Reggio’s Weblog

Entre las muchas normas insensatas que contiene el Estatut de Catalunya está la que actualmente está llevando de cabeza a la Generalitat y al Gobierno español: el cumplimiento de la fecha de 9 de agosto como plazo máximo para el acuerdo de la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat para concretar la aplicación de los preceptos del Título VI del Estatut dedicado a la financiación de la Generalitat. Este plazo está previsto en la disposición final primera del Estatut y muy probablemente no se va a cumplir. Además, jurídicamente, es más que dudoso que sea obligado cumplirlo.

Digo que muy probablemente no se va a cumplir, por lo menos en la literalidad del precepto, porque las negociaciones para llegar a un acuerdo dentro de la comisión mixta citada están todavía en sus comienzos y el acuerdo es muy complejo. Téngase en cuenta que, según otro precepto del Estatut, sus normas deben ser interpretadas armónicamente con la ley orgánica del Estado que regula la financiación autonómica, norma vigente cuya última modificación data del año 2001 y que precisamente debe modificarse de nuevo para adaptarla a las actuales circunstancias y a la demandas de Catalunya y de las demás comunidades autónomas.

Por tanto, si el Estatut debe interpretarse de acuerdo con dicha ley orgánica, lo lógico es que lo sea con esta ley ya modificada por el Estado, en diálogo con las demás comunidades autónomas, lo cual no es previsible que suceda en un plazo tan corto como es el que queda para la estival fecha del 9 de agosto. Además, según el Estatut, no se trata de un acuerdo sobre criterios básicos generales sino de “concretar la aplicación de los preceptos” de todo un título que contiene 20 artículos, ciertamente vigentes pero de muy complicado desarrollo y, además, pendientes algunos de ellos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Lo lógico, si el carro debe ir siempre detrás de los bueyes, es que se espere a la modificación de la ley estatal para no llegar a un acuerdo sin valor práctico alguno, que deberá ser modificado inmediatamente tras la promulgación de dicha ley.

Pero, además, este acuerdo debe ser aprobado por una comisión mixta Generalitat-Estado y el Estatut, por su propia naturaleza, vincula a la Generalitat pero no puede vincular al Estado. Este es un problema de fondo en muchos otros artículos del Estatut y sobre el que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse. En consecuencia, a mi modo de ver - y la reciente sentencia sobre el Estatuto de Valencia ofrece importantes pistas sobre este punto de vista- el precepto del Estatut que fija el plazo del 9 de agosto no vincula a la parte estatal de esta Comisión mixta. En definitiva, cuando las cosas se hacen jurídicamente mal, todo acaba complicándose. Pero, como dijo el torero, “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible”.

De nuevo han surgido noticias -probablemente debidas a filtraciones interesadas- sobre el hipotético contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Una vez más, el Tribunal ha sido utilizado como instrumento de la batalla política. Ello es doblemente lamentable: primero, porque se trata de un órgano fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de derecho y, segundo, porque el carácter reservado de sus deliberaciones le impide defenderse sin vulnerar su deber de secreto.

En este caso la noticia ha sido que, supuestamente, el Tribunal ya ha considerado constitucionalmente admisible que el preámbulo del Estatut proclame que Catalunya es una nación aunque ello no tenga consecuencias jurídicas, dado que los preámbulos carecen de fuerza normativa. Todo ello parece bastante increíble por una razón muy simple: el preámbulo del Estatut no dice en ningún momento que Catalunya sea una nación. Es más, si lo dijera, o pudiera interpretarse que lo dice, tal afirmación sería contradictoria con la parte normativa del Estatut que define a Catalunya como una nacionalidad. Pero veamos todo ello con un poco de calma.

Es cierto que en la propuesta de reforma del Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre del 2005, Catalunya es considerada nación. No sólo así se dice por tres veces en el preámbulo, sino que el apartado 1 del artículo 1 lo formula de manera breve, clara y contundente: “Catalunya és una nació“. Es evidente, por tanto, que en dicha propuesta Catalunya era considerada nación.

Ahora bien, ello fue modificado de forma drástica en el Congreso de los Diputados, que estableció la redacción siguiente: “Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este texto, ratificado por el Senado y finalmente aprobado por referéndum en Catalunya, es el actualmente vigente. Asimismo, por si hubiera alguna duda, el artículo 8 del mismo Estatut afirma que Catalunya está “definida como nacionalidad en el artículo primero”. Por tanto, está clarísimo que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad y, como es sabido, in claris non fit interpretatio, es decir, en aquello que está claro no hace falta interpretación alguna. Mal podría el Tribunal Constitucional hacer una interpretación contraria al sentido gramatical del texto.

Por otro lado, este artículo 1.1 del Estatut vigente coincide casi textualmente con el también artículo 1.1 del Estatut anterior, el de 1979, que decía así: “Catalunya, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Como puede comprobarse, el único cambio supone, simplemente, una puesta al día del texto: el vigente Estatut ya no permite “acceder” a la autonomía porque ya se accedió a ella mediante el Estatut de 1979, ahora de lo que se trata es de “ejercerla”. Así pues, reconoce que el llamado principio dispositivo ha dejado de tener vigencia. La nueva redacción no añade nada sustancialmente nuevo: no hay, en consecuencia, problema constitucional alguno.

Si ello es así, más de un lector puede pensar: ¿por qué se dice, por parte de unos y de otros, que el nuevo Estatut proclama que Catalunya es una nación? En efecto, tanto partidarios como contrarios al Estatut suelen sostener que en su texto se define a Catalunya como una nación. Se trata, sin embargo, de opiniones políticas con escaso fundamento jurídico, unos para hacer perdonar sus concesiones, otros para hacer evidente la inconstitucionalidad del texto. Ambos se basan en el siguiente párrafo del preámbulo: “El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad”.

