Reggio’s Weblog

El reconocimiento de que unas 270.000 sentencias penales están pendientes de ejecución en España tiene una parte loable, por lo que supone de transparencia, pero quizás debería ir acompañado de algo más contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primero, pero también de los gobiernos —central y autonómicos— con competencias en la materia, después. El dato, por espectacular, es indicativo del estado que atraviesa la Administración de Justicia en términos de eficacia y probidad. ¿También de algo más?

La evaluación llevada a cabo por los servicios de inspección del Consejo no queda claro si considera o no los efectos de la huelga que recientemente han mantenido los funcionarios de las comunidades autónomas a las que no se han transferido plenamente las competencias… si es que tales efectos se pueden medir a fecha de hoy. En todo caso, las causas esenciales vienen de lejos, van más allá de las consecuencias de un conflicto laboral y tienen bastante de índole estructural. Con el añadido de que las cosas no van mejor en el resto de jurisdicciones; es posible que algunas incluso vayan peor, si no en ejecución de fallo, en duración del procedimiento y plazo de resolución.

Que la Justicia no funciona como debería se ha convertido en una especie de lugar común. Parece que la sociedad cuenta con ello y lo tiene catalogado como uno de esos asuntos que no tienen solución: lo malo es que los representantes políticos parecen participar de idénticas actitudes y percepción. Hace pocas semanas, un medio informativo propuso a sus habituales una pregunta aparentemente sencilla: ¿puede funcionar la economía sin que funcione la Justicia?

Las cifras son llamativas, más apropiado sería decir escandalosas, pero aún lo es más que no pase nada: ¿a nadie sonroja?, ¿nadie siente inclinaciones a renunciar a su puesto?, ¿nadie admite responsabilidad o culpa?, ¿nadie se va a su casa…? Lo máximo a lo que se llega es a expresar preocupación.

No menos chocante resulta que sea un diagnóstico sobre el que no se discrepa: incluso los dos grandes partidos estatales, a menudo incapaces de ponerse de acuerdo hasta en la hora o el clima, comparten la idea de que es un asunto grave que convendría arreglar. Tan es así que la Justicia ha sido, en los últimos años, el único aspecto de la gestión pública en el que han sido capaces de suscribir un pacto de Estado, además de lo relativo a la lucha antiterrorista. Aunque, la verdad, sin resultados tangibles que reseñar.

Como acostumbra a pasar en el ámbito público, la tesis más socorrida es que falta personal, desde jueces a funcionarios de apoyo, correlativo al aumento de causas que se ha producido en los últimos años. Un argumento difícil de combatir, puesto que se vierte en forma genérica, sin aportar datos concretos sobre la correlación entre unos y otros, la evolución del número de asuntos resueltos por dependencia y, en definitiva, las ratios de productividad de jueces, juzgados y tribunales. Pero, en todo caso, resulta difícil admitirlo, ya que elude explicar por qué en unas dependencias judiciales se dan más atascos que en otras, incluso en una misma demarcación, o por qué unos titulares de juzgado son más o menos productivos que su predecesor o sucesor al frente del mismo. Por no mencionar qué misterio impide un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar.

Fuera por las razones que fuese, la presión corporativa y la iniciativa política se aunaron en la etapa constituyente para asegurar el grado de autogobierno de los jueces. Se eligió para ello el modelo italiano, entonces muy de moda, pero no parece que haya resultado ser el mejor.

Hace tiempo que el funcionamiento de la Justicia no admite parches: requiere una profunda transformación que nadie parece dispuesto a emprender o siquiera patrocinar de verdad. ¿Servirá la contundencia de los últimos datos para cambiar de actitud?

ebadia@hotmail.com

Sin prodigarse demasiado, el nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dado suficientes muestras de sustentar un discurso y unas ideas sobre inmigración no demasiado coincidentes con la que venía siendo doctrina desde el año 2004. Su característica esencial es que dice en voz alta y sin eufemismos lo que muchos piensan, pero no expresan públicamente por el dudoso pudor de no alejarse de lo tenido por políticamente correcto. La duda —lógica— es si con el tiempo atemperará su discurso y, lo que es más importante, hasta qué punto tendrá capacidad para implementar sus postulados en la vida real.

Cualquiera que haya seguido su trayectoria sabe que, en la medida de sus posibilidades, lo ha hecho en su larga década al frente de un municipio que, aunque adherido sin solución de continuidad a Barcelona, es la segunda concentración demográfica de Cataluña: L’Hospitalet. Una ciudad cuyo elevado componente migratorio viene de antiguo: primero, proveniente de otras zonas de España; en los diez últimos años, llegados de varias decenas de países del resto del mundo. Sabe, por tanto, de lo que habla y ha tenido oportunidad de poner en práctica siquiera una parte de lo que patrocina hacer. Sólo que acceder a una cartera ministerial tiene bastante de reto para quien procede de la gestión municipal: contrariamente a lo que suele pensarse, se dan mayores limitaciones para aplicar ideas a la realidad.

