Reggio’s Weblog

La iniciativa aprobada ayer en el Parlamento de Gasteiz con los votos de PNV, PSE, PP y EB para expulsar a ANV de los gobiernos locales mantiene la retórica de las mociones «éticas» y, en ese sentido, podría pensarse que no implica novedad alguna. Sin embargo, tanto por el contexto como por la forma en la que se ha sacado adelante esa propuesta, existen elementos suficientes para reconsiderar esa lectura.

Por un lado, el origen de la iniciativa no es otro que una propuesta de PP. El hecho de compartir la visión sobre qué es la democracia con el Partido Popular debería llevar a una reflexión profunda a los dirigentes jelkides y federalistas. Y en su defecto, debería llevar a las bases y cargos locales de esos dos partidos, PNV y EB, a una dura crítica de la posición de sus dirigentes. Pero, visto el recorrido que esas mociones están teniendo en los pueblos donde se han presentado, parece que eso ya es así y que son las ejecutivas las que no atienden a sus bases. Por otro lado, el acuerdo entre unionistas, federalistas y regionalistas se produce mientras Ibarretxe pervierte los contenidos de Loiola para intentar llegar a un acuerdo de mínimos con Zapatero. Un pacto que le permita reformular su propuesta y no dilapidar, más si cabe, su escasa credibilidad de cara a los comicios autonómicos.

Por último, cabe recordar que una vez roto el proceso de negociación -el que realmente se llevó a cabo en diferentes lugares, entre ellos Loiola, y no la lectura de parte que ahora defiende Ibarretxe-, Josu Jon Imaz repitió una y otra vez que era el momento para reconstruir el «Pacto Antiterrorista» de PP y PSOE, firmado a iniciativa de este último cuando aún era oposición. Desde entonces todos los que han hablado sobre el tema -desde Rajoy hasta Urkullu- han defendido que ese pacto debería ser un acuerdo implícito y no público. Cabe pensar que tanto las mociones como la propuesta de ayer entran en ese pacto tácito, que no tiene otro objetivo que aislar al independentismo. Y eso es, precisamente, lo único que tienen en común las conversaciones de Loiola y la actual propuesta de los líderes del PNV.

El documento que la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) dio ayer a conocer muestra la preocupación que, desde hace varios años, causan en esa asociación los procedimientos seguidos en la Audiencia Nacional española. Incluido el juicio que se sigue actualmente contra Gestoras pro Amnistía y Askatasuna, en el que está encausado Julen Arzuaga, representante de la asociación de abogados vascos Eskubideak en la AED.

Basándose en la experiencia del seguimiento realizado en calidad de observadores del proceso 18/98, entre otros, los abogados de la AED han denunciado la carencia de garantías jurídicas fruto de la aplicación de leyes de excepción «que vacían de contenido principios universales del Derecho». Esa falta de garantías jurídicas se concreta en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y a la defensa, así como la criminalización de su ejercicio. Nada nuevo, como ha señalado el presidente de esa asociación; nada de lo que no sea consciente quien vive día a día la realidad de este país. La última muestra de esa falta de garantías la dio ayer el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con un auto en el que desestima el recurso de ANV contra la suspensión de sus actividades al considerar que el rechazo de las mociones «éticas» es un indicio que refuerza su decisión contra el partido ekintzale.

La habitual respuesta a esas denuncias ha sido la criminalización. Hasta el punto de que los 27 encausados en el sumario 33/01 lo están por llevar a cabo una labor tan cívica como alertar a la sociedad de las irregularidades y vulneraciones de derechos similares a las que la AED ha constatado y que denuncia en su documento. No son nuevas, por tanto, ni esas vulneraciones ni la denuncia de las mismas. Pero sí es reseñable e importante que profesionales del Derecho de diversos países europeos las constaten ante la opinión pública, porque es un modo de contrarrestar la anestesia a que, a base de represión y propaganda, los poderes del Estado someten a la ciudadanía para camuflar tras un discurso supuestamente democrático las continuas actuaciones contrarias al Derecho en el que dicen se sustenta el Estado español.

Según parece, el PNV ha decidido rendir otro fuerte y abandonar también la defensa de la autonomía parlamentaria, bandera esgrimida a lo largo del proceso contra Atutxa, Bilbao y Knörr por no obedecer la orden de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. En consecuencia, en caso de volver a tener que decidir entre asumir una ley que la mayoría del Parlamento considera antidemocrática o desobedecerla amparándose en la autonomía, el PNV elegirá una vez más la senda del acatamiento constitucional.

