La lengua y los mediocres, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: “No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse”.

Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: “¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?”. Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.

Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!

Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.

Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.

La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender -hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: “Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad”.

El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto -al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!

La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Las protestas comienzan, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Con la llamada “huelga de transportistas” comienzan las movilizaciones de los afectados por la crisis económica. Es un comienzo espectacular, con repercusiones en el tráfico por carretera, en las entradas de las grandes ciudades, en la producción industrial y en el desabastecimiento de comercios y gasolineras. Consecuencias todas ellas que afectan directamente a los ciudadanos. Por primera vez en más de cuatro años, el presidente Zapatero se enfrenta a una crisis de verdad.

No obstante, es más que dudoso que estemos ante una huelga en el sentido jurídico del término y ello no deja de tener consecuencias prácticas. Se entiendo por huelga, por lo menos hasta ahora, la suspensión colectiva de la prestación de trabajo como medio de presión en el marco de un conflicto laboral. El titular de este derecho fundamental es el trabajador, aquel que presta sus servicios en régimen de contrato de trabajo. Quedan excluidos, por tanto, lo trabajadores autónomos, los que trabajan por cuenta propia sin relación laboral. Por tanto, los camioneros autónomos no ejercen propiamente este derecho, sino que sus demandas van dirigidas a las autoridades para que les aseguren tarifas mínimas y les subvencionen el precio del carburante. No estamos, pues, ante una huelga sino ante una protesta de los transportistas para que el Gobierno les solucione su situación. No se trata de un conflicto laboral, sino de un conflicto de raíz económica que ofrece problemas de orden público.

¿Tienen razones los camioneros en sus protestas? Sin duda. El aumento del precio de los carburantes es un hecho cierto que repercute negativamente en su actividad productiva. Ahora bien, no son los únicos: probablemente en la misma medida también están afectados los taxistas y también, en definitiva, los ciudadanos en general, ya que este aumento de los productos petrolíferos incide en la inflación y, por tanto, también en los precios, restándoles capacidad adquisitiva. La causa del conflicto tiene, por tanto, repercusiones para todos. Sin embargo, el Gobierno, está negociando una salida sólo con los transportistas. ¿Está el Gobierno cumpliendo con el deber de servir a los intereses generales cuando sólo negocia con una parte? La pregunta no puede tener una respuesta fundamentada sin saber todavía el acuerdo final. Ahora bien, el conflicto pone de manifiesto que el Gobierno, por el momento, no está haciendo bien las cosas y que, para que no comiencen a desatarse por doquier conflictos parciales como este, debe hacer un replanteamiento general de toda la situación en el que puedan encontrar repuestas razonadas las diversas peticiones sectoriales.

De entrada, el Gobierno debe reconocer de una vez que estamos en una crisis económica importante, probablemente larga, con peculiaridades españolas que van más allá de los problemas generales europeos o mundiales. Hablemos, pues, de crisis y dejémonos de eufemismos para enmascararla. Una vez admitida la realidad, sin ocultar ninguno de sus datos, el Gobierno debe trazar un plan general para superar la crisis basado en el trato equitativo a los ciudadanos. No basta con anunciar paquetes de medidas parciales, sino que antes debe trazarse un cuadro general de la situación y presentar unas directrices básicas -pocas, claras y argumentadas- que después puedan detallarse en múltiples medidas concretas. En otro caso, el Gobierno será un simple pelele a merced de quien más presione: bien las grandes empresas eléctricas -por ser quienes son, lo han hecho ya con discreción en despachos ministeriales de mullidas alfombras o en llamadas a La Moncloa-, bien los transportistas por carretera -con métodos más rudos e impopulares, al fin y al cabo la única arma que tienen para ser tan efectivos como las eléctricas-. Pero el Gobierno es el gobierno de los ciudadanos, de la mayoría, de quien no tiene la influencia ni la fuerza de los anteriores, de quienes, con este sistema de negociaciones puntuales, a la postre serán los auténticos damnificados.

Este es uno de los graves defectos de los actuales estados. Hace unos años se publicó el muy interesante libro de Thomas Darnstädt La trampa del consenso (Trotta, Madrid, 2005), con un largo y sustancioso prólogo del profesor Sosa Wagner. En este prólogo, Sosa, hablando en general, hace apreciaciones muy apropiadas al presente: “El Gobierno no puede quedar reducido al papel de intermediario entre los intereses y las apetencias particulares, pues, si así fuera, el Estado mismo perdería buena parte de su sentido (…) La sociedad es una sociedad de ciudadanos a los que debe ofrecerse una política coherente, entendida en su totalidad, y no como la suma de las apetencias o los caprichos de estos y aquellos”. Por su parte, Darnstädt, refiriéndose a Alemania, argumenta sobre los peligros que representa para la democracia un Estado que sea mero representante de intereses corporativos.

Alemania ha pasado por una larga crisis debido a que su Gobierno ha estado sometido al bloqueo de estos intereses corporativos, tanto económicos como territoriales. Quizás deberíamos aprender la lección de Alemania para enfocar bien, desde el principio, la crisis presente.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

La urgente renovación del TC, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mantuvo el 17 de abril del año pasado una conversación telefónica con una abogada -que ayer reprodujo ampliamente El País-para aconsejarle en un asunto de carácter personal que, con el tiempo, podía acabar siendo sometido a la jurisdicción constitucional. La abogada en cuestión está acusada en estos momentos de ser la inductora del asesinato de su ex marido y el asunto consultado a la presidenta está relacionado con el móvil del asesinato. La conversación fue grabada por orden judicial y la juez del caso ha trasladado la cinta al Tribunal Supremo por si la actuación de la presidenta pudiera ser constitutiva de delito.

Esta noticia debe completarse diciendo que María Emilia Casas no conocía personalmente a dicha abogada, que la conversación tuvo lugar a instancias de una amiga común y que, en ningún momento, pudo sospechar que su interlocutora pudiera ser objeto de una acusación tan grave. El contenido de la cinta no parece indicar que pueda haber delito alguno -un simple consejo no es asesoramiento, que sí podría constituir delito- y así lo ha estimado el fiscal del Tribunal Supremo, que ha pedido el archivo de la causa. Sin embargo, de la lectura completa de la conversación telefónica se deduce un comportamiento ligero e imprudente de la presidenta, al dar consejos en un supuesto que puede acabar en un recurso de amparo ante el tribunal del que es magistrada, indicándole incluso a la consultante algún truco procesal para que consiguiera este objetivo y, en la despedida, ofrecerse tácitamente para aconsejarla de nuevo si así sucediera. Un resbalón lo puede tener cualquiera y eso es, seguramente, lo que le ha sucedido a la señora Casas.