Una propuesta que ha merecido especial resonancia es que los inmigrantes puedan votar, al menos en los comicios de alcance municipal; opción que ya tienen los de origen comunitario, en virtud de los tratados que rigen la Unión Europea. Pero quizás más interesante sea el matiz que introduce, tanto en ésta como en otras que ha formulado y las varias más acumuladas en sus años de alcalde: graduar la concesión de derechos a criterios de implantación y, en definitiva, temporalidad.

El razonamiento suena atractivo y preñado de lógica: no puede considerarse lo mismo al inmigrante recién llegado que al ya establecido y a ser posible integrado en la comunidad que ha elegido para vivir y trabajar. O, por decirlo de otra manera, no debería mantenerse la drástica diferenciación entre negar derechos y otorgarlos todos por la simple posesión de los ansiados papeles. Una visión del fenómeno, o si se prefiere una concepción de la política migratoria que discurre lejos de lo que hasta ahora ha sido considerado doctrina oficial.

Sin duda, ese eventual giro ideológico comporta replantear muchas cosas, pero es posible que abriera una vía de solución a problemas reales que, no por negados desde la esfera pública, dejan de ser sentidos por la sociedad. Por ejemplo, en la prestación de servicios tan esenciales como la salud o la educación, en los que, se admita o no, muchos ciudadanos autóctonos se sienten hasta discriminados o cuando menos mal atendidos como consecuencia de la afluencia foránea. Así lo reflejan las encuestas, independientemente de que les asista o no razón, o sea más consecuencia de la falta de previsión, organización y planificación de las administraciones encargadas de prestarlos, que atribuibles a unos inmigrantes que simplemente ejercitan derechos que les han sido otorgados.

Es una evidencia que en los últimos diez años se ha incrementado en más de un diez por ciento la población española, pero el dato resulta engañoso si no se desagrega y considera que en ciertos territorios el añadido triplica ese porcentaje: son los casos de Madrid y Cataluña, más concretamente del área metropolitana de Barcelona que el ministro Corbacho conoce tan bien. Y la realidad es que las administraciones no han respondido, ni en campos concretos ni globalmente, a esa multiplicación.

Ha faltado, en suma, correspondencia entre atribución de derechos a recibir prestaciones y capacidad de atenderlos. No ya anticipadamente, que sería lo deseable, sino incluso en paralelo o a continuación. Lo que a todas luces es más grave y reprobable para quienes han ostentado u ostentan esa responsabilidad.

ebadia@hotmail.com

Mirar hacia atrás, fijar comparaciones con pasadas singladuras del adversario, parece una irrefrenable tentación en la que los políticos no resisten incurrir. Lo hacen, lógicamente, con ánimo descalificador, dando a entender que con la gestión en manos de ellos —los otros— las cosas irían para todos bastante peor. Fue, sin ir más lejos, un argumento profusamente repetido en la última campaña electoral, más pródiga en tratar de convencer sobre las insuficiencias del oponente, que centrada en convencer del valor de los proyectos y las aptitudes propias; prácticamente sin excepción.

La afirmación vertida el sábado por el presidente Rodríguez Zapatero sobre la evolución del paro pareció discurrir en esa misma línea: “por malas que sean las cifras de los próximos meses, nunca serán peores que las registradas durante las dos legislaturas de gobierno del Partido Popular”. Fue, sin duda, un pronóstico arriesgado, dado que la mayoría de expertos confiesa bastante despiste sobre el alcance lo que está pasando y, todavía más, calculando cuánto puede durar. Pero, sin aventurar sobre el futuro, tomando únicamente los datos del pasado, cabe tener en cuenta alguna observación.

Usando como referencia la Encuesta de Población Activa (EPA), tenida por los especialistas como el instrumento más fiable para medir el paro, el primer trimestre del año en curso se ha cerrado con una tasa ligeramente por debajo del 10 por ciento, que es lo que el presidente del Gobierno debe haber tomado como base de su contundente aseveración.

Consultando la serie histórica, se aprecia que el indicador de desempleo se movió, efectivamente, por encima del valor de cierre del primer trimestre del 2008 durante las dos legislaturas de gobierno del Partido Popular. Sólo que, concretamente en la segunda (2000-2004), estuvo ligeramente por encima: entre prácticamente el 10 por ciento en el 2001 y el 11 por ciento de los tres años siguientes, hasta el relevo producido en el 2004, con la victoria en las urnas del Partido Socialista. Mucho peores fueron, en cambio, los registros correspondientes a la primera legislatura de los conservadores: en torno al 22 por ciento el primero de los años (1996), paulatinamente reducidos hasta el indicado 10 por ciento con que arrancó su segundo periodo gubernamental.