Tras comprobar su pésima redacción, del párrafo transcrito podemos deducir tres afirmaciones: una verdadera, otra falsa y otra no verificada. La verdadera es que el Parlament definió de forma mayoritaria a Catalunya como nación. Exactamente fue el 30 de septiembre del 2005, al aprobar la propuesta de reforma que después fue modificada. La falsa es que el artículo 2 de la Constitución reconoce a Catalunya como nacionalidad: en dicho precepto, entre otras cosas, se dice, simplemente, que España está integrada por nacionalidades y regiones, sin referencia alguna a Catalunya. La no verificada es que el Parlament recogió el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos de Catalunya al definirla como nación.

Pero no hay ningún argumento razonable para sostener que en dicho párrafo del preámbulo se afirma que Catalunya es una nación. Menos aún si tenemos en cuenta que en la parte dispositiva del Estatut se afirma que Catalunya es una nacionalidad. El mismo texto permite resolver cualquier duda, el Tribunal, en este punto, lo tiene fácil. Más peliagudo es el artículo 2.4. Lo dejamos para otra ocasión.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Aveces se desprecia el anarquismo, se le trata como un movimiento de ideas contradictorias, se constatan sus evidentes fracasos históricos, su carácter utópico, su escaso sentido de la realidad. Son opiniones muy ciertas. Sin embargo, creo que el anarquismo entendido como un viento, como tendencia a favor de la libertad individual y contrario a prejuicios obsoletos, es conveniente y necesario. El espíritu de mayo de 1968 en París, del que ahora se cumplen cuarenta años, es producto de este viento.

En efecto, el movimiento y las ideas anarquistas han sido extraordinariamente plurales y diversas.

Como movimiento, abarca desde el terrorismo que predicaba Nechaev hasta el pacifismo evangélico de Lev Tolstoi, pasando por la siempre fracasada insurrección revolucionaria del incansable Bakunin o el anarcosindicalismo que, ingenuamente, consideraba la huelga general como el instrumento de la destrucción del Estado, la religión, la familia y demás instituciones, paso previo a la sociedad anarquista, una sociedad de hombre libres, iguales y buenas personas.

Por su parte, las diversas ideologías anarquistas, vistas desde la distancia que da el tiempo, apenas tienen consistencia. Godwin no pasa de ser un liberal utópico que, al contrario de Locke, carecía de sentido común. Max Stirner, discípulo de Hegel, mantiene en su interesante obra El único y su propiedad una posición ética y, sobre todo, estética, pero en absoluto política. La voluminosa obra de Kropotkin, un científico respetado, tiene precisamente una muy escasa base científica: los hombres no somos, exactamente, hormigas, y nuestro afán de cooperación es, en general, escaso.

Hay más teóricos apreciables, sin duda. Pero llegaríamos a la misma conclusión: las teorías anarquistas tienen muy poca consistencia y, en ciertos casos, por la falsa creencia de que el hombre es bueno por naturaleza, en lugar de contribuir a la libertad conducen al totalitarismo, a sociedades que son cárceles de perfección. Sin embargo, algunas de las razones de fondo del anarquismo han influido persistentemente en el camino hacia la libertad. En efecto, la misma palabra anarquismo proviene del griego anarquía, es decir, no-poder. Una ideología contra el poder, que recela del poder, que limita al poder. El error del anarquismo es su creencia en que el poder debe desaparecer del todo. Pero la convicción de que el poder sin legitimación alguna debe desaparecer -convicción ciertamente más liberal que anarquista- es todavía muy válida en la lucha por la libertad.

Un ejemplo de la persistencia de este viento anarquista es el mayo parisino de 1968. La verdad es que no fue una revolución ni por asomo, nadie se había planteado previamente cómo podía derribarse el poder político ni, de conseguirlo, qué hacer con él. Aquello fue una atrabiliaria juerga que duró tres semanas escasas, celebrada a la vista de todo el mundo, con los comunistas -escépticos, burlones, envidiosos- mirando atentamente. A lo más, fue un acto espontáneo de rebeldía de unos estudiantes de veinte años frente a sus papás: sus papás en la familia, en la universidad y en el Estado. Mientras tanto, crueles bombas caían cada día sobre Vietnam, se estaban ya preparando los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy; Dubcek y los suyos se arriesgaban de verdad en Praga frente a los soviéticos, y el gobierno del PRI asesinaría muy pronto a trescientos estudiantes mexicanos. En este mundo trágico y convulso, los señoritos de París se estaban pegando la juerga padre, actuando en una comedia sobre la Revolución, una vieja y conocida dama de la historia de la humanidad.

Sin embargo, aquella comedia tenía un autor y se seguiría representando con éxito durante años y por todo el mundo. El autor era un viento nuevo, un viento libertario y anarquista; el malo de la comedia se llamaba poder, poder sin justificación alguna, es decir, lo contrario de autoridad. Efectivamente, en aquellos tiempos aún conservaban el poder aquellos que ya habían perdido la autoridad. Por una vez, la rebelión podría tener éxito, el rey iba desnudo. Fracasaron los partidarios de una revolución política, el poder político estaba muy bien arropado. Desnudas estaban, en cambio, ciertas costumbres sociales: las que regulaban las relaciones entre padres e hijos, entre hombres y mujeres, entre maestros y alumnos: los muchachos del 68 lograron empezar a establecer nuevas relaciones de familia, igualdad entre hombres y mujeres, cambios en la escuela. En esto, triunfaron.