La excusa esgrimida para ese cambio de postura es la negativa de Ezker Abertzalea a apoyar el «blindaje» de la Mesa del Parlamento frente a un nuevo ataque de la judicatura española. La excusa no podría resultar más obscena, puesto que exige a las parlamentarias de Ezker Abertzalea un acto de solidaridad con aquellos que no están dispuestos a realizar el más mínimo gesto, no sólo de solidaridad, sino de reciprocidad. Dado que ese supuesto «blindaje» sólo afecta a los daños colaterales de la Ley de Partidos y no a sus verdaderas víctimas ¿por qué debería Ezker Abertzalea garantizar la seguridad jurídica de aquellos que no tienen pudor en asistir a su «lapidamiento» civil y político? El PNV exige inmunidad respecto a la Ley de Partidos a la izquierda abertzale, cuando lo normal sería que exigiese a Zapatero su derogación como condición previa a cualquier pacto.

Una de las razones evidentes del descalabro del PNV en las últimas elecciones es la incapacidad de los líderes jeltzales para diferenciar su discurso del discurso del PSE. No sólo eso, en este momento una parte del electorado jeltzale ve que las incapacidades del PNV para garantizar que se cumplan sus acuerdos con el Estado se disiparían si el encargado de gestionar esos acuerdos fuese del mismo partido que gobierna en Madrid. Si el PNV hace dejación no ya del nacionalismo, sino del más mínimo autonomismo, no corre sólo peligro de perder las próximas elecciones. Corre el riesgo de perder el pulso del país o de sufrir otro cisma.

La lógica hacía imposible pronosticar con antelación qué ocurriría con la citación ante el juez Garzón de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro. Y en el proceso de involución política y democrática galopante que padece el Estado español, una vez más, la lógica salió perdiendo. Galparsoro ha sido detenida, inculpada y encarcelada bajo la genérica acusación de «colaboración con organización terrorista». ¿La causa? Haber convocado el pleno para debatir la moción «ética» promovida por PNV y PSOE.

Mejor dicho, la verdadera causa del encarcelamiento de la primera edil de Arrasate sólo puede ser el haber derrotado con la fuerza de la voluntad popular esa moción y, con ello, haber dejado en evidencia las miserias de unos y las ambiciones de otros. Miserias y ambiciones que se dan la mano en la ofensiva puesta en marcha desde las cúpulas de PNV y PSOE, pero que, tal y como se pudo comprobar ayer mismo en Eskoriatza, van quedando al descubierto pueblo tras pueblo.

Convocar elecciones, eliminar previamente a tu adversario y no aceptar el resultado allí donde no has podido hacerlo es el equivalente a apostar y no pagar cuando se pierde. Exigir que se debata una moción en un ayuntamiento y, visto que el resultado no ha sido el deseado, encarcelar a la alcaldesa por haber organizado el pleno que tú mismo le has obligado a convocar es sinónimo de trampa. Todo el mundo entiende estos conceptos básicos, que se aprenden en las ikastolas. Todo el mundo menos los «submundos» políticos, mediáticos y judiciales españoles. Mundos en los que la lógica humana aparece diariamente desbordada.

La situación que se vivió ayer en Madrid tiene responsables directos. Por un lado, el PSOE, que, a través de la Fiscalía, pretende ganar por vía judicial una batalla que ha perdido políticamente una y otra vez en Euskal Herria; por otro, el PNV, que ejerce de cicerone en la marcha orangista del PSOE por tierras vascas. Ellos enarbolaron la bandera de la «ética» y ahora el PSOE les zarandea con el palo de la misma. Es urgente que el PNV asuma el error de supeditar su estrategia a los designios del Gobierno de Zapatero. El PSOE sólo pretende darle el abrazo del oso pero, mientras tanto, los zarpazos los recibe la izquierda abertzale y, en general, la sociedad vasca. Una sociedad que es conducida a la desolación sin que los que dicen ser sus representantes hagan nada. La dignidad de Galparsoro contrasta con la desidia y la falta de credibilidad de Urkullu e Ibarretxe.