Es verdad, por tanto, que al día de la fecha el paro sigue en tasas por debajo del mejor registro habido durante los ocho años de gestión del tándem Aznar-Rato al frente de la política económica del país. Pero el margen es tan estrecho —no llega al punto porcentual—, que el pronóstico para los próximos trimestres suena como mínimo arriesgado, si no improbable que se llegue a cumplir: haría falta, prácticamente, que el paro se estabilizara, sin crecer apenas, hasta que llegue la deseable fase de recuperación. Momento que, según el vaticinio del propio Gobierno, no se producirá antes de la segunda mitad del 2009; es decir, dentro de entre doce y quince meses. ¿No son demasiados para apostar por que el desempleo no rebasará ese tope autofijado en el 10 por ciento?

Lógicamente, la serie histórica disponible de la EPA no arranca en 1996. Se puede recordar, por tanto, en qué parámetros se movieron las tasas de paro en años precedentes: concretamente entre 1993 y 1996, cuando la dirección de la política económica gubernamental estaba bajo responsabilidad de quien la ostenta ahora mismo: Pedro Solbes, entonces como ministro de Economía, con el añadido de la vicepresidencia económica a fecha de hoy. A lo largo de aquella legislatura, última presidida por Felipe González, las cifras de desempleo se movieron en una horquilla del 21-24 por ciento.

ebadia@hotmail.com

No ha entrado todavía en zona roja, pero las actividades relacionadas con el turismo afrontan el periodo álgido de la temporada con preocupación. Las cifras de los primeros meses del año no son buenas, con ligeras caídas de visitantes foráneos y, lo que parece más inquietante, retracción de los nacionales que, aunque no suela decirse, soportan el grueso del volumen de negocio del sector.

Una contracción de la economía nunca llega en buen momento, pero la actual es menos oportuna porque pilla al turismo en plena fase de transición: en realidad, se sabe desde dónde, pero no hacia qué. Los hábitos y preferencias de los consumidores están cambiando, en parte favorecidos por la aparición de nuevas fórmulas de oferta, pero también instando la emergencia de nuevas formas de presencia en el sector. Todo ello acompañado de más y mejores competidores interesados en disputar a España su golosa posición de segundo destino preferido a nivel mundial.

La lista de novedades es conocida: abarca desde la profusión de compañías de vuelos baratos a la diversificación de paquetes, pasando por la creciente inclinación a dispersar el tiempo vacacional en varias etapas y distintos lugares, en lugar de concentrarlo en unas semanas veraniegas, en una única ubicación. A todo ello intentan adaptarse las diferentes facetas relacionadas con el turismo, con éxito desigual en un sector acostumbrado a crecer sin cambiar.

De alguna manera, la necesidad de modificar el patrón básico de oferta ha sustituido a la polémica un tanto estéril que durante años ha concentrado el debate sobre la evolución del sector turístico español: suplir una demanda muy concentrada en el turismo calificado barato por otra de mayor gasto, eufemísticamente denominada de calidad. Es bastante más fácil decirlo que lograrlo, al punto de que muchos han confundido el camino.

Por extraño que parezca, más de uno ha creído que elevar el listón de la afluencia turística consistía sobre todo en subir los precios: vender más caro bastaba para atraer una demanda de mayor calidad. Y entre todos han empujado al encarecimiento generalizado y constante, sin aparente influencia de un estancamiento de las cifras de visitantes, pernoctaciones y gasto claramente percibido en los dos o tres últimos años. Lo que, para mercados no integrados en la eurozona, se ha agravado conforme se iba revalorizando la moneda única.

Quizás un buen exponente sea la progresión del número de españoles que elige viajar o vacacionar más allá de las fronteras. Una parte es lógico que lo haga, por simple apetencia y capacidad adquisitiva. Pero no se puede pasar por alto que en muchos casos resulta más barato que veranear en cualquier enclave de las islas o el litoral peninsular. La duda, por tanto, es si el conjunto del sector ha preservado o descompensado la relación debida entre los precios que cobra y las prestaciones que aporta, en cantidad y calidad. O, por decirlo de otra manera, si ha perdido o no capacidad competitiva frente a los muchos interesados en disputar la posición de liderazgo que aún es real.

No siempre se enfatiza como debe que el sector anda escaso de formación. Ni de parte pública ni de parte privada se ha tomado debida conciencia de la falta de profesionales habilitados para cubrir los distintos escalones de la actividad. La entrada no suele aportar ni requerir ningún tipo de cualificación: de alguna manera, es mayoritario el proceso de aprendizaje en el propio desempeño, con progresión basada en el meritoriaje. Que ahora mismo, según revelan cifras oficiales, la hostelería esté captando buena parte del empleo liberado en la construcción da para pensar.