Por tanto, lo que parecía ser de entrada una acusación sin fundamento se ha revelado como algo con más trascendencia, quizás la guinda que faltaba para completar la serie de desgracias que últimamente padece el Tribunal Constitucional. Porque, en efecto, en estos últimos tiempos la confianza en el tribunal se ha visto seriamente erosionada al ser acusado de politización. ¿La culpa es del mismo tribunal u obedece a factores ajenos? A estos factores ajenos les incumbe la mayor parte de responsabilidad, pero ciertas actuaciones del mismo Tribunal Constitucional también han contribuido a ello.

Quienes más han contribuido a desgastar el crédito del tribunal han sido el PP, el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, que, al ser partes en determinados procedimientos, han entrado en el juego de las recusaciones contra miembros del tribunal que han sido vistas -con acierto- como meras formas de modificar su composición cara a la votación de determinadas sentencias. Todo empezó con la recusación del magistrado Pérez Tremps, siguió con la introducción de una enmienda de contenido puramente táctico y coyuntural, ya en el trámite del Senado, en la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y continuó con una catarata irresponsable de recusaciones mutuas. Todo ello explicado a la opinión pública por unos medios de comunicación que no suelen tener en cuenta el carácter jurisdiccional del Tribunal Constitucional y lo tratan como si fuera un mero Parlamento en el que se dirimen controversias políticas.

Pero también están las responsabilidades propias. En primer lugar, la recusación de Pérez Tremps fue, a mi parecer, jurídicamente improcedente y está en el origen de todo. En segundo lugar, el retraso en la sentencia sobre el Estatut de Catalunya, verdadero foco de este clima de politización. En tercer lugar, las más significativas sentencias de los últimos meses son especialmente controvertidas y de una calidad técnica más que dudosa, en especial las que resuelven los recursos contra las leyes de igualdad, de violencia de género y la propia ley de reforma del Tribunal Constitucional. La noticia que comentamos en el encabezamiento de este artículo es la gota que colma el vaso. El tribunal, por tanto, está en la encrucijada más difícil de su hasta ahora brillante historia y es necesario buscar una solución al maldito embrollo. La única salida consiste en restablecer su crédito ante la opinión pública y ante la comunidad jurídica reforzando su autoridad, su auctoritas,para que vuelva a gozar del respeto que siempre había tenido, imprescindible para el buen funcionamiento de nuestra democracia constitucional. La ocasión está a la vista: la renovación -pendiente desde diciembre- de cuatro de sus componentes y la sustitución del magistrado recientemente fallecido. Es preciso, pues, elegir a cinco nuevos magistrados de manera inmediata para dar un aire nuevo al tribunal y cuidar de seleccionarlos entre juristas de reconocida relevancia técnicojurídica, alejados de todo partidismo y sin lottizzazione a la italiana, requisitos todos ellos que no siempre, especialmente en las últimas renovaciones, se han cumplido con el debido rigor.

Aprovechando el esperanzador nuevo clima por el que atraviesan las relaciones entre el PP y el PSOE, esta es la ocasión de dar una nueva imagen al tribunal, superar esta difícil etapa y restablecer la confianza de la que siempre había gozado este órgano constitucional.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Plastilina en la universidad, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Hace ya muchos años que en la enseñanza primaria los juegos con figuras de plastilina tienen tanta o más importancia que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas de la aritmética. La pretensión ha sido que los niños, envueltos en mimos y algodón, no aprendieran casi nada pero fueran felices. Los conocimientos propiamente dichos se dejaban para la enseñanza secundaria.

Con el tiempo, sin embargo, a la segunda enseñanza le llegó también esta filosofía pedagógica y la Logse fue su más clara expresión. Los adolescentes también debían ser, ante todo, felices en el instituto. Se partía de que los suspensos traumatizaban a las cándidas almas juveniles en una edad difícil y había que educarlos en la no competencia con los demás compañeros, la sociedad, más adelante, ya los obligaría a ello. Así, los trabajos escolares empezaron a sustituir a los exámenes, considerados pruebas represivas; los esfuerzos en recordar cosas de memoria resultaron ser métodos anticuados, y las máquinas de cálculo sustituyeron el ejercicio mental que suponía sumar, restar, multiplicar y dividir.

En la actualidad, siguiendo esta vía, aun arrastrando cuatro suspensos se puede pasar de curso para así seguir con los mismos compañeros, ya que la amistad y la formación sentimental son considerados bienes superiores a la adquisición de conocimientos. La pedagogía de la plastilina se había apropiado también de la enseñanza secundaria.

Todo ello ha provocado que una buena parte de los estudiantes, sin culpa por su parte, sino debido al sistema pedagógico de moda, lleguen a la universidad indefensos ante lo que se les viene encima. Durante los últimos diez o quince años, las escabechinas en primer curso de carrera han sido morrocotudas. Los alumnos acceden a la universidad sin ni tan siquiera haber aprendido el hábito de estudiar, es decir, a poner lo codos sobre la mesa, leer página tras página de un libro, saber sintetizar lo leído y así poder extraer los conceptos fundamentales, relacionar tanto las diversas partes de una asignatura como los conceptos aprendidos en una asignatura con los de otra. El problema ya no es que no sepan escribir, sino que el simple hecho de leer les supone un esfuerzo insuperable. El problema, por tanto, está en la formación recibida a través de la pedagogía de la plastilina. Los más avispados pueden superarlo, el resto, totalmente desorientado, se queda por el camino. Total: una injusticia.