El intento de la Ertzaintza de silenciar -esta vez literalmente- a la izquierda abertzale ayer en Durango viene a engrosar el ya inmenso archivo de imágenes que muestran un proceder de la policía a cargo del PNV incomprensible desde un punto de vista democrático, y más incompresible aún desde una perspectiva abertzale. Las imágenes de ayer no pueden entenderse aisladamente. Pero, puestos a contextualizarlas, se pueden utilizar diferentes marcos temporales: el más corto, el de una semana plagada de acontecimientos; el de 30 años de una fase de lucha emancipadora frente a la negación; o el histórico de cerca de un siglo de resistencia contra el totalitarismo en sus diferentes expresiones.

Síntesis de una semana cargada de hechos

La semana comenzó con las reacciones al atentado de ETA contra la sede del PSOE en Elgoibar. Mientras tanto una docena de jóvenes seguían incomunicados y la Ertzaintza había disparado en Errenteria para evitar una rueda de prensa sobre la situación de los detenidos.

El mismo lunes la Casa de Campo de Madrid volvía a convertirse en escenario de un macrojuicio contra ciudadanas y ciudadanos vascos, en este caso contra el movimiento pro amnistía. Los encausados renunciaban a la defensa jurídica y denunciaban así el carácter político del juicio. No obstante, la vigencia de ese movimiento contra la represión y a favor de los represaliados se evidenciaba cuando las personas liberadas tras la redada narraban los malos tratos y las vejaciones sexuales padecidas en comisaría.

Ajenos a estas violaciones de derechos humanos, la «ética» parcial de PNV y PSOE chocaba de frente con la realidad plural de Euskal Herria. No sólo en Arrasate ni sólo en el caso de la izquierda abertzale, sino también en el de aquellos que saben a ciencia cierta que la exclusión y las recetas del pasado no pueden abrir un futuro más justo, más democrático y en paz para este pueblo. El penúltimo acto de la semana lo protagonizaba de nuevo el juez Garzón, quien, con un auto incomprensible, pretende conseguir, por otros medios, lo que la voluntad soberana del pueblo de Arrasate y sus representantes habían evitado horas antes.

En otro rango de cuestiones, la situación de los arrantzales secuestrados por piratas en Somalia generaba desasosiego entre sus allegados y asombro en el resto de la sociedad. Finalmente, ayer fueron liberados, se supone que previo pago. Se demostraba así que no es con los violentos con quienes no se negocia, sino con aquellos que proponen acuerdos políticos para desbloquear situaciones antidemocráticas.

Reflejo de una clase política vacía de ideas

Esta concentración de acontecimientos en una semana no refleja únicamente que el conflicto político perdura -aunque algunos de los responsables de que perdure prefieran ahora directamente negarlo-, ni siquiera que existen diferentes percepciones sobre su naturaleza y resolución. Refleja que la clase política no es capaz de cumplir una de sus funciones clave: resolver problemas.

Una clase política de la que los partidos unionistas y una parte del nacionalismo institucional vasco -pequeña, quizás, pero sin lugar a dudas poderosa- pretenden excluir a la izquierda abertzale. Una izquierda abertzale que, sin embargo, sigue realizando, aun en las condiciones más críticas, una oferta política que no tiene sólo en cuenta su proyecto estratégico, sino la superación democrática de esta fase del conflicto.

Y es que durante las últimas décadas los momentos en los que la sociedad vasca ha visto con más esperanza el futuro son precisamente aquellos en los que el conjunto o una parte importante de la clase política ha asumido las premisas sobre las que trabaja diariamente ese movimiento político. Los términos de la alternativa democrática, la legítima confrontación política entre los bloques soberanista y unionista conformada en Lizarra-Garazi o la metodología presentada en Anoeta son un buen ejemplo de todo ello. Por lo tanto, es posible pensar que la sociedad vasca recuperará la ilusión una vez que la clase política abandone el esquema de la imposición y la exclusión y recupere de una vez por todas los únicos parámetros bajo los que el conflicto puede ser resuelto: el reconocimiento de que existe una nación que se llama Euskal Herria, que se conforma a través de diferentes territorios, que más allá de su estatus actual tienen una historia y un proyecto de futuro común, y que el único mecanismo democrático para saber el recorrido de ese proyecto es el derecho de autodeterminación. Cómo se formulan esas ideas en un acuerdo político y cómo se implementa en una verdadera transición es lo que tienen que debatir los políticos. No mociones que sólo buscan excluir a un sector político con una base importante en la sociedad vasca.