La tentación pesimista probablemente es prematura, pero en todo caso se debe matizar desde alguna evidencia: sin perjuicio de otras, la principal acaso sea la trayectoria que atesora el sector. Las empresas, sin perjuicio de su dimensión, han demostrado capacidad para copar puestos relevantes en el mercado global. Pero, en éste como en cualquier otro segmento de actividad, el éxito pasado no garantiza el futuro: lo en otro tiempo ganado, se puede perder…

ebadia@hotmail.com

Lo que se va conociendo sobre el incidente producido en la central de Ascó (Tarragona) pone de manifiesto que la energía nuclear no necesita detractores: parece bastar con algunos directamente relacionados con ella para perpetuar inquietud y desconfianza en la sociedad. Sobre todo porque no es la primera vez. Aunque han pasado casi veinte años, en aquellas mismas tierras aún se recuerda cómo se intentó ocultar el grave percance sufrido por la planta Vandellós I, a resultas del cual se decidió clausurar la instalación. Ni entonces, ni presumiblemente ahora, existió peligro real o derivaron consecuencias nocivas para las personas o el medio ambiente, pero precisamente por eso cuesta entender, mucho menos justificar, la falta de transparencia de las empresas propietarias y explotadoras de la central.

De momento, el episodio de Ascó ha motivado los ceses del director y el jefe de seguridad de la planta, pero cabe preguntarse si lo acaecido responde a una iniciativa local o es aplicación de la política empresarial articulada para abordar este tipo de incidencias. Porque, extrañamente, las compañías eléctricas con activos de generación nuclear han hecho poco, más bien nada, por despojar a esta opción energética del halo tenebroso que le atribuye al menos una parte de la sensibilidad social.

Pendiente de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al cierre de la investigación abierta, es probable que la gravedad de lo ocurrido quede centrada en los intentos de ocultación: ¿también en el interior de las propias empresas?, ¿se sabrá toda la verdad? Lo que probablemente ya no tendrá remedio es la interferencia del episodio y sus derivaciones en el debate energético que España precisa abordar y a ser posible resolver con celeridad.

Yendo al fondo del asunto, el verdadero y crucial problema está centrado en los desajustes entre oferta y demanda planteados, la falta de garantía a medio y largo plazo del aprovisionamiento de fuentes energéticas y, en suma, un escenario de disputa global que desemboque en sucesivas escaladas de coste-precio… o algo peor.

Probablemente, la peor manera de conducir el debate sea mantenerlo cargado de ingredientes ideológicos y emocionales, de suerte que se puedan considerar todas las opciones disponibles, con sentido realista y atinado de sus respectivas capacidades, sin distorsiones que desvirtúen unas u otras, al punto de decretar su exclusión previa sin suficiente razón.

Ningún dibujo idealista, ajeno a los datos reales, podrá garantizar la provisión de energía, por grato que suene sobre el papel. La apuesta por las fuentes renovables suena idónea y sin duda es necesaria, pero no por ello se pueden desconocer sus limitaciones actuales y previsibles para cubrir las necesidades de una demanda en presumible progresión. El objetivo fijado por la Unión Europea para los próximos años, asumido también por España, es cubrir por esa vía del orden del 20 por ciento de las necesidades, pero incluso admitiendo que tal porcentaje llegue a alcanzarse, habrá que considerar opciones lo más óptimas posible para el otro 80 por ciento. Teniendo en cuenta, además, que las llamadas energías limpias van por ahora poco más allá del aprovechamiento eólico, los paneles de captación solar y la veterana generación hidráulica, sujeta a oscilaciones climáticas, orografía y relativa objeción medioambiental.

Lógicamente, el primer problema es de garantía de suministro de fuentes y capacidad de producción; esto es, disponibilidad. Pero no es menor el componente de coste, cuya incidencia en las tensiones inflacionarias está estos meses evidenciada en la evolución del IPC en todas las economías de la Unión. Sobran, en definitiva, razones para que los líderes comunitarios, y los de cada estado miembro, acometan una política energética realista, viable y con perspectivas de resolver a medio y largo plazo el que puede ser obstáculo más acuciante para preservar crecimiento y bienestar.

Tendrá que ser, sin duda, parte importante de la tarea prospectiva encomendada al Comité de Expertos para la Renovación de la Unión Europea, creado por iniciativa del Consejo a finales del pasado año. Precisamente ayer, su presidente, Felipe González, terció en la cuestión, con una interesante intervención en Mérida que, aunque centrada en el plano comunitario, abordó cuestiones más concretas y específicas del caso español. Resaltó, entre otras cosas, la inconsistencia de quienes mantienen una postura contraria a la energía nuclear, al tiempo que son partidarios de adquirir excedentes de electricidad a Francia, producida en cualquiera de las 60 centrales nucleares que funcionan al otro lado de los Pirineos. También se mostró bastante escéptico sobre la aportación a las necesidades de las energías renovables, aun reconociendo que son necesarias, y puso particular énfasis en un aspecto menos comentado de lo deseable: los esfuerzos para propiciar ahorros, consumos más eficientes y aprovechamiento más intensivo de los usos y las fuentes energéticos. Todo un baño de realismo al que no todos parecen proclives ni dispuestos a colaborar.

