a un importante sector productivo, laboral y empresarial. Las principales incógnitas a despejar son la duración y la profundidad de esa etapa de ayuno y cilicio. Aparte de la regularidad -constatada empíricamente- de los ciclos económicos, las fases ascendentes y descendentes de los movimientos ondulatorios no responden a patrones rígidos que permitan siempre recetar los mismos remedios a los enfermos y calcular su periodo de convalecencia.

En su discurso de investidura, Zapatero limitó los efectos del “periodo de desaceleración” económica a la primera mitad de la legislatura. Pero la caída de las tasas de crecimiento, el aumento de la inflación, los cierres empresariales y la destrucción de empleo son función de variables que resultan, en buena parte, de imposible control por un solo Estado. En los momentos de auge de la economía mundial, los Gobiernos suelen sentir la tentación de colgarse medallas y reclamar la autoría de una prosperidad llovida del cielo con el mismo derecho que podría tener un corcho mecido en la cresta de las olas a presumir de su potencia para elevar el nivel de las aguas; a la inversa, sería no sólo injusto sino también absurdo culpar al Ejecutivo de Zapatero -como hizo ridículamente el PP durante la campaña electoral- de las réplicas de un movimiento sísmico iniciado en Estados Unidos. La globalización de la economía es la causa de que el origen último de las crisis transmitidas a todas las regiones del planeta -como “el efecto mariposa” de los naturalistas- pueda localizarse en un remoto lugar. Por lo demás, las decisiones vinculantes adoptadas por las autoridades comunitarias de Bruselas y de Frankfurt reducen el ámbito de autonomía de España como socio de la Unión Europea.

Durante la temporada de vacas gordas de la anterior legislatura, el PP se limitó a ignorar o menospreciar la bonanza económica reinante bajo el primer Gobierno de Zapatero como un mero efecto inercial de los milagrosos mandatos de Aznar; el Gobierno deberá irse preparando a que la oposición niegue el pan y la sal a sus medidas anticíclicas, financiables en parte con el superávit presupuestario conseguido gracias a la victoria de las hormigas capitaneadas por el vicepresidente Solbes frente a las cigarras partidarias de aumentar el gasto público.

Pero seguramente los mayores problemas del nuevo Gobierno surgirán a la hora de cumplir el compromiso asumido por Zapatero de “no sacrificar las políticas sociales ni abdicar del afán de progreso social” de su programa. Los que recibirán una atención especial mientras la economía española crezca poco -subrayó el presidente del Gobierno durante el debate de investidura- serán los desempleados, los pensionistas, los discapacitados y las víctimas de la violencia.

Para ese difícil ejercicio circense sobre el alambre nada sería más peligroso que los conflictos personales en el seno del Gobierno sobre las líneas políticas a seguir y las medidas a aplicar. En ese sentido, la generalizada impresión de que el vicepresidente Solbes (cuya contribución al triunfo socialista del 9-M como número dos de la lista por Madrid fue decisiva al apagar el farol de Manuel Pizarro en un debate televisivo que modificó las expectativas electorales) y el nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián (otro prestigioso economista, aunque derrotado y manteado quijotescamente en su primera incursión ante las urnas en las municipales de 2007) emiten en distinta frecuencia no podrá deshacerse con rotundos desmentidos oficiales cuyo contraproducente efecto es confirmar los temores o los deseos -según cuales sean las perspectivas de los oyentes- sobre la existencia de esas discrepancias actuales o potenciales. En la vida política, la apariencia y la realidad están separadas por fronteras demasiado borrosas como para no extremar al máximo -incluido el presidente del Gobierno- el mundo de las formas.

A casi todos los observadores de la vida política española les tomó de sorpresa la renuncia anticipada de los socialistas a conseguir la investidura de Zapatero como presidente por mayoría absoluta -en primera vuelta- a través de la negociación de su grupo de 169 diputados con otras fuerzas parlamentarias para alcanzar así el nivel requerido de los 176 escaños. Hoy podrá comprobarse si se confirma o no ese propósito. De aplazarse hasta el viernes la investidura, que sería votada entonces por mayoría simple, la principal razón será la inmadurez de las condiciones objetivas existentes para armar un pacto cuatrienal -entre el Gobierno y las minorías nacionalistas- con vocación de estabilidad y permanencia: las uvas políticas estarían verdes en el arranque de la legislatura tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.