Para cerrar el círculo de una semana extenuante, ayer se rindió homenaje al comandante ekintzale Kandido Saseta y se conmemoró el 71 aniversario del bombardeo de Gernika -que fue precedido por el de Durango-. Símbolos todos ellos que hoy en día los vascos y las vascas asumimos como propios. Por eso es importante ser conscientes de que de lo que hagamos hoy dependerá la memoria histórica de quienes nos sucedan. La Ertzaintza, de la mano del PNV, va camino de entrar no en la memoria histórica, sino en la histora negra de Euskal Herria.

El debate que surge en torno a la condena de la violencia suele derivar en preguntas del tipo de ¿acaso condena el PP el franquismo? Más allá de la implicación de los socialistas en la guerra sucia ¿no apoya el PSOE a los condenados por el GAL? ¿Por qué no asume el PNV el dolor generado por la Policía bajo su mando? Está claro que nadie condena su propia violencia, por principio. Algunos, como mucho, niegan que la coerción que ellos ejercen sobre otros pueda ser denominada violencia. Otros se desmarcan cuando esa violencia tiene consecuencias que consideran negativas o injustificadas. A bastantes de esos les gustaría tener una especie de mando a distancia para que otros ejerzan la violencia en la cantidad y la dirección por ellos deseada. La mayoría de estos no asume la responsabilidad de haber delegado en otros la potestad de ejercer la violencia cuando ésta adquiere tintes trágicos. Las razones de estas posturas son sencillas. Todo el mundo piensa que su violencia es legitima y, por ende, que la de su contrario no lo es.

El debate cíclico sobre la violencia política comienza siempre como un reto del estado a la disidencia y termina habitualmente con un cuestionamiento general de la legitimidad del propio estado. En Arrasate y en todo el mundo. No en vano, cualquier violencia de oposición siempre será mínima en relación al poder de coacción del estado. O si no deberá ser tan indiscriminada que pierda parte de su legitimidad. Y a su vez evidenciará a ojos de todos su naturaleza diferente respecto a otras violencias.

Uno de los errores del proceso de negociación pasado fue precisamente que la parte del Estado no aceptó que la casuística del sufrimiento no se limita a sus víctimas, y que gran parte del conflicto reside en su violencia estructural. Y es que en apenas una década hemos pasado del discurso de «sin violencia todo es posible» al de «nada es posible incluso sin violencia». Un discurso que promovió el PP, que es sostenido por el PSOE y que el PNV asume sin complejo alguno.

El próximo domingo se cumplen 30 años del nacimiento de Herri Batasuna, coalición que nació con la «voluntad de luchar en todos los frentes para conquistar un Estatuto Nacional de Autonomía para todo Euskadi sur» a través de la lucha institucional y la lucha de masas. En el marco de ese aniversario, GARA hace un repaso histórico de ese movimiento político de la mano de militantes de la izquierda abertzale de diferentes generaciones.

Un movimiento político que, como señalan los entrevistados, desde el primer momento denunció la concepción reformista y fraudulenta de la denominada transición, y que pronosticó que bajo este marco político y legal las potencialidades argüidas a su favor pronto se tornarían en un fiasco. En un momento en el que el realismo político difícilmente podía competir con la ilusión por recobrar libertades formales, HB simbolizó la demanda de un cambio real, de una verdadera transición de una dictadura a una democracia. Así, priorizó recomponer «el jarrón roto», mientras con un jarro de agua fría despertaba las conciencias de aquellos que sí habían luchado contra la dictadura y, a su vez, con un jarro de agua caliente descascarillaba el barniz democrático del marco recién instaurado.

La conmemoración de los 30 años de HB coincide además con el quinto aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo español contra ése y otros partidos de la izquierda abertzale. Desde esa perspectiva histórica, los partidos y las personas que en 1997 suscribieron los Pactos de la Moncloa deberían ser honestos y explicar a las generaciones posteriores si realmente pensaron entonces que treinta años más tarde en Euskal Herria no sólo habría más presos políticos que nunca, sino que la solidaridad con ellos sería penada. Si preveían que se cerrarían medios de comunicación o que la tortura seguiría siendo común. Si pensaron que la cadena perpetua se instalaría de facto. O simplemente, si creían que treinta años después HB o incluso ANV podrían ser ilegales. Porque, honestamente, ese balance sí que es «radical».