ebadia@hotmail.com

“Mientras se estaban enviando los cheques de devolución a los contribuyentes, la recaudación fiscal caía de forma notable, convirtiendo en expectativas de déficit lo que era holgado superávit meses atrás”. La cita no pretende ser premonitoria, pero pertenece al último libro del que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) durante más de una década, Alan Greenspan, The Age of Turbulence, que acaba de publicarse en España (La era de las turbulencias, Ediciones B). Está referida a una de las primeras medidas adoptadas por el presidente George W. Bush nada más tomar posesión de su cargo, en los primeros meses del 2001. Curiosamente, los 600 dólares devueltos a los contribuyentes federales estadounidenses en aquel momento corresponden prácticamente a 400 euros en paridad actual: justo el importe del reintegro que va a aprobar el Consejo de Ministros español el próximo viernes, cumpliendo una de las promesas electorales del presidente Rodríguez Zapatero.

También en esa primera reunión ordinaria del nuevo Gabinete está anunciada la aprobación de otras medidas hasta totalizar una inyección de 10.000 millones de euros para contrarrestar la ralentización que, conforme al diagnóstico oficial, ha interrumpido el ciclo alcista de la economía española. Una medida bastante similar a las varias veces adoptada por la actual Administración estadounidense; entre otras, a raíz de los atentados del 11 de marzo del 2001 y a finales del pasado ejercicio fiscal, siempre con el propósito de contribuir al relanzamiento de la actividad.

Es indudable que, en el caso de España, las decisiones han de inscribirse en el marco del superávit con que cerraron las cuentas públicas en el 2007: en torno al 2 por ciento del PIB. Pero, como Greenspan recuerda, conviene tener cuidado con las contracciones del ingreso público que acompañan a cualquier leve decaimiento de la vitalidad económica; por lo general, superiores a la más cauta y conservadora de las estimaciones. No es seguro que ocurra, pero puede pasar. Ayer mismo, sin ir más lejos, llamó la atención sobre ello el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Recién cerrado el primer trimestre del 2008, ya se sabe que las previsiones sobre las que se construyó el Presupuesto es casi seguro que subestimaron el retroceso de la actividad. Las sucesivas revisiones que se han ido realizando sobre la tasa de crecimiento prevista han sido a la baja, aproximándose a un consenso situado en torno al 2 por ciento, con el suelo del 1,8 por ciento señalado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno no ha revisado todavía la suya, pero es seguro que también lo hará en sentido descendente —habrá que ver cuánto— sobre su cálculo inicial.

Si el crecimiento discurre por esa senda, es fácil deducir que la previsión de ingresos y gastos sufrirá desviaciones que pueden tornar el superávit previsto en equilibrio o incluso déficit de algunas décimas de PIB. Una de las claves será la evolución del empleo, tanto por la vía del propio Presupuesto del Estado como en las cuentas de Seguridad Social que llevan años contribuyendo al saldo positivo final. Y no son sólo previsiones: las cifras de los dos primeros meses del año ya han registrado caídas notables en los ingresos y repunte de los gastos de cierta magnitud.

En su discurso de investidura, el presidente del Gobierno apuntó varios compromisos de mayor gasto, añadidos a los inherentes a la plena aplicación de leyes aprobadas en la pasada legislatura, pero reafirmó con el mismo énfasis el propósito de preservar la estabilidad presupuestaria. Compaginar ambas cosas será sin duda tarea esencial, pero no fácil, de su gestión; al menos mientras no se haga real la recuperación, por él mismo calculada para más o menos el 2010. Tarea en la que, por cierto, habrán de acompañarle y secundar los gobiernos autonómicos, cuyo peso relativo es ya muy importante y seguirá creciendo a medida que entren en pleno vigor las reformas estatutarias ya aprobadas y en curso de revisión, así como el también comprometido nuevo modelo de financiación.

Releer las reflexiones de Greenspan puede ser interesante por lo que vierten de escepticismo sobre las inyecciones fiscales, la efectividad real de las devoluciones de impuestos y, especialmente, el análisis del comportamiento presupuestario en etapas de turbulencia. Incluida su relativa frustración personal por no haber convencido a la Administración Bush de mantener como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas, aun a costa de tener que aplazar el cumplimiento de promesas electorales que comportaban aumentos de gasto, en momentos de caída de la recaudación.

La experiencia muestra sobradamente lo difícil, prácticamente imposible, que resulta volver atrás en una partida de gasto, junto a lo relativamente poco manejable que es buscar maneras de recuperar o incrementar los ingresos sin causar estropicios colaterales y ni siquiera asegurar aumentos de recaudación.

Como en economía está casi todo ensayado, a menudo es bueno tener en cuenta las experiencias ajenas… sobre todo cuando no han funcionado del todo y quienes han incurrido en ellas no son precisamente sujeto de admiración.

ebadia@hotmail.com

Además de estar estrechamente relacionados, los principales protagonistas de la situación económica tienen en común padecer las consecuencias de una gestión imprudente… por no decir algo peor. De eso vienen el bloqueo de los mercados financieros y la práctica paralización del sector inmobiliario, no de una desafortunada casualidad. Y por ello indignan algunas cosas que se dicen, escriben y proponen para salvar determinadas empresas o incluso todas las aquejadas de dificultad.