Los que han desacreditado después este espíritu del 68 son aquellos que han confundido la auténtica autoridad, es decir, el poder con justificación razonable, con el mero poder injustificado. A este último hay que arrumbarlo a la cuneta de la historia. En cambio, a la autoridad, es decir, al poder justificado y necesario, es preciso mantenerla y respetarla porque es la base de todo orden político, social y cultural. Recordando a Bob Dylan y a Peter, Paul and Mary, en un cierto viento anarquista estuvo la respuesta a los nuevos tiempos, no en el anarquismo tomado de cuerpo entero, un movimiento siempre equivocado basado en confusas teorías inconsistentes.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Una vez más, el Govern tripartito que dirige la Generalitat está dando muestras de su ineptitud, de nuevo cae en el ridículo. Ello no resulta ya raro, estamos acostumbrados. En los últimos años se han sucedido percances y desventuras diversas, ahora estamos en una de nuevo tipo: nos hemos quedado sin agua. Como por ensalmo, los embalses están vacíos. A los hundimientos, apagones, socavones y atascos, ahora debemos agregar la pertinaz sequía. Como en los viejos tiempos. El acreditado derecho secular adquirido por los barceloneses de que al abrir el grifo salga agua -derecho que se olvidaron garantizar en el nuevo Estatut- quedará, si Dios no lo remedia, severamente restringido. Ya andan poniendo multas a quien se excede: por lo visto los ciudadanos pasamos demasiado rato en la ducha y hasta algunos quieren llenar su piscina. Insostenibles somos.

Más allá del humor y la ironía, quizás la única defensa que nos queda, habría que comenzar a pensar en las causas de tanto desgobierno, en sus motivos de fondo. No puede ser una casualidad que sobre nosotros caigan todas esas desgracias juntas en tan poco tiempo. La sociedad catalana funciona en general de manera aceptable, muchos escogen Catalunya como lugar donde ir a vivir. Por algo será. El problema, por tanto, no está en la sociedad, el problema está en los políticos que tenemos. Con los políticos nos empieza a pasar como en Italia hace treinta años. Ahora allí ya es distinto, también la sociedad empieza a no funcionar. Es inevitable: si los poderes públicos son ineficaces, la sociedad se resiente. Quizás estemos ya en esta peligrosa pendiente.

Un observador tan ecuánime e informado como el economista Antón Costas lo advertía hace un par de días en El País: “Catalunya es la comunidad española donde es más difícil y engorroso llevar a cabo nuevas inversiones industriales y construir infraestructuras. Tanto que, si he de creer lo que oigo, muchos empresarios tienden a deslocalizar sus inversiones hacia otras comunidades. No tengo datos a mano para comprobarlo, pero sí puedo afirmar que es una opinión cada vez más extendida, no sólo en el mundo empresarial, sino también entre técnicos y responsables públicos de infraestructuras”. Yo añadiría que no sólo es engorroso para las inversiones: también lo es para que vengan a Catalunya jueces y notarios, profesores de universidad y técnicos cualificados para las empresas.

En efecto, la sociedad catalana se muestra cada vez más cerrada. La obsesión por preservar una presunta identidad sirve de coartada para esconder mezquinos intereses corporativos, muy especialmente evitar la competencia profesional y laboral. Me comentaba hace un tiempo un profesor de la Universitat de Barcelona, no nacido en Catalunya y procedente de otras universidades de España, que desde que había llegado aquí, hace ya más de diez años, no pasaba semana sin que alguno de sus compañeros le preguntara, de manera descarada o sutil, cuándo dejaría Barcelona e iría a otra universidad, naturalmente de fuera de Catalunya. Siempre lo mismo: nosotros y los otros, los propietarios y los inquilinos. Hablan mucho de la identidad y lo que pretenden, simplemente, es un mejor puesto de trabajo con el menor esfuerzo posible. Estamos en la suave pendiente de una inevitable decadencia. Nos empobrecemos, material y moralmente.

Desde la Generalitat, los políticos catalanes han fomentado esta cerrada mentalidad desde hace treinta años. A sabiendas o sin saberlo. Y han fomentado, entre ellos mismos, más que nadie, esta endogamia corporativista. Los malos resultados están a la vista, gobiernen unos u otros. En cualquier empresa los hubieran despedido. Nosotros no podemos: no hay recambio a la vista, o el recambio es más de lo mismo.

El espectáculo de estos últimos días ha sido fascinante. Que se enfrenten oposición y Gobierno es normal. Que dentro del mismo Gobierno se opongan unos a otros no lo es, aunque al estar formado por tres partidos, alguna explicación tiene. Que discrepen públicamente los miembros de un mismo partido que son compañeros de gabinete es sumamente raro. Ahora bien, lo más sorprendente ha sido la división de opiniones por motivos territoriales: los consellers que viven en Lleida, aunque sean de partidos distintos, se han unido contra el resto. Esto no tiene explicación razonable alguna. Pero a esto hemos llegado.

Es decir, en Catalunya hemos llegado a que, dentro de un mismo gobierno, las opiniones se defienden no porque estén basadas en criterios objetivos y razonables, de validez universal, sino por la identificación con los intereses de un determinado territorio. Y no me refiero sólo a los consellers leridanos, sino a todos, es decir, también a los demás. Van a lo suyo, a defender a los suyos, no a defender los derechos e intereses de todos. Esto se llamaría solidaridad: no es una palabra de moda, la preferida es identidad, colectiva por supuesto. Todo hace pensar, pues, que la oposición al trasvase del Ebro podía estar basada en razones territoriales / identitarias semejantes. Lo que antes decían valencianos y murcianos, ahora lo sostienen los barceloneses. Quizás de aquellos polvos vienen estos lodos.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

En Catalunya, la falta de crítica a determinados mitos dominantes conduce, a menudo, al ridículo y, casi siempre, a melancólicos callejones sin salida.

Haber declarado a Bono como uno de los más acérrimos anticatalanes - ¿quién se atrevería a negarlo en una de las muchas tertulias de los medios de comunicación?- puede hacer perder a CiU la vicepresidencia del Congreso, la presidencia de comisiones parlamentarias y no sé cuántos despachos y coches oficiales. Es decir, le hará perder influencia en Madrid. Pero da igual: aquella estética que, según Unamuno, ahogaba a los catalanes sigue haciendo estragos.

Lo mismo sucede con el trasvase de los ríos. Podría ser conveniente o inconveniente el trasvase del Ebro, aunque a la vista de las actuales restricciones es dudoso que la solución adoptada fuera la correcta. Pero, en todo caso, convertir el término trasvase en una palabra maldita sitúa al actual Govern en una posición inconsistente, como prueba el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer. Otros sueñan, literalmente, con hacer llegar agua del Ródano: ¿acaso no hay movimientos ecologistas en el sur de Francia que intentarán impedirlo? Esta creencia de que los catalanes, por el mero hecho de serlo, lo tenemos todo pagado, sigue siendo nefasta.

