Reggio’s Weblog

Las ‘alegrías’ presupuestarias derivadas del alto crecimiento económico tocan a su fin. El vicepresidente Solbes anunció ayer, en el Congreso de los Diputados, que el gasto no financiero del Estado para el año 2009 -lo que comúnmente se denomina ‘techo de gasto’- crecerá únicamente un 5%. Exactamente igual que el PIB nominal (con inflación), lo que supone un sensible recorte respecto del 6,6% que, según lo presupuestado, crecerá este año.

Se trata de un ajuste relevante toda vez que cada punto del PIB (a precios corrientes) equivale a unos 11.000 millones de euros, lo que representa un recorte de algo más de 17.000 millones de euros respecto del crecimiento del gasto previsto para 2008. Teniendo en cuenta que este año el ‘techo de gasto’ aprobado por el Congreso asciende a 152.331 millones de euros, eso significa que para 2009 el Estado (sin incluir los gastos financieros) dispondrá de unos 160.000 millones de euros (al margen de la Seguridad Social).

Los menores recursos del Estado afectarán fundamentalmente a las comunidades autónomas y ayuntamientos, cuyos presupuestos de ingresos continúan anclados en gran medida en las transferencias que les llegan desde la Administración central. En concreto, algo más de un tercio de presupuesto de gasto se destina a la financiación de las Administraciones Territoriales en aplicación de los sistemas de financiación vigentes. Es decir, que de esos 160.000 millones, alrededor de 55.000 millones irán a parar a las arcas de los entes locales y autonómicos.

El ajuste en los recursos del Estado es consecuencia directa del enfriamiento económico, toda vez que la economía crecerá -siempre que se cumplan las previsiones del Ejecutivo- apenas un 2,3%, con un deflactor del PIB (calculado por el Gobierno) de 2,7 puntos porcentuales, lo que explica el 5% que, presumiblemente, crecerá el Producto Interior Bruto en términos nominales. Se trata de la tasa más baja desde la recesión del bienio 1992-93, ya que, incluso, en la ralentización de la actividad económica que se produjo en los años 2002 y 2003 el PIB nominal creció por encima del 7%.

Sin embargo, paradójicamente, el hecho de que la economía crezca menos este año no significará un ajuste del gasto público. Según la última revisión que ha hecho el ministro Solbes, el PIB nominal crecerá en 2008 un 5,5%, es decir 1,1 puntos porcentuales menos de lo previsto cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del Estado. Esto significa que el gasto público crecerá al menos (probablemente algo más por la puesta en marcha de los llamados estabilizadores automáticos -desempleo-) un 6,7%, lo que significa que tendrán un comportamiento anticíclico y servirán para paliar el ajuste económico.

Ello es consecuencia del escaso margen de maniobra que tiene el Estado desde el punto de vista del gasto, ya que la mayoría de los recursos están previamente comprometidos. En concreto, las dos terceras partes del presupuesto.

El Estado recauda menos que en 2007

Como se ha dicho, un tercio se destina directamente a los entes territoriales, pero otro tercio corresponde a gastos que tienen una elevada rigidez en su presupuestación, como admite el Gobierno en el Informe Económico Financiero: intereses de la deuda pública, aportación a la Unión Europea, Clases Pasivas del Estado y Fondo de contingencia. El conjunto de estas partidas representa el 27,1% del gasto no financiero.

Los ingresos, por el contrario, son más sensibles al momento económico. Ayer Solbes admitió, por primera vez, que el Estado ha recaudado en el primer trimestre de este año 500 millones de euros menos que lo presupuestado. La cantidad es pequeña respecto a un montante superior a los 152.000 millones de euros, pero significativa porque, por primera vez en los últimos años, el Estado se ha ‘comido’ el colchón que suele reservarse Solbes para presentar al final del año unos resultados mejores que lo anunciado oficialmente.

El debate sobre el nuevo modelo de financiación se presenta ante la opinión pública como un tira y afloja entre las regiones denominadas ‘ricas’ (Madrid, Cataluña, o Baleares) y las ‘pobres’ (Extremadura, Andalucía o las dos ‘castillas’). Pero los datos de la Agencia Tributaria no indican, precisamente, una correspondencia directa entre renta per cápita y capacidad de compra de los ciudadanos.

Madrid es, en efecto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita (29.965 euros) -tras el País Vasco-, pero la realidad es que casi la mitad de asalariados madrileños (el 48%) tenía un sueldo en 2006 menor o igual a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de ese año. O dicho en otros términos, cobraban una nómina anual de 15.145 euros brutos, lo que significa como máximo entre 12.518 euros y 13.881 (en función de la situación familiar del asalariado). En términos netos, eso significa entre 894 y 992 euros al mes, una cantidad que en 2006 percibían nada menos que 1.475.846 asalariados, de los que un 48% son varones y el 52% restantes mujeres.

Loa datos los acaba de publicar la Fundación Sindical de Estudios (FSE) y forman parte de un informe realizado por el sociólogo Mariano Maroto García sobre la pobreza y la estratificación en el mercado de trabajo. Y entre las conclusiones se ofrece una cifra tremendamente representativa sobre los niveles salariales existentes en España. Nada menos que 10.841.623 asalariados tienen la condición de ‘mileuristas’. O lo que es lo mismo, el 58% de los trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 1.000 euros. Eso significa que Madrid se encontraría diez puntos por debajo de la media nacional, si bien hay que tener en cuenta que el coste de la vida es, igualmente, superior. Según el estudio citado, el 62% de los ‘mileuristas’ se concentra en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Las estadísticas oficiales, inexplicablemente, todavía no ofrecen los datos de renta per cápita en términos de capacidad de compra (como hace el FMI o Eurostat), lo que permitiría hacer comparaciones más homogéneas, ya que, como se ha dicho, el coste de la vida es sensiblemente diferente en Madrid o Extremadura o Galicia, por poner un ejemplo.

‘Mileuristas’ en el conjunto de España

El mayor porcentaje de ‘mileuristas’, en cualquier caso, se encuentra en Extremadura, donde casi el 70% de los asalariados ingresa menos de 1.000 euros al mes. En el lado contrario, se encuentran Melilla y Ceuta, donde ‘solo’ el 46% y el 44% de los trabajadores por cuenta ajena, respectivamente, cobra menos de 1.000 euros, lo que puede explicarse por el elevado peso que tiene en ambas ciudades el empleo público, con salarios más altos que en el privado para determinadas escalas profesionales.