La primera reflexión de cualquier observador veterano es que ha vuelto a pasar. La euforia de años de crecimiento ha empujado al sistema financiero —bancos y cajas— a prácticamente forzar a clientes y no clientes a aceptar créditos, con la consiguiente relajación de los sistemas de gestión del riesgo en todos los planos: desde la financiación de proyectos a la cobertura de operaciones de fusión o adquisición, pasando por los créditos hipotecarios y de consumo a particulares. Ha faltado, pues, debida prudencia con la vista puesta en la posibilidad de que el ciclo alcista pudiera flexionar.

Lo del sector inmobiliario tampoco encierra novedad. Sabido es que se trata de una actividad que propicia el enriquecimiento vertiginoso, con márgenes hasta cierto punto insólitos en cualquier otra, dejando aparte las que se desenvuelven fuera de la legalidad. En cierto modo, se podría decir que encarna la versión hispana del sueño americano, estando como está plagado de tránsitos desde la modesta supervivencia al exhibicionismo más ostentoso, sin solución de continuidad. No se puede negar, de ningún modo, que en la última década cualquiera que se haya movido en esta rama de actividad —y las colaterales— se ha forrado, por expresarlo en término coloquial. Aunque no es menos cierto que más de uno corre el riesgo de acabar arruinado… o no.

La cuestión estriba en cómo cada quien ha gestionado la dilatada etapa de prosperidad. Algunos —no demasiados— lo han hecho con criterio prudente y podrán estar afrontando la parálisis actual del mercado echando mano de las copiosas reservas acumuladas. El resto —mayoría—, sumergido en la euforia de la multiplicación acelerada de recursos generados, no sólo no ha tenido en cuenta la eventualidad de un cambio de ciclo, sino que ha extrapolado los índices de progresión para embarcarse en aventuras imprudentes, por calificarlas de forma suave.

Con creciente intensidad, unas empresas inmobiliarias se han lanzado a adquirir otras, con valoraciones estratosféricas, pagando con fondos en gran medida aportados por entidades financieras enormemente implicadas en la efervescencia del sector. Pero, al llegar el frenazo, las cañas se han vuelto lanzas y los entusiastas financiadores han cerrado la espita de los fondos con la misma celeridad con la que, meses atrás, prestaban todo tipo de facilidades para cubrir la operación.

La realidad de hoy es que muchas cuentas no se pueden pagar. Los sepultados bajo una montaña de deuda para configurar grandes imperios inmobiliarios carecen del maná que aportaba un mercado catapultado al alza. Y las entidades acreedoras sólo piensan en no ampliar un euro el riesgo alegremente contraído cuando todo apuntaba a inacabable prosperidad.

Ha habido mucha imprudencia y lo malo es que las consecuencias, las de antes y las de ahora, distan de acabar repartidas como correspondería. En otras palabras, la juerga la han disfrutado unos pocos, pero la resaca va a ser general.

ebadia@hotmail.com

La aguda sequía que padece Cataluña, con la subsiguiente escasez de caudales para el suministro al área metropolitana de Barcelona, está poniendo de los nervios a más de uno y constatando escasa diligencia en políticos y gobernantes —actuales y pretéritos— para hacer frente a un problema que en tiempos se llamó pertinaz.

Por extraño que parezca, no se acaba de asumir que el agua falta donde falta y está donde está. Quiere decir que se han configurado aglomeraciones de población sin tener en cuenta si había o no disponibilidades suficientes para garantizar el suministro. Y donde el recurso no está garantizado no existe más opción que captarlo donde existe y transportarlo hasta las áreas de consumo. Pasando al terreno práctico, sólo caben dos alternativas: trasvases entre cuencas o construcción de plantas para desalar agua del mar.

Lo lógico hubiera sido resolver la disyuntiva mediante debate político-social, pero no sólo no se ha propiciado, sino que los diferentes partidos han variado de postura, según las circunstancias, más negando que patrocinando lo uno y lo contrario sin solución de continuidad. Y, para acabar de complicarlo, el agua se ha convertido en elemento de reivindicación y agravio territorial.

Sin retroceder demasiado en el tiempo, la primera propuesta de trasvases entre cuencas data de los años 90, impulsada por el entonces ministro de Obras Públicas, el socialista José Borrell. A causa de la dinámica política, no pasó de ahí, dado que el Partido Popular materializó su oposición nada más ganar las elecciones de 1996. Pero, algunos años después, el Gobierno Aznar no sólo rescató lo esencial del plan Borrell, sino que logró tramitar su aprobación parlamentaria gracias a la mayoría absoluta cosechada en 2000. Aunque, cerrando el ciclo, apenas iniciadas las primeras obras, el Partido Socialista ganó las elecciones de 2004 y paralizó por vía de urgencia su ejecución, planteando como alternativa la intensificación del programa de construcción de plantas desaladoras que el PP había concebido como residual.