Un tercer tópico es el de las balanzas fiscales, al parecer la clave que debe resolver todos nuestros problemas financieros. La causa de estos males no está, por supuesto, en que la Generalitat despilfarre el dinero en cuestiones inútiles. Entre otros ejemplos, tirar la casa por la ventana en Frankfurt cual nuevos ricos, gastar 32 millones en asesorías externas para tener contenta a la clientela de los partidos o financiar la apertura de fosas comunes a la búsqueda de los cadáveres de una guerra que terminó hace casi setenta años. No. La causa de nuestra hipotética mala financiación es que en Madrid hay alguien que esconde en un cajón las balanzas fiscales.

Publicarlas: otro mito inútil y perjudicial. No sé si las dichosas balanzas aportarán algo bueno, pero lo cierto es que, desde hace muchos años, se han ido publicando numerosos estudios sobre balanzas fiscales elaborados con criterios distintos y con resultados, lógicamente, contradictorios. El problema no es que se publiquen, sino que se elaboren unas balanzas bajo un único criterio acordado entre todas las partes. No están, por tanto, escondidas en un cajón, sino que falta establecer un único método para elaborarlas: una vez acordado se podrán conocer los resultados.

¿Se acuerdan ustedes de lo importante que era la desaparición de los gobernadores civiles? Hace más de diez años que dejaron de existir: ¿los catalanes somos más felices? Me temo que sucederá lo mismo con las balanzas fiscales. Los catalanes somos víctimas de nuestros propios mitos.

A menudo, la primera impresión que te produce una persona ya te da el vivo retrato de lo que realmente es. Esto no me ocurrió con Josep Benet, fallecido en la madrugada del pasado martes, pocos días antes de cumplir 88 años.

Cuando conocí a Benet, estuve con él apenas unos pocos segundos, justo el tiempo que transcurrió entre abrirle la puerta, hacerlo pasar y acomodarlo en la sala de espera del bufete del abogado don Felipe Lagarriga, donde estaba yo haciendo unas prácticas mientras cursaba segundo de Derecho. Esto sucedía en el invierno de 1963, pocos meses después del famoso “contubernio de Munich”, aquel encuentro en la ciudad alemana de la oposición no comunista al franquismo en el que participaron abiertamente, por primera vez, representantes del interior y del exilio, desde Ridruejo y Gil Robles hasta Rodolfo Llopis, pasando por figuras venerables como Salvador de Madariaga. El abogado Lagarriga había estado en los años de la República afiliado a la CEDA y, fiel a sus ideas, en aquellos tiempos de dictadura, formaba parte de la entonces llamada “izquierda demócrata-cristiana”, cuyo líder era el antiguo ministro republicano Manuel Giménez Fernández. Lagarriga, como representante catalán de dicho grupo, había participado en la reunión de Munich y hablaba de ella constantemente. Tras entrevistarse con Benet, el abogado me dijo en tono confidencial: “Este hombre que has visto entrar es una de las principales figuras de la oposición en Catalunya”.

Quedé asombrado. Aquel hombre que había visto entrar no tenía ninguna pinta de ser oposición a nada. En efecto, la sombra que tan fugazmente había entrevisto era la de un hombre ya mayor, con paso titubeante, aire despistado, descuidado en el vestir y extremadamente tímido, es decir, todo lo contrario de un hombre de acción, aquello que uno presupone en un político y, más todavía, en un resistente a una dictadura. Contrastaba excesivamente con los clichés de mis modelos antifascistas, tanto los auténticos como Jean Moulin o André Malraux como los de ficción, por ejemplo, Victor Laszlo, el marido de Ingrid Bergman en Casablanca.No se parecía en nada a ninguno de ellos. Sin embargo, con el tiempo, me di pronto cuenta de que la personalidad de Benet no sólo no respondía a la imagen que me formé tras esta primera impresión, sino que era exactamente la contraria: un hombre con el fuego interior propio de los personajes de una pieza, con una gran energía y fuerza de decisión, que se iba rejuveneciendo al paso del tiempo, implacable como polemista y que vestía de forma atildada. En los años sesenta y setenta fue un personaje clave en la oposición franquista de Catalunya.

Nacido en 1920, Benet pertenecía a la generación perdida, la que llegó a la universidad en los primeros años cuarenta y, como católico, catalanista y demócrata, no podía encontrar su lugar en la sociedad más que rebelándose contra aquel estado de cosas. En un país normalizado, hubiera sido un democristiano y, en sus primeras andanzas políticas, eso es lo que fue. Pero con el tiempo vio que las exigencias eran otras y escogió un papel distinto, el papel del antifascista militante cuya obsesión fue la unidad de las fuerzas de oposición al régimen en el ámbito de Catalunya.

Junto a otras personalidades del mundo católico - Maurici Serrahima, Agustí de Semir, Josep Maria Vilaseca, José María Valverde- se ofreció como puente entre estos sectores y la izquierda, especialmente la aislada izquierda comunista. La renovación religiosa que supuso el concilio Vaticano II facilitó enormemente las cosas. La Assemblea de Catalunya fue el principal resultado político de estos afanes. Posteriormente, su candidatura como independiente a la presidencia de la Generalitat encabezando la lista del PSUC con pretensiones unitarias, creo que fue un error por ambas partes, tanto por su parte como por parte del partido de los comunistas catalanes. El franquismo había desaparecido y la unidad entre las fuerzas políticas democráticas carecía de sentido: los tiempos habían cambiado y lo único que debía medirse en unas elecciones era la fuerza de cada partido para competir parlamentariamente con las demás.