En estos momentos, esta pedagogía de la plastilina está llegando a la universidad y es de prever que en los próximos años la invada por completo. El llamado plan de Bolonia será la ocasión adecuada para ello: los pedagogos que ya habían dejado su nefasta huella en las enseñanzas primaria y secundaria comienzan a tener influencia en la enseñanza universitaria, aportando sus métodos a las aulas de la enseñanza superior. Para ellos lo más valioso no es el conocimiento -cuya importancia, por supuesto, no niegan-, sino, sobre todo, aquello que llaman “destrezas y habilidades”.

El profesor, así, no es la fuente de la cual se aprende, sino que su papel consiste en ser el “facilitador del conocimiento y cada alumno es gestor de su propio aprendizaje”. Así, lo que debe proporcionar el profesor es “destrezas en la búsqueda de la información, criterios de selección del conocimiento, habilidades de evaluación de los datos, capacidades organizativas y de gestión crítica del conocimiento, técnicas de estudio individual, habilidades de pensamiento crítico, discusión colectiva del conocimiento, técnicas de investigación, oratoria y técnicas de argumentación”.

Habrá observado el lector que ciertas partes del párrafo anterior están entrecomilladas. La razón está en que forman parte de unas suculentas conclusiones de la XIII conferencia de decanos de facultades de Derecho de universidades españolas, celebrada en Zaragoza el 22 y 23 de mayo del año pasado con el fin de suministrar criterios para elaborar los nuevos planes de estudio al objeto de obtener el título de grado -lo que antes se denominaba licenciatura- en Derecho, adaptado al plan de Bolonia. No cabe duda de que la música suena bien: pensamiento crítico, técnicas de investigación, argumentación. Ahora bien, ¿seguro que son capaces los estudiantes que cursarán Derecho entre los 18 y 22 años de proezas tan exquisitas cuando lo que necesitan, tras una deficiente secundaria, es aprender cosas concretas y sólo después de aprendidas -y digeridas y reflexionadas- pueden estar en condiciones de criticar, investigar y argumentar?

De nuevo, se empieza la casa por el tejado y, menos estudiar en serio, aquello que en el argot popular se llama empollar, para así tener unas bases mínimas desde las cuales poder tener un juicio propio sobre las cuestiones que plantea una determinada disciplina, los alumnos harán de todo. Porque, vamos a ver, la práctica es la aplicación de la teoría, no algo independiente de ella. Y las habilidades y destrezas que se proponen son, en el fondo, práctica sin teoría, es decir, la inversión de lo que es razonable. Desgraciadamente, la pedagogía de la plastilina ha llegado a la universidad.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

¿Mal financiada o derrochadora?, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

La Generalitat encarga estudios e informes externos. Es natural que lo haga, todas las administraciones utilizan prácticas semejantes en cuestiones muy específicas que escapan al conocimiento de los funcionarios propios. Lo que ya no es tan natural es la cantidad de informes encargados, la opacidad de los procedimientos, las formas de adjudicación y las materias sobre las cuales versan estos estudios. Todo huele a malas prácticas de gobierno, a clientelismo, a pago de favores y a despilfarro económico. Además, justo en el momento de pedir un nuevo sistema de financiación debido a las insuficiencias del actual.

El pasado año 2007, el Govern pagó 32 millones de euros (alrededor de 5.300 millones de las antiguas pesetas) por el encargo de 1.583 informes externos. Los pagó puntualmente: algunos de ellos sin haber sido ni siquiera entregados, cuando los proveedores habituales suelen tardar entre seis y nueve meses antes de proceder al cobro. Acerca de otros informes no se sabe muy bien qué ha sido de ellos, porque el Govern aún no los ha entregado al Parlament tras mes y medio de haberlos reclamado. El 70% de estos estudios han sido adjudicados directamente y sólo el 10% mediante concurso público. Si el encargo asciende a menos de 12.000 euros, su adjudicación puede hacerse directamente. Pues bien, muchos de ellos han sido concedidos por 11.999 euros, a veces desglosados en varias partes, para así poderlos otorgar directamente. La Fiscalía está investigando a siete conselleries por si pudiera haber indicios de delito.

En ciertos casos, las materias sobre las que versan estos trabajos son de lo más variopinto. Por ejemplo, entre los aún no entregados y ya cobrados, encontramos el “Estudio sobre la viabilidad económica de una biblioteca virtual” y “El cultivo de la chufa y el murciélago nana”. Otros tienen títulos tan curiosos como “Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable” o “Diez argumentos para el fomento de juguetes no sexistas”. En fin, también están los que resultan de un incomprensible interés para las funciones de la Generalitat. Es el caso de “China y la seguridad en Asia Oriental. Análisis del papel de China en la construcción del orden regional en materia de seguridad”, acerca del papel de la gran potencia asiática en las relaciones internacionales, encargado a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos. ¿Se encargan informes para atender auténticas necesidades de la Administración o para tener contentos y adictos a quienes los llevan a cabo y a quienes esperan que algún día se les conceda alguno?

Quizás no estamos sólo ante el caso de los informes, puede ser que estos sean simplemente la punta de un gran iceberg de 33.000 millones de euros, cerca de seis billones de pesetas, el presupuesto de la Generalitat para este año, porque también encontramos subvenciones sorprendentes. Por ejemplo, la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, una entidad privada, ha recibido en los últimos cinco años de Govern tripartito más de cuatro millones de euros. Justamente anteayer se le concedieron 1,2 millones y, además, disfrutan de un espléndido local de 300 metros cedido por la Generalitat en un lujoso local del Eixample. ¿Son ciertamente una prioridad las selecciones deportivas? En este año 2007, también Vicepresidència de la Generalitat ha concedido subvenciones por más de dos millones de euros a entidades culturales de fuera de Catalunya (de Aragón, Baleares, Valencia y sur de Francia) con el fin de reforzar su identidad catalana. Entre ellas destaca la Fundació La Bressola, que el pasado octubre recibió 2,9 millones de euros y que hace una semana volvió a ser subvencionada con 625.800 más, para escolarizar a 600 alumnos en ocho colegios del sur de Francia. Mientras, en Catalunya, miles de estudiantes están escolarizados aún en 802 barracones escolares.

