Fuerte malestar en el PSOE con Montilla por publicar de forma unilateral las balanzas fiscales, de Carlos Sánchez en El Confidencial
La publicación por parte de la Generalitat de las balanzas fiscales entre Cataluña y la Administración Central del Estado, no ha pasado desapercibida para sectores socialistas. Fuentes fidedignas mostraron ayer a El Confidencial su sorpresa por la publicación de los flujos financieros entre ambos territorios, y que reflejan un déficit de inversión en Cataluña equivalente al 9% de su PIB, algo más de 13.830 millones de euros entre 2002 y 2005.
“Nos hemos desayunado con los datos”, aseguraron esas fuentes. Lo que en realidad sorprende es que la Generalitat haya aireado esas cifras sólo una semana antes de que el Ministerio de Economía publique los datos globales del conjunto del Estado, tal y como prometió el mes pasado el presidente del Gobierno. Zapatero anunció en el Congreso, a preguntas de un diputado de ERC, que el ministro Solbes tendría listas las balanzas fiscales el próximo martes, 15 de julio, y que ese mismo día se comunicarían los resultados.
El hecho de que el conseller de Finanzas, Antoni Castells, presentara el miércoles, 9, los trabajos realizados por un grupo de expertos se considera un ‘feo’ a Zapatero, y, sobre todo, una presión a Solbes, que ahora está obligado a publicar las conclusiones sin más dilación. Cataluña, de esta manera, consigue poner en un primer plano la importancia de las balanzas fiscales a la hora de discutir el nuevo modelo de financiación autonómica, algo que es poco del agrado de Solbes, quien repetidamente ha señalado que los flujos financieros entre el Estado y las regiones no van a determinar las negociaciones en marcha. El vicepresidente, de esta forma, pretende rebajar la importancia de las balanzas fiscales, justo lo contrario de lo que quieren Montilla y Castells, dispuestos a defender su relevancia.
Mal momento para un nuevo modelo
Pese a que los plazos se acortan -el Gobierno dice que quiere tener listo el nuevo modelo antes del 1 de enero de 2009-, lo cierto es que el Ministerio de Economía no ha enviado todavía ningún ‘papel’ a las comunidades autónomas, lo que impide conocer sus planteamientos, y todo ello pese a que ya ha concluido la ronda de contactos bilaterales que se pactó en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esas reuniones, de carácter exploratorio, deberían haber servido para conocer la opinión de las comunidades autónomas con el objetivo de trasladar posteriormente sus posiciones a un documento formal.
El momento económico no parece, desde luego, el más apropiado para negociar un nuevo modelo de financiación, ya que la recaudación tributaria está a la baja por la caída de la actividad económica. Desde que desde algunas regiones -particularmente Andalucía- se planteara hace semanas la necesidad de esperar a que se materializara un contexto macroeconómico más positivo.
Justo lo contrario que Cataluña, que tiene mucha prisa por ‘desplegar’ legislativamente el nuevo ‘Estatut’, que incorpora fechas concretas como las del 9 de agosto para alcanzar un acuerdo con el Estado en materia de financiación. Se trata de una ley orgánica y por lo tanto de obligado cumplimiento, y de ahí las presiones que recibe Solbes por parte de Cataluña para acelerar las negociaciones.
La industria entra en recesión, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Malos tiempos para la economía productiva. La industria, que ha sido uno de los pilares del crecimiento económico durante los últimos años, ha entrado definitivamente en recesión. Dicho en otros términos: acumula ya dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas, lo que en la literatura económica suele asimilarse a un periodo recesivo. La contracción industrial se manifiesta en todos los sectores, pero afecta de forma particularmente negativa a los bienes de consumo duraderos (frigoríficos, automóviles o muebles), con caídas superiores al 10%.
Para el conjunto del sector industrial -formado por 156.000 empresas en todo el país y dos millones y medio de empleos- los datos del INE reflejan la siguiente evolución anual en términos de ciclo-tendencia, lo que permite analizar de forma más precisa las series al eliminar factores de volatilidad: un -0,1% en noviembre de 2007; un -0,6% en diciembre de ese año; un -0,7% en enero de 2008; un -0,9% en febrero; un -1,4% en marzo; un -2% en abril y un -2,5% en mayo. Como puede observarse, una evolución negativa y creciente a lo largo del último semestre que se intensifica a medida que pasan los meses, lo que refleja el perfil del deterioro de la actividad económica.
La evolución de ninguna manera puede achacarse al comportamiento de la energía, toda vez que sin este componente -muy influido por los altos precios de los hidrocarburos-, se observa un descenso del -1.1% en el cuarto trimestre de 2007 y un -3,7% en el primero de este año, lo que da idea de su trayectoria. Los datos dados a conocer el pasado viernes por el INE inciden en esa evolución, aunque de forma más acusada, toda vez que en mayo se produjo un retroceso de 5,5 puntos porcentuales, una vez corregidos los datos de efectos de calendario.
El otro lado que avala el empeoramiento de la industria tiene que ver con el hecho de que el Indicador de Confianza Industrial (ICI) refleja un retroceso de 17 puntos en los cinco primeros meses del año, frente a las dos décimas negativas registradas a lo largo de 2007. El ICI, como pone de relieve el último Boletín de Economía Industrial, ha mostrado una fase claramente expansiva de la actividad a partir de 2005, pero en los primeros meses de 2007 tocó techo, y desde entonces todo han sido descensos. La recesión en la industria, por lo tanto, está aquí, y eso comienza a notarse cada vez más en el nivel de empleo. El número de afiliados en la industria -incluyendo tanto los trabajadores autónomos como los del régimen general- ha retrocedido en junio un 2,2% respecto al mismo mes del año anterior, lo que significa que la tasa negativa se ha multiplicado por dos respecto a mayo. La cifra, en cualquier caso, contrasta con el crecimiento del 2,7% que se registraba hace apenas un año (segundo trimestre de 2007), lo que refleja la velocidad del deterioro económico.
Un sector atomizado
Aunque en los últimos años este sector ha reducido su importancia relativa respecto del PIB -a favor de los servicios- la industria continúa teniendo una importancia relevante en la economía española. Según los datos oficiales, en 2006 había 155.956 empresas industriales, de las que prácticamente el 84% tiene menos de 20 trabajadores, lo que muestra claramente el nivel de atomización del sector. Sin embargo, el peso de estas pymes respecto de la cifra de negocios se sitúa en el 12% de total, algo que pone de manifiesto que es la gran industria -fundamentalmente la vinculada al automóvil- la que lleva el peso del sector. El valor añadido generado por la industria supera los 147.000 millones de euros (algo menos del 15% del PIB), es decir, prácticamente el doble que la construcción residencial), lo que da idea de su relevancia en términos cuantitativos y de su importancia para la evolución económica general.