Nunca supe muy bien si Josep Benet fue un abogado, un historiador o un político. Creo que su verdadera personalidad consistió en acumular las tres cosas sin ser propiamente una figura de primera línea en ninguna de ellas. Benet fue un mediador entre mundos diversos, tanto profesionales como ideológicos. Abogado por su sentido de la justicia, historiador por su creencia en el peso de la tradición y político por responsabilidad social. En esta última faceta destacó, primero, como conspirador debido al constante activismo al que le impulsaba su sentido moral; y, segundo, como eminencia gris debido a su desinterés en salir retratado en el primer plano de cualquier foto.

De Josep Benet me han distanciado aquello que son creencias, especialmente el nacionalismo y la religión. Pero siempre le he admirado por su rectitud ética, por su sentido de la tolerancia, por su comprensión de los motivos del adversario y, sobre todo, por una última razón: por ser un incansable corredor de fondo.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

A raíz de la pasadas elecciones se ha suscitado, una vez más, el recurrente debate sobre la igualdad del voto en nuestro sistema electoral, el diferente trato, presuntamente discriminatorio, que dicho sistema otorga a los votantes de los diversos partidos debido al distinto valor efectivo del sufragio que emiten. El tema es del mayor interés para la salud de la democracia y para la confianza de los ciudadanos en la representatividad de las instituciones políticas.

Unas cuantas cifras, extraídas de las pasadas elecciones, permiten dar cuenta de la magnitud del problema. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya han alcanzado conjuntamente unos 963.000 votos y han obtenido 2 diputados. El PNV ha conseguido 303.000 votos y ha logrado 6 diputados.

Efectuando una sencilla división, IU-ICV ha necesitado 481.000 votos para obtener un diputado y el PNV sólo 50.000. La desigualdad parece evidente. Ello empeora si tenemos en cuenta que IUICV ha conseguido sus dos diputados por las circunscripciones de Madrid y Barcelona, empleando para ello 316.000 votos. Con los 647.000 votos restantes, obtenidos en las demás provincias españolas, no han conseguido diputado alguno. No es extraño que, de acuerdo con el razonable criterio de la utilidad del voto, muchos de los que desearían votar a IU-ICV dejen progresivamente de hacerlo para pasar a escoger la candidatura que les parezca menos mala o para votar en blanco o abstenerse. La participación democrática se debilita si el sistema electoral no estimula al elector.

Sin embargo, el ejemplo utilizado puede inducir al error de pensar que el sistema favorece, sobre todo, a los partidos nacionalistas. Ello no es así. Es cierto que el diputado más barato, aquel que se obtiene con el menor número de votos, ha sido en estas elecciones el del PNV, seguido por el de Nafarroa Bai (62.000 votos). Pero, a continuación, los diputados más baratos son los del PSOE y el PP, los dos grandes partidos estatales: sólo han necesitado alrededor de los 65.000 votos. A una cierta distancia, ya encontramos los demás partidos nacionalistas: CiU (75.000 votos), Coalición Canaria (82.000), ERC (98.000) y BNG (104.000). A una distancia enorme, UPyD (303.000) y, finalmente, IU-ICV, con los 481.000 votos que hemos indicado.

De estos datos, se deducen dos conclusiones: por un lado, el sistema electoral no es proporcional desde el punto vista de la relación diputado/votos obtenidos; y, por otro, el sistema electoral determina la supremacía bipartidista del PSOE y del PP, así como la representación equitativa, en paridad con los anteriores, de los partidos nacionalistas. Los grandes perjudicados son, pues, los pequeños partidos -pequeños, quizás, debido al sistema electoral- de ámbito nacional. Consecuencia de todo ello es que que si uno de los dos grandes partidos no obtiene mayoría absoluta para formar Gobierno debe buscar el apoyo de uno o varios de los partidos nacionalistas, ya que los escasos diputados de los pequeños partidos estatales resultan insuficientes.

La razón de esta desproporción entre votos/diputado para estos pequeños partidos de ámbito estatal no está en el método mediante el cual se reparten los escaños -el famoso método D´Hondt-, sino en el pequeño tamaño de la mayoría de las circunscripciones provinciales. Como se sabe, si en una circunscripción no se reparten más de 10 escaños, los efectos del método D´Hondt, a pesar de ser proporcional, son iguales a los del sistema mayoritario, es decir, favorecen el bipartidismo. Sólo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante superan esta cifra. Si efectuamos una simulación de los resultados actuales con un método proporcional puro, con circunscripción única en toda España, el PSOE obtendría nueve diputados menos, el PP siete, IU-ICV doce diputados más, UPyD 3, y los partidos nacionalistas quedarían prácticamente como están. El mal resultado de IU-ICV, el peor desde los ochenta, es consecuencia, entre otras razones, de un largo proceso de desgaste debido al actual sistema electoral que, desde sus inicios, ha ido conformando el sistema de partidos.

Cabe preguntarse: ¿es intrínsecamente malo un sistema bipartidista? No necesariamente. Es preferible el bipartidismo a la ingobernabilidad, pensemos en la Segunda República. Grandes países como el Reino Unido y Estados Unidos siempre han sido bipartidistas. Ahora bien, en estos países los partidos funcionan de manera distinta al nuestro, estos países no son partitocracias como es el actual sistema español. El bipartidismo, en sí mismo, no es perverso. Pero el bipartidismo con un sistema de listas cerradas y bloqueadas, que es nuestro caso, en el cual el poder está en manos de los aparatos de los partidos, sí que puede llegar a un alto grado de perversidad, quizás en España ya lo hemos alcanzado. No olvidemos, entre tantas otras cosas, la poco edificante campaña electoral.

Y no hay que hacerse ilusiones. El antiguo y recurrente debate sobre la desigualdad que ocasiona el voto no tendrá consecuencias, no se reformará la ley electoral. Al fin y al cabo, sólo perjudica a IU-ICV y a UPyD: tres simples votos entre 350 diputados. Que algunos millones de españoles la deseen tampoco será tenido en cuenta.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

LA RESACA DEL 9-M

De los resultados electorales del pasado domingo en Catalunya suele hacerse el siguiente resumen: el PSC alcanza una victoria histórica, CiU resiste, el PP mejora un poco, ICV va a la baja y ERC es el gran derrotado. A mi parecer, una de las conclusiones es dudosa: ¿CiU resiste? Veamos.