Si examinamos el número de funcionarios contratados, podemos ver que desde el año 2003 han pasado de 126.510 a 178.948, y los altos cargos, de 149 a 236. ¿Hay justificación para ello? ¿Hay justificación para el plan de apertura de las llamadas “embajadas”? Hace poco se inauguró la de Berlín, todavía más recientemente la de Londres -un lujoso edificio histórico en la céntrica Fleet Street-, pronto se abrirán las de París y Nueva York, a las que seguirán México y Buenos Aires. China está en perspectiva. Me temo que nuestro flamante conseller encargado de los asuntos exteriores, el vicepresidente Carod-Rovira, nos está construyendo un Estado cuando únicamente somos una comunidad autónoma. ¿Dónde está en Madrid la embajada de California, o de Baviera o del cantón de Zurich?

Finalmente, la Sindicatura de Comptes, un órgano del Parlament, en un informe sobre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió hecho público anteayer, señala las numerosas irregularidades de TV3 y Catalunya Ràdio acerca de sobresueldos, compras y rebajas en anuncios publicitarios a determinadas empresas -rebajas que alcanzan, en algunos casos, hasta el 95%- contrarias todas ellas a los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación.

La Generalitat ¿está mal financiada o es derrochadora y clientelar?

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Una medida antisocial y elitista, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Hubo un tiempo en que la izquierda defendía, antes que nada, la libertad y la igualdad. En la actualidad, los partidos que se llaman de izquierdas parecen entretenidos en cuestiones distintas, les interesa más el respeto a unas supuestas diferencias que cultivan con amor y, sobre todo, las multiplican allá donde lo ven posible. La igualdad se ha sustituido por la identidad, la ilustración por el relativismo cultural, la socialdemocracia por el estructuralismo posmoderno. En todo caso, van abandonado sus tradicionales principios.

Viene ello a cuento porque ha comenzado en Catalunya la sigilosa supresión del bachillerato nocturno. Este año dejará de impartirse en la mitad de los centros y el próximo año en el resto. Las clases pasarán a ser todas de horario diurno y, según la Conselleria d´Educació, se reforzará el bachillerato a distancia, es decir, mediante internet, la solución mágica de las nuevas tecnologías, el venerado icono de los pedagogos a la moda.

Hace unos años, no tantos, ello hubiera dado lugar a un intenso debate social: se habría ponderado sobre todo la labor social del bachillerato nocturno y la medida hubiera sido considerada por la izquierda antisocial y elitista. Hoy, por el contrario, dicha supresión está tácitamente respaldada por un sonoro silencio. No en vano, esta decisión de la conselleria ha sido tomada por un Govern que se considera de izquierdas, con las espaldas bien cubiertas por los comentaristas que contribuyen a formar la opinión pública.

Creo que fue Felipe González quien dijo, medio en broma, medio en serio, que el socialismo es aquello que hace un gobierno socialista. Pues bien, esta irónica frase, falazmente circular, útil sólo para la esgrima dialéctica, se ha convertido para muchos en dogma. ¿Se imaginan que la decisión de suprimir el bachillerato nocturno la hubiera adoptado el PP, en concreto Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid? ¡Madre mía la que se hubiera armado en las tertulias de la Ser! Un día tras otro, la hubieran sacado a relucir el neoliberalismo y los neocons. ¿Se imaginan que la medida la hubiera acordado, hace diez años, el Govern de Jordi Pujol? Las manifestaciones en la calle estarían encabezadas por los mismos que ahora promueven la medida. Pero no: la supresión del bachillerato nocturno ha sido aprobado por un Govern d´esquerres y con ello ha quedado santificada. Un Govern, además, encabezado por un presidente que cursó el bachillerato nocturno. Silencio de los grandes sindicatos, de CC. OO. y de UGT.

El bachillerato nocturno se nutre de alumnos que trabajan durante el día y roban horas a su sueño para poder estudiar de noche. Ahora pretenden robarles otro tipo de sueño: su ascenso en la escala profesional, conseguir puestos de trabajo más satisfactorios y mejor remunerados, poder adquirir nuevos conocimientos que den sentido a sus vidas, huir de la precariedad, de ocupaciones mal pagadas y frustrantes, sin horizontes ni objetivos. Están dispuestos a hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo, para salir del hoyo en el que están debido a su origen social y así situarse en posición de igualdad con los demás cara al futuro. La igualdad, ¿recuerdan todavía esta palabra, este principio, este valor? En Catalunya estamos más por la diferencia, por tener un modelo diferente, propio. Porque la comunidad autónoma de Catalunya es la única de toda España que pretende suprimir el bachillerato nocturno. ¿Somos los avanzados en esta materia? Quizás: también nos gusta ser avanzados. Diferentes y avanzados. Pero ¿y la igualdad? ¿Los alumnos que no puedan cursar nocturno encontrarán acomodo en el bachillerato a distancia, como pretende la conselleria? No lo creo: el bachillerato a distancia puede ser un complemento del nocturno, pero no un verdadero sustituto, más ventajoso que este. Hasta ahora, los estudiantes han podido optar, se han inclinado claramente por el nocturno. El año pasado, escogieron nocturno casi 5.000 y a distancia sólo 1.700. Es normal.

En este momento de su formación - de su muy escasa formación- un alumno necesita clases presenciales, poder preguntar al profesor, recibir sus respuestas al instante, encontrar el estímulo que supone competir con los compañeros. La fría soledad de encontrarse desamparado ante un ordenador sólo puede ser eficaz en alumnos con un nivel cultural más alto y con un entorno - sobre todo una vivienda- que facilite el estudio. No es el caso de la mayoría de los estudiantes de bachillerato nocturno.

Por sorpresa, con nocturnidad y alevosía, los centros que han estado cursando bachillerato nocturno se han enterado pocos días antes de proceder a la preinscripción con este ucase del Departament d´Educació. De momento, parece que han hecho caso omiso y han dado los primeros pasos para abrir la matrícula. Ayer, y en la semana anterior, han mostrado los profesores de nocturno su desacuerdo mediante manifestaciones de protesta.