Los dos partidos asociados en Convergència y Unió (CiU) -suman 10 diputados en la Cámara baja- celebrarán en los próximos meses sus respectivos congresos; la paradoja de que CiU, la coalición arrinconada en la oposición -tras gobernar durante dos décadas largas Cataluña- aunque ganase por mayoría simple de votos y diputados las elecciones autonómicas de noviembre de 2007, pudiera ser a la vez el socio permanente de los socialistas en las Cortes Generales no tiene armonización fácil ni explicación comprensible a corto plazo.

Las ambigüedades, contradicciones y virajes de la política de alianzas del PNV (con seis diputados en el Congreso, insuficientes en sí mismos para dar la mayoría absoluta a Zapatero) son el resultado de diversos factores: entre otros, el obcecado propósito del lehendakari Ibarretxe de imponer al Estado un ultimátum soberanista, la dimisión del audaz innovador Josu Jon Imaz como presidente del partido fundado por Sabino Arana, las diferencias de carácter territorial entre las organizaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, el regreso al crimen y a la violencia callejera del nacionalismo radical y la caída del voto jelkide en las municipales y legislativas. Hasta que ese confuso panorama no se aclare, las alianzas estables entre el Gobierno y el PNV serían arriesgadas.

Tampoco los socios parlamentarios de los socialistas durante la anterior legislatura ofrecen -excepto el BNG- un asidero firme para eventuales pactos. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no sólo ha caído desde sus ocho diputados de 2004 a los tres de 2008 sino que se halla además desgarrada por una dramática lucha interna de facciones en vísperas de su próximo congreso. También la coalición IU-ICV -capitisminuida como fuerza parlamentaria- vive una grave crisis de identidad, necesitada de una redefinición ideológica y orgánica.

Las diferencias entre las investiduras presidenciales de 2004 y de 2008 no se refieren sólo a la oferta sino también a la demanda. Las experiencias de la anterior legislatura seguramente han enseñado a Zapatero una mayor prudencia a la hora de concertar alianzas y de excluir apoyos: los comportamientos maniaco-depresivos de ERC a propósito del Estatuto de Cataluña y de la lealtad constitucional, la caricaturesca y unilateral versión del trágico pasado de los españoles defendida por IU en el debate de la mal llamada Ley de la Memoria Histórica y las desestabilizadoras consecuencias para el sistema democrático del aislamiento del PP son algunas de las lecciones que tal vez haya podido extraer de su anterior mandato el candidato a ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

La primera intervención de Zapatero recurrió a un ritornello -”Mi idea de España”- para estructurar el catálogo de problemas y el programa de soluciones que su próximo mandato se propone afrontar. Tal vez la sustitución de las referencias a la España plural -tan frecuentes en la anterior legislatura- por la expresión la España diversa -menos cargada de connotaciones ideológicas- sea algo más que una mera cuestión de estilo. El candidato dirigió “con particular énfasis” su oferta de consenso sobre los asuntos de Estado al líder del principal partido de la oposición. Lejos de alimentar el fantasma de las dos Españas, Zapatero reconoció noblemente la deuda de las gentes de hoy con la generación enfrentada por la Guerra Civil y el franquismo: “Unos pusieron la memoria, otros el olvido, y entre todos la reconciliación”.

Las réplicas de Rajoy y las dúplicas de Zapatero no tuvieron siempre un tono amable y transmitieron sólo a medias mensajes conciliatorios; sin embargo, ofrecieron al menos un perfil de agresividad menor que sus intervenciones parlamentarias en la anterior legislatura. Algunos inquilinos de los escaños del PP no han aprendido, en cambio, las normas de la cortesía parlamentaria; el ex ministro y diputado Arias Cañete, que denunció durante la campaña electoral la abusiva demanda de mamografías de las inmigrantes en contraste con la destreza de los camareros gaditanos y las excelencias de la manteca colorá, fue llamado al orden por el presidente del Congreso.