El banquillo de la Casa de Campo, tristemente conocido en Euskal Herria por el «caso 18/98», espera hoy a 27 ciudadanos vascos más. Son, de nuevo, personas con una trayectoria absolutamente pública y no sólo conocida, sino reconocida. Su labor básica no ha sido otra que defender los derechos de los presos vascos, los refugiados, los deportados o los detenidos. No es un trabajo diferente al que desarrollan militantes por los derechos humanos en otros muchos puntos del planeta en conflicto, en Tíbet por poner el ejemplo más actual, y que en ocasiones recibe todos los parabienes del sistema. Se puede entender, incluso, como una labor de control imprescindible en cualquier lugar que se pretenda democrático. Y lo debe ser, sin duda, en un país como Euskal Herria que acumula todas las plusmarcas de la represión en Europa Occidental: las condenas más largas, el mayor porcentaje de presos, la mayor tasa de presencia policial, el régimen de detención más duro, el porcentaje más alto de denuncias de torturas, el mayor número de ilegalizaciones…

Un proceso como éste, en el que no se juzga otra cosa que esa tarea de vigilancia, denuncia y solidaridad, sería contemplado como un escándalo en cualquier otro del mundo. Pero Spain is different. Y también lo es la posición pasiva de buena parte de los agentes vascos. Unos agentes que por contra, y sólo para ganar lábel y aplauso fácil de Madrid, no dudan en borrar en Zizurkil la señal de recuerdo a una persona fallecida en comisaría -Joxe Arregi- y a otra muerta en extrañísimas circunstancias que nunca esclarecieron -Joselu Geresta-.

La impunidad española y la indiferencia vasca han creado una situación tal que estos 27 vascos llegan al banquillo con una convicción clara: ni siquiera hay margen para la defensa jurídica. Una constatación que debería avergonzar a quienes impulsan o hacen la vista gorda ante estos juicios sumarísimos. Y una constatación que confirma la necesidad de un movimiento que denuncie estos atropellos y proteja a sus víctimas; un movimiento por tanto que, sin duda, este juicio no liquidará, sino que realimentará.

Los grandes conceptos filosóficos, económicos y sociopolíticos se pueden construir de arriba abajo o de abajo arriba. El primer método lo utilizan tanto quienes intentan engañar al conjunto de la sociedad afirmando que han recibido la inspiración de algún ente divino como quienes consideran que sus reflexiones, basadas las más de las veces en una limitada experiencia personal, son el culmen de la sabiduría y, debido a su magnanimidad ética, las lanzan a los cuatro vientos para que el resto de la humanidad reciba ese maná intelectual. Cuando sus argumentos no son «comprendidos», es decir, cuando no son compartidos por la mayoría, tanto los primeros como los segundos utilizan otros métodos menos éticos y menos estéticos para hacer entender a la gente que ellos siempre tendrán la razón y, por tanto, no hay posibilidad de abrir un debate.

El otro método parte de la recopilación de información variada y experiencias plurales, a ser posible prolongadas en el tiempo, para llegar a conclusiones de carácter general. Conclusiones que pueden ser tan equivocadas como las demás pero que, de entrada, pueden ser contrastadas porque se basan en la realidad: en personas reales y en hechos reales.

Durante las últimas semanas, en Euskal Herria se vienen escuchando frases grandilocuentes -repetidas tras el atentado del jueves en Bilbo- con las que un grupo reducido de dirigentes políticos quiere trasladar al conjunto de la ciudadanía la idea de que ellos ya han encontrado la fórmula mágica para abordar -no para resolver- el conflicto político. De forma breve, se trata de firmar unos principios éticos ya universalizados, sin aportar ninguna novedad, para justificar cambios reales en un ámbito que cada día está más lejos de la esfera elitista en la que ellos toman las decisiones «más justas» en nombre de la comunidad; firmar y sentarse a esperar qué ocurre cuando los de abajo cumplan sus dictados.

Los ejemplos, los hechos, que abonan esta tesis se suceden día a día. Cuando la pasada semana se reunieron en el Parlamento de Gasteiz los representantes de las direcciones de PNV, PSE, PP, EA, EB y Aralar, lo hicieron para tomar decisiones que afectan a los ayuntamientos; lo hicieron sin consultar a sus militantes; ni siquiera (quizás hubo alguna excepción) consultaron a sus grupos municipales; y lo hicieron sin querer retratarse todos juntos ante la opinión pública.