Sin entrar en un análisis más detallado, que los expertos llevarán a cabo en las próximas semanas, a primera vista puede ser más o menos correcto decir que “CiU resiste” si tenemos en cuenta sólo los resultados del 2004. Ahora bien, decimos “más o menos” porque no cabe ocultar que, si bien CiU mantiene la misma proporción de voto en Catalunya que en las anteriores elecciones, pierde la friolera de 114.000 votos, que no es poco. Pero este no es su peor dato electoral si tenemos en cuenta que la participación en Catalunya disminuyó en cinco puntos y repercutió en todos los partidos, a excepción del PSC.

El peor dato para CiU se deduce de estudiar su pérdida de votos en una secuencia más larga, desde las elecciones generales del 2000. Efectivamente, entre esta fecha y el 2004, CiU perdió cinco diputados -pasó de 15 a 10- que, en su mayoría, fueron debidos a votos que pasaron de CiU a ERC, es decir, no se movieron del campo nacionalista. Pues bien, resistir el pasado domingo respecto a los resultados del 2004 - CiU ha obtenido los mismos diputados que entonces- indica que los convergentes no han recuperado para nada el peso electoral que entonces perdieron en beneficio de ERC, en el preciso momento en que esta los ha dilapidado. Por tanto, CiU ha resistido, pero respecto a sus mínimos históricos.

Quien se ha beneficiado de todo ello ha sido el PSC, aumentando en cuatro diputados su ya numerosa representación parlamentaria. Podía suceder que los sufragios perdidos por CiU e inclinados hacia ERC en el 2004 le retornasen ahora al disminuir en la misma medida los de los republicanos: el voto pasaba así de unos nacionalistas a otros, lo perdido en el 2004 se recuperaba en el 2008. Pero no, no ha sido así: este voto nacionalista se ha volatilizado en este campo y ha ido a parar al área de los partidos estatales, ha pasado del nacionalismo al sucursalismo, para decirlo en estos conocidos términos. Un triunfo claro de la hábil estrategia socialista.

Quizás este ha sido uno de los riesgos de centrar la culpa de todos los males de Catalunya, de todos los males de la patria, en Rajoy y su partido. Obviamente, en unas elecciones generales tan bipolarizadas el mejor modo de votar contra el PP es hacerlo a favor del PSOE, no a favor de los pequeños partidos nacionalistas: la partida se juega en Madrid. Una CiU muy debilitada ha resistido pero no ha recuperado el voto perdido. No sé si CiU está en condiciones de “cobrar por adelantado”, como sostenía Pujol. Más bien sólo está en condiciones de implorar alguna limosna de Zapatero, con permiso del PSC.

Quizás no imagina el lector la agradable sensación que supone escribir artículos sobre actualidad política tras haber pasado por un periodo electoral, especialmente si es tan confrontado y agrio como el que acaba de terminar. En tales situaciones, uno anda cauteloso para no contaminar los análisis de la situación con las propias inclinaciones políticas. En cambio, una vez conocidos los resultados electorales, las opiniones fluyen de un modo más fácil y te despreocupas de las interpretaciones interesadas a que pueden dar lugar tus argumentos.

El periodo electoral, es decir, los últimos meses, no han sido otra cosa que la consecuencia de cuatro años de una cierta anormalidad política. Por un lado, el atentado terrorista del 11-M había creado dudas razonables sobre la realidad de la victoria socialista del 2004 que, previamente, nadie se esperaba. No es que el gobierno Zapatero no tuviera legitimidad democrática plena, que por supuesto la tenía, sino que había motivos para pensar que en su triunfo electoral fue decisivo el trauma emocional producido por el atentado. En todo caso, es innegable que muchos consideraban todavía a Zapatero como un presidente, en cierto modo, provisional.

Ello se agravó por razones muy diversas a lo largo de la legislatura. Entre otras, el acuerdo parlamentario con ERC, la comisión de investigación del 11-M, la tramitación del Estatut coreada con un absurdo ¡España se rompe!, la inconsistencia del llamado “proceso de paz”, la forma agresiva de hacer oposición del PP, la respuesta del PSOE acusando a los populares de ser la “derecha extrema”, los medios de comunicación identificados con partidos políticos, sea la Cope o la Ser. Total, cuatro años dominados por el ruido y la furia. Ruido y furia que ha empeorado en los últimos meses, en las últimas semanas electorales. La demagogia de las subastas sin ton ni son de ayudas, subvenciones y reducciones de impuestos, el recíproco discurso del miedo, los debates televisivos con acusaciones continuas de mentir…

Menos razonar pausadamente, con argumentos consistentes y aceptar que se puede estar de acuerdo en algunas cosas y discrepar en otras, los dos grandes partidos han hecho de todo.

Pues bien, tras el resultado electoral, estoy convencido de que esto se va a acabar. Si le faltaba alguna, Zapatero tiene todas las legitimidades y, además, tanto PP como PSOE tienen motivos para iniciar una nueva etapa con un muy distinto clima político. Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva. A ambos les interesa, ninguno de los dos ha obtenido la plena satisfacción de sus aspiraciones electorales y los apoyos con los que parten en esta nueva legislatura son mucho más amplios y sólidos que hace cuatro años.

De entrada, ambos partidos han obtenido mejores resultados. El mismo PP, que ha perdido, ha sido el que más ha incrementado el porcentaje de votos. Además, el resultado electoral ha provocado un mayor bipartidismo. Entre el PSOE y el PP se han repartido el 84% de los votos (antes el 80%) y, en el Congreso, el 92% de los escaños (antes 89%). Ello significa que su dependencia de los pequeños partidos ha disminuido y pueden ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado como siempre lo habían hecho hasta la legislatura pasada.