Los resultados electorales de los socialistas catalanes (PSC) y vascos (PSE-EE), que cruzaron los primeros la línea de meta el 9-M en sus respectivas comunidades, fueron seguramente las mayores sorpresas de la jornada. El PSC recibe 1.670.000 votos (el 45,33% del total), obtiene 25 escaños (cuatro por encima de 2004) y aporta el 14,7% de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista. El PSE-EE logra 9 escaños, gana por vez primera en las tres provincias y consigue 450.000 votos (el 38%).

Ciertamente, Cataluña y el País Vasco han sido durante las últimas décadas el principal laboratorio del llamado voto dual: esto es, el diferente comportamiento de los electores según se trate de las convocatorias autonómicas (campo favorable para los nacionalistas) o de las generales (terreno donde tienden a dominar los partidos de ámbito estatal). Pero la distancia registrada el 9-M entre los 25 diputados del PSC y los 13 diputados nacionalistas (10 de CiU y 3 de ERC) bate cualquier marca anterior; sin olvidar que la tortuosa negociación del Estatut bajo la presidencia de Maragall, la elevada abstención del referéndum de ratificación estatutario y las plagas de Egipto desencadenadas sobre los servicios públicos de Barcelona (hundimientos en el barrio del Carmel, colapso en el aeropuerto, apagones eléctricos, cortes en los trenes de cercanías, retraso del AVE) no auguraban grandes éxitos para el partido de gobierno. El PSE-EE relega al PNV al segundo lugar con 7 diputados y reúne más votos que los tres partidos del Gobierno de Vitoria sumados.

Además de vencer a las opciones nacionalistas, PSC y PSE-EE han quedado muy por encima de los pobres resultados del PP local: el 16,39% en Cataluña y el 18,50% en el País Vasco, frente a una media nacional del 40,11%. Ese fracaso resulta paradójico para la imagen popular. Rajoy se presentó como un San Jorge alanceador del dragón nacionalista en su cueva; también acusó a los socialistas de haber promovido un frente unido con nacionalistas de toda laya (incluida ETA) para romper España y distribuirse luego sus restos.

La niña de Rajoy, que hablará obligadamente inglés, también podrá estudiar libremente catalán, euskera y gallego si vive en comunidades donde esos idiomas sean lenguas oficiales. La chica será en cualquier caso una española tan españolísima como la Concha que proclama su orgullo canoro en El niño judío. Pero las series del CIS sobre los sentimientos de identidad no cuadran con el patrioterismo zarzuelero. Según el estudio de noviembre de 2006, un 42% de los encuestados declaran sentirse tan catalanes como españoles, frente a quienes se manifiestan sólo catalanes (14%) o sólo españoles (9%). En la encuesta de diciembre de 2005 en el País Vasco, un 32% de los encuestados se sentían tan vascos como españoles; otro 24%, sólo vascos, y un 5,6%, sólo españoles. Mientras el PP no entienda el pluralismo de los sentimientos identitarios no podrá avanzar en Cataluña y el País Vasco.

Rajoy cerró su turno de intervenciones en el debate electoral de anteanoche con un enternecedor apólogo destinado a que los espectadores pudieran irse a “dormir con tranquilidad”. El relato didáctico que resumió todas sus ideas es la feliz historia de una niña nacida en España que tiene una familia, unos padres con trabajo y una vivienda. Sea cual sea su domicilio (¿Cataluña, Madrid, País Vasco, Andalucía?), la mocita recibirá la mejor educación y podrá “pasear por todo el mundo sin complejos” gracias a que dispondrá de un “título profesional cotizado” y “sabrá idiomas”.

El complejo de inferioridad para aprender lenguas tiene una larga tradición en la península: un epigrama de Nicolás Fernández Moratín describe la admiración de un portugués “de ver que en su tierna infancia/todos los niños de Francia/supiesen hablar francés”. La desmesurada promesa de Rajoy según la cual todos los niños de España hablarán, leerán y escribirán en inglés correctamente —con independencia de que acudan a la escuela pública o a colegios de élite— cuando el PP llegue al poder aspira a curar ese castizo síndrome.