Antes de suscribir ese acuerdo, los auténticos impulsores de la estrategia nada original de arrebatar las alcaldías a la izquierda abertzale, los mismos que controlan buena parte de los medios de comunicación y otros centros de este país dedicados a crear opinión, comenzaron a abrumar a la ciudadanía con ideas-fuerza como éstas: «En Mondragón hay que hacer pedagogía democrática», Patxi López; «También el Pacto de Ajuria Enea, de 1988, donde estaban todos los partidos políticos, abogaba por la incorporación de ese mundo al ejercicio de la política», Iñigo Urkullu; «Estamos dispuestos a estudiar alternativas de pedagogía política para el electorado que dio su apoyo a ANV», Joseba Egibar.

El mensaje compartido por PSOE y PNV enlaza con la tesis, reiterada por muchos políticos y medios de comunicación vascos y españoles, de que «la sociedad vasca está enferma». Y el partido jeltzale parece haber olvidado que esa expresión no fue acuñada sólo para referirse al apoyo que la lucha armada de ETA suscita entre la ciudadanía vasca, sino también para hacer «comprender» al mundo entero cómo era posible que los unionistas, PP y PSOE, no consiguieran más votos que los abertzales en las elecciones de una parte de este país.

Y para hacer frente a esa enfermedad, unos practican métodos psiquiátricos ya en desuso en algunos lugares de Occidente, como la tortura (terapia de shock) o el aislamiento en centros especializados (dispersión de un colectivo en cárceles fuera de su país y distantes entre sí cientos de kilómetros); y otros plantean hacer pedagogía, lo cual, según se desprende del contexto en el que lo preconizan, consiste en hacer que las ideas entren a palos -políticos o físicos- en las mentes enfermas.

Asumir la realidad

Para esconder aún más su objetivo, PSOE y PNV, con el apoyo de PP e IU, pretenden presentar esas medidas pedagógicas como el súmmum de la democracia. Si la Asamblea Regional de Gipuzkoa se opone a que se arrebate la alcaldía a ANV siguiendo esa receta, el propio Egibar es el encargado de puntualizar que lo que ha decidido la élite jeltzale (el EBB) es de obligado cumplimiento; si la asamblea local se opone a apoyar la presentación de una moción de censura, la dirección de EB plantea cambiar los estatutos para obligarla a acatar a la élite sin rechistar; si la militancia de EA no ve con buenos ojos la iniciativa, la Ejecutiva Nacional decide que no la extenderá más allá de Arrasate… Y todo ello en nombre de la «ética democrática».

Lo que no quiere hacer la mayoría de estos dirigentes políticos es exponer ante la sociedad cuáles son los motivos por los que la izquierda abertzale gobierna actualmente, como lo ha hecho anteriormente, en Arrasate y en otros muchos municipios; no quieren reconocer que gran parte de la de la población de Euskal Herria -no sólo la izquierda abertzale- no piensa como ellos.

Evidentemente, la militancia del PSOE, como la del PP, será partidaria muy mayoritariamente de la decisión que ha tomado su dirección, y muchos lo harán movidos por cierto sentimiento de venganza ante la muerte violenta de un compañero. Pero, si es así, los dirigentes que impulsan esa actuación deberían asumir públicamente que esa «ética de la venganza» no va solucionar el conflicto político ni nos va a llevar a un escenario sin violencia. Deberían asumir que no son capaces de resolver el conflicto o que, más grave aún, no tienen ninguna intención de hacerlo porque, desde su ética política, la violencia es asumible para impedir que la democracia se extienda en Euskal Herria.

La semana política arrancó con una cita prevista, la de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, transitó después por el debate sobre las mociones para expulsar a la izquierda abertzale de los gobiernos municipales, y se cerró con un nuevo episodio, protagonizado por el PNV de Gipuzkoa, que viene a corroborar que si alguna vez las heridas se cerraron, han vuelto a sangrar en cuanto se ha presentado la ocasión.