Como es lógico, la recesión no afecta a todas las regiones por igual. El desglose geográfico de la actividad industrial refleja una elevada concentración de la cifra de negocios, situándose en los primeros lugares Cataluña (24%), Madrid (11,6%), Comunidad Valenciana (10,3%), Andalucía (10,1%) y País Vasco (9,5%). Las cinco comunidades aportan conjuntamente nada menos que el 65,5% de la cifra de negocios del sector industrial en el conjunto del país.
Largo Caballero vuelve al Congreso disfrazado de ZP, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Desde las soflamas obreristas de Largo Caballero no se oía nada igual en el Congreso de los Diputados de labios de un jefe de Gobierno socialista. Es verdad que tampoco ha habido muchos, sólo dos. Lo más parecido evoca a aquel discurso de Alfonso Guerra durante los primeros años 80, cuando reivindicó para el PSOE su condición de partido de los ‘descamisados’ (sic). Rodríguez Zapatero no fue tan lejos, pero tiró de ideología “socialdemócrata, progresista y de izquierdas” para responder a la avalancha de datos económicos negativos que de forma sistemática y sin piedad alguna le reprochó Rajoy. El paro sube, la inflación está por las nubes, las familias están endeudadas hasta las cejas y hasta los célebres 400 euros los cobran por igual el presidente de un gran banco que el último conserje de la entidad. Y todo ello sin contar los endémicos problemas de competitividad, déficit exterior y productividad de la economía española. “Usted ha engañado al pueblo español”, le espetó el líder del PP en filo de su discurso a modo de resumen.
La respuesta, frente a lo esperaban algunos destacados diputados socialistas, se hizo esperar. Zapatero decidió responder a Rajoy después de que interviniera el resto de grupos, toda una descortesía en términos parlamentarios, pero cargada de intencionalidad política. Ningunear al jefe de la oposición tratándole como un igual respecto del resto de grupos no se hace todos los días. El presidente esperó al turno de réplica, y fue entonces cuando se puso el mono de trabajo y echó mano del tono mitinero que le gusta adoptar en Rodiezmo, donde cada año inicia el curso político tras el verano rodeado de los socialistas mineros leoneses y asturianos que reivindican las esencias de Pablo Iglesias.
Y es que Zapatero y su equipo de colaboradores debieron pensar que la mejor defensa ante el alud de malos indicadores de coyuntura era sacarle los colores al Partido Popular por la vía ideológica. Y ya en plena faena le recordó a Rajoy que el PP es un partido “conservador, neoconservador y de derechas”, por este orden. Hasta el punto de que mientras él se preocupa por los débiles, los necesitados, los que no llegan a fin de mes, los pensionistas y, en fin, las rentas más bajas, el PP es el partido del ‘decretazo’ y de los recortes sociales. Y lo que debe ser todavía peor: el partido que ha abandonado las ideologías, como lo demuestra el hecho de que en su discurso inicial Rajoy dijera una frase que pasará a la pequeña historia del parlamentarismo español. “En economía”, sostuvo el líder del PP, “como en todo, las cosas se hacen bien o mal. Usted hasta ahora ha preferido hacerlas mal y a eso lo llama economía progresista”, concluyó.
El Santander, uno de los mejores bancos del mundo
La llama estaba ya encendida. Le faltó tiempo a Zapatero para moverse, precisamente, en el terreno que más quería: el estrictamente ideológico, si bien es verdad que se dejó un hueco para sacar pecho por un banco, el Santander, aunque no mencionara el nombre. “Es uno de los mejores bancos del mundo”, dijo. Como se ve, una vela a dios y otra al diablo (con perdón).
¿Sabe usted lo que es un partido de derechas?, le preguntó Zapatero a Rajoy: aquél que hace ‘decretazos’, se respondió él mismo. ¿Sabe usted lo que es un partido neoconservador?, insistió: congelar el sueldo a los funcionarios y no subir el salario mínimo interprofesional… Así hasta media docena de ‘sabe usted’, y cuando no cabían más preguntas lanzadas al hemiciclo con tono mitinero sonó la bomba, por lo menos para el ministro de Hacienda, Pedro Solbes, que pudo escuchar de palabras de su jefe de filas (sin introducir matiz alguno) que el Gobierno está dispuesto asumir todo el gasto social que sea necesario. ¿Quién dijo miedo? Sin recortes y sin rebajas. En una palabra, sin ‘decretazos’.
¿Que sube el desempleo? El Gobierno apechugará con ello. ¿Qué hay que cumplir todos los compromisos sociales por elevados que sean en materia de educación, innovación, becas, inversión pública, prestaciones no contributivas o dependencia? No hay que preocuparse, el Ejecutivo cuenta con medios suficientes para eso y mucho más, aunque el superávit se haya reducido en un 80% en apenas cinco meses en los albores de una crisis que se prevé larga. Y que durará al menos un año, según admite el propio Gobierno.
Es lo que tiene ser ‘socialdemócrata’, como se definió Zapatero una y otra vez. Una especie de líder de los pobres que apuesta por una política “de fuerte compromiso social con los trabajadores, los desempleados, los pensionistas, los jóvenes y los autónomos”. “No hay nada más antisocial que el paro y la inflación”, le recordó Rajoy. El debate político se acabó, la crisis económica continúa.
Trichet le hace la pascua a Solbes, de Carlos Sánchez en El Confidencial
¿Qué es peor: la inflación o el paro? O dicho en otros términos: ¿cuál es la prioridad?, combatir el alza generalizada de los precios o evitar que el desempleo se dispare por falta de actividad. El viejo dilema de la política económica ha emergido con fuerza en Europa. No es para menos. Con una inflación del 4% en la zona del euro en junio, las autoridades se debaten entre aumentar mañana los tipos de interés hasta el 4,25% para combatir el aumento de los precios, tal y como ha sugerido Trichet en repetidas ocasiones, o, por el contrario, asimilar una tasa de inflación más elevada en aras de no perjudicar la actividad económica.
El consenso de los analistas indica que a los banqueros de Francfort no les temblará el pulso a la hora de dar una vuelta de tuerca a su política monetaria. Incluso, hay quien piensa que antes de que acabe el año el tipo de intervención se situará en el 4,5%, la tasa más elevada desde que hace ahora una década vio la luz el BCE. Razones hay para ello. Los dos pilares sobre los que se asienta la política monetaria están sobrecalentados. La inflación no sólo está en máximos desde el lanzamiento del euro, sino que, además, los agregados monetarios -en última instancia la liquidez del sistema- están por las nubes. La M3 refleja una subida del 10,5% en mayo (más del doble del objetivo de referencia), pero es que el crédito al sector privado muestra tasa de crecimiento del 11,9% pese al encarecimiento del precio del dinero.