Además de anunciar indirectamente un halagüeño porvenir a los profesores de inglés y a las academias de idiomas, el apólogo se propone transmitir una moraleja esencialmente patriótica. Una vez transformada en “mujer madura”, la niña del relato sentirá —“quiero que sienta”, subraya Rajoy— “un hondo orgullo por ser española” y pertenecer a “esa nación tan vieja y tan admirable”.

Los estudios literarios y psicológicos sobre los cuentos infantiles han descubierto claves inesperadas bajo la superficie inocente de sus textos. Si las investigaciones de Vladimir Propp sobre las narraciones populares rusas sentaron las bases para el análisis estructural de su morfología, el Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim estudió cómo los niños interpretan los argumentos terroríficos y los personajes amedrentadores. En tanto que escritor novel de relatos infantiles, Rajoy permite reflexionar, en cambio, sobre el contradictorio entusiasmo ante una niña que siente el “hondo orgullo” de pertenecer a “una nación tan vieja y tan admirable” como España, por un lado, y el paralelo aborrecimiento hacia las emociones nacionalistas de las niñas catalanas y vascas.

El presidente del PP define a España como una nación de “ciudadanos libres e iguales”, enfrentada con las comunidades identitarias de carácter étnico y las concepciones patrióticas esencialistas. Dado que los españoles no han sido ciudadanos libres e iguales sino súbditos de reyes y dictadores hasta fechas muy recientes, no se entienden las razones de Rajoy para datar la existencia de España como nación muchos siglos atrás. Todavía parece menos probable que la condición liberaldemocrática constituya una particularidad de la realidad nacional española: ¿acaso las restantes “viejas naciones” del continente europeo no están formadas desde la Revolución Francesa por ciudadanos libres e iguales?

En cualquier caso, los esfuerzos del líder popular para introducir en el debate la cuestión de la inmigración —vinculándola con el aumento de la delincuencia— mostraron el cortísimo recorrido de su oportunista definición de España como una nación de ciudadanos libres e iguales. Ministro del Interior y vicepresidente primero con Aznar cuando las corrientes migratorias procedentes de Latinoamérica, Magreb, África subsahariana y Europa oriental desbordaron las fronteras españolas en busca de supervivencia y de trabajo, Rajoy se limitó entonces a mirar hacia otro lado, sin tratar de poner coto a la implacable explotación de esa barata mano de obra al margen de las regulaciones laborales y en condiciones de vida semi-esclavistas.

Mientras empresarios sin escrúpulos —de manera consciente— y la economía española en su conjunto —de forma indirecta— se lucraban con la fuerza de trabajo de los recién llegados a nuestras costas, los portavoces del PP iniciaron una campaña xenófoba sobre la criminalidad innata de los inmigrantes y la amenaza que sus costumbres representaban para la identidad española. El llamado efecto llamada fue manejado como un espantajo para endurecer las leyes y restringir los permisos de residencia y de trabajo.

Como líder de la oposición, Rajoy ha redescubierto ahora las posibilidades de obtener un demagógico beneficio electoralista —como ocurrió antes en Francia con el Frente Nacional de Le Pen— gracias a la incorporación de millones de inmigrantes a una sociedad castigada durante tiempo por la emigración; en apenas una década, las gentes nacidas en otros países han pasado a constituir el 10% de nuestra población. De haber creído alguna vez de buena fe que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, el presidente del PP habría luchado por los derechos de los inmigrantes para convertirlos en futuros compatriotas.

Aunque la campaña electoral sólo arrancará oficialmente el próximo viernes, la convocatoria para el 9-M abrió de par en par la caja de los truenos propagandísticos que habían empezado a retumbar ya desde el verano. De hacer caso a los últimos sondeos de opinión, los dos cabezas de cartel que se disputan la victoria en votos y/o escaños galopan hacia la meta en un pañuelo. Si bien los socialistas mantienen todavía ventaja sobre los populares (entre un punto y medio y los cuatro puntos largos), crecen las incertidumbres en torno a una carrera tan reñida que podría resolverse dentro de 20 días por foto-finish.