Zapatero se ha convertido en el primer presidente español desde la llamada transición que precisa de una segunda vuelta para salir nominado. La sesión de investidura se inició con la incógnita de si acuerdos de último minuto permitirían a Zapatero evitar esa segunda votación. Sin embargo, la opción del líder del PSOE ha sido la de presentarse como un gobernante dispuesto a los acuerdos, sobre el modelo del «gran consenso constitucional», pero sin ataduras de partida.

Del debate de investidura lo más relevante es la decisión del presidente español de explicitar la lejanía de postulados con PNV o NaBai, sin dejar espacio a los malentendidos. Esa actitud de Zapatero puede explicarse por diferentes razones. La que más ha resaltado el PNV ha sido la del interés del líder del PSOE de dar prioridad a la relación con un PP que se debate en guerras intestinas y que, a tenor de las intervenciones de Rajoy, estaría dispuesto a cerrar compromisos en materias claves, lo que permitiría al PSOE rebajar el nivel de tensionamiento que marcó la pasada legislatura. En la réplica, por momentos altanera, de Zapatero al diputado del PNV, Josu Erkoreka, cabe ver otras motivaciones. No tanto sujetas a la lógica bipartidista que se impone en la política española, sino más bien a las ambiciones electorales futuras de la fuerza política más votada en la CAV el 9 de marzo: el PSOE.

Abstención a cambio de nada

No obtuvo ni un solo guiño Erkoreka que le permitiera regresar a tierras vascas con una promesa, una actitud conciliadora, en definitiva, con un preludio del entendimiento que tanto apetecen los jeltzales, con el compromiso de partida que tanto urge, en particular al lehendakari Ibarretxe. Tampoco Uxue Barkos se llevó nada más allá de un elogio caballeresco. Sin embargo, y pese a esa actitud cerrada de Zapatero ante las demandas sobre un «acuerdo de convivencia» del PNV, y ante los reproches del «agostazo» del PSN en Nafarroa por NaBai, los representantes de ambas formaciones optaban por abstenerse, sin osar dar un paso más allá y votar en contra, como hizo ERC. Así, tal y como le recordó Zapatero a Erkoreka, Aznar sigue siendo en único presidente que ha contado con el apoyo jelkide en la investidura, hace tan sólo doce años.

La postura del PNV quizás se deba a que se ve esa investidura como un trámite al que deben seguir, ya con las cámaras y los micrófonos apagados, un diálogo de más calado. El voto de NaBai quizás sólo pueda entenderse desde las circunstancias de debate interno que vive la coalición a la que el presidente de EA en Nafarroa y parlamentario de NaBai, Maiorga Ramírez, reclamaba desde las páginas de GARA que aborde la cuestión del sistema de toma de decisiones pero también que «se mantenga fiel a sus principios políticos y a la defensa de nuestros derechos como pueblo».

Mientras en Madrid se procedía a la investidura por mayoría simple de Zapatero, en la Cámara de Gasteiz se llevaba a cabo la reunión en la que los partidos debían decidir sobre la presentación de mociones para desbancar a ANV de las alcaldías que ostenta por mandato popular. Sin embargo, el PNV al que «maltrató» Zapatero en el Congreso de los Diputados no dudó en dar prioridad al entendimiento con el PSE. Así, la reunión en que debían debatirse los planteamientos de cada cual en torno a una iniciativa de la que en el mismo Arrasate existen precedentes poco afortunados para los proponentes, se convirtió en una cita para la ratificación del texto ya pactado y registrado en el Consistorio. PSE, PNV, PP, EA, EB y Aralar se pusieron de acuerdo en que corresponde a la formación más votada encabezar la búsqueda de apoyos que permitan alcanzar la mayoría absoluta que requiere la moción de censura que se atisba tras la «moción de compromiso ético» elaborada por PNV y aprobada con algunos retoques por el PSE. A partir de ahí comienzan los problemas: Madrazo deja en manos de la asamblea local lo que hagan los tres concejales de EB-Zutik en Arrasate. Por su parte, Aralar optaba por deshacer camino y anunciar que no respaldará la moción con la que se trata de entregar la alcaldía al PSE. Finalmente, EA no ve claro el traslado de la moción a otros municipios. A la espera de que se clarifique la situación, el «caso Arrasate» ha tenido un primer efecto en forma de desautorización por el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, al máximo responsable del partido en Gipuzkoa. Sin embargo, la asamblea del herrialde ha cerrado filas con Joseba Egibar, y ha reabierto, de paso, la crisis vivida en las elecciones forales, al fijar responsables de la filtración de la declaración tributaria del frustrado candidato Jon Jauregi e instar al ex diputado general Joxe Joan González de Txabarri y a otros tres cargos en Diputación a que se den de baja en el partido.