Como se ve, argumentos más que suficientes para elevar la presión monetaria. El propio Banco Central Europeo lo ha dejado bien claro en su último Boletín mensual, en el que habla de una “alerta reforzada”, término que no aparece en ningún manual de economía, pero que en labios del BCE significa que van a subir los tipos. “El Consejo de Gobierno, asegura en ese documento, tiene la clara determinación de garantizar que las expectativas de inflación a medio y a largo plazo se mantengan firmemente ancladas en niveles compatibles con la estabilidad de precios”. Y lo que dice la ‘hoja de ruta’ del BCE es que la estabilidad de precios se define como una inflación inferior o equivalente al 2% anual, justo la mitad de los niveles actuales.
El dilema del BCE
El dilema, en cualquier caso, y pese a esos datos, no es fácil de resolver, como apuntan varios analistas consultados. Fundamentalmente por dos razones. Por un lado, la crisis financiera, lejos de estar haberse resuelto, sigue ahí, como lo pone de manifiesto el hecho de que el Euribor se sitúe 1,4 puntos porcentuales por encima del tipo de intervención. Por otro lado, la actividad económica en la eurozona se está frenando, pero no de una forma dramática. El ajuste está siendo más intenso en los países que han basado buena parte de su crecimiento en el mercado inmobiliario, como España o Irlanda, mientras que en los países centrales de la UE (Alemania, Francia e, incluso, Italia) la desaceleración está siendo más suave pese a que el petróleo sube lo mismo que en España, lo que detrae la renta disponible de las familias.
De hecho, la ‘zona euro’ creció en el primer trimestre del año un 0,8% en términos intertrimestrales (sin anualizar), frente al 0,3% del caso español, lo que indica la distinta intensidad del ajuste. La razón fundamental hay que vincularla al distinto patrón de crecimiento de España respecto de la Europa continental. Mientras que en los países centrales de la UE (fundamentalmente Alemania, Italia y, en menor medida, Francia) la demanda externa es la base del crecimiento, en el caso español (con un alto nivel de endeudamiento a tipos bajos que ahora están siendo revisados al alza) la demanda interna es el motor de la actividad productiva, lo que explica que la economía sea más vulnerable a una subida de los tipos de interés. Algo que puede explicar el hundimiento de las expectativas económicas hasta niveles desconocidos desde la recesión del bienio 1992-93. En cualquier caso, muy encima de lo que ocurre en Europa.
Tres ejemplos extraídos de la Síntesis de Indicadores que elabora el Ministerio de Economía dan cuenta de lo que sucede. El Indicador de Sentimiento Económico alcanzó en junio los 73 puntos, cuando en 2007 (media del año) el nivel fue equivalente a 97,7 puntos. El Indicador de Confianza en la Industria, de la misma manera, se sitúo en 12.1 puntos negativos, frente a los -0,2 puntos registrados en el año anterior. Y, por último, el Indicador de Confianza del Consumidor refleja ya un saldo negativo de -37,8 puntos, frente a los -13,2 puntos con los que se cerró el año pasado. Y todo ello en un contexto de restricción del crédito, hasta el punto de que la financiación del sector privado está creciendo al 9,8% (tasa deflactada), es decir la mitad que hace un año.
Así las cosas, España se presenta como el país más perjudicado por una probable subida de los tipos de interés, lo que puede explicar el llamamiento que hizo el presidente Zapatero hace unas semanas para que Trichet no endureciera su política monetaria. Su apelación no tuvo ningún eco en forma de respuesta por parte de las cancillerías europeas, lo que da a entender que en la eurozona lo que realmente preocupa son los precios, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los países europeos están volcados a la exportación de bienes y servicios, por lo que una inflación elevada les perjudica de forma más significativa. El desempleo, igualmente, aprieta menos que en España, donde se ha producido un cambio de tendencia verdaderamente espectacular respecto de la eurozona.
Mientras que en España, como señaló ayer Eurostat, el desempleo ha pasado del 8,1% en mayo de 2007 al 9,9% en el mismo mes de este año (tasa corregida de efectos estacionales), en la ‘zona euro’ se ha producido en el mismo periodo un retroceso de tres décimas (del 7,5% de la población activa al 7,2%). Como se ve, dos momentos económicos completamente distintos.
El miedo al poder o la irresponsabilidad de los empresarios ante la crisis, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Atizar al poder es uno de los deportes preferidos de la democracia. Hay que decir que afortunadamente, porque de ser cierto el supuesto contrario, significaría que vivimos en dictadura. Y eso, desde luego, es bastante peor que excederse criticando, aunque sea de manera injusta. No sorprende, por lo tanto, que a menudo se arree contra el inquilino de la Moncloa por ser el único culpable de todos los males que acechan a la nación. Hasta hacer bueno el célebre dicho: “¿Piove? Porco Governo”. Se trata, como se sabe, de un viejo recurso del debate político que afecta a todos los gobernantes independientemente de su ideología, lo cual indica que estamos ante un asunto de naturaleza estructural. O, incluso, genético. Va en nuestras forma de ser.
Parece evidente, sin embargo, que el Gobierno, y en particular el vicepresidente Solbes, tienen una gran responsabilidad en el hecho de llevar meses mareando la perdiz sobre la intensidad de la crisis, hasta el punto de que han perdido un tiempo precioso para adoptar medidas eficaces para conjurar el declive de la actividad económica. Por decirlo de una manera suave, si el equipo económico de Moncloa hubiera intervenido antes, es posible que la velocidad del deterioro hubiera sido menor. Hasta el punto de que se hubiera podido evitar la ridícula decisión de devolver 400 euros a quince millones de asalariados y pensionistas. Una medida carente de cualquier racionalidad económica que salió de la calenturienta mente de Miguel Sebastián, como todo el mundo sabe, un lince en economía. Sebastián sostenía en sus columnas en El Mundo, sin cortarse un pelo, que toda iba a pedir de boca y que todo era un simple resfriado que desaparecería a medida que se evaporara la crisis financiera. Como se ve, un lumbreras en esto de la previsión económica.
Al Gobierno, con todo, se le podría exculpar (sólo en parte) porque es juez y parte, y no hay Ejecutivo que tire piedras contra su propio tejado -ni éste ni aquél- antes de unas elecciones generales. Pero lo que resulta verdaderamente sorprendente es el papel de la cúpula patronal en este desaguisado. Cuando hablo de la cúpula patronal no me refiero sólo a la junta directiva de CEOE, sino a la flor y nata del empresariado español, que salvo excepciones ha permanecido sorda, ciega y muda ante un vendaval que se veía venir. Desde luego no ha sido por falta de información. Los institutos de coyuntura (incluidos los de la gran patronal) vienen avisando desde hace meses que lo peor estaba por llegar, pero, en lugar de asimilar este planteamiento, buena parte de la aristocracia económica patria se ha dedicado en los últimos tiempos a dar coba al Gobierno asumiendo sin más la absurda teoría de la desaceleración económica, una especie de catarro de primavera. A la cabeza de ellos, Emilio Botín empeñado en ocultar la realidad económica, lo cual dice muy poco a su favor.