Asimismo, ni PSOE ni PP han crecido lo suficiente por donde más les conviene para estabilizar su voto. En efecto, los socialistas han crecido absorbiendo voto de IU y, en Catalunya, de nacionalistas que se sienten de izquierdas, pero no en el voto centrista necesario para asegurar su opción electoral. Los populares, por su parte, han aumentado su voto pero de manera muy insuficiente en Catalunya, comunidad imprescindible si quieren llegar a la Moncloa. Téngase en cuenta que prescindiendo del resultado en Catalunya, el PP hubiera ganado las elecciones. A ambos, por tanto, les conviene buscar votos centristas: al PSOE en toda España (el voto de los nacionalistas catalanes puede ser muy volátil) y al PP en Catalunya (y, también, en el País Vasco), lo cual supone moderación en las posiciones de ambos. Por tanto, tienen un amplio camino por recorrer en común.

Este camino común debería abarcar los temas en los que es obligado estar de acuerdo: política institucional (no puede ser que todavía no se hayan cubierto las vacantes en el CGPJ y el TC), política territorial cerrando el modelo en clave federal, pacto antiterrorista, política internacional, educación e inmigración. Por último, tampoco les sería difícil ponerse de acuerdo, junto a patronal y sindicatos, sobre algo urgente: un plan para hacer frente a la crisis económica que, al modo de los pactos de la Moncloa de 1977, sentara las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico para España.

La imagen de que hay importantes puntos de acuerdo entre los dos partidos redundaría en bien de ambos y daría una serenidad a la vida política que es necesaria para restablecer el crédito perdido en estos años. Probablemente, lo que se les debe pedir a sus dirigentes es que piensen más en el conjunto de la sociedad que en ellos mismos y en sus partidos. Seguramente, todos, incluso ellos y sus formaciones respectivas, saldrían ganando.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

ELECCIONES

Que en esta etapa preelectoral podía producirse de nuevo un atentado terrorista estaba en la mente de todos. Pero iban pasando los días y, afortunadamente, las noticias sólo daban cuenta de atentados fallidos. Ahora bien, desde la ruptura de la tregua era evidente que ETA pretendía influir en el resultado electoral y, más allá del mismo, condicionar también, tras lo sucedido en la legislatura pasada, los próximos cuatro años de la vida política española. ¿Lo conseguirá?

Probablemente, todo depende del resultado de hoy y del comportamiento de los dos grandes partidos. Parece claro que si repetimos las alianzas de gobierno de la presente legislatura y el estilo bronco e irrazonable de hacer oposición -sean PSOE o PP gobierno u oposición- ETA habrá alcanzado su objetivo: desestabilizar la política española. ¿Qué cabe hacer? Algo muy simple: recuperar la unidad antiterrorista perdida.

El fracaso del ingenuo “proceso de paz” no ha conducido todavía a revocar la resolución parlamentaria de mayo del 2005 en la que se decía que “si se producen las condiciones adecuadas para el final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esta convicción, apoyamos procesos de diálogo…”. Esta vana esperanza, si ya fue inocente en su momento, hoy resulta absolutamente desmentida por los hechos. A pesar de ello, el mismo día del asesinato de Isaías Carrasco, Zapatero aún declaraba cándidamente a El Correo que “ETA debe ofrecer hechos irrefutables para que haya nuevos pasos” (hacia el diálogo y la negociación).

Esta política debe darse por terminada. Lo único que se debe transmitir a ETA -a la banda y a su entorno político- es todo lo contrario de lo que se le ha hecho saber en esta legislatura: que su única meta es dejar las armas porque España es una democracia y los conflictos -los muchos conflictos que siempre existen en una sociedad- deben resolverse en las instituciones políticas, de acuerdo con las leyes vigentes y sin ningún revólver encima de la mesa. Ello quedaba claro en el pacto antiterrorista y a él se debe retornar.

El resultado de las elecciones generales de hoy será decisivo para este cambio de rumbo. Si el partido que obtenga los escaños suficientes para formar gobierno -PSOE o PP- se encuentra condicionado por los partidos nacionalistas, contrarios a un pacto de esta naturaleza, lo que se trasmitirá a ETA será esperanza. Si, por el contrario, se recupera el pacto contra el terrorismo en los términos en que se fijó, se trasmitirá firmeza y los terroristas no habrán conseguido nada.

Encerrado en mi coche, escucho los programas matutinos de radio. Paso de una emisora a otra. Para recorrer un trayecto de veinte kilómetros estoy una hora y cuarto. Es el embotellamiento diario de la ronda Litoral de Barcelona durante las horas punta que después prosigue por la autovía C-58, en dirección a Sabadell y Terrassa. Aunque da igual la dirección que se emprenda: también en lentísimas colas los automóviles van entrando en Barcelona, también están atascados quienes intentan acceder a la ciudad procedentes del Maresme. La radio informa que hay paros intermitentes en las vías de entrada a Barcelona por el sur y advierte del atolladero que se ha producido en el túnel de Vallvidrera. En fin, el habitual pequeño drama de cada día, las mil dificultades de los barceloneses metropolitanos para llegar puntualmente al trabajo por las mañanas y volver a casa por las tardes.

¡Una hora y cuarto para veinte kilómetros! ¡Montado en el AVE casi habría llegado a Zaragoza!

Era el martes pasado por la mañana, el día después del segundo debate Zapatero-Rajoy. Me pregunto qué pensarán los sufridos automovilistas que resignadamente hacen cada día el mismo trayecto y se encuentran con semejantes dificultades, qué pensarán del debate de la noche anterior, de nuestros políticos y de la política, ¿irán a votar el próximo domingo?, ¿cómo influirá en su voto este penoso vía crucis diario? En una valla publicitaria el PSC se proclama representante de la Catalunya optimista. Caramba, caramba. Osea que esto existe. ¿Hay motivos para el optimismo?