Los grupos municipales de PSE y PNV en Arrasate han registrado la moción acordada por las direcciones de sus respectivos partidos. Aunque el PSOE apostaba de entrada por una moción de censura, tras el golpe de timón de Urkullu para corregir el «calentón» de Egibar, ha optado por «respetar los tiempos» del PNV y secundar un texto en el que se vende como una contribución a la paz y la normalización política lo que no es sino el preámbulo del hurto de la voluntad democrática de la ciudadanía de Arrasate, expresada en las urnas hace un año.

Para ello, los proponentes se sirven de principios como el compromiso con la dignidad humana, con la vida, con todos los derechos humanos, que con ése o parecido enunciado aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son apoyados por todos, sin excepciones. También por los gobiernos que promueven guerras e invasiones, emplean la tortura, ejecutan a presos, saquean países o practican la discriminación en cualquiera de sus múltiples expresiones.

Del escaso valor del compromiso que se predica y exige en la moción que servirá para expulsar a ANV del gobierno municipal de Arrasate da cuenta el hecho de que el PNV no tenga reparos éticos en sumar su firma a la del PSOE, que como es sabido nunca ha repudiado a los GAL y ha indultado a los responsables de sus muertes, desapariciones y torturas. Será que el PNV no tiene la hoja de servicios tan limpia, ni en aquel periodo, ni en los siguientes, en los que la vulneración de derechos humanos ha sido una constante en este país.

El mismo PSOE que ha promovido la ilegalización de partidos, el encarcelamiento de centenares de personas por sus actividades políticas y que no ha tomado medidas ante denuncias de torturas como las de Igor Portu, es, según la moción que le ha redactado el PNV, garantía del «pluralismo político». La ética nunca antes estuvo tan lejos de la política. PNV y PSOE han pactado, como antaño, para gestionar juntos la exclusión de la izquierda abertzale. Y para ello el PNV no ha dudado en ningunear a sus socios o aliados -EA, EB y Aralar- a los que se cita hoy para que asuman un texto precocinado.

Durante décadas, uno de los lemas utilizados por los republicanos irlandeses en su lucha por una Irlanda unida y libre del dominio británico fue «tiochfaidh ár lá», frase en gaélico que quiere decir algo similar a «nuestro día llegará». Según pasaban los años, y a medida que los nudos de la madeja irlandesa -la discriminación de la comunidad republicana, la violencia política por un lado y la sectaria y estatal por el otro, la normalización de las relaciones entre las dos partes de la isla, el respeto a la decisión de sus habitantes…- se iban soltando uno a uno hasta la consecución de los acuerdos entre irlandeses y británicos, la frase fue cayendo en desuso. Así, al haber desaparecido el blindaje político y militar ejercido por los británicos y los unionistas para mantener el status quo, el lema ha ido perdiendo su rasgo épico. Que llegue o no su día depende ahora de su voluntad y de la fuerza del proyecto republicano.

Mientras en Irlanda celebran el décimo aniversario de los Acuerdos de Viernes Santo, en el Estado español Rodríguez Zapatero se presentaba ante el Parlamento para inaugurar su segunda legislatura como presidente. Su alocución no ha traído novedad alguna respecto al conflicto que enfrenta los intereses del Estado a los de Euskal Herria. En sus réplicas a PNV y NaBai ha dejado además bien claro que más que colaboración les ofrece tutelaje. En esa línea, tanto él como sus colaboradores han comenzado a utilizar para con los jelkides el lenguaje que durante el fallido proceso utilizaron con la izquierda abertzale -calificando la postura de Arrasate como «un paso positivo», alabando a un líder cesado por el partido, dándoles tiempo…-. Todo ello con un tono de soberbia que en momentos roza el menosprecio.

Poco queda, pues, de aquel Zapatero que puso a Blair como ejemplo a seguir. Su discurso se torna así en un discurso más épico que político, más retórico que real. Porque él bien sabe que, tarde o temprano, «nuestro día llegará». Y no será con esa épica ibérica y pseudoliberal, sino, como en Irlanda, por medio de un acuerdo político.