El mejor servicio que pueden hacer al país los banqueros, los grandes empresarios y, desde luego, el propio Gobierno, es decir la verdad, que como decía Gramsci es siempre revolucionaria. La Biblia utiliza la expresión “la verdad os hará libres”, lo cual indica que se trata de un valor indiscutible para tirios y troyanos.
Lo peor, con todo, no es que se oculta la realidad de las cosas. Lo peor es por qué se hace. Cuando los empresarios deberían ser los primeros en estar interesados en hacer un diagnóstico preciso para poder obrar en consecuencia. Se puede argumentar que hacer pronósticos negativos puede acelerar el ajuste económico, pero esta es una verdad a medias. Los intereses cruzados entre el poder político y el económico explican, sin lugar a dudas, esta suicida estrategia que ha impedido conocer la realidad de las cosas a muchos ciudadanos, que creían que publicar malos datos de coyuntura formaba parte del acoso y derribo al Gobierno. Algo falla en un país cuando los empresarios y los gestores de empresas -que se deben a sus accionistas- ocultan lo que está pasando sólo para hacerle el juego al Gobierno. El BOE, como se ve, sigue marcando nuestros destinos.
La economía le estalla a Zapatero, de Carlos Sánchez en El Cofidencial
“La subida del euribor es el golpe definitivo al cuadro ‘macro’. España va a crecer por debajo del 1% durante muchos trimestres”. Quien así habla es el jefe del servicio de estudios de una importante entidad financiera española. Su análisis derrocha pesimismo por los poros, y no es para menos a la luz de todos los indicadores de coyuntura.
Ni uno se salva. Ni el consumo privado, ni las inversiones, ni el sector exterior, que encadena déficit cada vez mayores de la mano del encarecimiento del crudo. Y todo ello en un contexto de crisis crediticia que para el caso español se parece cada vez más a un credit crunch. Bancos y cajas no tienen dinero para prestar a sus clientes, y el que tienen prefieren guardarlo para prevenir posibles tensiones. La consecuencia de ello no puede ser otra que un estrangulamiento de la actividad productiva por falta de liquidez, como pone de relieve el hecho de el crecimiento del crédito es el más bajo de los últimos 15 años. Y sin crédito, que ha sido la gasolina que ha movido la economía española desde la última recesión (lo que explica su elevado endeudamiento privado), las posibilidades de recuperar sendas de crecimiento similares al potencial (en torno al 3%) se presentan simplemente imposibles.
Por el contrario, el escenario más probable que dibujan los servicios de estudios vinculados al sector financiero es el siguiente. El PIB (en términos interanuales) crecerá en el segundo trimestre por debajo del 2% (probablemente en el entorno del 1.7-1,8%); en el tercero, la actividad se irá ya al 1,4%, mientras que en el cuarto de este año es muy probable que el Producto Interior Bruto crezca ya por debajo del 1%. Esa tasa, situada entre el 0,8% y el 0,9%, se mantendrá durante los primeros tres trimestres de 2009; y ya en el último es probable que ya se observe alguna ligera recuperación, hasta alcanzar el PIB un ritmo de crecimiento del 1,3%, muy lejos de su potencial e insuficiente para evitar que se siga destruyendo empleo.
En el mejor de los casos, por lo tanto, la recuperación no sería una realidad hasta bien entrado el año 2010. Siempre que no se caiga en el llamado mal portugués o italiano -crecimientos bajos durante un número prolongado de años-, que es exactamente lo que ocurrió a Alemania durante una decena de años.
Hoy por hoy, éste es el escenario más probable que manejan los distintos institutos de coyuntura, que califican la situación como “extremadamente difícil” por la confluencia en el tiempo de tres crisis de distinto signo pero interrelacionadas entre sí.
Menor liquidez, mayor desempleo
Por un lado, está la crisis el crédito, que lejos de haberse resuelto está plenamente operativa, como pone de manifiesto que el euribor se sitúe 140 puntos básicos por encima del tipo de intervención del BCE. Por otro, la crisis del ‘ladrillo’ no ha hecho más que empezar. Muchas de las casas que hoy se están construyendo se iniciaron antes de que se pinchara la burbuja y, en un contexto de restricción del crédito, lo coherente es que, según se vayan acabando los trabajos, pasen a engrosar el stock de viviendas sin comprador, que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha estimado en unas 600.000. Por último, el precio de las materias primas (en particular el petróleo) continúa su escalada provocando alzas de la inflación que socavan la capacidad de compra de los salarios y las pensiones, que es lo que ha provocado la huelga del transporte. Es decir, tres crisis al mismo tiempo.
El dinero no es solamente escaso, sino que además es caro, como ponen de relieve los últimos datos del Banco de España. En abril pasado (último mes publicado) el tipo de interés medio para la adquisición de una vivienda en nuevas operaciones se situó en el 5,38% en términos TAE, es decir, incluyendo comisiones. En el caso de los créditos al consumo, el precio del dinero que se está aplicando es del 10,48%, lo que supone -en ambos casos- unos tipos de interés reales desconocidos en mucho tiempo, y que tienen mayor impacto en un país que ha podido disponer de dinero barato y en abundancia prácticamente desde su integración en el euro
Adiós a los viejos tiempos
Esos tiempos se han quedado atrás, y eso está pasando una elevada factura en términos de empleo, como pone de manifiesto el último informe de coyuntura del Ministerio de Economía, en el que se detalla que, aunque formalmente la afiliación a la Seguridad Social creció en 53.400 personas en mayo, si se utiliza la serie desestacionalizada (para evitar el efecto calendario), “el dato resultante es de un descenso de 82 mil personas”. No se trata de un dato aislado. Respecto a un año antes, se ha producido un aumento de 106,5 mil nuevos pensionistas, lo que representa un ritmo de variación interanual del 0,6%, medio punto inferior al del mes anterior. Es decir, que la afiliación a la Seguridad Social está creciendo ya menos de la mitad que el número de nuevos pensionistas.
El estrangulamiento del crédito lo pone de relieve el hecho de que la financiación a los hogares para adquirir bienes de consumo o de inversión (como la vivienda) está creciendo a ritmos del 10,6%, casi la mitad que hace un año.