Motivado por la situación en que me encuentro, cavilo sobre nuestras infraestructuras. Hoy todos parecen estar preocupados por el tema: no hay buenas infraestructuras porque no ha habido inversiones suficientes. Quizás. Ahora bien, me acuerdo de los tiempos pasados, de los tiempos en que CiU reinaba felizmente en Catalunya. Nunca las infraestructuras fueron una prioridad. Entonces no se hablaba de autovías, ni de ferrocarriles, ni de aeropuertos, ni de energía, ni de agua. Se hablaba siempre de algo mucho más importante: de Catalunya.

Sí, se hablaba siempre de nuestra identidad y de los peligros que la amenazaban, de aumentar la autonomía y obtener mayores cotas de autogobierno, de obtener más traspasos de competencias, de alcanzar finalmente la soberanía, de permanecer fieles a nuestra historia milenaria, del definitivo encaje en España. Identidad, autogobierno, encaje: misteriosas palabras, metafísica y teología. Se trataba de un amor a Catalunya que, en definitiva, no era más que ambición de poder. ¿Poder para qué? Para obtener todavía más poder, hasta poseerlo al completo, sin límite alguno. Estas eran las preocupaciones. Lo importante era el ser, no el existir. Pensar en las infraestructuras era una vulgaridad indigna. Aún Jordi Pujol, en esta campaña, va repitiendo que lo más urgente del momento es recuperar “nuestra” dignidad, hoy por lo visto perdida.

Pero vinieron sus adversarios, formaron el primer gobierno tripartito, hubiera sido normal que las cosas cambiaran. Pues no: empeoraron. En lugar de preocuparse el nuevo Govern de los problemas reales de los catalanes comenzó la pesadilla del nuevo Estatut, cuya principal finalidad era idéntica a los objetivos de la etapa anterior: reforzar la identidad, obtener, cómo no, más poder para Catalunya, alcanzar mayores cotas de autogobierno y llevar a cabo un nuevo pacto con España que resolviera el famoso y enigmático encaje. Se aprobó el Estatut con besos y abrazos, hay fotografías que lo muestran. Pero siguen los mismos problemas, agravados por el paso del tiempo. Entre ellos, las infraestructuras. Tras casi cinco años de tripartito, estos problemas siguen sin perspectivas de solución.

Todo ello lo recordaba el oportuno y certero editorial de La Vanguardia del domingo pasado: no hay acuerdo en el Govern sobre el cuarto cinturón, ni sobre la línea de alta tensión con Francia, ni por dónde debe pasar el AVE en su travesía por Barcelona, ni sobre la reforma de la enseñanza secundaria. No se hizo el trasvase del Ebro y ahora hay que ir a buscar el agua a Almería. El Govern Montilla, más sosegado que el anterior, es igualmente ineficaz: paralizado por sus contradicciones internas, consciente de que el nuevo Estatut no sirve para nada, puro humo y tiempo perdido, como era evidente desde el primer día, ni es capaz de llevar adelante los proyectos en marcha ni menos todavía lo será de emprender nuevos proyectos. El AVE ha llegado a Barcelona y falta poco más de un año para que la nueva terminal del aeropuerto - de hecho, un nuevo aeropuerto- esté finalizada, proyectos ambos del Estado, por cierto, aprobados bajo gobiernos del vilipendiado Partido Popular. Pero nada más.

Mientras, cada vez más atascos en las entradas y salidas de Barcelona. Atascos que polucionan mucho más el medio ambiente que exceder los 80 km/ h de velocidad, esa ingenua y piadosa prohibición, una medida cuya efectividad me recuerda a aquel famoso papel de plata de los envoltorios de chocolate que recogíamos de pequeños para remediar el hambre del Tercer Mundo. No, por el momento, el actual Govern no da motivo alguno para el optimismo.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

EL ESPECTADOR

Apesar de todo, hay una buena noticia: tan sólo faltan siete días para que pase este estado de excepción comunicativo en que nos sumerge cualquier periodo electoral.

Pronto volveremos, si Dios quiere, a la calma y a la rutina, podremos hablar con los demás de otras cosas, ver televisión, leer prensa y escuchar radio sobre temas variados, sin sentir el malestar creciente de estas últimas semanas y meses, esta sensación, esta evidencia, de que entre unos y otros se nos está desinformando y tensionando, dramatizando y asustando. Unas elecciones, ciertamente, sin apenas pedagogía democrática, con un exceso de marketing y de manipulación.

En tal situación, tras observar a amigos y conocidos, he llegado a la conclusión de que existen cuatro tipos de elector: los que no votarán a ningún partido, los escépticos, los conservadores y los libres.

Los primeros, en constante aumento, por lo menos en Catalunya, se dividen en dos: los que votan en blanco y los abstencionistas. Se suele decir que los del primer grupo son personas políticamente activas que al depositar el voto en blanco muestran su rechazo a todos los partidos pero no a la democracia misma; y que los segundos, simplemente, no creen en la democracia. No sé si esto es hoy exacto: muchos demócratas convencidos creen que la mejor manera de expresar su protesta es aumentar el nivel de abstención y que votar en blanco es tirar el voto. Es sintomático que en estas elecciones Pasqual Maragall y Heribert Barrera hayan decidido hacer pública su intención de no votar a ningún partido.

Entre los que irán a votar a un partido, encontramos primero al votante escéptico, el que, quizás a última hora, decide inclinarse por la que, a su parecer, es la opción menos mala. Se trata de un criterio muy utilizado por los votantes informados, inteligentes y nada sectarios.

En segundo lugar, está el votante claramente partidista, el que lo tiene decidido de antemano sin pensar mucho: una persona, o bien con intereses en un partido determinado, o bien con una mentalidad poco reflexiva y un talante conservador y poco crítico. Probablemente es el votante que más abunda. Por último está el votante libre, el que analiza en cada caso la situación concreta sin prejuicios ni ataduras sentimentales y decide de una forma consciente y racional.

Es probable, querido lector, que no se sienta identificado con ninguno de estos tipos de elector. Es natural, quizás yo tampoco: son tipos puros, aquel invento de Max Weber tan utilizado en ciencias sociales que nunca se corresponde exactamente con la realidad.