Las espadas todavía están en alto y si el sentido social se impone a las tentaciones tecnocráticas, aún se está a tiempo de rectificar. No creo que sea presentable que un gobierno que se autoproclama de izquierdas tome una medida tan antisocial y elitista.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Y además es imposible, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Entre las muchas normas insensatas que contiene el Estatut de Catalunya está la que actualmente está llevando de cabeza a la Generalitat y al Gobierno español: el cumplimiento de la fecha de 9 de agosto como plazo máximo para el acuerdo de la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para concretar la aplicación de los preceptos del Título VI del Estatut dedicado a la financiación de la Generalitat. Este plazo está previsto en la disposición final primera del Estatut y muy probablemente no se va a cumplir. Además, jurídicamente, es más que dudoso que sea obligado cumplirlo.

Digo que muy probablemente no se va a cumplir, por lo menos en la literalidad del precepto, porque las negociaciones para llegar a un acuerdo dentro de la comisión mixta citada están todavía en sus comienzos y el acuerdo es muy complejo. Téngase en cuenta que, según otro precepto del Estatut, sus normas deben ser interpretadas armónicamente con la ley orgánica del Estado que regula la financiación autonómica, norma vigente cuya última modificación data del año 2001 y que precisamente debe modificarse de nuevo para adaptarla a las actuales circunstancias y a la demandas de Catalunya y de las demás comunidades autónomas.

Por tanto, si el Estatut debe interpretarse de acuerdo con dicha ley orgánica, lo lógico es que lo sea con esta ley ya modificada por el Estado, en diálogo con las demás comunidades autónomas, lo cual no es previsible que suceda en un plazo tan corto como es el que queda para la estival fecha del 9 de agosto. Además, según el Estatut, no se trata de un acuerdo sobre criterios básicos generales sino de “concretar la aplicación de los preceptos” de todo un título que contiene 20 artículos, ciertamente vigentes pero de muy complicado desarrollo y, además, pendientes algunos de ellos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo lógico, si el carro debe ir siempre detrás de los bueyes, es que se espere a la modificación de la ley estatal para no llegar a un acuerdo sin valor práctico alguno, que deberá ser modificado inmediatamente tras la promulgación de dicha ley.

Pero, además, este acuerdo debe ser aprobado por una comisión mixta Generalitat-Estado y el Estatut, por su propia naturaleza, vincula a la Generalitat pero no puede vincular al Estado. Este es un problema de fondo en muchos otros artículos del Estatut y sobre el que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. En consecuencia, a mi modo de ver - y la reciente sentencia sobre el Estatuto de Valencia ofrece importantes pistas sobre este punto de vista- el precepto del Estatut que fija el plazo del 9 de agosto no vincula a la parte estatal de esta Comisión mixta. En definitiva, cuando las cosas se hacen jurídicamente mal, todo acaba complicándose. Pero, como dijo el torero, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.

La nación en el Estatut, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

De nuevo han surgido noticias -probablemente debidas a filtraciones interesadas- sobre el hipotético contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Una vez más, el Tribunal ha sido utilizado como instrumento de la batalla política. Ello es doblemente lamentable: primero, porque se trata de un órgano fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de derecho y, segundo, porque el carácter reservado de sus deliberaciones le impide defenderse sin vulnerar su deber de secreto.

En este caso la noticia ha sido que, supuestamente, el Tribunal ya ha considerado constitucionalmente admisible que el preámbulo del Estatut proclame que Catalunya es una nación aunque ello no tenga consecuencias jurídicas, dado que los preámbulos carecen de fuerza normativa. Todo ello parece bastante increíble por una razón muy simple: el preámbulo del Estatut no dice en ningún momento que Catalunya sea una nación. Es más, si lo dijera, o pudiera interpretarse que lo dice, tal afirmación sería contradictoria con la parte normativa del Estatut que define a Catalunya como una nacionalidad. Pero veamos todo ello con un poco de calma.

Es cierto que en la propuesta de reforma del Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre del 2005, Catalunya es considerada nación. No sólo así se dice por tres veces en el preámbulo, sino que el apartado 1 del artículo 1 lo formula de manera breve, clara y contundente: “Catalunya és una nació“. Es evidente, por tanto, que en dicha propuesta Catalunya era considerada nación.

Ahora bien, ello fue modificado de forma drástica en el Congreso de los Diputados, que estableció la redacción siguiente: “Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este texto, ratificado por el Senado y finalmente aprobado por referéndum en Catalunya, es el actualmente vigente. Asimismo, por si hubiera alguna duda, el artículo 8 del mismo Estatut afirma que Catalunya está “definida como nacionalidad en el artículo primero”. Por tanto, está clarísimo que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad y, como es sabido, in claris non fit interpretatio, es decir, en aquello que está claro no hace falta interpretación alguna. Mal podría el Tribunal Constitucional hacer una interpretación contraria al sentido gramatical del texto.

Por otro lado, este artículo 1.1 del Estatut vigente coincide casi textualmente con el también artículo 1.1 del Estatut anterior, el de 1979, que decía así: “Catalunya, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Como puede comprobarse, el único cambio supone, simplemente, una puesta al día del texto: el vigente Estatut ya no permite “acceder” a la autonomía porque ya se accedió a ella mediante el Estatut de 1979, ahora de lo que se trata es de “ejercerla”. Así pues, reconoce que el llamado principio dispositivo ha dejado de tener vigencia. La nueva redacción no añade nada sustancialmente nuevo: no hay, en consecuencia, problema constitucional alguno.

Si ello es así, más de un lector puede pensar: ¿por qué se dice, por parte de unos y de otros, que el nuevo Estatut proclama que Catalunya es una nación? En efecto, tanto partidarios como contrarios al Estatut suelen sostener que en su texto se define a Catalunya como una nación. Se trata, sin embargo, de opiniones políticas con escaso fundamento jurídico, unos para hacer perdonar sus concesiones, otros para hacer evidente la inconstitucionalidad del texto. Ambos se basan en el siguiente párrafo del preámbulo: “El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad”.

Tras comprobar su pésima redacción, del párrafo transcrito podemos deducir tres afirmaciones: una verdadera, otra falsa y otra no verificada. La verdadera es que el Parlament definió de forma mayoritaria a Catalunya como nación. Exactamente fue el 30 de septiembre del 2005, al aprobar la propuesta de reforma que después fue modificada. La falsa es que el artículo 2 de la Constitución reconoce a Catalunya como nacionalidad: en dicho precepto, entre otras cosas, se dice, simplemente, que España está integrada por nacionalidades y regiones, sin referencia alguna a Catalunya. La no verificada es que el Parlament recogió el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos de Catalunya al definirla como nación.