Lo peor, con todo, es que es muy probable, según algunas fuentes, que al acabar este año ya crezca en el entorno del 5%, una tasa histórícamente reducida para un país acostumbrado a crecer vía endeudamiento (público o privado). En el caso de las empresas, la financiación crece (datos a marzo) a ritmos del 15,5% en términos anuales, tasa todavía elevada aunque hay que tener en cuenta que recoge información de los meses en que se registraban aumento del 25% En el caso de las empresas vinculadas al sector de la construcción o la promoción inmobiliaria, la restricción del crédito es todavía mayor. Y sin financiación no hay crecimiento, lo cual es especialmente importante para el país con mayor déficit de balanza de pagos del mundo en términos relativos (un 12,1% del PIB en el primer trimestre).
Zapatero y las consultas populares. Un texto escrito por el presidente hace 22 años, de Carlos Sánchez en El Confidencial
En 1986, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ejercía como profesor de Derecho Político de la Universidad de León. Acababa de aterrizar en el Congreso como diputado socialista, pero antes de su llegada a Madrid para iniciar una carrera política que le ha llevado a la Moncloa, tuvo tiempo de perfilar sus inquietudes intelectuales con un trabajo publicado en la revista LA LEY, especializada en el mundo del Derecho.
El trabajo se titula El Referéndum Consultivo del Artículo 92 de la Constitución Española de 1978: Un Análisis Crítico, y en él el presidente del Gobierno arremete contra a redacción del citado artículo, que, en su opinión, no sirve para acercar a los ciudadanos ‘al ideal democrático”. Zapatero habla de que la apelatio ad populum (la apelación al pueblo) puede llegar a convertirse en “un arma peligrosa”, toda vez que puede degenerar en un plebiscito. Y lo que es todavía peor. Zapatero critica que la Constitución hable de referéndum consultivo, lo que es radicalmente contrario al ejercicio de la soberanía popular. Si los ciudadanos deciden una cosa, eso es Ley, viene a decir el presidente del Gobierno, de ahí que sobre el apelativo de ‘consultivo’.
En su escrito, Zapatero parte de un hecho. “En la fase actual del Estado constitucional democrático, en la que reina el imperio de la democracia indirecta, fundamentalmente a través del papel mediador de los partidos políticos, existe una tendencia, tanto en los textos constitucionales como en la praxis política, a acoger con muchas reservas las instituciones de democracia semidirecta”. Es decir, es su opinión, “la ley del péndulo parece inclinarse en la hora actual hacia el lado de las tesis representativas, a diferencia de lo sucedido en el período de entre guerras”, cuando las consultas populares estuvieron en pleno apogeo como un instrumento de democracia directa.
En su opinión, esa oscilación del péndulo tiene que ver con la demostración empírica de que la introducción de esas fórmulas (los referendos) no produce “la sanación de los vicios del parlamentarismo (recuérdese lo sucedido en el régimen de Weimar); y de otra parte, al igual que sucediese en determinados momentos del siglo XVIII, la apelatio ad populum ha servido, en ocasiones, para quebrar lo que podríamos considerar como el último gran avance de la racionalización de la política por el Derecho: la consolidación del principio de constitucionalidad”.
Para el presidente del Gobierno, el problema actual de las democracias no es la partitocracia, “sino conseguir que los partidos funcionen… que los partidos sean reconocidos como intérpretes concretos de las grandes masas de la población y eso es lo fundamental”.
Fraga y las consultas populares
Zapatero recuerda en su artículo que durante los debates constitucionales, existía una posición más restrictiva en el uso de referendos apoyada por los grupos socialista y centrista. Frente a ellos, asegura el presidente del Gobierno, “el diputado Fraga Iribame defendía un reconocimiento amplio de las instituciones de democracia semidirecta, sustentando su postura con argumentos como el siguiente: ‘Entiendo que el tema de la democracia semidirecta y directa es un tema capital en el equilibrio de la verdadera democracia. Pertenezco a un partido populista que no acepta el desprecio a la plebe, que implica el desprecio de los plebiscitos”.
Dicho esto, el actual inquilino de la Moncloa asegura que tal y como está redactado el artículo 92 de la Constitución, puede hablarse de un “referéndum de orientación plebiscitaria”, de ahí sus críticas a la Carta Magna, ya que, “sin que se pueda negar que se inscribe en una lógica de normalidad democrática, no es menos cierto que sería miope no advertir las potencialidades intrínsecas de una consulta popular que únicamente se puede poner en marcha por iniciativa del presidente del Gobierno”. Y que, además, tiene por objeto algo tan excepcional e indeterminado como es una ‘decisión política de especial trascendencia’, como dice la Constitución. Como se ve, una carga de profundidad contra la redacción del artículo que establece los términos básicos para poder celebrar un referéndum.
“Desde nuestra óptica, continúa Zapatero, la configuración que nuestro Ordenamiento hace de la iniciativa del referéndum desvirtúa en buena medida la función lógica que deben de tener las instituciones de democracia semidirecta y es una puerta abierta a riesgos innecesarios”. Lo que critica es que la atribución de la iniciativa referendaria al Jefe del Gobierno “desnaturaliza esa función de control, de participación, de complemento del sistema, que en los sistemas representativos han de cumplir las instituciones de democracia semidirecta”.
Su conclusión es contundente. “Hubiera sido más deseable que la Constitución no hubiera atribuido al presidente del Gobierno la iniciativa para convocar la consulta popular y como mal menor que hubiese exigido una mayoría” En su opinión, “dado que el texto constitucional permite someter a referéndum cualquier decisión política de especial trascendencia, lo que por otra parte no deja de ser un concepto jurídico indeterminado, y dado que el resultado del referéndum no tiene (al menos teóricamente) efectos jurídicos, nos podríamos encontrar con supuestos de consultas populares en los que se sometiese al dictamen de los ciudadanos cuestiones que por su propia naturaleza pudieran producir determinados efectos políticos que abrieran caminos a posibles violaciones del orden constitucional”.
Referendos y plebiscitos son la misma cosa
A las vista de estos juicios, Zapatero no se anda por las ramas al criticar el texto constitucional en ese apartado. “Las reflexiones anteriores, asegura, nos llevan a efectuar un juicio negativo de la conformación del objeto o materia susceptible de ser sometida a referéndum. Su indeterminación, la ausencia de límites, y los riesgos implícitos que contiene, no permiten un juicio diferente”. En cualquier caso, asegura, es necesario precisar que todo intento de diferenciación entre el referéndum y el plebiscito ha de ser acogido con una cierta dosis de escepticismo, ya que en la actualidad ambos términos se utilizan frecuentemente en la literatura científica y en los textos constitucionales para designar realidades similares”.
Zapatero achaca la mala redacción de la figura de los referendos a “la bisoñez de nuestra democracia”, al mantener una actitud de prudencia a la hora de abordar la problemática de la democracia semidirecta. Ahora bien, insiste, “esa actitud de prudencia se convirtió en una postura de inseguridad. Inseguridad, porque si de lo que se trataba era de racionalizar las figuras de democracia semidirecta, no se comprende cómo se introduce un tipo de referéndum tan problemático como lo es el referéndum consultivo”.