Los datos, dice el autor del estudio, ponen de manifiesto hasta qué punto “la generación mejor preparada de la historia de España, la del baby boom, sufre los rigores de los bajos salarios”. Y pone como ejemplo el “empobrecimiento económico de los titulados superiores”. Se pone como referencia un estudio de la Universidad de la Coruña en el que se demuestra que “los titulados universitarios, sean ingenieros, maestros, economistas o educadores sociales, cobran cada año que pasa salarios más bajos y firman un mayor número de contratos temporales”. Según ese estudio, que recoge datos comprendidos entre 2000 y 2006, “el porcentaje de recién licenciados que ingresó más de 1.200 euros mensuales en su primer empleo descendió del 41% al 29%, y el de aquellos que se estrenaron como trabajadores eventuales becarios o en prácticas creció del 75% al 85%”.

Para el caso de Madrid, el informe editado por la Fundación Sindical de Estudios -un think tank vinculado a CCOO de Madrid- pone de relieve que en total 704.184 asalariados (casi uno de cada cuatro) percibe unas retribuciones medias brutas situadas entre 1.604 y 5.704 euros, lo que significa que no alcanzan el 25% de la renta media española. Es decir, la cuarta parte de los madrileños está dentro de los que los sociólogos clasifican como pobreza severa o gran pobreza. Si se eleva el rango del nivel de los ingresos resultaría que nada menos que 1.039.553 asalariados madrileños o con residencia en la Comunidad “están en el umbral de la pobreza”.

Por último, hay que tener en cuenta que, según datos de la Agencia Tributaria, en 2006 la mitad de los nuevos asalariados entró en el mercado de trabajo cobrando menos que lo que establece el Salario Mínimo Interprofesional al trabajar a tiempo parcial o de forma esporádica.

Algo se mueve en la Seguridad Social. Y no, precisamente, en la buena dirección. Por primera vez desde la recesión del bienio 1992-93 el número de afiliados crece menos que el de pensionistas, lo que supone un cambio de tendencia en toda regla. Mientras que la afiliación aumenta a un ritmo del 0,7%, el de pensiones reconocidas por el sistema público de protección social crece al 1,30%. La distancia entre ambas tasas de variación es importante porque determina la sostenibilidad de la Seguridad Social, toda vez que al tratarse de un sistema de reparto los trabajadores en activo financian las pensiones que hoy cobran los que tienen derecho a ellas.

El empeoramiento de esa ratio tiene que ver exclusivamente con el deterioro del mercado de trabajo, ya que el número de pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se mantiene estable desde hace años en torno al 1,3-1,5%. Por el contrario, la afiliación ha pasado de crecer de manera extraordinariamente elevada -por encima incluso del 5% hace apenas año y medio- a un raquítico 0,7% con el que se cerró el mes de abril, lo que significa la tasa más baja desde los años de la anterior recesión económica.

En la actualidad, según datos oficiales, la Seguridad Social paga mensualmente (datos a marzo) 8,35 millones de pensiones que se reparten 7,6 millones de pensionistas, ya que un mismo beneficiario puede tener derecho a varias prestaciones. El gasto procede de las cotizaciones que pagan los 19,25 millones de trabajadores afiliados. Esto supone que por cada 2,3 cotizantes hay una pensión en vigor.

Pese al fuerte empeoramiento del mercado laboral que viene produciéndose desde la vuelta del pasado verano, lo cierto es que la proporción entre afiliados y pensionistas continúa siendo elevada respecto de la que existía en anteriores ciclos económicos. Fundamentalmente como consecuencia del intenso ritmo de creación de empleo registrado en los últimos doce años, periodo en el que han creado unos ocho millones de puestos de trabajo. Por el contrario, la tasa de natalidad durante los años 40 fue extremadamente baja debido a la Guerra Civil. Los nacidos en esa década son los que ahora se están jubilando. Más empleo y menos pensiones significa, lógicamente, una mejora de la relación entre activos y pasivos, que es la clave de bóveda que garantiza un sistema público de reparto.

Ahora esa correspondencia comienza a deteriorarse de la mano de una ralentización brusca en la capacidad de la economía española para crear puestos de trabajo. Entre abril de 2007 y abril de 2008 la afiliación ha crecido en 142.446 cotizantes, cuando un año antes el aumento era equivalente a 549.830. Una cifra, incluso, inferior, a la registrada en 2006, cuando la Seguridad Social acogió a 982.225 afiliados (por la regularización de inmigrantes), lo que explica los elevados superávit de la Seguridad Social, y que han servido para ‘engordar’ la llamada hucha de las pensiones.

La afiliación masculina cae por segundo mes

El deterioro del mercado laboral, sin embargo, se está cebando especialmente entre los hombres. Los datos oficiales muestran que el número de afiliados varones acumula ya dos meses consecutivos de descensos (del 0,7% y el 0,8%, respectivamente), algo que no sucedía desde el bienio 1993-94. Por el contrario, el número de cotizantes mujeres crece todavía a ritmos del 3%. El hecho de que el ajuste económico se esté centrando en el sector de la construcción y, en general, en las industrias que viven del ‘ladrillo’ puede explicar tan abultada diferencia.

La degradación del mercado de trabajo se pudo visualizar ayer con toda nitidez en los datos del paro registrado publicados por los servicios públicos de empleo. Aunque formalmente el paro creció en 37.542 personas, si ese dato se corrige de efectos de calendario con los modelos econométricos que aplica el Ministerio de Economía el resultado real es que el desempleo creció en 92.500 personas. Una cifra verdaderamente espectacular teniendo en cuenta que abril ha sido, históricamente, un mes positivo desde el punto de vista del empleo dada la alta estacionalidad que tiene la economía española.

En los meses centrales del año se crean más puestos de trabajo que al principio y el final de cada ejercicio. El dato de abril es verdaderamente relevante todo vez que indica que el paro está creciendo a un ritmo del 15,6%, lo que refleja la intensidad del ajuste laboral, que como ayer admitió el propio Pedro Solbes está siendo mucho más acelerado que lo previsto inicialmente por las autoridades económicas.

El ‘apagón’ estadístico que tanto criticó el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, durante los tiempos de la oposición socialista, se vuelve ahora contra él. El banco central ha dejado de publicar mensualmente los datos de remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen. Desde el pasado 1 de enero, la información tiene carácter trimestral, lo que significa que se ha roto la serie histórica en unos momentos especialmente relevantes desde el punto de vista del envío de remesas.

Desde hace al menos cuatro meses, y en coherencia con el deterioro de la situación económica en España, la cuantía del dinero que envían los trabajadores inmigrantes a sus países no ha dejado de caer. Si en octubre de 2007 se enviaron 770 millones de euros, un mes más tarde la cuantía había descendido hasta los 724 millones, pero es que en diciembre ya fue sólo de 698 millones. Al comenzar el año 2008, prosiguió la tendencia descendente, ya que las remesas alcanzaron los 667 millones de euros. Esta información mensual fue, sin embargo, la última disponible con esa frecuencia, ya que desde entonces el Banco de España ha dejado de publicar los datos. Hasta que no se conozca la balanza de pagos del primer trimestre no se podrán saber los datos del conjunto del periodo.

La cuantía de las remesas de divisas es una variable importante para determinados círculos académicos y profesionales, lo que explica que se haya levantado un cierto revuelo sobre la decisión del banco central de no publicar mensualmente los resultados. El profesor Rafael Pampillón, del Instituto de Empresa, es quien ha levantado la liebre. En su opinión, con esta decisión, el Banco de España rompe la serie estadística mensual y “priva a los estudiosos de la coyuntura y a los investigadores de una información preciosa en un momento crítico de la economía española”.

Un mercado único de pagos

El banco central, por su parte, le ha respondido que la decisión de no publicar las series mensuales tiene que ver con una Directiva comunitaria que regula la existencia de un mercado único de pagos. Y en ese marco se ha decidido que los datos que se publiquen tengan carácter trimestral.

Las remesas de inmigrantes cumplen un papel cada vez más relevante en la balanza de pagos de España, como pone de manifiesto el hecho de que se han multiplicado prácticamente por cuatro en los últimos años. De los 2.844 millones de euros que salieron en 2002 se ha pasado a 8.130 millones el año pasado, lo que da idea de la intensidad de los flujos migratorios. Aquí no se incluyen las pequeñas cantidades que llevan los inmigrantes en mano ni tampoco el dinero en pequeña cuantía que se envía desde los locutorios o centros de envío, lo que significa que la cifra real es superior a la que se registra en los datos oficiales. Eso si, ahora con carácter trimestral y no mensual.

No son buenos tiempos para el empleo. Tampoco para lo salarios. Pero si a esto se une un alto nivel de endeudamiento de las familias -superior al 130% de su renta disponible- y una inflación instalada desde hace meses por encima del 4%, el resultado no podía ser otro que un desplome del consumo de los hogares desconocido desde la recesión del bienio 1992-93.

El último dato que avala este escenario lo dio ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), que anunció una caída de las ventas al por menor del 5,5% en términos reales una vez eliminado el efecto calendario. No se recuerda un dato tan malo desde al menos quince años, lo que da idea de la aceleración del ajuste y del progresivo deterioro de la capacidad de gasto de las familias. En particular, a la hora de adquirir equipamiento para el hogar, cuya evolución se ha desplomado un 17% respecto de marzo del año pasado, mientras que el gasto en alimentación ha retrocedido un 5% en términos reales.

El deterioro del gasto hunde sus raíces en el escaso margen de maniobra del que disponen los hogares para hacer frente al nuevo escenario monetario (el euribor cerrará abril en un 4,8%), pero también tiene que ver con el hecho de que los salarios se han quedado definitivamente atrás respecto a lo que aumentan los precios. Un informe elaborado por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha puesto de manifiesto que en 2006 el 74,4% de los trabajadores estaba amparado por una cláusula de revisión salarial para compensar la desviación del IPC. Sin embargo, esta cláusula sólo fue efectiva en el 46% de los convenios, es decir, menos de la mitad. La Comisión recuerda en su informe sobre negociación colectiva que “no todas las cláusulas tienen carácter retroactivo”, ya que en muchos casos sirven “únicamente” para fijar el nivel salarial de partida para el nuevo ejercicio.

La espiral inflacionista

La Comisión recuerda que, en contra de lo que normalmente se da por hecho, las cláusulas de revisión salarial no aceleran la espiral inflacionista (lo que puede explicar que la patronal CEOE las defienda ahora a capa y espada). Por un lado, porque está demostrado que en los convenios con cláusula el incremento inicial del salario es inferior al que se aplica en los convenios que carecen de ella. En segundo lugar, porque la diferencia entre los crecimientos inicial y final de los salarios es siempre menor que la desviación entre la inflación final y la prevista, lo que supone una pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Y todo ello siempre que se produzca una revisión de las nóminas para compensar la subida de los precios, ya que hay que recordar que en España (datos de la EPA del primer trimestre) existen 16,8 millones de asalariados, pero únicamente 9,8 millones sustancias sus relaciones laborales a través de un convenio de empresa o de sector.

Los aumentos de productividad tampoco han servido para ganar poder adquisitivo para un número sustancial de trabajadores. En los últimos años, los avances de productividad han sido en todos los casos inferiores al 1%, pero el porcentaje de trabajadores que han pactado incrementos salariales iniciales superiores a la suma de la inflación y al aumento de la productividad apenas ha superado el 50% de los trabajadores con convenio, lo que pone de relieve la moderación salarial practicada en la economía española.

Esta moderación explica en buena medida el frenazo al consumo de las familias, que dibuja una senda claramente descendente desde el 4,9% registrado (media anual) en el año 2000. El año pasado la tasa de aumento se situó en el 3,1%, pero es que para 2008 y 2009 el propio Ministerio de Economía ha estimado un crecimiento del 2,2%. Tasa que a luz de lo que ha ocurrido en el primer trimestre -con una caída del 3,6% en lo que va de año- es muy probable que tenga que volver a ser revisada. Sobre todo teniendo en cuenta el desplome de las expectativas económicas, como reflejan todos los indicadores de confianza, ya que en un contexto macroeconómico incierto, las familias restringen el gasto ante la posibilidad de que alguno de sus miembros pierda el empleo.

El salario supone más del 90% de la renta disponible de las familias, por lo que el empleo es el factor determinante de su nivel de gasto. Y la economía española lleva dos trimestres consecutivos destruyendo puestos de trabajo en términos no desestacionalizados.

No pierdan el tiempo. No dediquen ni un minuto a leer las nuevas previsiones macroeconómicas del Ministerio del Economía. Son papel mojado. No valen para nada. Nacen con seis meses de retraso y ya están superadas por los acontecimientos. El Gobierno, no es fácil comprender por qué razones, se ha instalado en una especie de realidad virtual en materia económica; aquí no pasa nada y todo es pasajero. Parece imbuido por aquel viejo principio que esgrimen los psiquiatras ante sus pacientes: lo que no tiene solución, no es un problema, y, por lo tanto, no hay que preocuparse de nada.

De otra manera no se entiende por qué el presidente del Ejecutivo -estamos ya ante una asunto que desborda ya al propio Solbes- no se pone delante de la manifestación para gobernar lo que se avecina. No hace falta ser un mago de la coyuntura para entender que si en el primer trimestre del año -con la Semana Santa de por medio- se han perdido 74.600 puestos de trabajo y el paro ha aumentado en algo más de 246.600, lo peor está por venir. No se trata de provocar falsos alarmismos o catastrofismos injustificados. Simplemente con echar un vistazo a las series históricas es obvio que si el desempleo sube nada menos que un punto porcentual en sólo un trimestre hasta cerca del 10% -arruinando las estimaciones de los institutos de coyuntura más pesimistas- es que tenemos un problema Houston. Y serio. Desde los tiempos de la recesión de 1992 y 1993 (cuatro trimestres consecutivos con crecimiento negativo) no se veía nada igual.

Los datos de la EPA reflejan que la economía española destruye empleo incluso creciendo alrededor de un 2,6-2.7% en el último año, lo cual es para echarse a temblar teniendo en cuenta que en 2009 nadie apuesta por que el PIB aumente más de un 1%.

Lo más curioso es que las autoridades -ahí está el reciente discurso de Solbes ante el Colegio de Economistas- siguen analizando la coyuntura española como un problema derivado exclusivamente de dos frentes: el agotamiento del ciclo del ‘ladrillo’ y los problemas financieros. Se supone, por lo tanto, que cuando amaine el temporal financiero que arrancó tras el estallido de las hipotecas ‘subprime’, España recuperará la senda del crecimiento. Aquí paz y después gloria. Olvida, sin embargo, que este país ha perdido para siempre los dos instrumentos de política económica que desde el Plan de Estabilización le sirvieron para capear los ciclos económicos: la política monetaria y el tipo de cambio. Le queda la política fiscal y sólo con recordar lo que ha pasado en el primer trimestre de este año (el superávit se ha reducido a la mitad) no es difícil adivinar lo que avecina en los próximos meses.

Agotamiento del ‘ladrillo’

Si algo demuestra la Encuesta de Población Activa (EPA) que se acaba de conocer es que los problemas económicos de España no se agotan con el ‘ladrillo’. No está de más recordar que de los 318.100 nuevos desempleados, 114.200 son de la construcción, pero es que 124.400 tienen que ver con el sector servicios, con un crecimiento del paro entre este colectivo del 17% en el último año.

El problema ya no es, por lo tanto, de recolocación de los trabajadores del ‘ladrillo’, sino de regenerar el tejido productivo en el sector servicios, con diferencia la clave de bóveda de nuestro sistema económico.

Otro dato ilustra lo que está pasando. Nada menos que 557.000 trabajadores (la cuarta parte de los parados) perdió su ocupación hace más de un año, lo que pone de manifiesto hasta que punto los servicios públicos de empleo son incapaces de recolocar a los trabajadores sin empleo. Este problema -ya antiguo en la economía española- tiene que ver con la utilización intensiva de mano de obra de baja o nula cualificación, lo que provoca que sus posibilidades de recolocación sean extremadamente limitadas. Un profesional cualificado tiene altas probabilidades de encontrar empleo en sectores no relacionados estrictamente con su actividad –incluso con salarios más bajos de lo que debería corresponderle-, pero este no es el caso de trabajadores sin formación. Se trata, por lo tanto, de un problema estructural que puede explicar la tozudez del desempleo a la hora de reducirse. Es verdaderamente significativo que el paro no haya bajado del 8% tras 13 años ininterrumpidos con crecimientos superiores al 3%.

Como consecuencia de ello, nos encontramos con colectivos cada vez más necesitados, como pone de manifiesto el hecho de que el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro haya crecido en el último año un 24,9%. No se trata de una cifra pequeña o anecdótica. En este país hay 512.000 hogares en los que ninguno de sus miembros tiene empleo. Y muchos de ellos son inmigrantes, cuya vulnerabilidad al enfriamiento económico es mucho mayor. ¡Ojo al dato!, que decía el clásico. El paro afecta ya al 14,65% de la población activa inmigrante, con un crecimiento del 31% en el último año, el doble que entre los nativos.

Como se ve, viejos problemas de la economía española que los años de la exhuberancia irracional taparon, pero que estaban allí. Como el de la temporalidad. La EPA del primer trimestre ha dejado nítidamente claro que el ajuste económico -como sucedió en la anterior recesión- se está cebando en el empleo más precario. El hecho de que en los últimos doce meses el número de asalariados con contrato temporal caiga en 206.000 personas indica bien a las claras que los primeros trabajadores despedidos (mediante la no renovación del contrato) son los eventuales.

Bienvenidos al túnel del tiempo. En el horizonte, la España de los tres millones de parados vuelve a adivinarse.

Al sistema tributario español le empieza a suceder lo que a los malos actores, que sobreactúa. Cuando la economía va bien, se disparan los ingresos. Hasta el punto de que la recaudación crece por encima de los dos dígitos. Pero cuando las cosas se tuercen, los ingresos se desploman de una forma irracional. La recaudación, incluso, aumenta por debajo del crecimiento nominal de la economía. En el primer trimestre de este año, sin ir más lejos, la economía habrá crecido en torno al 2,7-2,8% en términos reales y en tasa anual, pero los recursos del Estado (en términos de Contabilidad Nacional) sólo aumentan al 1,3%. Es decir, muy por debajo del PIB real y, por su supuesto, del Producto Interior Bruto nominal (con inflación), y que la mayoría de los analistas sitúa para el conjunto de este año en el 5%

Los datos son relevadores y fueron ayer publicados por la Intervención General del Estado (IGAE). La imposición indirecta -que representa algo más de la mitad de los ingresos tributarios del Estado- ha caído un 3,5% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior. Pero es que en el caso del IVA el descenso es del 5,7%, lo que pone de manifiesto la alta exposición del sistema fiscal al ‘ladrillo’ y al consumo de las familias. Lo peor es que el Estado, tal y como se dijo en el Congreso de los Diputados durante la presentación del ‘techo de gasto’ para 2008, había previsto un aumento de los ingresos del 6,3% sobre el avance de liquidación en el caso del IVA y del 6,7% para el conjunto de la recaudación. Como se observa, muy por encima de lo que ahora aparece como probable.

Por el contrario, como los pagos siguen creciendo en tasas elevadas (un 12,8% en términos de Contabilidad Nacional) la consecuencia es obvia. En apenas tres meses el colchón financiero que tenía el Estado para hacer frente a la época de las vacas flacas se ha reducido a la mitad. De los 6.747 millones de superávit que había el año pasado por estas fechas en la ‘hucha’ del Estado se ha pasado a 3.276 millones de euros, lo que significa un retroceso del 81%. O dicho en otros términos. De disponer de un excedente equivalente al 0,64% del PIB se ha pasado al 0,29%. Y ello pese a que la imposición directa (IRPF y Sociedades) está creciendo con fuerza. Un 12,2% (en términos homogéneos) en el primer caso y un 28,6% en el segundo. Algo que pone de manifiesto que los impuestos que gravan el trabajo, paradójicamente, son los más expansivos, mientras que los que se aplican sobre el consumo tiene un peor comportamiento.

La elasticidad del sistema impositivo español al momento económico -que podría calificarse como histérica- no es un fenómeno nuevo. Viene de lejos. Históricamente, la recaudación se ha disparado cuando la economía ha ido como un tiro, como ha sucedido en los últimos años. Entre 2005 y 2007, los ingresos no financieros crecieron siempre por encima del 10%, pero para eso fue necesario que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentara nominalmente en tasas superiores al 7% (por encima del 3,5% en términos reales). Por el contrario, entre 2000 y 2004, con crecimientos económicos inferiores, los ingresos no financieros se han movido en una horquilla situado entre el -13,4% del año 2002 (segunda reforma fiscal del PP) y el 7,5% del año 2000.

Más crecimiento, más ingresos

La elasticidad fiscal en España (relación entre el crecimiento de los ingresos tributarios y el PIB nominal) se ha movido, así, entre un máximo de 1,8 en 2007 y un mínimo de 0,1 en 2003, lo que da idea de su enorme volatilidad. Cuando la elasticidad crece por encima del 1, eso significa que se incrementa la presión fiscal, y viceversa.

El dato es extremadamente importante toda vez que determina la solvencia de las cuentas públicas. Y todo indica que en 2008 la elasticidad impositiva se situará en niveles mínimos desde la salida de la anterior recesión. De hecho, si se mantiene la actual tendencia es más que probable que en el año 2008 el Estado (sin tener en cuenta la Seguridad Social) vuelva a los números rojos. Los datos ofrecen pocas dudas. La Administración central del Estado tuvo el año pasado un superávit equivalente a 13.326 millones de euros, lo que significa que si el excedente se reduce a la mitad (tendencia del primer trimestre) el ‘colchón’ -siempre que se mantenga el resto de variables- sería de unos 6.600 millones de euros, cantidad que tendrá que destinarse casi íntegramente a financiar el célebre cheque de 400 euros que se distribuirá a lo largo del año, y que tendrá un coste de unos 6.000 millones de euros.

El regreso del Estado a los números rojos entra de lleno en las previsiones de los principales institutos de coyuntura. El BBVA estima para este año un superávit del 0,3% del PIB, pero hay que descontar el excedente que tendrá la Seguridad Social, mientras que para 2009 prevé un déficit del 0,3%. Funcas, por su parte, estima un superávit de seis décimas este año y un déficit de 1,2% del PIB para el año próximo.

Más peliaguda es la situación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El año pasado, con un crecimiento de la economía del 3,8% (el doble que este año), tuvieron un déficit equivalente a tres décimas del PIB. 1.746 millones en el primer caso y 1.498 millones en el segundo, lo que pone de relieve que ni siquiera en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad económica han sido capaces de generar superávit. Lo cual incumple la Ley de Estabilidad, que obliga a las administraciones a tener excedentes cuando el PIB crece por encima del 3%, como sucedió el año pasado.

Achicar agua es un viejo recurso de cualquier navegante para seguir a flote. Pero a ningún avezado marino -ni siquiera al torpe capitán del Titanic- se le ocurriría confiar la salvación de su nave -en medio de la tormenta- a una política de achique de aguas. Se supone que cuando los problemas son de naturaleza estructural, lo lógico es que se tomen medidas de calado. Y, al contrario, cuando el agua entra de forma esporádica y sin que afecte a la estabilidad de la nave, lo sensato es no matar moscas a cañonazos. Si nos atenemos a lo que ocurre en la economía española, no parece que estemos en el segundo de los supuestos. Más bien nos encontramos ante un cambio de ciclo que ha puesto patas arriba el patrón de crecimiento observado en la última década.

Existe un cierto consenso entre los especialistas en que más allá de los problemas que vienen de fuera -restricción internacional del crédito, recesión en EEUU o encarecimiento del petróleo- la economía española tiene por delante problemas que ella solita ha creado (excesiva dependencia de la construcción, baja productividad o un modelo de crecimiento basado en el consumo y en el endeudamiento de familias y empresas). Parece evidente, por lo tanto, que si quiere salir del embrollo lo urgente es atajar esas vías internas de agua que han resquebrajado la estructura del paquebote. Estamos ante una doble crisis que ha coincidido en el tiempo, lo cual es especialmente grave.

Por eso sorprende que el Gobierno -erre que erre- insista en presentar los problemas de la economía (hoy oficializará su anunciado plan de choque) como un asunto de naturaleza coyuntural, cuando los más finos y certeros observadores hablan sin matices de la quiebra de un determinado patrón de crecimiento. Pero sorprende todavía más que las autoridades económicas no hayan sido capaces, hasta el momento, de poner en marcha grupos de trabajo capaces de identificar, al menos, qué tipo de salida a la crisis es la más beneficiosa para la economía española. Porque si algo está claro es que no todas las alternativas son iguales.

No es lo mismo, por ejemplo, el ‘modelo irlandés’ que el ‘modelo alemán’. Hay quien, como José María Fidalgo (CCOO), no cree en los modelos económicos, pero no cabe duda de que cada país muestra un determinado perfil de crecimiento. En el caso irlandés, por ejemplo, sus señas de identidad han sido en los últimos años una fiscalidad baja para las empresas y una apuesta decidida por las nuevas tecnologías de la mano de las multinacionales estadounidenses, que han convertido a la isla en su plataforma hacia Europa. El otro rasgo que ha distinguido a Irlanda -en esto se parece a España- es haber convertido al sector de la construcción en el motor de su actividad productiva.

Paralelismos entre Irlanda y España

Lo dijo ayer mismo el Banco Central Europeo (BCE) en su informe mensual. Irlanda y España, dice el informe, son los dos países en los que la construcción tuvo mayor peso en el 2006, el 10% y el 12%, del valor añadido nominal respectivamente. En el otro extremo, la participación de este sector en la economía alemana ha estado disminuyendo, y en el 2006, representaba sólo el 4% del valor añadido del país. El dinamismo de la actividad constructora en Irlanda y España, sostiene el BCE, se muestra claramente en el rápido crecimiento de los préstamos relacionados con estas actividades. A finales del 2006, los préstamos destinados a la construcción y a las actividades inmobiliarias ascendían al 51% del saldo total de préstamos a las sociedades no financieras en España, y al 74% en Irlanda. Es decir, que en ambos casos el ‘ladrillo’ ha sido la fuente principal del enriquecimiento colectivo (al menos en términos agregados), lo que explica que ambas naciones sufran hoy con mayor intensidad los rigores del ajuste económico. El ‘tigre celta’ no pasa hoy de ser un gatito de compañía, mientras que el ‘toro ibérico’ se convierte cada día que pasa en un novillo lidiado en una plaza de tercera.

En Alemania, por el contrario, tras años de estancamiento económico, se apostó por las exportaciones para salir de la crisis. Se dio un tajo al Estado de bienestar y, finalmente, se rebajó la carga fiscal que soportan las empresas. Es decir, se tomaron medidas de calado una vez que las autoridades económicas tuvieron el convencimiento de que los problemas eran de fondo y no meramente coyunturales. Y todo ello en nuevo clima político de mayor estabilidad (Grossen Koalitioneen entre la CDU y el SPD).

Quiere decir esto que se tomaron medidas. Como anteriormente lo hicieron los suecos o los austriacos. Y no digamos nada el Reino Unido, que vive el periodo de esplendor económico más largo desde los tiempos de las colonias. Por el contrario, en otras naciones, como Italia, Portugal o Francia se optó por poner cara de póker, y eso explica que sus economías se hayan arrastrado durante los últimos años.

No hace falta ser un lince para darse cuenta de lo que le pasa a la economía española no es meramente coyuntural, como hace creer el Gobierno. No es normal que una economía pase en ocho trimestres de crecer un 3,8% (año 2007) al 0,9% en 2009, tal y como ayer pronosticó Funcas, el servicio de estudios de las cajas de ahorros, que estima para el año próximo un déficit presupuestario equivalente al 1,2% del PIB. Y todo ello aderezado con un paro superior al 11% de la población activa.

Exposición al riesgo

Una caída tan pronunciada sólo puede explicarse por la elevada exposición al riesgo en un doble frente: el crédito y el ladrillo, como se sabe fenómenos muy interrelacionados. Y por eso, construir una alternativa es algo más que necesario.

Por si alguien no lo recuerda, España salió de la recesión de 1992-93 gracias al sector exterior, pero después de sufrir cuatro devaluaciones que hicieron a los españoles un poco más pobres. O un poco menos ricos, como se prefiera. Dos datos ilustran la manera en que España ganó competitividad respecto a los principales socios comerciales, algo que ha permitido a la economía tirar durante los últimos tres lustros. En 1990, un marco alemán se cambiaba de manos por 63,09 pesetas, pero en 1998, inmediatamente antes de la llegada del euro, el tipo de cambio era ya de 84,90 unidades. Respecto del franco francés, más de lo mismo. De las 18,72 pesetas por franco de 1990 se pasó a 25,33, lo que da idea de la depreciación de la peseta en tan corto espacio de tiempo. Un 35% en ambos casos.

Es decir, que se ganó competitividad y España pudo salir de la crisis gracias a algo que ahora no es posible: la devaluación de la moneda. La caída en vertical de los tipos de interés, la entrada masiva de inmigrantes con bajos salarios bajos y condiciones laborales precarias, las privatizaciones y -por entonces- el bajo endeudamiento de las familias y empresas, hicieron el resto, dando alas a la economía española durante los pasados 14 años. Ninguna de esas condiciones históricamente favorables y coincidentes en el tiempo, se presentan como factibles en los próximos años, y por eso insistir en que esta es una crisis pasajera tiene mucho de voluntarismo.

Dijo el miércoles Pedro Solbes que “según la mayoría de estimaciones, en la segunda mitad de 2009 podría comenzar a normalizarse la situación, de manera que en el 2010 retornaríamos a tasas de crecimiento normales, en el entorno del 3%”. Pero no dijo cuál sería el bote salvavidas al que se agarrará la economía española para salir a flote. ¿Al sector exterior?, con el mayor déficit comercial del mundo en términos relativos entre los países industrializados. ¿Compitiendo con nuestros bienes y servicios?, con una inflación que en la zona euro sólo la supera Eslovenia. ¿Gracias a nuestro sistema educativo?, sin duda una calamidad en muchos aspectos. O gracias a un nuevo milagro de los panes y de los peces. Quién lo sabe.

Lo peor está por llegar. Al menos, eso es lo que estiman los institutos de coyuntura españoles, que un día sí y otro también están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento económico para 2008 y 2009. El último en hacerlo ha sido el BBVA, que ayer colocó el aumento del PIB para este año dentro de una horquilla situada entre el 1,7% y el 2,2%, si bien el escenario central se sitúa en 1,9%, lo que significa que la economía estaría creciendo un raquítico 1,2% en el último trimestre del año, el peor registro desde los últimos tres meses de 1993. El BBVA estima que la economía habrá crecido un 2,7% entre enero y marzo de este año.

Para 2009, las previsiones son aún peores. El servicio de estudios del BBVA estima un incremento del Producto Interior Bruto del 1,4% si se cumple el escenario central, ya que se trabaja dentro de una horquilla del 2% como máximo y del 0,8% como mínimo. En ambos casos, de cumplirse las previsiones, eso significaría que la velocidad de deterioro de la actividad económica (al menos nominalmente) sería superior a la observada inmediatamente antes del 1993, que marca el punto álgido del anterior periodo recesivo de la economía española.

Los datos históricos indican lo siguiente. En el cuarto trimestre de 1990, la economía creció un 3,8%, pero seis trimestres después -en el segundo trimestre de 1992- la evolución del PIB ya anotaba un aumento del 1,8%. En el ciclo actual, ese 3,8% se registró en el tercer trimestre de 2007, y dado que, según el BBVA, la economía estará creciendo un 1,2% al acabar este año, eso significa que en apenas cinco trimestres se habrá cubierto un camino que anteriormente se tardó seis trimestres en recorrer, y además con un resultado claramente mejor (la economía creció seis décimas más que en el ciclo actual).

Antesala de la recesión

Aquel frenazo en seco de la actividad económica fue la antesala de la recesión de los primeros años 90, periodo en el que se encadenaron cuatro trimestres consecutivos con resultados negativos (del -0,8%, en el último trimestre de 1992; del -1,8% en el primero y segundo trimestre de 1993, y del –0,9% en el tercero). A partir de ahí la economía enfiló un periodo de expansión que prácticamente ha llegado hasta nuestros días.

Según el BBVA, lo que a estas alturas está fuera de toda duda es que el ajuste durante el actual ciclo será más intenso que en el observado a raíz del pinchazo de la burbuja tecnológica. Entre el cuarto trimestre de 2000 y el primer trimestre de 2004, el componente cíclico del PIB redujo un 0,5% el crecimiento económico en términos promedio, mientras que entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2009, el drenaje promedio esperado alcanzará el 1,1%. Sin embargo, la aportación negativa del ciclo no se aproximará a la que tuvo lugar durante la recesión de comienzos de la década de los 90. Entre marzo de 1992 y septiembre de 1993, el componente cíclico del PIB restó 2,5 puntos porcentuales al crecimiento económico de España.

El empeoramiento del entorno exterior (algo que dañará las exportaciones españolas), y el hundimiento del ‘ladrillo’, hasta situarse la actividad constructora con tasas negativas superiores al 14%, explican la visión negativa que tiene el BBVA sobre la actividad económica durante este año y el siguiente. Tan sólo a partir del segundo semestre del 2009, la economía podría empezar a dar signos positivos. Pero hasta entonces, más paro y menos empleo en un contexto de franco deterioro para las cuentas públicas, hasta el punto de que el superávit presupuestario desaparecerá en 2009.

La clave de bóveda de esta ralentización de la economía tiene que ver con el peor comportamiento del mercado de trabajo. Hasta el punto de que en 2009, por primera vez desde la última recesión, la economía volverá a destruir empleo. En concreto, 27.000 puestos de trabajo, mientras que este año únicamente se generarán 183.000, menos de la tercera parte que un año antes.

Consecuencia de ello, y pese a la prevista desaceleración de la población activa, la tasa de paro se irá al 9,5% este año, y al 11% el que viene.

Para mitigar los efectos de la crisis, el BBVA propone una batería de medidas de carácter anticíclico. Estas son las más relevantes:

• Reducción de los tipos marginales del IRPF: El BBVA lo plantea como una medida temporal. Tendría un mayor impacto a corto plazo si se aplicase sobre todo a los tramos bajos de renta (los que tienen mayor propensión al consumo). Las bajadas generalizadas de tipos marginales tienen más sentido como política de oferta a largo plazo más que como política anticíclica.

• Aumento del gasto público en infraestructuras o en vivienda social: El BBVA entiende que una medida de este tipo tiene la ventaja de ser temporal y con un impacto directo en el gasto final, además de contribuir a elevar la capacidad productiva de la economía. Se trata de una medida relativamente rápida, y de ahí su eficacia. La inversión realizada por las Administraciones Públicas viene aumentando su importancia en los últimos años al representar en 2007 el 3,8% del PIB, siete décimas más que al comienzo de la década, pero la evolución de la licitación pública, indicador adelantado de la inversión efectivamente realizada es una “señal de alarma”, destaca el BBVA, al haber caído el 13% en 2007 (si bien es cierto que esta caída es debida, al menos en parte, al ciclo electoral). Si la inversión se dedica a la promoción de vivienda social, parecería adecuado que fuese a vivienda de alquiler, para promover dicho mercado y evitar caídas de precios en un momento de exceso de oferta de vivienda.

• Extensión del seguro de desempleo a determinados colectivos de parados: La eficiencia de esta medida, dice el BBVA, sería muy alta al recaer sobre un colectivo con alta propensión a consumir, y su aplicación es automática. Para limitar el impacto sobre el déficit estructural y reducir los desincentivos al trabajo en el largo plazo es necesario que sea una medida temporal.

• Reducción temporal de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores con salarios por debajo de un cierto límite. También sería una medida eficiente y rápida, sostienen el banco, con un impacto más complementario al de la extensión del seguro de desempleo (al aplicarse a colectivos distintos). El efecto sobre la sostenibilidad de las pensiones sería mínimo si la medida es temporal y, en cualquier caso, podría compensarse a través de una transferencia por parte del Estado al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social.

La morosidad sube. Pero de forma muy desigual. Los últimos datos del Banco de España indican que los créditos dudosos del sector inmobiliario crecen entre las cajas de ahorros cuatro veces más que entre los bancos. Las cifras no dejan lugar dudas. Hasta el cuarto trimestre del año pasado, los créditos dudosos de las cajas (terminología del banco de España que viene ser la antesala de un fallido) ascendían a 1.103 millones de euros, muy lejos de los 260 millones que registraban los bancos.

La enorme distancia no puede achacarse a que las cajas conceden más crédito a las inmobiliarias que los bancos, ya que la diferencia es de un 32%, lo que indica que tiene más que ver con su grado de exposición al riesgo. Las cajas se han volcado más que los bancos en la financiación de proyectos inmobiliarios, incluso mediante participaciones accionariales. Fundamentalmente en la compra de suelo.

De hecho, bancos y cajas tienen un parecido nivel de fallidos en créditos concedidos al sector de la construcción. En el primer caso, los créditos calificados como dudosos ascienden a 470 millones de euros, mientras que en el segundo, ascienden a 496 millones. Bancos y cajas tienen un grado de exposición al ladrillo similar en este caso, ya que los primeros han concedido 65.389 millones y los segundos 73.405 millones.

El volumen de fallidos del sistema financiero en el segmento de las actividades productivas es, en cualquier caso, extremadamente bajo, toda vez que de los 943.086 millones concedidos tan sólo se encuentran en situación de dudosos 6.963 millones, apenas el 0,7%. De esa cantidad -incluyendo otras entidades financieras como las cooperativas de crédito- 2.692 millones corresponden al ‘ladrillo’: inmobiliarias y construcción,

Ahora bien, esos datos no recogen todavía lo que ha sucedido en el primer trimestre de este año, periodo en el que se ha producido un agravamiento de la crisis inmobiliaria. El empeoramiento progresivo de la situación se pone de manifiesto si se observa que, en el caso de las cajas de ahorros, la cuantía de los créditos dudosos relacionados con actividades inmobiliarias ascendía al comenzar el año 2007 a 484 millones de euros, prácticamente la tercera parte de cómo ha acabado el año. En el caso de los bancos, los fallidos han pasado de 197 millones a 260, lo que da idea de que la crisis de las promotoras -en la última parte del año- les ha afectado con menor intensidad.

Créditos por valor de 450.000 millones

El grado de exposición de bancos y cajas al ‘ladrillo’ es verdaderamente relevante. El sector de la construcción tiene contraído créditos por valor de 153.453 millones de euros, mientras que las inmobiliarias adeudan al sistema financiero nada menos que 303.497 millones de euros, lo que explica la importancia de ambos sectores para las cuentas de las entidades de crédito.

Estos datos se refieren sólo a los créditos a actividades productivas, ya que los concedidos a las familias para adquisición de su vivienda se encuentran en un epígrafe distinto. En este caso, también el grado de exposición de las cajas es mayor, ya que su presencia en el mercado hipotecario es sensiblemente superior. El 58% de los préstamos lo ejecutan las cajas y el 31% los bancos, aunque en este caso el nivel de dudosos es similar.

En enero de 2003, el hoy gobernador del Banco de España escribía en un periódico económico lo que sigue: “Dejemos de quitar importancia a la inflación. Tome o no tome decisiones para reducir la inflación, el Gobierno no debería tranquilizar a los españoles sobre nuestra inflación diferencial, sino, como hizo al principio de su mandato, debería decir la verdad, explicar que es un asunto importante, serio y con consecuencias graves si no se toman las medidas adecuadas”.

Fernández Ordóñez partía en su análisis de algo que a él le parecía escandaloso y hasta peligroso (sic). El hecho de que el Ejecutivo intentara “convencer al país de que la inflación no es importante”. “Y ello -remachaba- no es cierto”. ¿Saben ustedes en cuánto se situaba el IPC armonizado por entonces? Pues ni más ni menos que en el 3,8%, es decir ocho décimas menos que ahora (si se conforma el dato adelantado de marzo).

Así son las cosas. Lo que antes era un asunto hasta peligroso, ahora parece haberse convertido en una cuestión pasajera. Derivada exclusivamente del encarecimiento de los productos petrolíferos.

Tenía razón Fernández Ordóñez en su análisis. El repunte intenso de la inflación -antes y ahora- es un asunto importante, pero da la sensación de que a las autoridades económicas no les va nada en ello. ¿Conocen ustedes alguna decisión de política económica tomada en los últimos dos años destinada combatir el alza de los precios? ¡Bingo! Ninguna.

Aquí nadie se mueve. No vaya a ser que alguien se moleste. Ni el Tribunal de Defensa de la Competencia, ni la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ni la Comisión Nacional de la Energía, ni ningún otro organismo regulador ha tomado en los últimos años una sola decisión encaminada a abrir los mercados a la competencia y favorecer una rebaja de precios. Así se puede explicar que la primera operadora de telecomunicaciones saque pecho demostrando al mundo que ella es la que más dinero gana sin que ninguna autoridad económica se ruborice. O que las tarifas eléctricas estén pensadas con los pies para favorecer lo contrario a la competencia. O que haya un oligopolio de facto en el mercado de la distribución de hidrocarburos que sólo favorece a las grandes compañías del sector.

Es evidente que desde hace demasiados años España tiene un problema con la inflación, por lo que sorprende sobremanera el desinterés que ocupa este asunto en la agenda de los agentes económicos y políticos. ¿Recuerda usted alguna reunión al máximo nivel entre empresarios, sindicatos y Gobierno para hablar sobre el nivel de precios? Otra vez ¡Bingo! Ninguna. Y todo ello en un país que tiene entre sus industrias más potentes (aparte del ‘ladrillo’) al turismo y el automóvil, sin lugar a dudas afectadas por la competencia exterior.

Verdaderamente descorazonador teniendo en cuenta que en un mudo globalizado, como todo el mundo sabe, la capacidad de competir es la clave de bóveda del progreso económico. Y en el que la posibilidad de devaluar la moneda simplemente ha desaparecido por la pertenencia de España al euro. ¿Verdad, señor Solbes?

La voracidad de la economía para crecer vía endeudamiento exterior ha roto una nueva barrera. España debe hoy la friolera de 1,54 billones de euros. O, lo que es lo mismo, el 150% de su Producto Interior Bruto (PIB), nivel jamás alcanzado desde que existen series históricas.

Los datos que obran en poder del Banco de España se refieren al cierre de 2007, y muestran hasta qué punto el periodo expansivo de los últimos años se ha hecho apelando al endeudamiento de los agentes económicos, en particular empresas y familias. Las administraciones públicas, por el contrario, se han comportado de una manera más estable. En marzo de 2002, hace apenas media docena de años, España debía en el exterior 602.000 millones de euros, es decir, menos de la mitad que ahora. En junio de 2005, sin embargo, el endeudamiento exterior rompió la barrera del billón de euros, lo que significa que en casi tres últimos años, de mediados de 2005 al 2007, España ha necesitado pedir 500.000 millones de euros al extranjero para seguir creciendo.

La deuda externa de un país, tal como lo define el fondo Monetario Internacional, comprende los saldos de todos los pasivos frente a no residentes que van a dar lugar a pagos por amortización, por intereses o por ambos. Por lo tanto, incluye todos los instrumentos financieros, excepto las participaciones en el capital y los derivados financieros, ya que estos dos tipos de instrumentos no suponen, necesariamente, la realización de pagos. La deuda viene a significar, por lo tanto, el saldo vivo de los préstamos pendientes de pago, y que anualmente se concretan en el déficit de la balanza de pagos, y que tan sólo en 2007 aumentó hasta representar el 10% del PIB. Es decir, 106.201 millones de euros. Año tras año, la bola de nieve ha ido creciendo hasta alcanzar esos 1,5 billones de euros que ahora hay que devolver.

La cantidad es importante y especialmente significativa en unos momentos de restricción del crédito, ya que buena parte de ese stock hay que renegociarlo periódicamente en función de necesidades de tesorería de las empresas. Hay que tener en cuenta que prácticamente la quinta parte del endeudamiento es a corto plazo (operaciones con vencimiento a menos de un año).

Inmobiliarias y construcción

De ese billón y medio de euros que debe España, 190.036 millones lo adeudan las distintas administraciones públicas; 724.094 millones lo han pedido prestado los bancos (lógicamente para prestarlo posteriormente a sus clientes) y 490.226 millones las empresas, especialmente las dedicadas a promoción inmobiliaria y construcción.

En la información del Banco de España destaca la apelación que se ha hecho en los últimos meses a la autoridad monetaria (el Banco Central Europeo) para lograr liquidez. Esta rúbrica era insignificante y escasamente representativa hasta el tercer trimestre del año pasado (menos de 500 millones de euros), pero en el último cuarto del año se ha disparado hasta los 3.550 millones, lo que da idea de las necesidades extremas de liquidez que han podido tener algunas instituciones financieras. Pasarse por la ventanilla del Banco Central Europeo es más costoso y visible para cualquier entidad, si bien en la información oficial no se desvelan identidades.

Las restricciones al crédito vienen, por lo tanto, en el peor momento para una economía como la española, tan necesitada de financiación exterior. El déficit de la balanza de pagos continuado (que es equivalente a la deuda exterior de un país) no es otra cosa que la diferencia entre lo que una nación gasta y lo que es capaz de ahorrar. Y el año pasado, sin ir más lejos, España invirtió el 30% de su PIB, mientras que solamente fue capaz de ahorrar el 20% del Producto Interior Bruto, lo que dio origen a un desequilibrio equivalente a 10 puntos del PIB. Ese dinero es el que ahora hay que devolver a los prestamistas internacionales.