Pero no hay ningún argumento razonable para sostener que en dicho párrafo del preámbulo se afirma que Catalunya es una nación. Menos aún si tenemos en cuenta que en la parte dispositiva del Estatut se afirma que Catalunya es una nacionalidad. El mismo texto permite resolver cualquier duda, el Tribunal, en este punto, lo tiene fácil. Más peliagudo es el artículo 2.4. Lo dejamos para otra ocasión.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Viento anarquista en París, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Aveces se desprecia el anarquismo, se le trata como un movimiento de ideas contradictorias, se constatan sus evidentes fracasos históricos, su carácter utópico, su escaso sentido de la realidad. Son opiniones muy ciertas. Sin embargo, creo que el anarquismo entendido como un viento, como tendencia a favor de la libertad individual y contrario a prejuicios obsoletos, es conveniente y necesario. El espíritu de mayo de 1968 en París, del que ahora se cumplen cuarenta años, es producto de este viento.

En efecto, el movimiento y las ideas anarquistas han sido extraordinariamente plurales y diversas.

Como movimiento, abarca desde el terrorismo que predicaba Nechaev hasta el pacifismo evangélico de Lev Tolstoi, pasando por la siempre fracasada insurrección revolucionaria del incansable Bakunin o el anarcosindicalismo que, ingenuamente, consideraba la huelga general como el instrumento de la destrucción del Estado, la religión, la familia y demás instituciones, paso previo a la sociedad anarquista, una sociedad de hombre libres, iguales y buenas personas.

Por su parte, las diversas ideologías anarquistas, vistas desde la distancia que da el tiempo, apenas tienen consistencia. Godwin no pasa de ser un liberal utópico que, al contrario de Locke, carecía de sentido común. Max Stirner, discípulo de Hegel, mantiene en su interesante obra El único y su propiedad una posición ética y, sobre todo, estética, pero en absoluto política. La voluminosa obra de Kropotkin, un científico respetado, tiene precisamente una muy escasa base científica: los hombres no somos, exactamente, hormigas, y nuestro afán de cooperación es, en general, escaso.

Hay más teóricos apreciables, sin duda. Pero llegaríamos a la misma conclusión: las teorías anarquistas tienen muy poca consistencia y, en ciertos casos, por la falsa creencia de que el hombre es bueno por naturaleza, en lugar de contribuir a la libertad conducen al totalitarismo, a sociedades que son cárceles de perfección. Sin embargo, algunas de las razones de fondo del anarquismo han influido persistentemente en el camino hacia la libertad. En efecto, la misma palabra anarquismo proviene del griego anarquía, es decir, no-poder. Una ideología contra el poder, que recela del poder, que limita al poder. El error del anarquismo es su creencia en que el poder debe desaparecer del todo. Pero la convicción de que el poder sin legitimación alguna debe desaparecer -convicción ciertamente más liberal que anarquista- es todavía muy válida en la lucha por la libertad.

Un ejemplo de la persistencia de este viento anarquista es el mayo parisino de 1968. La verdad es que no fue una revolución ni por asomo, nadie se había planteado previamente cómo podía derribarse el poder político ni, de conseguirlo, qué hacer con él. Aquello fue una atrabiliaria juerga que duró tres semanas escasas, celebrada a la vista de todo el mundo, con los comunistas -escépticos, burlones, envidiosos- mirando atentamente. A lo más, fue un acto espontáneo de rebeldía de unos estudiantes de veinte años frente a sus papás: sus papás en la familia, en la universidad y en el Estado. Mientras tanto, crueles bombas caían cada día sobre Vietnam, se estaban ya preparando los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy; Dubcek y los suyos se arriesgaban de verdad en Praga frente a los soviéticos, y el gobierno del PRI asesinaría muy pronto a trescientos estudiantes mexicanos. En este mundo trágico y convulso, los señoritos de París se estaban pegando la juerga padre, actuando en una comedia sobre la Revolución, una vieja y conocida dama de la historia de la humanidad.

Sin embargo, aquella comedia tenía un autor y se seguiría representando con éxito durante años y por todo el mundo. El autor era un viento nuevo, un viento libertario y anarquista; el malo de la comedia se llamaba poder, poder sin justificación alguna, es decir, lo contrario de autoridad. Efectivamente, en aquellos tiempos aún conservaban el poder aquellos que ya habían perdido la autoridad. Por una vez, la rebelión podría tener éxito, el rey iba desnudo. Fracasaron los partidarios de una revolución política, el poder político estaba muy bien arropado. Desnudas estaban, en cambio, ciertas costumbres sociales: las que regulaban las relaciones entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, entre maestros y alumnos: los muchachos del 68 lograron empezar a establecer nuevas relaciones de familia, igualdad entre hombres y mujeres, cambios en la escuela. En esto, triunfaron.

Los que han desacreditado después este espíritu del 68 son aquellos que han confundido la auténtica autoridad, es decir, el poder con justificación razonable, con el mero poder injustificado. A este último hay que arrumbarlo a la cuneta de la historia. En cambio, a la autoridad, es decir, al poder justificado y necesario, es preciso mantenerla y respetarla porque es la base de todo orden político, social y cultural. Recordando a Bob Dylan y a Peter, Paul and Mary, en un cierto viento anarquista estuvo la respuesta a los nuevos tiempos, no en el anarquismo tomado de cuerpo entero, un movimiento siempre equivocado basado en confusas teorías inconsistentes.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Los polvos y los lodos, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

Una vez más, el Govern tripartito que dirige la Generalitat está dando muestras de su ineptitud, de nuevo cae en el ridículo. Ello no resulta ya raro, estamos acostumbrados. En los últimos años se han sucedido percances y desventuras diversas, ahora estamos en una de nuevo tipo: nos hemos quedado sin agua. Como por ensalmo, los embalses están vacíos. A los hundimientos, apagones, socavones y atascos, ahora debemos agregar la pertinaz sequía. Como en los viejos tiempos. El acreditado derecho secular adquirido por los barceloneses de que al abrir el grifo salga agua -derecho que se olvidaron garantizar en el nuevo Estatut- quedará, si Dios no lo remedia, severamente restringido. Ya andan poniendo multas a quien se excede: por lo visto los ciudadanos pasamos demasiado rato en la ducha y hasta algunos quieren llenar su piscina. Insostenibles somos.