“Racionalizar, reitera Zapatero, es reducir a normas razonables la realidad”, y por ello esgrime que la realidad y la razón obligan a considerar una consulta popular como decisoria. “La práctica ha demostrado, sostiene, que llamar a un referéndum ‘consultivo’ es un cauce a una posible crisis constitucional que se produciría, sin duda, si algún poder público actuase en contra de un pronunciamiento popular”.
El presidente asegura que a la luz de estos argumentos, “no es posible un juicio favorable de la institución del art. 92 de la Constitución”.
Su última frase parece premonitoria. “Esperemos que la utilización de esta figura se efectúe con conciencia de los riesgos que contiene. No olvidemos que las normas pueden tener una fuerza actuante, aunque no estén adaptadas a las circunstancias de la realidad. Quizá en el fondo de todo esto lo que sucede es que las clásicas instituciones de democracia semidirecta no sirven en la actualidad para un mayor acercamiento al ideal democrático”. Palabra de presidente en sus tiempos de profesor de Derecho Político.
Frenazo en seco a la convergencia: España vuelve a crecer por debajo de la UE, de Carlos Sánchez en El Confidencial
La economía española vuelve a las andadas. O, dicho en otros términos, vuelve a crecer menos que la media de la Unión Europea. Aunque en términos interanuales -primer trimestre de 2008 sobre el mismo periodo del año anterior- el crecimiento es del 2,7% -frente al 2,4% de la UE-, en términos trimestrales (que permite hacer un análisis más preciso sobre la coyuntura más reciente), el resultado es que España está creciendo en estos momentos menos de la mitad que Europa. En concreto, un 0,3% frente al 0,7% la UE, lo que pone de relieve el vertiginoso deterioro de la economía española, que ha visto cómo se ha frenado en seco la convergencia en términos de renta per cápita con los países más ricos de la unión. No hace mucho tiempo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostenía que España estaba en condiciones de alcanzar a Alemania en renta per cápita a finales de esta década.
Los datos publicados ayer por Eurostat no dejan lugar a dudas. Entre el año 2000 y 2007, España ha crecido siempre entre un punto porcentual (años 2000 y 2006) y 2,3 puntos por encima de la media de la zona euro (año 2003), pero en lo que va de año (primer trimestre y en términos anuales) ese diferencial se ha reducido a cinco décimas (2,7% frente al 2,2%), lo que significa que de continuar la tendencia (algo que parece coherente con las previsiones de los principales institutos de coyuntura y los avances trimestrales) el año 2008 se cerrará con una divergencia en términos de renta. Algo que no ocurría desde la recesión de los primeros años 90.
La causa de tan abrupto cambio de tendencia (España crecía por encima del 4% hace apenas un año) tiene que ver con el hecho de que la economía española no sólo se está viendo afectada por el enfriamiento económico derivado de la crisis de las hipotecas subprime y del menor crecimiento en EEUU, sino que la crisis del ‘ladrillo’ ha hundido la actividad hasta niveles desconocidos en 13 años.
En los países centrales de Europa (Alemania y Francia), por el contrario, el nuevo contexto internacional no les está afectando de forma tan negativa. Muy el contrario, en Alemania la economía crece ya a ritmos del 2,6% en términos internuales (apenas una décima menos que en España), mientras que en términos trimestrales el avance es de nada menos que el 1,5%, cinco veces más que en España. En Francia, la economía lleva creciendo dos trimestres consecutivos un 2,2%, la tasa más elevada desde el comienzo de la década (media anual).
En el caso español, lo más preocupante es que se aleja de su potencial de crecimiento, algo que no sucede en Francia o Alemania, donde el umbral es inferior debido a su mayor nivel de desarrollo. En el Reino Unido, el tercer país de la UE en términos cuantitativos, el crecimiento es, igualmente, similar al de España: un 0,4% en términos trimestrales y un 2,5% en tasa anual. Italia, por el contrario, continúa creciendo por debajo del 2% (datos del tercer trimestre de 2007).
La parte positiva para España es que de confirmarse los actuales niveles de crecimiento durante los próximos trimestres en los países centrales de la UE, eso puede significa un balón de oxígeno para las exportaciones. Algo extremadamente relevante en unos momentos en los que la demanda interna (por el pinchazo inmobiliario y la subida de los tipos de interés) se ha desplomado. Si el sector exterior se comporta de una manera más positiva que lo inicialmente previsto, eso permitirá compensar la caída de la demanda nacional, al menos en parte. Hacia la UE se dirigen las dos terceras partes de las ventas al exterior de España.
Los datos de Eurostat publicados ayer suponen, en cualquier caso, una recuperación en términos trimestrales respecto de los del periodo inmediatamente anterior (un 0,7% frente al 0,4%), lo que pone de relieve hasta que punto factores externos (como la subida del petróleo o de las materias primas alimentarias) no está afectando de igual manera a los 27. España es de los países más afectados -junto a Irlanda-, pero por su alto grado de exposición a una crisis en el sector de la construcción.
Solbes propondrá a las CCAA un duro ajuste del gasto público para 2009, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Las ‘alegrías’ presupuestarias derivadas del alto crecimiento económico tocan a su fin. El vicepresidente Solbes anunció ayer, en el Congreso de los Diputados, que el gasto no financiero del Estado para el año 2009 -lo que comúnmente se denomina ‘techo de gasto’- crecerá únicamente un 5%. Exactamente igual que el PIB nominal (con inflación), lo que supone un sensible recorte respecto del 6,6% que, según lo presupuestado, crecerá este año.
Se trata de un ajuste relevante toda vez que cada punto del PIB (a precios corrientes) equivale a unos 11.000 millones de euros, lo que representa un recorte de algo más de 17.000 millones de euros respecto del crecimiento del gasto previsto para 2008. Teniendo en cuenta que este año el ‘techo de gasto’ aprobado por el Congreso asciende a 152.331 millones de euros, eso significa que para 2009 el Estado (sin incluir los gastos financieros) dispondrá de unos 160.000 millones de euros (al margen de la Seguridad Social).
Los menores recursos del Estado afectarán fundamentalmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyos presupuestos de ingresos continúan anclados en gran medida en las transferencias que les llegan desde la Administración central. En concreto, algo más de un tercio de presupuesto de gasto se destina a la financiación de las Administraciones Territoriales en aplicación de los sistemas de financiación vigentes. Es decir, que de esos 160.000 millones, alrededor de 55.000 millones irán a parar a las arcas de los entes locales y autonómicos.