Cuatro años después, las cosas siguen esencialmente donde estaban: sólo se han puesto en funcionamiento dos plantas desaladoras, una de ellas terminada en la legislatura anterior, y la crisis de abastecimiento en Cataluña ha reabierto las disquisiciones sobre trasvase o desalación, con curiosa reconversión de posturas político-programáticas.

La todavía ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, es uno de los mejores exponentes del vaivén político en torno al agua. En apenas una década, ha pasado de ser coautora del plan de trasvases del ministro Borrell a ejecutar la cancelación de la copia promovida por el PP. Pero no está sola. Los tres partidos que se reparten el gobierno de la Generalitat de Cataluña apuestan ahora por llevar agua del Segre al Llobregat, con la ingenua cobertura de no llamarlo trasvase para ocultar su cambio de posición. Y el consejero responsable del tema por cuenta de Iniciativa-Els Verds, Francesc Baltasar, apuesta por desaladoras, disintiendo del programa de su partido en pasadas elecciones.

El marco de tanto dislate es la falta de valentía política para afrontar la realidad de que el agua está en unos sitios… pero la gente ha elegido vivir en otros. O, si se prefiere, el oportunismo cortoplacista de captar votos en todos los territorios: los que piden agua porque no tienen y los que tienen pero no la quieren ceder. Comportamiento al que no escapa el Partido Popular, que en la última campaña electoral ha dicho en Murcia o Valencia lo contrario que en Castilla La Mancha o Aragón.

Con todo, el presente discurre centrado en una pugna política entre socialistas, respectivamente ubicados en los gobiernos del Estado y la Generalitat, cuyo desenlace no es fácil prever. Y en un cuadro de prohibiciones y sanciones por uso indebido de agua que, curiosamente, no alcanza al sector agrario, a pesar de que consume más de dos tercios del total disponible y algunos agricultores —no todos— siguen regando a manta, insensibles a la escasez.

Parece que no es sólo agua lo que escasea: también se echan en falta cosas como racionalidad, valentía política y responsabilidad.

ebadia@hotmail.com

Ha acabado pasando lo que tenía que pasar: el Gobierno de la Generalitat de Catalunya estudia a toda prisa proyectos de trasvase de cuencas políticamente rechazados para tratar de paliar la aguda escasez que amenaza el área metropolitana de Barcelona y significados enclaves del litoral. Sólo que procura hacerlo de tapadillo, presentando como distinto lo que a todas luces es igual. Así, a modo de muestra, propone capturar caudales de la margen izquierda del Ebro, restándolos de los afluentes que nutren el río, en lugar de acopiarlos en las partes finales de su recorrido hasta el mar. Sería interesante conocer, entre otras cosas, qué opinan los expertos ecologistas sobre el impacto ambiental de esta solución.

Dejando aparte las opiniones que merezca este ejercicio de prestidigitación política —otros dirán hipocresía—, lo peor es que sigue poniendo de manifiesto una inquietante incapacidad o falta de voluntad política —quizás ambas cosas— para abordar seria y rigurosamente un problema capital para esta sociedad: el agudizado desequilibrio entre disponibilidad de agua y concentraciones de población. A lo que se podrían añadir otras dejaciones no menos relevantes: el olvido perpetuo de que alrededor del 80 por ciento del agua consumida se destina a usos agrícolas, no siempre sujetos a racionalidad económica; o que la pérdida en conducciones y distribución urbana alcanza cuantías imposibles de justificar.

Sin demasiada lógica, se ha implantado la consideración de que los caudales son algo así como propiedad de quienes residen en las riberas de los cauces por donde fluyen. Haciendo abstracción, según tan insólito planteamiento, de los hipotéticos derechos que pudieran corresponder a los moradores de las tierras donde llueven. Sobre esa idea se ha construido lo esencial del debate político, hasta quedar plasmado en algunos de los estatutos de autonomía ya revisados, otorgando a las autoridades territoriales la plena potestad de disponer sobre los cauces y aguas que discurren por su comunidad.

Ese planteamiento obvia muchas cosas, pero una que no suele comentarse es la referida a la concentración poblacional. El caso de Barcelona, y por extensión el conjunto de Cataluña, es ilustrativo.

El Principado catalán cuenta hoy con una población en torno a los 8 millones de personas, sin contar los flujos turísticos captados que, por cierto, lo mantienen como el principal receptor de visitantes del Estado. Teniendo en cuenta que hace diez años apenas alcanzaba los seis millones, resulta que ha crecido alrededor de un 30 por ciento sin aumentar un ápice sus disponibilidades hídricas. Huelga decir que todos esos nuevos moradores se han establecido allí libremente, igual que lo hicieron otros muchos en la segunda mitad del pasado siglo. Una realidad que, sin duda, se puede abordar desde lecturas diferentes, pero con conclusiones parecidas en lo que se refiere al problema de que el agua disponible no alcance para satisfacer sus necesidades.