Más allá del humor y la ironía, quizás la única defensa que nos queda, habría que comenzar a pensar en las causas de tanto desgobierno, en sus motivos de fondo. No puede ser una casualidad que sobre nosotros caigan todas esas desgracias juntas en tan poco tiempo. La sociedad catalana funciona en general de manera aceptable, muchos escogen Catalunya como lugar donde ir a vivir. Por algo será. El problema, por tanto, no está en la sociedad, el problema está en los políticos que tenemos. Con los políticos nos empieza a pasar como en Italia hace treinta años. Ahora allí ya es distinto, también la sociedad empieza a no funcionar. Es inevitable: si los poderes públicos son ineficaces, la sociedad se resiente. Quizás estemos ya en esta peligrosa pendiente.

Un observador tan ecuánime e informado como el economista Antón Costas lo advertía hace un par de días en El País: “Catalunya es la comunidad española donde es más difícil y engorroso llevar a cabo nuevas inversiones industriales y construir infraestructuras. Tanto que, si he de creer lo que oigo, muchos empresarios tienden a deslocalizar sus inversiones hacia otras comunidades. No tengo datos a mano para comprobarlo, pero sí puedo afirmar que es una opinión cada vez más extendida, no sólo en el mundo empresarial, sino también entre técnicos y responsables públicos de infraestructuras”. Yo añadiría que no sólo es engorroso para las inversiones: también lo es para que vengan a Catalunya jueces y notarios, profesores de universidad y técnicos cualificados para las empresas.

En efecto, la sociedad catalana se muestra cada vez más cerrada. La obsesión por preservar una presunta identidad sirve de coartada para esconder mezquinos intereses corporativos, muy especialmente evitar la competencia profesional y laboral. Me comentaba hace un tiempo un profesor de la Universitat de Barcelona, no nacido en Catalunya y procedente de otras universidades de España, que desde que había llegado aquí, hace ya más de diez años, no pasaba semana sin que alguno de sus compañeros le preguntara, de manera descarada o sutil, cuándo dejaría Barcelona e iría a otra universidad, naturalmente de fuera de Catalunya. Siempre lo mismo: nosotros y los otros, los propietarios y los inquilinos. Hablan mucho de la identidad y lo que pretenden, simplemente, es un mejor puesto de trabajo con el menor esfuerzo posible. Estamos en la suave pendiente de una inevitable decadencia. Nos empobrecemos, material y moralmente.

Desde la Generalitat, los políticos catalanes han fomentado esta cerrada mentalidad desde hace treinta años. A sabiendas o sin saberlo. Y han fomentado, entre ellos mismos, más que nadie, esta endogamia corporativista. Los malos resultados están a la vista, gobiernen unos u otros. En cualquier empresa los hubieran despedido. Nosotros no podemos: no hay recambio a la vista, o el recambio es más de lo mismo.

El espectáculo de estos últimos días ha sido fascinante. Que se enfrenten oposición y Gobierno es normal. Que dentro del mismo Gobierno se opongan unos a otros no lo es, aunque al estar formado por tres partidos, alguna explicación tiene. Que discrepen públicamente los miembros de un mismo partido que son compañeros de gabinete es sumamente raro. Ahora bien, lo más sorprendente ha sido la división de opiniones por motivos territoriales: los consellers que viven en Lleida, aunque sean de partidos distintos, se han unido contra el resto. Esto no tiene explicación razonable alguna. Pero a esto hemos llegado.

Es decir, en Catalunya hemos llegado a que, dentro de un mismo gobierno, las opiniones se defienden no porque estén basadas en criterios objetivos y razonables, de validez universal, sino por la identificación con los intereses de un determinado territorio. Y no me refiero sólo a los consellers leridanos, sino a todos, es decir, también a los demás. Van a lo suyo, a defender a los suyos, no a defender los derechos e intereses de todos. Esto se llamaría solidaridad: no es una palabra de moda, la preferida es identidad, colectiva por supuesto. Todo hace pensar, pues, que la oposición al trasvase del Ebro podía estar basada en razones territoriales / identitarias semejantes. Lo que antes decían valencianos y murcianos, ahora lo sostienen los barceloneses. Quizás de aquellos polvos vienen estos lodos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Víctimas de nuestros mitos, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

En Catalunya, la falta de crítica a determinados mitos dominantes conduce, a menudo, al ridículo y, casi siempre, a melancólicos callejones sin salida.

Haber declarado a Bono como uno de los más acérrimos anticatalanes - ¿quién se atrevería a negarlo en una de las muchas tertulias de los medios de comunicación?- puede hacer perder a CiU la vicepresidencia del Congreso, la presidencia de comisiones parlamentarias y no sé cuántos despachos y coches oficiales. Es decir, le hará perder influencia en Madrid. Pero da igual: aquella estética que, según Unamuno, ahogaba a los catalanes sigue haciendo estragos.

Lo mismo sucede con el trasvase de los ríos. Podría ser conveniente o inconveniente el trasvase del Ebro, aunque a la vista de las actuales restricciones es dudoso que la solución adoptada fuera la correcta. Pero, en todo caso, convertir el término trasvase en una palabra maldita sitúa al actual Govern en una posición inconsistente, como prueba el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer. Otros sueñan, literalmente, con hacer llegar agua del Ródano: ¿acaso no hay movimientos ecologistas en el sur de Francia que intentarán impedirlo? Esta creencia de que los catalanes, por el mero hecho de serlo, lo tenemos todo pagado, sigue siendo nefasta.

Un tercer tópico es el de las balanzas fiscales, al parecer la clave que debe resolver todos nuestros problemas financieros. La causa de estos males no está, por supuesto, en que la Generalitat despilfarre el dinero en cuestiones inútiles. Entre otros ejemplos, tirar la casa por la ventana en Frankfurt cual nuevos ricos, gastar 32 millones en asesorías externas para tener contenta a la clientela de los partidos o financiar la apertura de fosas comunes a la búsqueda de los cadáveres de una guerra que terminó hace casi setenta años. No. La causa de nuestra hipotética mala financiación es que en Madrid hay alguien que esconde en un cajón las balanzas fiscales.