El ajuste en los recursos del Estado es consecuencia directa del enfriamiento económico, toda vez que la economía crecerá -siempre que se cumplan las previsiones del Ejecutivo- apenas un 2,3%, con un deflactor del PIB (calculado por el Gobierno) de 2,7 puntos porcentuales, lo que explica el 5% que, presumiblemente, crecerá el Producto Interior Bruto en términos nominales. Se trata de la tasa más baja desde la recesión del bienio 1992-93, ya que, incluso, en la ralentización de la actividad económica que se produjo en los años 2002 y 2003 el PIB nominal creció por encima del 7%.
Sin embargo, paradójicamente, el hecho de que la economía crezca menos este año no significará un ajuste del gasto público. Según la última revisión que ha hecho el ministro Solbes, el PIB nominal crecerá en 2008 un 5,5%, es decir 1,1 puntos porcentuales menos de lo previsto cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que el gasto público crecerá al menos (probablemente algo más por la puesta en marcha de los llamados estabilizadores automáticos -desempleo-) un 6,7%, lo que significa que tendrán un comportamiento anticíclico y servirán para paliar el ajuste económico.
Ello es consecuencia del escaso margen de maniobra que tiene el Estado desde el punto de vista del gasto, ya que la mayoría de los recursos están previamente comprometidos. En concreto, las dos terceras partes del presupuesto.
El Estado recauda menos que en 2007
Como se ha dicho, un tercio se destina directamente a los entes territoriales, pero otro tercio corresponde a gastos que tienen una elevada rigidez en su presupuestación, como admite el Gobierno en el Informe Económico Financiero: intereses de la deuda pública, aportación a la Unión Europea, Clases Pasivas del Estado y Fondo de contingencia. El conjunto de estas partidas representa el 27,1% del gasto no financiero.
Los ingresos, por el contrario, son más sensibles al momento económico. Ayer Solbes admitió, por primera vez, que el Estado ha recaudado en el primer trimestre de este año 500 millones de euros menos que lo presupuestado. La cantidad es pequeña respecto a un montante superior a los 152.000 millones de euros, pero significativa porque, por primera vez en los últimos años, el Estado se ha ‘comido’ el colchón que suele reservarse Solbes para presentar al final del año unos resultados mejores que lo anunciado oficialmente.
¿Es Madrid una región rica? La mitad de los asalariados cobra menos de 1.000 euros, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El debate sobre el nuevo modelo de financiación se presenta ante la opinión pública como un tira y afloja entre las regiones denominadas ‘ricas’ (Madrid, Cataluña, o Baleares) y las ‘pobres’ (Extremadura, Andalucía o las dos ‘castillas’). Pero los datos de la Agencia Tributaria no indican, precisamente, una correspondencia directa entre renta per cápita y capacidad de compra de los ciudadanos.
Madrid es, en efecto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita (29.965 euros) -tras el País Vasco-, pero la realidad es que casi la mitad de asalariados madrileños (el 48%) tenía un sueldo en 2006 menor o igual a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de ese año. O dicho en otros términos, cobraban una nómina anual de 15.145 euros brutos, lo que significa como máximo entre 12.518 euros y 13.881 (en función de la situación familiar del asalariado). En términos netos, eso significa entre 894 y 992 euros al mes, una cantidad que en 2006 percibían nada menos que 1.475.846 asalariados, de los que un 48% son varones y el 52% restantes mujeres.
Loa datos los acaba de publicar la Fundación Sindical de Estudios (FSE) y forman parte de un informe realizado por el sociólogo Mariano Maroto García sobre la pobreza y la estratificación en el mercado de trabajo. Y entre las conclusiones se ofrece una cifra tremendamente representativa sobre los niveles salariales existentes en España. Nada menos que 10.841.623 asalariados tienen la condición de ‘mileuristas’. O lo que es lo mismo, el 58% de los trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 1.000 euros. Eso significa que Madrid se encontraría diez puntos por debajo de la media nacional, si bien hay que tener en cuenta que el coste de la vida es, igualmente, superior. Según el estudio citado, el 62% de los ‘mileuristas’ se concentra en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Las estadísticas oficiales, inexplicablemente, todavía no ofrecen los datos de renta per cápita en términos de capacidad de compra (como hace el FMI o Eurostat), lo que permitiría hacer comparaciones más homogéneas, ya que, como se ha dicho, el coste de la vida es sensiblemente diferente en Madrid o Extremadura o Galicia, por poner un ejemplo.
‘Mileuristas’ en el conjunto de España
El mayor porcentaje de ‘mileuristas’, en cualquier caso, se encuentra en Extremadura, donde casi el 70% de los asalariados ingresa menos de 1.000 euros al mes. En el lado contrario, se encuentran Melilla y Ceuta, donde ‘solo’ el 46% y el 44% de los trabajadores por cuenta ajena, respectivamente, cobra menos de 1.000 euros, lo que puede explicarse por el elevado peso que tiene en ambas ciudades el empleo público, con salarios más altos que en el privado para determinadas escalas profesionales.
Los datos, dice el autor del estudio, ponen de manifiesto hasta qué punto “la generación mejor preparada de la historia de España, la del baby boom, sufre los rigores de los bajos salarios”. Y pone como ejemplo el “empobrecimiento económico de los titulados superiores”. Se pone como referencia un estudio de la Universidad de la Coruña en el que se demuestra que “los titulados universitarios, sean ingenieros, maestros, economistas o educadores sociales, cobran cada año que pasa salarios más bajos y firman un mayor número de contratos temporales”. Según ese estudio, que recoge datos comprendidos entre 2000 y 2006, “el porcentaje de recién licenciados que ingresó más de 1.200 euros mensuales en su primer empleo descendió del 41% al 29%, y el de aquellos que se estrenaron como trabajadores eventuales becarios o en prácticas creció del 75% al 85%”.
Para el caso de Madrid, el informe editado por la Fundación Sindical de Estudios -un think tank vinculado a CCOO de Madrid- pone de relieve que en total 704.184 asalariados (casi uno de cada cuatro) percibe unas retribuciones medias brutas situadas entre 1.604 y 5.704 euros, lo que significa que no alcanzan el 25% de la renta media española. Es decir, la cuarta parte de los madrileños está dentro de los que los sociólogos clasifican como pobreza severa o gran pobreza. Si se eleva el rango del nivel de los ingresos resultaría que nada menos que 1.039.553 asalariados madrileños o con residencia en la Comunidad “están en el umbral de la pobreza”.
Por último, hay que tener en cuenta que, según datos de la Agencia Tributaria, en 2006 la mitad de los nuevos asalariados entró en el mercado de trabajo cobrando menos que lo que establece el Salario Mínimo Interprofesional al trabajar a tiempo parcial o de forma esporádica.