En la pugna librada durante el último mes, el PP tomó claramente la iniciativa. Durante esa etapa, las principales consignas escogidas respectivamente por los socialistas -Motivos para creer- y por los populares -Las ideas claras- podrían resumir el espíritu de sus diseños de agitación y propaganda. En esos enfrentados lemas del PSOE y del PP parece resonar la célebre contraposición de José Ortega y Gasset recogida en un ensayo -Ideas y creencias- no menos famoso.

No cabe olvidar, sin embargo, que el significado de los términos nunca es el mismo en el lenguaje de las reflexiones filosóficas que en la cháchara de la publicidad política. Ortega distinguía entre las ideas-ocurrencias, esto es, las ideas que producimos, sostenemos, discutimos y propagamos, y las ideas-creencias, que son el asiento de nuestra vida. Las funciones de las unas y de las otras son diferentes e incluso antagónicas. Mientras que las ideas propiamente dichas designan el resultado obtenido por la ocupación intelectual, las creencias ni siquiera llegan a ser formuladas: no están en nosotros de forma consciente “sino como implicación latente de nuestro pensamiento”.

Pero las ideas claras difundidas por Mariano Rajoy no son esos pensamientos explícitos sobre las cosas de que habla Ortega, sino instrucciones dirigidas a los fabricantes de los llamados argumentarios del PP (los catecismos de las consignas de los militantes populares y de sus réplicas a las contestaciones socialistas) para marcar la agenda de las cuestiones a debatir en la campaña electoral con un lenguaje y unos contenidos uniformes. Se diría que los dirigentes del PP han ido punteando los motivos de queja o de preocupación expresados por los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para explotarlos luego de forma machacona y obsesiva mediante críticas y compromisos electorales expresados verbalmente siempre de modo idéntico.

El fracasado diálogo del Gobierno con ETA para acabar con la violencia fue presentado a lo largo de la legislatura por el PP y sus periodistas de cabecera como un plan secreto ya en marcha dirigido a rendir al Estado de derecho frente a los terroristas, anexionar Navarra al País Vasco y situar a Euskal Herria (con los territorios ultrapirenaicos incorporados) en la rampa de salida hacia la independencia. Destinado a ser el plato central de un banquete canibalesco de ideas tan claras como falsas, la eficaz respuesta de las fuerzas de seguridad al desarticular varias redes terroristas y detener a sus miembros tras la asesina ruptura unilateral de la tregua por ETA y las demandas del Gobierno y el ministerio fiscal para conseguir la ilegalización de EHAK y ANV por la vía civil y la vía penal como continuadoras de Batasuna, han obligado a los populares a tirar ese burdo guisote al cubo de la basura.

El PP no sólo ha situado en un segundo plano -aunque sin abandonarlas- las referencias a ETA sino que también se ha visto forzado a poner sordina a sus estridentes denuncias de antaño sobre la ruptura de España por culpa de la política territorial de Zapatero. La razón de ese hipócrita viraje es doble: la eventualidad de tener que pactar con CiU para formar Gobierno si gana las elecciones y la participación de los dirigentes regionales populares en las reformas de los estatutos de todas las comunidades excepto Cataluña.

La ayuda de la Divina Providencia en forma de ciclo económico a la baja ha venido, sin embargo, en socorro del Partido Popular, dedicado a aterrorizar en plena campaña electoral a la población con la manipulación demagógica del paro y la inflación. Los renglones habituales de ley y orden propios de la ideología conservadora -xenofobia, mano dura contra la delincuencia, reforma del Código Penal, etc.- completan el plan b de los populares.

La apelación del PSOE a los motivos para creer recuerda la invitación de Ortega a penetrar hasta el estrato más hondo de “las creencias inexpresas” con el argumento de que el factor de máxima eficacia sobre el comportamiento humano “reside en las implicaciones latentes de nuestra actividad intelectal”. Si la campaña socialista sirviese como prueba decisoria, la aplicación de esa consigna abstracta a la conquista del voto no conseguiría aprobar el examen.