Una deducción es que muchos han elegido vivir allí y no en otros lugares con abundancia de agua, incluso trasladándose desde éstos al territorio catalán. Los muchos aragoneses residentes en el Principado, por ejemplo, ¿no tienen el mismo derecho que los que se han quedado en su lugar de origen a reclamar su cuota parte del agua del Ebro considerada aragonesa? El razonamiento puede sonar un tanto absurdo, pero no más que la reivindicación de propiedad que esgrimen los naturales del lugar.

Otra evidencia tiene carácter más amplio, dado que también se puede aplicar a territorios que, como el señalado caso de vastas áreas de Murcia, reclaman de forma ruidosa la solidaridad del resto. Es, ni más ni menos, que la dejación que ha caracterizado el desarrollo urbanístico, en parte también el agrícola, de zonas en las que de siempre estaba claro no existían recursos —agua— para asegurarles una mínima viabilidad. Es, en definitiva, un asunto complejo en el que, aunque sea fácil recurrir a ellas, resultan poco útiles la demagogia y la simplificación.

Un debate racional, ponderado y riguroso sobre el problema del agua, que diera paso a una política eficiente y lo más consensuada posible, sería un propósito a cubrir en la legislatura que está a punto de iniciarse… pero, tal como están las cosas, suena más a utopía ingenua que a potencial realidad.

Ayer, los bancos estadounidenses volvieron a causar sobresalto en la mayoría de mercados bursátiles, acompañados de otras noticias poco estimulantes sobre el inmediato porvenir. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la OCDE han apuntado que el deterioro de la situación económica puede ser peor y más acelerado de lo previsto hace unos meses… aunque la realidad es que tratan de corregir sus propias previsiones, con parecido o idéntico énfasis con que las formularon no demasiado tiempo atrás. En definitiva, viene a ser una muestra añadida de lo que ahora mismo se antoja más inquietante: la sensación de que los responsables económicos no tienen demasiada idea de qué está pasando y, por tanto, andan bastante despistados sobre lo que les correspondería hacer.

Sin ser lo único, una de las cuestiones más difíciles de valorar es el alcance del fiasco en que ha desembocado el proceso de concesión indiscriminada de crédito, cuyo mayor exponente —hay otros— han sido las ya famosas hipotecas subprime. Ocurre porque en realidad no se sabe del todo en manos de quién o quiénes está cada préstamo de los que difícilmente se van a poder recuperar. Se conoce el responsable de haberlo concedido, pero se pierde la pista a medida que entran en juego los mecanismos de negociación o subcontratación posterior. Y, de una u otra forma amparadas en ello, las entidades financieras ignoran o no confiesan cuál es la verdadera magnitud del quebranto que están abocadas a padecer. Al menos, no lo hacen hasta que no les queda más remedio; esto es, cuando están obligadas a transparentar sus cuentas por imperativo de la regulación. Es, ni más ni menos, lo que está sucediendo, con la correspondiente traslación al mercado de noticias espasmódicas, que tan pronto inducen la sensación de que lo peor ha pasado, como transmiten la idea de que lo más grave está por venir.

Lo malo es que, aun siendo importantes, los altibajos de los índices bursátiles no son el elemento sustancial para el conjunto de las economías. Afecta mucho más el clima de creciente desconfianza que se ha instalado en los circuitos de financiación. Dicho más en concreto: las entidades financieras han pasado de estimular la contratación de un préstamo mediante una acción comercial agresiva, a mantener una actitud reacia a otorgar crédito, tanto o más indiscriminada que la anterior.

No hacen falta excesivos conocimientos económicos para deducir que la escasez de crédito tiene enorme capacidad de estrangulamiento de la actividad, con elevado componente de realimentación. Es así porque, además de esas dificultades para obtener financiación, un horizonte de pérdida de vigor del ciclo, o en último extremo parálisis, añade incertidumbre a la valoración de cualquier proyecto empresarial, ampliando las posibilidades de que no se materialice y, en consecuencia, agrande los riesgos de caída de actividad.

Algunos opinan que el carácter de la situación actual no tiene precedentes en que basar la forma idónea de abordarla y en ello ven la causa de la relativa parálisis decisoria en que los responsables económicos parecen inmersos. En parte, puede que estén en lo cierto, pero tampoco hay que pasar por alto que la mayoría de situaciones problemáticas de las últimas décadas han sido, cada una, distintas de la anterior.

Sea como fuere, la realidad es que el ánimo general discurre sometido a una especie de ducha escocesa, con idas y venidas en el diagnóstico, intentos cada vez menos creíbles de insuflar tranquilidad y, en el fondo, una marcada incapacidad para dar respuesta a las dos preguntas cruciales en estos casos: ¿qué está pasando? y ¿cuánto va a durar?

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