Aviso para navegantes: el número de pensionistas crece ya más rápido que los afiliados a la Seguridad Social, de Carlos Sánchez en El Confidencial
Algo se mueve en la Seguridad Social. Y no, precisamente, en la buena dirección. Por primera vez desde la recesión del bienio 1992-93 el número de afiliados crece menos que el de pensionistas, lo que supone un cambio de tendencia en toda regla. Mientras que la afiliación aumenta a un ritmo del 0,7%, el de pensiones reconocidas por el sistema público de protección social crece al 1,30%. La distancia entre ambas tasas de variación es importante porque determina la sostenibilidad de la Seguridad Social, toda vez que al tratarse de un sistema de reparto los trabajadores en activo financian las pensiones que hoy cobran los que tienen derecho a ellas.
El empeoramiento de esa ratio tiene que ver exclusivamente con el deterioro del mercado de trabajo, ya que el número de pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se mantiene estable desde hace años en torno al 1,3-1,5%. Por el contrario, la afiliación ha pasado de crecer de manera extraordinariamente elevada -por encima incluso del 5% hace apenas año y medio- a un raquítico 0,7% con el que se cerró el mes de abril, lo que significa la tasa más baja desde los años de la anterior recesión económica.
En la actualidad, según datos oficiales, la Seguridad Social paga mensualmente (datos a marzo) 8,35 millones de pensiones que se reparten 7,6 millones de pensionistas, ya que un mismo beneficiario puede tener derecho a varias prestaciones. El gasto procede de las cotizaciones que pagan los 19,25 millones de trabajadores afiliados. Esto supone que por cada 2,3 cotizantes hay una pensión en vigor.
Pese al fuerte empeoramiento del mercado laboral que viene produciéndose desde la vuelta del pasado verano, lo cierto es que la proporción entre afiliados y pensionistas continúa siendo elevada respecto de la que existía en anteriores ciclos económicos. Fundamentalmente como consecuencia del intenso ritmo de creación de empleo registrado en los últimos doce años, periodo en el que han creado unos ocho millones de puestos de trabajo. Por el contrario, la tasa de natalidad durante los años 40 fue extremadamente baja debido a la Guerra Civil. Los nacidos en esa década son los que ahora se están jubilando. Más empleo y menos pensiones significa, lógicamente, una mejora de la relación entre activos y pasivos, que es la clave de bóveda que garantiza un sistema público de reparto.
Ahora esa correspondencia comienza a deteriorarse de la mano de una ralentización brusca en la capacidad de la economía española para crear puestos de trabajo. Entre abril de 2007 y abril de 2008 la afiliación ha crecido en 142.446 cotizantes, cuando un año antes el aumento era equivalente a 549.830. Una cifra, incluso, inferior, a la registrada en 2006, cuando la Seguridad Social acogió a 982.225 afiliados (por la regularización de inmigrantes), lo que explica los elevados superávit de la Seguridad Social, y que han servido para ‘engordar’ la llamada hucha de las pensiones.
La afiliación masculina cae por segundo mes
El deterioro del mercado laboral, sin embargo, se está cebando especialmente entre los hombres. Los datos oficiales muestran que el número de afiliados varones acumula ya dos meses consecutivos de descensos (del 0,7% y el 0,8%, respectivamente), algo que no sucedía desde el bienio 1993-94. Por el contrario, el número de cotizantes mujeres crece todavía a ritmos del 3%. El hecho de que el ajuste económico se esté centrando en el sector de la construcción y, en general, en las industrias que viven del ‘ladrillo’ puede explicar tan abultada diferencia.
La degradación del mercado de trabajo se pudo visualizar ayer con toda nitidez en los datos del paro registrado publicados por los servicios públicos de empleo. Aunque formalmente el paro creció en 37.542 personas, si ese dato se corrige de efectos de calendario con los modelos econométricos que aplica el Ministerio de Economía el resultado real es que el desempleo creció en 92.500 personas. Una cifra verdaderamente espectacular teniendo en cuenta que abril ha sido, históricamente, un mes positivo desde el punto de vista del empleo dada la alta estacionalidad que tiene la economía española.
En los meses centrales del año se crean más puestos de trabajo que al principio y el final de cada ejercicio. El dato de abril es verdaderamente relevante todo vez que indica que el paro está creciendo a un ritmo del 15,6%, lo que refleja la intensidad del ajuste laboral, que como ayer admitió el propio Pedro Solbes está siendo mucho más acelerado que lo previsto inicialmente por las autoridades económicas.
¿Apagón estadístico? El Banco de España deja de publicar los datos mensuales de remesas, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El ‘apagón’ estadístico que tanto criticó el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, durante los tiempos de la oposición socialista, se vuelve ahora contra él. El banco central ha dejado de publicar mensualmente los datos de remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen. Desde el pasado 1 de enero, la información tiene carácter trimestral, lo que significa que se ha roto la serie histórica en unos momentos especialmente relevantes desde el punto de vista del envío de remesas.
Desde hace al menos cuatro meses, y en coherencia con el deterioro de la situación económica en España, la cuantía del dinero que envían los trabajadores inmigrantes a sus países no ha dejado de caer. Si en octubre de 2007 se enviaron 770 millones de euros, un mes más tarde la cuantía había descendido hasta los 724 millones, pero es que en diciembre ya fue sólo de 698 millones. Al comenzar el año 2008, prosiguió la tendencia descendente, ya que las remesas alcanzaron los 667 millones de euros. Esta información mensual fue, sin embargo, la última disponible con esa frecuencia, ya que desde entonces el Banco de España ha dejado de publicar los datos. Hasta que no se conozca la balanza de pagos del primer trimestre no se podrán saber los datos del conjunto del periodo.
La cuantía de las remesas de divisas es una variable importante para determinados círculos académicos y profesionales, lo que explica que se haya levantado un cierto revuelo sobre la decisión del banco central de no publicar mensualmente los resultados. El profesor Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa, es quien ha levantado la liebre. En su opinión, con esta decisión, el Banco de España rompe la serie estadística mensual y “priva a los estudiosos de la coyuntura y a los investigadores de una información preciosa en un momento crítico de la economía española”.
Un mercado único de pagos
El banco central, por su parte, le ha respondido que la decisión de no publicar las series mensuales tiene que ver con una Directiva comunitaria que regula la existencia de un mercado único de pagos. Y en ese marco se ha decidido que los datos que se publiquen tengan carácter trimestral.
Las remesas de inmigrantes cumplen un papel cada vez más relevante en la balanza de pagos de España, como pone de manifiesto el hecho de que se han multiplicado prácticamente por cuatro en los últimos años. De los 2.844 millones de euros que salieron en 2002 se ha pasado a 8.130 millones el año pasado, lo que da idea de la intensidad de los flujos migratorios. Aquí no se incluyen las pequeñas cantidades que llevan los inmigrantes en mano ni tampoco el dinero en pequeña cuantía que se envía desde los locutorios o centros de envío, lo que significa que la cifra real es superior a la que se registra en los datos oficiales. Eso si, ahora con carácter trimestral y no mensual.