Publicarlas: otro mito inútil y perjudicial. No sé si las dichosas balanzas aportarán algo bueno, pero lo cierto es que, desde hace muchos años, se han ido publicando numerosos estudios sobre balanzas fiscales elaborados con criterios distintos y con resultados, lógicamente, contradictorios. El problema no es que se publiquen, sino que se elaboren unas balanzas bajo un único criterio acordado entre todas las partes. No están, por tanto, escondidas en un cajón, sino que falta establecer un único método para elaborarlas: una vez acordado se podrán conocer los resultados.

¿Se acuerdan ustedes de lo importante que era la desaparición de los gobernadores civiles? Hace más de diez años que dejaron de existir: ¿los catalanes somos más felices? Me temo que sucederá lo mismo con las balanzas fiscales. Los catalanes somos víctimas de nuestros propios mitos.

Un corredor de fondo, de Francesc de Carreras en La Vanguardia

A menudo, la primera impresión que te produce una persona ya te da el vivo retrato de lo que realmente es. Esto no me ocurrió con Josep Benet, fallecido en la madrugada del pasado martes, pocos días antes de cumplir 88 años.

Cuando conocí a Benet, estuve con él apenas unos pocos segundos, justo el tiempo que transcurrió entre abrirle la puerta, hacerlo pasar y acomodarlo en la sala de espera del bufete del abogado don Felipe Lagarriga, donde estaba yo haciendo unas prácticas mientras cursaba segundo de Derecho. Esto sucedía en el invierno de 1963, pocos meses después del famoso “contubernio de Munich”, aquel encuentro en la ciudad alemana de la oposición no comunista al franquismo en el que participaron abiertamente, por primera vez, representantes del interior y del exilio, desde Ridruejo y Gil Robles hasta Rodolfo Llopis, pasando por figuras venerables como Salvador de Madariaga. El abogado Lagarriga había estado en los años de la República afiliado a la CEDA y, fiel a sus ideas, en aquellos tiempos de dictadura, formaba parte de la entonces llamada “izquierda demócrata-cristiana”, cuyo líder era el antiguo ministro republicano Manuel Giménez Fernández. Lagarriga, como representante catalán de dicho grupo, había participado en la reunión de Munich y hablaba de ella constantemente. Tras entrevistarse con Benet, el abogado me dijo en tono confidencial: “Este hombre que has visto entrar es una de las principales figuras de la oposición en Catalunya”.

Quedé asombrado. Aquel hombre que había visto entrar no tenía ninguna pinta de ser oposición a nada. En efecto, la sombra que tan fugazmente había entrevisto era la de un hombre ya mayor, con paso titubeante, aire despistado, descuidado en el vestir y extremadamente tímido, es decir, todo lo contrario de un hombre de acción, aquello que uno presupone en un político y, más todavía, en un resistente a una dictadura. Contrastaba excesivamente con los clichés de mis modelos antifascistas, tanto los auténticos como Jean Moulin o André Malraux como los de ficción, por ejemplo, Victor Laszlo, el marido de Ingrid Bergman en Casablanca.No se parecía en nada a ninguno de ellos. Sin embargo, con el tiempo, me di pronto cuenta de que la personalidad de Benet no sólo no respondía a la imagen que me formé tras esta primera impresión, sino que era exactamente la contraria: un hombre con el fuego interior propio de los personajes de una pieza, con una gran energía y fuerza de decisión, que se iba rejuveneciendo al paso del tiempo, implacable como polemista y que vestía de forma atildada. En los años sesenta y setenta fue un personaje clave en la oposición franquista de Catalunya.

Nacido en 1920, Benet pertenecía a la generación perdida, la que llegó a la universidad en los primeros años cuarenta y, como católico, catalanista y demócrata, no podía encontrar su lugar en la sociedad más que rebelándose contra aquel estado de cosas. En un país normalizado, hubiera sido un democristiano y, en sus primeras andanzas políticas, eso es lo que fue. Pero con el tiempo vio que las exigencias eran otras y escogió un papel distinto, el papel del antifascista militante cuya obsesión fue la unidad de las fuerzas de oposición al régimen en el ámbito de Catalunya.

Junto a otras personalidades del mundo católico - Maurici Serrahima, Agustí de Semir, Josep Maria Vilaseca, José María Valverde- se ofreció como puente entre estos sectores y la izquierda, especialmente la aislada izquierda comunista. La renovación religiosa que supuso el concilio Vaticano II facilitó enormemente las cosas. La Assemblea de Catalunya fue el principal resultado político de estos afanes. Posteriormente, su candidatura como independiente a la presidencia de la Generalitat encabezando la lista del PSUC con pretensiones unitarias, creo que fue un error por ambas partes, tanto por su parte como por parte del partido de los comunistas catalanes. El franquismo había desaparecido y la unidad entre las fuerzas políticas democráticas carecía de sentido: los tiempos habían cambiado y lo único que debía medirse en unas elecciones era la fuerza de cada partido para competir parlamentariamente con las demás.

Nunca supe muy bien si Josep Benet fue un abogado, un historiador o un político. Creo que su verdadera personalidad consistió en acumular las tres cosas sin ser propiamente una figura de primera línea en ninguna de ellas. Benet fue un mediador entre mundos diversos, tanto profesionales como ideológicos. Abogado por su sentido de la justicia, historiador por su creencia en el peso de la tradición y político por responsabilidad social. En esta última faceta destacó, primero, como conspirador debido al constante activismo al que le impulsaba su sentido moral; y, segundo, como eminencia gris debido a su desinterés en salir retratado en el primer plano de cualquier foto.

De Josep Benet me han distanciado aquello que son creencias, especialmente el nacionalismo y la religión. Pero siempre le he admirado por su rectitud ética, por su sentido de la tolerancia, por su comprensión de los motivos del adversario y, sobre todo, por una última razón: por ser un incansable corredor de fondo.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB