De Mayo del 68 a «esto es lo que hay», de Antonio Alvarez-Solís en Gara
La razón fundamental por la que Mayo del 68 no puede ser considerado una revolución es que sus promotores nunca tuvieron voluntad de tomar el poder para impulsar un cambio radical, «que es lo primero que debe hacer una revolución». Así lo defiende Alvarez-Solís, no sin cierta dosis de humor.
Primero sentemos la conclusión a la que hemos llegado tras el estudio minucioso de ese oscuro tránsito que condujo desde un pasado democráticamente artificioso al fascista y rotundo perfil que tiene el presente: los sucesos del Mayo francés del 68 no constituyeron una revolución que cambiara los cimientos de la historia sino una revuelta sin calado que estaba preñada de fracaso. Viento de fronda. Como afirma Eric Hobsbawm los estudiantes, grandes protagonistas del famoso Mayo, no eran revolucionarios, «rara vez -afirma el historiador- se interesaban en cosas tales como derrocar gobiernos y tomar el poder», que es lo primero que debe hacer una revolución. Eran, sencillamente, hijos de una confortable burguesía que les impidió llegar, contaminándoles, a una verdadera praxis revolucionaria. En la época eran escasos los estudiantes de familia pobre y por tanto objetivamente revolucionarios que podían sentarse en las aulas de la Sorbona. Por su parte los trabajadores que dieron relieve a la multitudinaria huelga general que paralizó Francia cedieron en su ofensiva simplemente con la oferta de De Gaulle de aumentar un 14 por ciento sus salarios. Sobre este suelo tan frágil añade Edgar Morin que la gran revuelta callejera fue «más que una simple protesta, pero menos que una revolución».
Sigamos con este enfoque, que respalda perfectamente la situación de extrema servidumbre a la que hemos llegado, sobre todo las masas occidentales, bajo la presión del neocapitalismo. ¿Qué solicitaron como peticiones finales y profundas los estudiantes?: la liberación de todos los jóvenes universitarios detenidos y maltratados por los móviles, la reapertura de la Sorbona y la retirada de la policía en el Barrio latino. Como se verá, nada auténticamente revolucionario y, más bien, transaccional. ¿Qué demandaron a su vez, con aparente energía huelguística, los trabajadores agusanados por el aparato de la CGT, el gran sindicato controlado por el Partido Comunista, que impedía siempre el hálito revolucionario en las masas? Pues esto: retorno inmediato a las cuarenta horas semanales sin pérdida de salario, jubilación a los sesenta años, libertades sindicales y cobro de las horas de huelga, que pasaban no obstante a ser horas recuperables. Hasta ahí llegó la famosa revolución que, según los cegados por el grafiti y las retóricas huecas, estaba cambiando el mundo. Es más, tras la yugulación de aquella vaporosa exhibición de ruidos y luces artificiales la sociedad poderosa recuperó en pocos años la vieja palanca para el debilitamiento del empleo, tornó a absorber el poder sindical, menguó aceleradamente las conquistas sociales, procedió a dinamitar los partidos de izquierda, como el Partido Comunista, y potenció la socialdemocracia, que ya llevaba más de medio siglo conspirando con las clases reaccionarias para fingir una fachada progresista.
Según la verdad de los hechos tanto la universidad convencional como los sindicatos, presuntos dirigentes tardíos de la agitación, temieron una vez más que la ciudadanía procediese en la calle a la ruina de las instituciones. Los poderes establecidos y los que esperan su turno en la cucaña siempre temen perder el mango de la sartén. Por unas causas u otras, estado, organizaciones sindicales y escalones políticos vidriosos procuran que aborte el volcán. Y una revolución consiste con carácter de tal en el cambio radical de la sociedad. Una revolución ha de tener en este caso un espíritu de total eliminación de los factores que sostienen, directa o indirectamente, el modelo de sociedad clasista. Si no procede en esa dirección nunca se puede hablar de revolución. En la revolución soviética del 1917 se tenía esto tan claro que las masas constituidas en soviets procedieron a la eliminación política de los mencheviques, que llevaban en su seno un zarismo inconfesado y una socialdemocracia letal. Eran la glasnost de la primera falsificación del intento revolucionario. Los mencheviques aspiraban simplemente a la instalación de una Duma y de un poder judicial que actuaran liberados del entramado monárquico, que en Rusia era sumamente cruel e invasivo.
Ahora bien ¿quedó algo vivo del Mayo del 68? Yo creo que pervive de él, con cuasiplena presencia, la doctrina que abrió con decisión una puerta al territorio de la sexualidad. Permítame el lector un cierto humor -ahora que el humor tan mal sienta a la predominante sociedad fascista, poco dada a lo que se llama vanamente autocrítica- al decir que con el Mayo francés se convirtió en libertad radical el volver a las siete de la mañana a casa sin que el otro miembro de la pareja pueda objetar nada que ofenda a la libertad practicada. Con el Mayo francés llegaron a la vida ciudadana dos derechos, uno el que custodia la autonomía del polvo y, el otro, ya sobrepasado, que eliminaba el sujetador. Lo que asimismo nació fue la práctica del grafiti, como ya hemos apuntado, que también está siendo absorbido por el poder indisimulado de las galería de arte, a cuya playa han arribado también los corrompidos poderosos.
Tornemos a decir unas cosas que aclaren los perfiles de una revolución auténtica. Los grandes acontecimientos revolucionarios sólo acontecen tras una larga preparación ideológica, encabezada por una vanguardia que trace con sabiduría los esquemas y ponga en marcha la mecánica llegado el correspondiente momento. Los grandes conductores revolucionarios saben que una revolución no tiene marcha atrás y que su fracaso hiberna los valores para el cambio radical hasta el extremo que no sólo fracasa el hecho revolucionario sino que produce reinstalaciones duras en una población agotada por el vano intento revoltoso, que únicamente sirve para que sus dirigentes escalen la comodidad en nombre de los méritos exhibidos. Ejemplos como los de Glucksmann, Eric «el Rojo» y la colmena que construyeron iluminan esta deshonesta realidad. Estamos hoy, pues, en situación muy inferior a la que llegó a lograrse con el estado del bienestar que las clases poderosas administraron como bomba de achique de la voluntad que aspiraba a otro mundo. La revolución es algo demasiado serio y peligroso para confiarla a gentes que se alzan sobre cuatro adoquines para dictar un sermón repleto de indignidades. Mayo del 68 no conduce en Francia a una invención de sociedad justa sino que prepara el camino para que en el desierto que ha creado la impudicia de los falsarios, y que estos atribuyen a la violencia de la calle, se asiente el viejo poder, renacido con crueldad vengativa. La gran masa ciudadana procede tras su desangramiento a aceptar unos valores y elementos represivos que acaba por suponer naturales, desde la economía depredadora, las leyes prevaricadoras y los jueces que las sirven hasta la exaltación de la brutalidad policial y la bendición de los grandes sacerdotes. Por eso esa masa ciudadana acepta indignidades que cobija bajo su paraguas nada menos que esa sentencia repugnante de que se debe admitir el destierro bajo la especie de que «esto es lo que hay». Uno siente una tristeza profunda cuando constata cómo naciones enteras se ponen las esposas en sus propias manos. La aceptación del crimen es una de las más graves cuestiones antropológicas. El ser humano llega a revestir una asombrosa capacidad de sumisión.
Pero ¿qué es lo que ha llevado a esta exultante conmemoración del Mayo del 68? Creo que hay dos razones para explicar esta desquiciada adoración de aquel vano castillo de fuegos artificiales: una, la de haberse constituido en refugio de golpeados ciudadanos que así se fingen heroísmo y sacrificio y, la segunda razón, la insidiosa y folklórica admiración que dicen profesar por el fracasado Mayo los poderosos que, a la vez que destacan el hecho de lo espontáneo, lo recuperan como un ejemplo triste de locura propio de gentes de poco seso. La vacuna es buena ¿verdad, Sr. Sarkozy?
Antonio Alvarez-Solís. Periodista.
El silencio de los acusados, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
El periodista Álvarez-Solís considera que la estrategia seguida por los miembros del movimiento pro amnistía para denunciar el juicio que se reanuda hoy en Madrid tiene la gran virtud de que «apareja el menosprecio hacia una jurisdicción extranjera y a la vez se muestra con la dignidad de nación distinta».
Me pregunto ¿qué sucederá cuando las cárceles empiecen a llenarse de silenciosos seres acusados de supuestos, vaporosos y absurdos delitos como expresar su razonable deseo de independencia, mantener la noble lucha contra la tortura o cometer esa increíble y grave infracción de reclamar una consulta a la ciudadanía? ¿De qué color tendrá que pintar su fachada un Gobierno cuando haya de comparecer ante el mundo como protagonista de esa inmensa degradación moral? Cuando los procesados por pertenecer al movimiento pro amnistía vasco decidieron callar ante la acusación fiscal hecha en un tribunal sin más sentido que convertir la política en una pretendida inocencia forense supe que el Sr. Zapatero, como portavoz de los suyos y de los «populares», se había introducido en la batalla de los lagos masurianos, en que la caballería teutónica pereció al ceder el hielo bajo el peso de sus caballos de hierro.
El silencio de los procesados resonará en toda recta conciencia y el escandaloso eco alcanzará otras fronteras. Callarán los procesados, pero hablarán las piedras. Consideraba los planos primeros de la vista cuando me ocupó el recuerdo aquella escena de «Gandhi» en que los independentistas hindúes avanzan desarmados y en prietas filas hacia las fuerzas británicas que los abaten a palos. No era aquel Gandhi el filosófico tejedor, sino un Gandhi armado con la razón que encendía la hoguera del escándalo universal. Claro que ahora se trata de veintisiete vascos nada más, aunque decenas de compatriotas suyos ingresan estos días silenciosamente en las cárceles españolas golpe a golpe y verso a verso. Pero cuando todos los futuros aprisionados renuncien a su defensa por considerar que no se deben a leyes extranjeras ¿qué hará el Gobierno de Madrid? ¿Qué hará con ese clamoroso y vindicativo silencio?
Andaban los republicanos españoles a las puertas del 14 de abril de 1931 cuando, durante una conferencia de prensa, el director general de Seguridad del Gobierno Aznar recibió en susurro la noticia de que en aquel instante habían sido detenidos los componentes de la Junta republicana que aún quedaban libres. Volviose el director hacia el comisario que le comunicaba la pírrica y nueva victoria gubernamental y murmuró abatido: «No sabemos qué hacer con los que tenemos dentro para que ustedes añadan ahora estos últimos». La monarquía ya no podía digerir a sus prisioneros. Si la tradición política española no estuviera deformada por cárceles y promesas imaginarias de victorias mediante la violencia, el Sr. Zapatero sabría que sus jueces reales le están haciendo un mal servicio. La represión sólo cobra algún tanto apreciable cuando los reprimidos admiten alguna suerte de dialéctica, pero cuando éstos callan, la represión queda desnuda ante si misma y en la profundidad de los espíritus que la defienden y amparan surge la chispa mortal de la duda acerca de la justicia que tan burdamente se practica. La represión necesita para liberarse de su propia lubricidad un tubo de escape, una participación siquiera verbal del reprimido. Y eso lo han hecho ya imposible los que dignamente han callado ante el tribunal, cargando con su silencio y sobre la espalda de los magistrados el solitario peso de la conciencia. Valga ahora recordar a «La Codorniz» cuando sentaba que en la puerta de la conciencia de muchos hombres, esa insobornable finca interior, debía fijarse un cartel que dijera: «Cuidado con la conciencia; remuerde»
¿Qué hará el Gobierno de Madrid con todos estos vascos a los que solamente se puede acusar de connivencia con el terrorismo mediante elementales y fantasiosos informes redactados por la Guardia Civil o por una policía que no sabe siquiera dónde tiene a los condenados por crímenes repugnantes de violencia doméstica? ¿Qué valen esos informes en que se aprovecha una frase para construir una historia truculenta o una llamada telefónica para derivar nada menos que la existencia de una trama interminable? Es más, si esa trama existiese con la densidad que al parecer demuestran las detenciones no se podría hablar de una «banda», sino de una sociedad en pie de guerra. ¿Y es eso lo que, paradójicamente para su causa, quiere demostrar el Sr. Zapatero desde el Madrid que sobrevuelan una día y otro los helicópteros a la caza de gente armada con intenciones de ataque? ¿Ante qué realidad estamos? ¿Ante los restos de una organización terrorista en extinción o ante una creciente voluntad popular rebelde, nutrida de razón y número, que exige amplias salas para sentar a los acusados? Aclárelo el Sr. Zapatero, pero no para embridar a los jóvenes con la promesa ratonera de un Ministerio o con el empleo de una exangüe retórica sobre la España eterna, hecha de cereal y derrota, sino para iluminar la situación a esos ciudadanos sensatos que empiezan ya a dudar, desde esa misma España, si lo que acontece no es una consecuencia más de una teología política de barrio. Es malo que la política sea envuelta con la toga. Malo para la política y para la toga, porque los mismos jueces han de comparecer ante una silenciosa sociedad que empieza a pesar con su balanza la abundancia de unas detenciones y la laxitud e impotencia para otras actuaciones forenses.
En el actual juicio que se celebra en Madrid ha surgido la postura que quizá no esperara el Gobierno español: la que apareja el menosprecio hacia una jurisdicción extranjera y a la vez se muestra con la dignidad de nación distinta. Y eso tiene una escasa luz en el núcleo de su ignición, pero esparce una larga onda explosiva. Quizá los vascos estén ahora poniendo en las pantallas de sus casas la película «Gandhi» para observar la escena en que unos pelotones ingleses apalean a los hindúes que marchan contra ellos en silencio y sin más armas que la razón de su causa y la voluntad de su historia. Ya sé que algunos me dirán que el silencio tiene apariencia de debilidad, pero no hay, y así lo demuestra la historia, arma más eficaz que convertir con constancia y determinación el propio sufrimiento nada menos que en una palabra expresada en el gesto radical y solemne de silencio.
Torpe, Sr. Zapatero, torpe el paso de su gobernación. Y torpe, más torpe aún, el paso de quienes creen que adoban el futuro de su pueblo hacia la libertad con ininteligibles relaciones en que se unen, aunque no sea en muchos casos conscientemente, la contumacia con la contumelia. ¿O es en algunos casos consciente tal postura? Cada cual tiene el alma en su almario y sabrá a dónde le guían los pasos mientras agitan las palmas de bienvenida a una paz que desagua ahora en las prisiones y los tribunales.
¿Cuánto aguantarán tantos espectadores este espectáculo con leyes disolventes, espesas causas judiciales y agraviantes operaciones policiales? Hablo del público que se acomoda en la platea del exterior. Ya sé que estas políticas también se prodigan en otros países, pero en esos países la clase dirigente y aún la masa conservadora suelen lavarse sus manos pecadoras con la denuncia de situaciones semejantes que se producen más allá de sus fronteras y, obviamente, ¿qué denuncia más notable y purificadora que la del suceso vasco? Sr. Zapatero: en la represión de Euskadi va a encontrar usted pocos aliados externos, sobre todo europeos, y muchos inconvenientes que acabarán por pudrir su gobierno. Seguramente los que han repudiado ahora al tribunal que los juzga le han servido un plato envenenado. Constituye una torpeza insigne recurrir una vez más a la desgraciada y catastrófica doctrina Weyler en Cuba. Usted puede empujar a la simbólica manigua a muchas almas que deberían ser atraídas por una política con luz y taquígrafos. Nada se gana con armarlos de silencio.
Antonio Alvarez-Solís. Periodista.
Un país más allá, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
Con su habitual ojo crítico y tono irónico, Alvarez-Solís desgrana el problema identitario español y sus desastrosas consecuencias políticas. A la vista del programa político esbozado por Zapatero, el periodista concluye que «la capacidad española para negar las evidencias es infinita». Lo que le lleva a reivindicar la revolución posible y la utopía, porque «las realidades siempre nacieron de una ambición utópica».
Por lo visto siempre hay que estar más allá. Antes o después del presente. España no tiene sino un pasado glorioso o un porvenir definitivo; es un enclave retórico entre dos dramas reales. Jamás ha existido un confortable presente español. He llegado a la conclusión de que no se puede ser español sin ser heroico, sin estar profundamente dolorido -«me duele España»-; de que no es factible ser español sin tributar a algún acontecimiento atormentado o a una construcción nunca acabada. Difícil condición.
Este perfil ha vuelto a subrayarlo el Sr. Zapatero con una frase de cuyo profundo contenido no creo que se haya dado cuenta el inventivo líder: hay que seguir «forjando la convivencia de la España diversa, de un proyecto de país unido en que la inmensa mayoría de los ciudadanos, más allá de sus identidades, se sientan a gusto y respetados». Así llevamos cuatrocientos largos años. España posee una capital que revela esta profunda incapacidad para alumbrar algo propio y característico. Madrid es la única gran ciudad europea cuyos habitantes pueden tener cuatro generaciones capitalinas y seguir siendo extremeños, aragoneses o gallegos. De ahí nació esa increíble referencia de que en plena estepa se hable de Madrid como el rompeolas de España. En suma, no ha sido posible fabricar una identidad común. Y esta es aún la hora de lograrla. La hora Zapatero.
Hablemos de las identidades, esas radicales formas de ser y de estar que nos definen como otro frente a los otros. Consecuentemente estaremos hablando de naciones. Pero esa obviedad resulta inadmisible, según los propietarios del Estado español -la gran finca rural-, para alojar un proceso político que nos reconozca distintos y que, en definitiva, nos aproxime cordialmente. Se impone la unidad como un proyecto siempre glorioso. Es una gaita.
A principios del siglo XX se intentó con la hispanidad; más tarde lo pretendió José Antonio Primo de Rivera con sus alféreces angélicos; lo postuló luego Franco con su unidad de destino en lo universal. Sigue ahora esa senda el Sr. Zapatero. Literalmente las mismas palabras, la misma argamasa para unir esas identidades distintivas: el sufrimiento. Oigamos al leonés: «Entendimiento sincero y noble» a partir del «sufrimiento compartido de la sociedad española». El del terrorismo, claro. ¿Por qué hay que hornear España en el fuego del sufrimiento? Fuego de campamento, porque España es una excursión que viene de lejos con su mochila imposible y se orienta hacia la lejanía. Sin presente. Los españoles nunca tuvieron presente, salvo el del sufrimiento. El presente español es siempre una guerra o una represión. España no está hecha para la normalidad. El catalán se ha forjado en el comercio y la sentimentalidad. El vasco, en la industria y la emoción de la mar. El gallego, en la sensualidad y la saudade. El español, en el sufrimiento en que consiste ser español. Si somos normales no somos españoles y si somos españoles no somos normales. ¡Destino infausto! Tengo la sensación de que los primeros habitantes del Paraíso fueron españoles que forjaron su destierro en el imposible desafío de convertir a Dios en un compatriota. Repito: ¡que gaita!
La capacidad española para negar las evidencias es infinita. Ahora mismo el jefe del Gobierno español ha decidido que la gran empresa de su legislatura va a consistir en ganar para su patria la importancia diplomática que le corresponde. Esperanza pobre. Recuerdo cuando los Sres. Castiella y Areilza publicaron su libro «Las reivindicaciones de España», en que se indicaban los territorios ultramarinos que habíamos de recobrar cuando la Alemania de Hitler alcanzara la victoria. Los mapas eran deslumbrantes. Un sombreado que recorría las costas de medio mundo indicaba lo que había de recobrarse para la españolidad. De todas las pretensiones que se hicieron públicas en aquellas fechas sólo se ha podido mantener, tras una modesta aventura bélica, la Isla de las Cabras, con su voluntariosa propietaria marroquí.
Cuando el Sr. Zapatero hacía su última campaña electoral, en que sólo le faltaron los elefantes de Aníbal, habló de dedicar sus esfuerzos de gobierno a las cuestiones económicas. Mala idea, porque la brillante economía de España ha resultado un fiasco potenkinista, una construcción de puras fachadas hecha por el Sr. Solbes para pasear a su soberano. Las constructoras chorrean concursos de acreedores, los bancos ordenan la agónica persecución de los pequeños morosos que cayeron en las trampas de las hipotecas, el superávit público desaparece sin alumbrar una política de expansión, la política social se reduce a donativos circunstanciales poco fiables, el consumo mengua de forma imparable y el paro se fija en un 10% para finales del año próximo.
En esas condiciones el Sr. Zapatero ha decidido imitar al rey católico y consagrarse a las batallas exteriores a fin de entretener al personal. Con eso y la batalla de Euskadi, amén de la intriga sobre el misterioso futuro de los socialistas veteranos, es posible que el Sr. Zapatero navegue un año o dos más, si los islamistas no vuelven a recordarnos su capacidad de violencia militar.
En cuanto a la batalla de Euskadi tornará a enmarcar ese dolor que no conduce sino a la alimentación de un irrisorio patriotismo español. Madrid ondea las banderas al viento sobre las cumbres nevadas. Aviso a los montañeros vascos.
Encaminados hacia una reflexión general no sería malo trabajar por una revolución de lo posible y esto vale tanto para la España eterna como para el triste Occidente que ha quedado sin capacidad para crear felicidad cotidiana. Desde Estados Unidos a la Comunidad Europea todo contribuye a la monumentalidad propia de una cultura que no puede contener al hombre y edifica pirámides mortuorias. La elipse política ha perdido la visión humana de la ciudadanía y ha edificado un puente cruel sobre el hambre, la tiranía, la desigualdad y el derecho desvirtuado, que yacen junto al río de los poderosos como una basura inevitable.
Ante este panorama quiero recordar las tesis de un gran economista y humanista insigne, Fritz Schumacher, para reconstruir una vida que resulte vivible para la inmensa masa de la ciudadanía explotada. Ante el fenómeno de la globalización pedía Schumacher que se regrese a una economía de grado medio basada en la cercanía entre productores, consumidores y dirección política. Es decir una economía orgánica en que consumo, producción y empresa no tributen a decisiones totalmente alejadas del control popular; una economía en que torne a tener significado humano el valor de las cosas y los precios adecuados a ese valor. Para ello es preciso que la acción política se penetre de democracia real y pueda producir decisiones con sustancia aceptable, liberándose así de poderes que operan escandalosamente desde la lejanía física o moral sobre los pueblos. Esto último supone obviamente la sustitución de los estados extensos como factores decisivos de la acción política, con la cobertura de una falsa democracia, y su sustitución por poderes que tengan un auténtico contenido nacional y puedan así plantear economías adecuadas. La liberación de los pueblos oprimidos por los estados se impone como herramienta de alto valor político y social en ese sentido.
Podrá decirse que estamos ante una utopía, pero las realidades siempre nacieron de una ambición utópica, de una voluntad creadora que luego, con desgraciada frecuencia, fue corrompida por los que, envenenando la libertad, siempre acechan para invadir el alma y el cuerpo de las masas y proceder a su esclavitud.
Antonio Alvarez-Solís, periodista.
España no negocia, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
Tras las últimas elecciones generales vuelve a hablarse con cierta intensidad de la necesaria negociación entre el Gobierno de Lakua y el Gobierno español, aunque los socialistas muestran de nuevo su cara más intransigente. El PSE insiste con dureza en el debilitamiento de Sabin Etxea, ya que los resultados de esas elecciones representan un varapalo para el PNV, sin tener en cuenta las singulares condiciones en que se desarrolló la consulta por lo que se refiere a Euskadi. Y con la idea de ese varapalo los socialistas empuñan la bandera y tratan de hacerse con la Lehendakaritza para recomponer la unidad de la patria española, dándole unos brochazos de regionalismo vasco.
Quizá resulte audaz lo que voy a decir, pero no creo que el Sr. López piense en su intimidad, por un principio de lógica elemental, que los resultados vascos habidos por el socialismo expresen una situación realmente sólida del PSE. Fío en la autenticidad de los votos «populares», pero no en la veracidad de muchos sufragios socialistas. Frente a la cesta total de ambos votos lo que parece evidente es que los vascos siguen siendo notablemente nacionalistas y de ahí la crecida abstención habida en los comicios. El Sr. López ha ocupado una tierra facialmente vacía y se limita a enaltecer su relativa victoria porcentual. Es más, yo no confiaría en la proclamada derrota del PNV, ya que una cierta cantidad de sus miembros podría haber engrosado circunstancialmente la abstención, cuya cifra total rebasa obviamente al abertzalismo de izquierda. A mi juicio ha funcionado en la abstención algo parecido a un principio de pacto por la soberanía. La abstención engloba, creo, a unas capas soberanistas del PNV diluidas en el histórico partido. Siempre he tenido la sensación de que un número apreciable de vascos peneuvistas cultivan en el recaudo de su alma, con grave tensión de ánimo, la idea de la independencia. Esos vascos podrían haberse quedado en casa en las últimas elecciones y aguardan a la clarificación de su partido. El Sr. López debe saber todo esto mucho mejor que yo, pero su servicio a Madrid le obliga a hacer análisis de una tremenda simplicidad. Una parte sustancial de la nación vasca se ha retirado a sus cuarteles de invierno y espera que experimentos tan pirotécnicos como el del Sr. Zapatero en este caso acaben por mostrar su entretela adustamente españolista. Ante todo, creer que el Sr. Zapatero va a sentarse a una mesa de negociación seriamente planteada equivale a desconocer radicalmente la psicohistoria española, que está hecha de caverna y rugido.
Hablemos, pues, un poco de la posible y cacareada negociación en torno a la cuestión vasca, que más bien he tenido siempre por cuestión española.
Si es que se negocia algo, ¿qué es lo que se va a negociar? Algunos observadores que funcionan desde Madrid han advertido que esa negociación podría hacerse si hay renuncia al plan del lehendakari o se transforma ese plan en una propuesta deshuesada con un adormecedor propósito a largo plazo. Es posible, pero han de hacerse a esa postura dos objeciones muy importantes por su fuerza argumental. La primera de ellas es que la propuesta política del lehendakari contiene un principio irrenunciable si el nacionalismo conservador vasco quiere seguir subsistiendo como una fuerza de arrastre ciudadano. Se trata de la autodeterminación. Y la autodeterminación va a ser vetada por Madrid. Es más, manipular la esperanza de un mayor autogobierno vasco degradándolo a la catalana agudizaría el conflicto en Euskadi. A estas alturas creo que no puede haber un PNV significativo si la consulta autodeterminatoria deja de realizarse o se falsifica groseramente. Como asimismo sería imposible una nueva escalada del PSE si se empecina en su política españolista. Yo deduzco que el lehendakari tiene claras estas cosas, aunque haya de resistir olas como las del reciente temporal.
La cuestión soberanista se ha impuesto a toda clase de manipulaciones, tales como ofertas de mejoras económicas o de rango secundario. Los vascos, mayoritariamente, exigen un respeto a su nación, que no se puede confundir con mercadeos de zoco.
La segunda objeción que ha de formularse a una negociación con las condiciones previas en que insiste Madrid se deriva del propio contenido con que quiere alimentar el hecho negociador. La negociación se niega a sí misma cuando previamente se excluye coactivamente el contenido fundamental de lo aportado por una de las partes, en este caso la parte que sufre la castración de su nacionalidad. El Sr. Zapatero ha de tener presente esta obviedad, aunque tampoco sé hasta donde llega la solidez dialéctica del Sr. Zapatero, que corre por la política con algo tan simple como un monopatín. No existe negociación si en la mesa negociadora, que constituye el instrumento resolutivo, no se depositan las propuestas con toda nitidez, amplitud y limpieza de intención. Sentarse a esa famosa mesa con una propuesta que equivalga a un contrato de adhesión, según el cual una de las partes solamente tiene el derecho a la aceptación total o la renuncia completa, parece una burla a la razón y a la dignidad del negociador vasco en este caso. Y con el horizonte españolista al fondo, yo no creo que el Sr. Zapatero proponga a los vascos otra cosa que un contrato de adhesión, por lo menos teniendo detrás a un Partido Socialista que vive la dolorosa eliminación de una generación de dirigentes y está por tanto plagado de rencores, crepitaciones y «esperas».
Claro que esta situación de un nuevo choque frontal por parte de Madrid puede soslayarse durante un tiempo yendo y viniendo de la capital del Reino y contando con la lógica fatiga que puede sufrir una parte relevante de la sociedad vasca, que lleva muchos años dolida por acontecimientos sangrientos y por las intrincadas labores encajeras de una parte de sus dirigentes nacionalistas. Pero no puede tampoco olvidarse que la aspiración vasca a su independencia crece hacia la hondura por obra de una lógica elemental y penetra con su raíz a una juventud rebelde al menos en estos aspectos fundamentales. En Catalunya, por ejemplo, está claro el daño que ha producido a las formaciones nacionalistas este balanceo dubitativo frente a Madrid. Es más, la misma dinámica de independencias que se está dando en Europa mantiene viva la brasa del soberanismo de los pueblos, pese a las contradicciones que alimentan, en razón a los intereses de sus clases dirigentes, las grandes potencias.
La cuestión que queda fundamentalmente por dilucidar, una vez que se ha prometido a un pueblo lo que se ha prometido por su Gobierno al vasco, es el qué hacer si la negociación con España se torna imposible. Ahí solamente resta un enérgico posicionamiento institucional, formando con partidos, sindicatos, universidades, instituciones sociales y cuantas organizaciones puedan aportar segmentos ciudadanos de todo tipo. Cabe suponer que este frente reclamaría la atención de entidades internacionales y de la misma Unión Europea, que no echarían en saco roto la importancia de Euskal Herria en conjunto y de la pugna actual en los tres territorios históricos que forman la comunidad de Euskadi. Mientras esta conjunción de voluntades no se produzca con energía y determinación las negociaciones con el Gobierno español, sea el que sea su color político, producirán un desgaste preocupante en el nacionalismo vasco, excesivamente segmentado para abordar la gran batalla común por la libertad nacional.
Repitamos el principio: a lo largo de su historia, lo que constituye España, su entraña significativa, jamás ha sido propensa a la negociación que afecte a sus concepciones patrióticas. Aupada sobre un basamento teológico y militar, sobre el que se aúpa un capital reticente a cualquier modernización, por modesta que sea, España alimenta a su ciudadanía con los fuegos artificiales de un heroísmo perpetuo y gratuito. España siempre quemó todos los brotes de libertad interna y de conciliación externa.
Antonio Alvarez-Solís, periodista.
Política para dos, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
Decía Ortega y Gasset ante la incapacidad española para vivir en democracia que «lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa». España ha quedado atrapada e incapaz para la existencia democrática en dos transiciones castradas de progresismo tras dos honestos intentos republicanos por modernizar el Estado y la sociedad: la que se inició con el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto -era el 29 de diciembre de 1874- y la que aconteció tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. No es retórico, ni mucho menos, conexionar estas dos estériles peripecias porque seguirán explicándonos a la vez y con suma claridad -claridad que tratan hoy de velar con el bloqueo y deformación de la memoria histórica- la desgraciada pervivencia del espíritu antidemocrático español ante cualquier posibilidad de abrir la ventana a la verdadera libertad política. Es conveniente, como quería Napoleón, «destapar alguna vez las tumbas para conversar con los muertos». Una vez establecida esa comunicación, resulta obligado recordar, a fin de escarbar en las raíces del presente, la definición que dio don Manuel Azaña de la criminal rebelión franquista en 1936: «Por muchos ropajes que aquella sublevación adoptase no dejaría de ser otra cosa que la alianza tradicional de curas y militares que luego acabarían creando un estado al que llamarían Reino, que se empeñó siempre en tenerse por un estado de derecho, cristiano y tradicional, no siendo más que una dictadura que negó siempre todos los derechos fundamentales». Afinemos: tras los curas y los militares han estado siempre unas fuerzas económicas que gobiernan sin urnas.
¿Dónde estamos, en definitiva? Pues en la vieja senda que abrió la Restauración canovista, con dos partidos que se turnan y que para mantener esta dinámica cierran el paso a fuerzas políticas que tratan de abrir el abanico de posibilidades de pensamiento y vida. Eso volvió a ocurrir ayer. Cada transición persiguió ese objetivo con verdadera tenacidad. La primera, la de Cánovas, enterró bajo toneladas de papeletas serviles la realidad del socialismo emergente en el siglo XIX, enturbió el nacionalismo periférico, persiguió con brutalidad al movimiento obrero y recargó de sangre el proceso independentista de Catalunya. Todo ello pudrió en cierne la posibilidad democrática y generó un clima de violencia que, tras la dictadura de Primo de Rivera, condujo al levantamiento que destruyó la II República. La segunda transición construyó un bipartidismo compuesto de socialismo apesebrado -ya podrido en sus alturas institucionales por la dictadura primorriverista- y derecha tradicional; bipartidismo que se encargó de criminalizar el pensamiento nacionalista, carcomer el sindicalismo estatal y reducir el horizonte democrático con el empleo de la violencia policial y la servidumbre de los tribunales. Ayer hubo nuevas elecciones tras excluir escandalosamente del marco constitucional a fuerzas democráticas que aspiran a la renovación política. El futuro, tras esa consulta, se encamina a un nuevo ciclo de violencias y rencores. A la llamada democracia española siempre la lastran dos temores: el temor a la presencia abierta de la calle y el temor a la descomposición del Estado como herramienta al servicio de unos intereses reducidos y excluyentes. Los socialistas fueron las víctimas más importantes de la Restauración; hoy son los victimarios de una democracia que rechaza integrar en el juego institucional a las fuerzas nacionalistas y a los movimientos sociales que luchan contra un sistema perversamente autocrático. Dos transiciones coronadas han llevado a esta situación en que la paz social fue imposible antes y está tornándose imposible ahora.
¿Análisis de las elecciones? Hagámoslo, quizá con una sola y necesaria pregunta: ¿por qué esa tendencia de los españoles a dejarse las alas en los cazamariposas?
Antonio Alvarez-Solís. Periodista.
La hora del corredor de fondo, de Antonio Alvarez Solís en Gara
Es muy difícil hoy vivir con libertad los procesos del pensamiento. ¿Cómo puede la mente administrar y enriquecer esa libertad cuando las ideas son convertidas en crimen? Riesgo grave. No es infrecuente, y los vascos lo saben, que la mente libre sufra persecución por la justicia. La transición no enterró a Franco y la indignidad circula por la red arterial del poder. Quien no participa del sistema ha de vivir en la soledad del corredor de fondo. Un corredor que hace su travesía no sólo acuciado por las instituciones, sino rodeado de espectadores que tantas veces no se implican en su carrera. Espectadores que han renunciado a la batalla por los grandes principios humanos; es más, gentes que en muchos casos denuestan al corredor por hacerles patente su pasividad.
Es obvio que la batalla por una nueva sociedad presupone adversidades de toda índole. Ser libre resulta ahora deletéreo. Pero ¿qué es el ser humano sin su aventura? Una parte sustancial de la ciudadanía vive en silencio su opresión o sus necesidades; ha llegado incluso a cultivar esa ciudadanía un espíritu de culpabilidad antes que denunciar sus servidumbres espirituales o materiales. Es una época de autopunición, cuando no se proponen alianzas entre los depredadores y quienes son depredados. En el fondo creo observar algo de todo ello en Euskadi por parte de personalidades que hablan de la torpeza del abertzalismo de izquierda al rechazar éste absurdas renuncias a fin de no construir un empobrecedor entendimiento.
Pero entendimiento ¿de qué y para qué? Algo tan sencillo como solicitar una consulta sobre el futuro de una nación es convertido en una sugestión terrorista. O algo tan lícito como reclamar la independencia conlleva el ostracismo o la cárcel tras ser expuestas vidriosas razones para convertir esa reclamación en una perversa criminalidad. El Derecho Penal se ha tornado analógico y extensivo quemando dos largos siglos de batalla por recortar las imputaciones criminales para reducirlas prudente y justamente a quienes cometen materialmente la trasgresión. Se ha regresado, entre otras regresiones, a los jueces reales, encargados de juzgar intenciones políticas o morales -con el derecho del señor- y a la policía personalista. Es más ¿hasta dónde llega el concepto de crimen en nuestros días?
Cuando se trata de actividades en torno a la cosa pública, a la necesaria libertad de pensamiento y a la opresión autocrática es muy difícil establecer una frontera nítida entre crimen y defensa, entre terrorismo y guerra. Cuando las instituciones se convierten en un poder sin ventanas y actúan como reserva intocable de un ideario sacralizado es difícil decidir quiénes son protagonistas de la agresión. Más aún: parece claro que el criterio para definir la criminalidad ha de basarse en la capacidad de libertad y democracia que tenga cada una de las partes contendientes. A menos democracia, más injusta coacción institucional, que se transforma así en violencia; a menos libertad, más justicia parece albergar la respuesta contundente nacida en el territorio asfixiado de la ciudadanía.
¿Quién con la mano sobre el corazón se decantaría por concebir como justa la acción norteamericana en Irak? ¿Quién condenaría como monstruoso terrorismo la sangrienta y dolorosa acción combatiente de las organizaciones ilegales? Para aclarar autorías y depurar responsabilidades sería bueno retornar al principio forense que determinaba la imputación criminal en tiempos de la revolución burguesa: el que es causa de la causa es causa del mal causado. Conlleva graves meditaciones comprobar que los cuidados y reservas que estableció la revolución burguesa resulten hoy tan avanzados.
Hay algo que preocupa extraordinariamente al honrado observador de la dura acción institucional frente al abertzalismo izquierdista: la delegación de poder por parte del Gobierno en la función judicial, que no Poder judicial. Un Gobierno ideológicamente fuerte ha de asumir estas situaciones como sustancia de su acción gubernamental, como problema propio de la actividad negociadora o, en caso extremo, como responsabilidad radical propia con todas sus consecuencia y derivaciones, pero jamás debe recurrir ese Gobierno a unos funcionarios togados para que le hagan el trabajo sucio de decapitar la democracia y la libertad. El Gobierno que recurre a tales delegaciones se invalida absolutamente como gestor de la actividad política, que es su máxima competencia. Y, de paso, contamina irremediable y letalmente la función judicial. Todavía más: un Gobierno incapaz de afrontar por sí mismo las decisiones que crea ha de tomar, con todo su problemático resultado electoral, conduce a la ciudadanía hacia una quiebra muy peligrosa de la paz. El Gobierno no puede proceder, sin más, a una invención de criminalidad sin quemar la confianza que los ciudadanos han de tener en él.
En el caso del Gobierno del Sr. Zapatero parece detectarse algo dramático: el temor al pacto con el Partido Popular, que propone una brutal acción recesiva mediante leyes evidentemente inmorales y prevaricadoras, y a la vez la incapacidad para conducir por sí mismo y a vena abierta la situación vasca. Dos temores escandalosos, una doble impotencia descalificadora y una doble faz absolutamente elemental. El tiempo del Sr. Zapatero pasará a la historia como una época de tetanización de los conflictos. El Sr. Zapatero, con su escandalosa carencia de ingenio político, ha querido hacer la imposible sustitución de la guerra abierta de los «populares» por su insidiosa guerra de guerrillas.
Por analizar queda una segunda parte de esta indecente cuestión: la que se refiere a los vascos que entrenadan las aguas. Ahí se ha de ser sumamente prudente para no clausurar un camino posible a la reunión, al menos temporal, de las fuerzas nacionalistas vascas durante un tiempo de transición. Por tanto, procuremos esa prudencia. Pero quienes califican de inconveniente, con distingos más o menos sutiles, la actuación del abertzalismo izquierdista, habrían de considerar si no abren compuertas muy peligrosas a la acción represiva de Madrid. Creer, si es que lo creen, que los abertzales de izquierda impiden una fructífera conducción de la cuestión vasca hacia un fin satisfactorio y que sin la postura abertzale se lograría el logro del soberanismo equivale a creer que el milagro acontece en la política. Los radicales de izquierda han ofrecido toda suerte de caminos para llegar al escalón básico de la consulta popular. No vale sostener que esa oferta encierra una trampa mortal. En política vale lo que se dice si no lo desmiente una subsiguiente y significativa actuación. Y tampoco es lícito, sin cerrar los caminos a la libertad de pensamiento y acción, decir que esa oferta entraña una colusión con la actuación armada de ETA. La democracia radica en una permanente aceptación de riesgos y suposiciones de verosimilitud. Es evidente que con ETA puede haber múltiples coincidencias en los postulados políticos, rechazando el proceder armado, que uno cree también que cesaría de ser posible un pleno y franco camino para actuar con toda la potencia popular en el marco del soberanismo.
Lo que no resulta sano para la causa vasca es empujar a los abertzales de izquierda y a los partidos de ideología paralela, desde su independencia, hacia un abismo de muerte, ya que no es lícito presionar a nadie para que acepte su propia extinción. Es más, si los abertzales de izquierda han de ser triturados mientras otros nacionalistas miran de soslayo, la ola destructora alcanzará al final a todos, sobre todo teniendo en cuenta que Madrid no renunciará nunca a su ser escurialense. Madrid ha perdido todo contacto cordial con su antiguo mundo porque jamás ha mantenido hacia tales naciones una postura de comprensión y hermandad. España ha dejado tras su dominación un amargo recuerdo de soberbia. La misma soberbia con que van ahora allá banqueros y ciertos empresarios. Ahí radica la gran cuestión para los que en Euskadi creen que el remedio está entre dos aguas.
Antonio Alvarez Solís, periodista.
Economía real y economía financiera, de Antonio-Álvarez Solís en Gara
En el contexto de una crisis económica de dimensiones mundiales pero que, como todas, afecta sobre todo a las economías particulares de los más desfavorecidos, Alvarez-Sólis critica «la resistencia a admitir que es el modelo económico lo que naufraga».
En 1988 Raví Bartra, un superman de la economía americana, publicaba un libro que fue record de ventas: «Como sobrevivir a la gran depresión de 1990». En él aconsejaba diversos comportamientos para superar una crisis que se agudizó diez años después de lo previsto por el autor. Como tantos otros expertos Bartra creía en una depresión de carácter temporal y confiaba en una reacción del sistema. Como tantos otros teóricos jamás supuso Bartra que el crujir del modelo de sociedad neoliberal supusiese algo más que un momento complicado. La resistencia a admitir que es el modelo económico lo que naufraga ha malogrado, una vez más, el tránsito menos doloroso a un socialismo que un gran economista de la burguesía, Joseph Schumpeter, declaraba como nuevo e inevitable rostro del mundo. Aclaremos: hablamos de socialismo y no de socialdemocracia, que constituye un miserable placebo para ocultar el desastre neoliberal.
Bastarían, sin embargo, dos párrafos del Bartra de 1988 para situarnos ante la realidad económico-social sin veladuras. En el primero afirma este economista indoamericano: «El océano de endeudamiento en que actualmente flota la economía estadounidense no tiene ningún precedente en la historia de nuestro país». A finales del 1987 esta deuda era de ocho billones de dólares en cifras absolutas, de los que 3,2 billones había que contabilizarlos en la deuda de los consumidores. La deuda total superaba con un índice de 2 el producto nacional bruto. Esta deuda es la que ha hecho imposible reparar la herida mortal del mercado inmobiliario, por ejemplo.
Segundo párrafo: «Lo que interesa son los beneficios grandes y fáciles, pero estos beneficios no pueden darlos las verdaderas inversiones sino sólo las especulaciones». Los ricos, proseguía Bartra, no invierten sino especulan. Y ponía como ejemplo de dinero fácil, pero improductivo socialmente, el que generan las absorciones de empresas, negocio de carácter altamente especulativo y que destruye puestos de trabajo. Las absorciones expresan la autofagia que practica el sistema para sostenerse en pie.
Pero la clave para entender la ruina económica que nos maltrata a todos está ahí: en la destrucción de puestos de trabajo, o lo que es igual, en la destrucción del consumo. Digamos, en este punto, que la creación millonaria de puestos de trabajo que mencionan los líderes de los partidos turnantes constituye una falacia estadística, ya que trata de ocasiones coyunturales de trabajo, no de puestos asignados firmemente y que sólo puede crear la economía cuando crece en mancha de aceite y mantiene su organicidad, esto es, su carácter integral, en cuyo marco el empresario, el trabajador y quien consume habitan el mismo espacio. Los teóricos que hablan ahora de anarcocapitalismo señalan como imposible una economía en la hipótesis, tan real ya, de que el empresario sea alemán, el trabajador radique en Marruecos y el consumidor sea español. La llamada deslocalización empresarial revela la perversidad y hondura de la crisis. Muchos consumidores, que se lanzan sobre los productos de bajo precio provenientes de pueblos hundidos en la miseria, no calibran que un mercado así es de plazo corto y que contribuye a la ruina de la población que se cree favorecida, ya que anula su mecánica productiva. El endeudamiento social, que nos lleva a pensar en meses de quince días para sobrevivir, tiene en esa desintegración del mercado su explicación. El dinero que se maneja es un dinero sin respaldo productivo, puro cebo bancario en una pesca que se agota en si misma. Moneda de plástico creada por el negocio neocapitalista, que ha convertido el dinero en la única mercancía válida. El rey Midas murió de hambre cuando consiguió que todo lo que tocara se convirtiera en oro.
Como era de esperar, a fin de que la responsabilidad de los gestores de la economía actual quede impune, hubo que crear recursos dogmáticos -la nueva religión- para que la ciudadanía no se duela de la extenuación a la que es sometida y crea, por el contrario, en el carácter puramente cíclico de la crisis actual -«todo mejorará en el próximo semestre»-. Entre los dogmas que han calado en la mentalidad popular, para ocultarnos la dificultad creciente para sobrevivir, tres tienen particular importancia. En primer término el dogma de la superioridad de la empresa privada sobre la pública. En segundo término la repetición machacona de que la superación de la crisis, que es estructural y no transeúnte, está en el aumento de la productividad. Y en tercer lugar figura el dogma de que reducir la presencia del Estado en la economía estimula la competitividad.
Vamos a darles una vuelta somera a estos tres dogmas que impiden una verdadera reacción popular encaminada al cambio radical del modelo de sociedad. El dogma de la superioridad de la empresa privada no resiste un mínimo análisis si se tienen en cuenta los fabulosos despilfarros que caracterizan a la gran empresa, cuyos dirigentes consagran cantidades ingentes, sobre todo de dinero público, para conseguir el poder social que ambicionan. La simbiosis entre empresa privada y poder público, que genera un escandaloso intercambio de dirigentes entre ambos sectores, constituye hoy la base de la economía especulativa de índole financiera, tan fugaz e irresponsable. La gran empresa privada ha dejado además de ser responsable de sí misma dado el respaldo del poder público mediante las intervenciones de achique desde el estado. Finalmente cabe decir que la supuesta privacidad en la economía reduce a nada la presión ciudadana, obviamente más ejercitable sobre la empresa pública.
El segundo dogma, dirigido a confiar al aumento de la productividad el remedio de la radical crisis económica que sufrimos, parte de una falsificación flagrante del concepto de productividad, que no debe significar una mayor producción con trabajo barato y salarios antisociales, sino un mejor trabajo a fin de multiplicar las implantaciones empresariales, suscitar un firme consumo mediante la mejora de las condiciones salariales y laborales y, finalmente, racionalizar la producción para atender a las necesidades reales, sin crearlas artificialmente. La pobreza actual, en aumento verificable, no sólo es absoluta en los pueblos declarados innecesarios y condenados por ello a muerte, sino que se multiplica en forma relativa en las sociedades llamadas desarrolladas. La pobreza relativa viene significada por la incapacidad para acceder con cierta facilidad a los productos que nos inundan, muchos de ellos absolutamente prescindibles para gozar una vida benéfica.
En cuanto al tercer dogma, que subraya, sin mayor explicación, la necesidad de reducir la intervención estatal en la economía, encubre una falsedad terminante. Cualquier mediano observador de la realidad económica sabe que las grandes empresas que usufructúan los seis sectores poderosos -según Bairoch, las armas, la alimentación, la quimiofarmacia, las materias primas, el transporte y la información, dejando aparte la riqueza y el poder que apareja la droga- son potentes en razón a la cuota de estado de que disfruten, ya que el quehacer económico en esos sectores está poderosamente protegido por una minuciosa legislación. El estado es ya una larga mano de quienes reinan en los sectores indicados mediante una pirámide que se estrecha crecientemente y que producirá al fin su propia destrucción, habiendo de pagar la ciudadanía, en forma de impuestos crecientes y salarios menguantes, el gasto del inmenso cataclismo. El estado es ya el activo fundamental de esas poderosas corporaciones.
No llegamos al veinte de cada mes. La fisiología empresarial burguesa ya no funciona. Sólo existe la libre competencia en el ámbito de la pequeña o mediana empresa. En la pequeña la proletarización de sus gestores es evidente, pero ¿quién acepta que es un nuevo proletario? La religión que desvela ha sido sustituida por la religión que encubre.
Antonio Alvarez-Solís, periodista.
Estados inmorales, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
Antonio Alvarez-Solís, en su habitual tono mesurado y profundo, analiza la cuestión de la violencia, el terrorismo y su relación con el estado. En ese esfuerzo en favor del pensamiento dialéctico, no duda en exponer su «propio cuello para facilitar elegantemente la acción del verdugo que no reposa». Toda una lección de honestidad intelectual y personal comprimida en poco más de mil palabras -eso sí, claras y muy bien escritas-.
Hablar ejemplarmente de terrorismo, y por tanto de antiterrorismo, ha llegado a ser imposible por lo que ahora diré acerca de los estados. Hubo épocas en que el terrorismo tenía un perfil de excepcionalidad que reconocían incluso los terroristas, seres singulares que alimentaban y eran alimentados por una concepción generalista o utópica. Los terroristas se confesaban a sí mismos como terroristas y subrayaban con el revólver la doctrina que profesaban. Se atentaba contra un presidente -Cánovas, Canalejas o Dato, en nuestro caso- porque el terrorista quería indicar en cabeza significada el repudio moral del sistema social que esa cabeza sostenía. No suele ser, éste, el caso actual, de ahí la dificultad con que tropiezan tantos estados y servidores suyos para definir el terrorismo. El terrorismo actual ya no defiende una ambición general sino que procede de acuerdo con una necesidad concreta. De acuerdo con esta realidad el terrorismo ha de ser encuadrado, pese a lo que sostienen los hierofantes, en una forma de guerra tanto por el elevado número de esos ciudadanos a los que se califica de terroristas, como por los fines de defensa que persiguen: nacionales, religiosos, económicos… No hay utopía alguna en esas formas de lucha que suscitan ciertamente terror, sino desesperada defensa de lo que se estima vital para la propia supervivencia. Me pregunto, al llegar a este punto, si muchas de las múltiples acciones coercitivas del poder tenido por legítimo no engendran asimismo pulsiones aterradoras al defender ese poder, tal como lo hace, su pretensión de lo nacional, de lo religioso, de lo económico o de lo político. ¿Hay terror en ello? Hay terror en ello.
Vayamos, pues, por partes a fin de construir un razonamiento que elevándose sobre el griterío de los violentos autocalificados de justos nos conduzca a un apropiado diagnóstico que respalde la terapéutica necesaria. Cabe decir, en este recodo de la reflexión, que los autocalificados defensores del orden social están pudriendo la médula de la sociedad al privarla de la amplia visión precisa para superar el gravísimo problema de la violencia en el mundo.
Hablemos, pues, y en primerísimo lugar, de la violencia estatal, que revela dos perfiles de la cuestión: en primer término cabe referir esa violencia como productora de la incapacidad social para generar un pensamiento sano, ya que postula el estado como fuente de las virtudes sociales. Estamos otra vez ante el estado como producto teológico y no como puro conjunto de instituciones transitorias sin más relieve que su carácter de herramientas para la gobernación de la república humana. En segundo lugar hemos de mencionar la impunidad con que suele proceder el estado, lo que deja al ciudadano en la necesidad de prescindir de su propio juicio a fin de no desbaratar el Leviatán sagrado o enfrentarse al mismo con el riesgo de ser calificado como delincuente terrorista. Hemos llegado ya al extremo, a fuerza de sufrir la salacidad estatal, de esterilizar nuestra conciencia a fin de permanecer encogidos ante el altar de la estatalidad. Se habla con frecuencia de la pérdida de la conciencia social en lo referente a la autodefensa del trabajador, pero me parece exigible que los expertos mediten sobre la inducida pérdida de la conciencia de ciudadanía. La ruina visible de esta conciencia es terminantemente orwelliana. La sociedad se ha convertido en una granja donde cualquier kikirikí es condenado de inmediato como ruina de la moral pública.
La violencia estatal no sólo es interesante para el analista que ha de estudiarla como forma doblemente escandalosa de violencia, sino que produce un desorden en la construcción lógica del pensamiento colectivo referido a lo público. Esa violencia contamina y destruye la lógica. Evidentemente la única forma de negar la existencia todopoderosa de esa violencia, a fin de defender la majestad benéfica del estado, es enjuiciar a la llamada violencia terrorista como una acción repugnante y solitaria digna del más terminante trato por parte de tribunales, policías y demás mecanismos dedicados ya de pleno a la acción elementalmente represiva sobre el grueso de la sociedad. Por eliminación de causas básicas o la violencia del estado no existe como productora de las respuestas airadas, o lo que es peor, es protectora de la sana vida pública -véase en nuestro caso lo que suele opinarse «soto voce», de los GAL o del Batallón Vasco Español- o la violencia contra el estado es la única anormalidad social a considerar.
En cualquier caso la violencia estatal, que se evidencia en métodos de acción totalmente condenables, produce lo que luego ha de conformar la respuesta llamada terrorista y en la que participan no células restringidas sino millones de individuos. Es decir, la primaria violencia estatal, propia de quien no puede ejemplarizar con la razón, destruye toda posibilidad de trabajar con la razón para superar el problema. La violencia estatal, aunque se la bautice y absuelva con leyes urgentes y escandalosamente circunstanciales -y recurro al lenguaje forense del estado otrora burgués-, destruye toda posibilidad de sentar en una verdadera mesa de debate a quienes disponen de la sartén y de su mango y a los que luchan con dolor, y esparciendo dolor, por ideas y realidades que están amordazadas en el sótano estatal. Se puede rechazar la sangre venga de donde venga, pero falsificaríamos un noble ideario de libertad y democracia si no situásemos cada modo de violencia en el lugar y orden que le corresponde. El que oprime no puede esperar, llegada la crisis social a los extremos de sus múltiples formas presentes, que los oprimidos decidan una sumisión que aún les degradaría mucho más no sólo en su respetable dignidad sino en sus esenciales demandas vitales. Cuando las iglesias pertenecían al colegio de los fieles, y éstos se estimaban a sí mismos como apóstoles en lo universal y no como meros corderos lastimosamente apacentados, los teólogos más lúcidos calificaban el derecho a la propia defensa como el derecho más necesario y respetable. Este derecho a la propia defensa acaba por ser tenido hoy por escandaloso crimen en los tribunales con que el sistema protege su decadencia ante la lógica subversión.
En definitiva, si no tenemos la voluntad firme de aplicar una sana lógica a todo lo que nos está aconteciendo en torno al torpemente llamado terrorismo acabaremos por inutilizar la inteligencia como esa forma deslumbrante de entender lo que nos pasa y por qué nos pasa. O lo que es lo mismo, si no proseguimos la lucha por alumbrar todos los rincones del pensamiento, la vida humana habrá de vadear años muy largos de dolores profundos y de irritaciones peligrosas. La violencia solamente es abordable para su superación estimándola como suceso propio de la acción y de la reacción, ley que la física debe en su profundidad a la moral. Una sociedad no puede tirar de la soga de la justicia desde uno solo de sus cabos.
Decir todo esto con ánimo repleto de equilibrio, o al menos con pretensión de servirse de ese ánimo, no es cosa fácil. En primer lugar porque hay que situarse más allá de las pasiones, prescindiendo en primer término de las propias, y tras ello porque hay que desnudar el propio cuello para facilitar elegantemente la acción del verdugo que no reposa. Ilustres ciudadanos por su calidad moral, entre otras razones, han ido a parar a las mazmorras por sostener en toda ocasión el derecho a juzgar no como una forma de inclinarse a babor o estribor sino como exigencia de un verdadero análisis de la realidad. Una de las características del modo actual de la violencia institucionalizada es que se ha encargado a la ley, previa y perversamente creada con ese objetivo, la eliminación de ciudadanos dedicados al noble pensamiento dialéctico. Con ello se persigue algo definitivo: la destrucción del pensamiento mismo.
Antonio Alvarez-Solís. Periodista.
El problema de la libertad, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
El problema de la libertad no es en modo alguno una fundamental cuestión de leyes, sino materia propia de la estructura psicológica, ya sea individual o colectiva. Hay personas, pueblos, sistemas y épocas que carecen del sentido de la libertad; más aún, que se sienten incómodos ante cualquier ajena pretensión de libertad, ya que la libertad presupone un característico y amplio modo de plantear el derecho del «otro» para exponer su pensamiento y respetar su correspondiente acción política y moral. Se es libre cuando concurren dos coordenadas respecto al pensamiento: que éste resulte posible materialmente y que se apoye en una verdadera soberanía sobre uno mismo. Si el pensamiento ha de enfrentarse con la coacción material no se es, obviamente, libre. Y si pese a esa coacción se emite el pensamiento propio y apareja esta emisión daños materiales o morales para el protagonista de la opinión, tampoco se es libre.En este orden puede afirmarse sin escándalo alguno que España ha vivido toda su historia al margen de la libertad, en régimen de caudillismo, acogida a un pensamiento único y «heroico», que es el que se enfrenta violentamente con el medio sobre el que actúa, dada su incapacidad para gobernarlo. España ha rechazado siempre la libertad, a la que ha temido y sustituido por la simple algarada, por las aventuras montaraces, por las razias contra todo lo que signifique oferta de cambio o responsabilidad histórica y social madura. Con frase orteguiana es correcto afirmar que la gobernación ha sido reducida casi siempre en España al mando, al imperio. España no es una nación sino una finca.
En estas condiciones el juicio sobre lo español ha de resultar muy frecuentemente negativo. La imposibilidad histórica de producir una ilustración efectiva, como la que precedió a la Revolución Francesa, o alguna otra clase de revolución que introduzca una mutación ideológica parece indiscutible. Más aún, el perfil de lo español suele perpetuarse de una forma plana, en cuyo marco la pirámide social y política se mantiene prácticamente inalterable y los procesos de violencia desde el poder se reproducen cíclicamente. El poder español presenta así dos imágenes constantes: una de cinismo irritante en el quehacer cotidiano -la libertad como mentido objeto preferente- y la segunda imagen de orfandad secular de soberanía popular en las instituciones.
Las diversas naciones o pueblos que han sido oprimidos por el Estado español, o que padecen su yugo actualmente, como son Catalunya o Euskadi, vivieron o viven de forma inestable, bajo un cielo siempre tormentoso; con menosprecio respecto a su ser y realidad. Esto ha hecho que la forma ideal de poder sea la monárquica, en que la corona fija los límites del pensamiento y decide la frontera válida para las ideas. Cualquier ensayo republicano ha acabado en tragedia por su intento de abrir el cofre de la libertad. Incluso el español típico tiene miedo que del cofre surja el genio que denuncie la realidad de su menguada existencia política. De ahí la reiterada adhesión de las masas a los caudillos encargados de velar por el pensamiento único o ideología contra las ideologías. Esta forma de gobierno fue elevada a la máxima expresión por los Austrias y luego por los Borbones, que nunca sintieron aprecio alguno por una españolidad que alzase su voz ante la injusticia que la hace tributaria de infinitas necesidades materiales y espirituales. Así fueron asfixiadas las Comunidades de Castilla, los Hirmandiños de Galicia, las Germanías de Valencia, las sublevaciones de rabasaires en Catalunya, las agitaciones campesinas en Andalucía o los movimientos soberanistas de Euskadi.
Despojadas al fin esas masas de todo sentido crítico respecto a la política que las somete -no fuera que se tentaran de revolución-, en los últimos doscientos años ha ido creciendo un espíritu colonialista que lo ocupa todo, desde el propio ser español -el principal autocolonizado- a pueblos como el vasco o el catalán, cuya petición de libertades ha sido calificada, al fin, como una muestra de delincuencia. Es más, esos movimientos soberanistas de Euskadi o Catalunya han sido utilizados por Madrid para desviar la atención de los españoles sobre sus infinitos problemas y pobrezas públicas. Las cuestiones vasca o catalana se han manejado como en la medicina preantiobiótica se producían ciertas infecciones por el propio médico y en un lugar concreto, conocidas como abscesos de fijación, que impidieran la gangrena total del organismo, en este caso el cuerpo español, mediante la concentración del microorganismo infeccioso en un lugar dado. Luego se sajaba el bubón y se creía resuelto el mal. Más aún, carente ya de un mundo exterior sobre el que practicar un belicismo que concitara la atención de las masas educadas en un acriticismo absoluto, el enfrentamiento con el lógico nacionalismo vasco ha constituído el cimiento de la política española, siempre en situación excepcional.
Insistiendo en la denuncia de este grave acoso contra el nacionalismo vasco no puede uno por menos de parangonar a Teodoro Adorno cuando afirma, en su ensayo sobre el Spengler de «La decadencia de Occidente», que la aniquilación del abertzalismo, que es lo que pretende Madrid en la nación vasca, «culmina en la prohibición de pensar, que se legitima con la inevitabilidad del proceso histórico». Instaurada, pues, la dictadura del pensamiento único, los gobiernos de Madrid vocean su protagonismo de una libertad «detrás de la cual no hay en realidad más que la universal dependencia». Con ello, como asegura ya el propio Spengler, los que «odian la verdad pueden dormir tranquilamente, puesto que nadie se atreve a soñar». Y los que practican la noble ensoñación acaban en las cárceles a donde entran en riada tan incontenible que certifica el regreso a una España en la que el pensamiento conducía a la hoguera y los jueces se convertían «en séquito».
Henos, pues, ante una expropiación de la conciencia humana que se justifica con leyes prevaricadoras y con la escolta de los «medios centralizados de la comunicación pública». Quizá por ello, ya que sigo leyendo en Spengler, valdría decir, a propósito de la última advertencia, que «un demócrata de vieja cepa no pediría hoy libertad de prensa, sino libertad respecto a la prensa». A tal punto de sumisión han llegado tanto medios y tantos lectores respecto a las tropelías que están aconteciendo en las instituciones políticas de la vieja España, más imperial que nunca, aunque risiblemente imperial dada su menguada realidad social y política.
Estamos, pues, ante una situación de gravedad suma por atentado institucional contra la democracia, equivalente a un golpe de estado implícito en esa decisión de aplicar por el Gobierno de Madrid la sentencia que ilegalizó a Batasuna a toda la izquierda abertzale. Así lo afirma «La Vanguardia» de Barcelona, de cuya vieja raigambre conservadora no cabe duda alguna. No hablamos por tanto de un periódico revolucionario, sino simplemente elegante en su lenguaje. ¡Sí, sí; toda la izquierda abertzale! O sea, se pretende, por tanto, que masas crecidas de vascos acaben extramuros de la vital posibilidad política, como en otros tiempos en que se redujo a muerte civil a los agotes. Y cuando eso se haya consumado, Euskadi pasará a ser, en bloque, como corresponde a una nación altamente instruida en derechos políticos, una comunidad que sin distinción de partidos se considerará flagelada en su totalidad por una España que jamás pudo concebir más existencia que la suya, si es que eso que vive es realmente existencia. Piensen en ello, asimismo, una serie de vascos que están fumando en el polvorín que han instalado ya en tierras euskaldunes los «populares» en connivencia escandalosa con los socialistas. Plus ultra, Patxi, plus ultra.
Antonio Alvarez-Solís, periodista.
Constitución y represión, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
El periodista Antonio Alvarez-Solís repasa, en el día de la Constitución española, las nociones más básicas y elementales sobre Derecho y democracia. Nociones ajenas al sistema político español, que niega los derechos de Euskal Herria y Catalunya «mediante una determinación política de raíz colonial». Una determinación política que estaba presente en Fraga, González y Carrillo, y que permanece viva en Zapatero y Rajoy.
Empecemos por sentar serenamente dos principios, ya que hasta aquí no llegan los gritos que caracterizan el galopante fascismo de nuestra época, por ejemplo en multitud de tertulias televisadas. Primer principio: toda constitución tiene por objeto fijar el perfil de una colectividad política en un tiempo preciso y determinado. Las constituciones solamente suelen perpetuarse en países sin pulso vital ya. Segundo principio: la práctica democrática de un pueblo le supone siempre un poder constituyente que no debe obturar ninguna ley con su rigidez. Un pueblo es un pueblo en marcha, no fijado en un pergamino. La ley, aun las que tengan un valor básico, es un convenio que dimana del poder del pueblo, al que se supone en dinámica permanente. Un poder que impida esa dinámica, por estar fijado en el pasado o defender intereses subrepticios, es un poder viciado y, por tanto, ilegítimo. Vale decir que la mayoría de los poderes actuales que conforman, informan y deforman al estado se caracterizan por su voluntad de inmovilismo y por el uso prevaricador de los instrumentos legales e institucionales, entre ellos la constitución. Son, esos poderes, poderes que cierran la puerta al futuro de los pueblos y manipulan, con salacidad, los valores que devienen falsos por la pretensión que entrañan. Unas instituciones que se autogeneran a si mismas nunca pueden decir que tienen humus popular. El pueblo está permanentemente en la calle, no en los papeles legales, que han de ser contratos ágilmente revisables.
Establecido lo anterior -que pretende abrir un debate sin histerismos ni cinismo alguno- vale decir que Euskadi, al menos en su actual y menguada dimensión de los tres territorios históricos, rechazó la Constitución española y se configura con una rotunda sustancia nacional. Por tanto, como ente nacional, o sea, en este caso no español, tiene perfecto derecho a reclamar una dinámica constituyente, que sólo se puede negar por Madrid -esa nefasta y vagorosa realidad de poder centrípeto e ilegítimo- mediante una determinación política de raíz colonial. Madrid trata a Catalunya y a Euskadi, sobre todo, mediante una exhibición indignante de violencia, como últimas tierras coloniales que le quedaron tras lo que debiera tenerse por aleccionador drama de finales del siglo XIX. La riada de violencias que sufre el pueblo vasco ha alcanzado un clamoroso e indignante volumen. Si el pueblo español reclama los sempiternos valores de nobleza, humanidad y libertad en que se recrea cotidianamente, no puede seguir apoyando las vilezas de un poder con antecedentes tanto inmediatos como históricos que le deslegitiman radicalmente. Así como se dice arteramente que el nacionalismo radical -esto es, el nacionalismo, sin más- impide una correcta socialización de la vida vasca, el nacionalismo español, alimentado por unos gobiernos tardo autocráticos, impide que en la Península ibérica se pueda desarrollar una vida pacífica y verdaderamente progresista. Con leyes sin Derecho en su entraña y con una acción jurisdiccional que ha convertido a tantos tribunales en simples agresores de la nación vasca, los gobiernos españoles -minados por un soterrado terror a la libertad- se han convertido en el obstáculo fundamental para las libertades que solemos llamar de Derecho natural, que son las que convierten a la humanidad en un familia superior, según se dice, dentro de la innúmera república de las especies.
En la ácida celebración de la Constitución española de 1978 hay que aclarar algunas de las cuestiones que hemos esbozado en los párrafos precedentes. La Constitución del 78 fue alumbrada en un momento emocional que ya la convertía en lábil y poco duradera si se razonaba con un mínimo sentido común. Fue una constitución no a favor de la ciudadanía del Estado español, sino una carta magna para celebrar la muerte del sangriento dictador que tuvimos durante cuarenta años. Es más, muchos de los que votaron la Constitución lo hicieron como si pasaran por un bautismo que les redimiera de su colaboración activa con el régimen franquista. Por si esto no fuera evidente, hay que considerar que la socialdemocracia que representaba tan turbiamente Felipe González hizo de la Constitución el sospechoso certificado de progresismo que les llevó al triunfo electoral del 82. Por su parte, Carrillo y compañía, con su expresivo y mortal eurocomunismo, arrimaron el ascua constitucional a la sardina de su deslealtad política con los combatientes republicanos y así fueron dibujando el camino por el que transitaron para alejarse del comunismo. Lo que digo tiene poca discusión porque los procesos biográficos de tantos y tantos están ahí explícitos y como prueba flagrante sobre la mesa. Añadamos más todavía: el sabido recurso al ruido de sables, que impidió un verdadero debate constitucional -que debiera haberse iniciado poniendo en cuestión la forma de estado, ya que la II República seguía siendo legal por haber sido amortizada por unos sublevados-, era un ruido más teórico y verbal que cierto. Felipe González y los que decidieron la continuación sustancial del franquismo sabían que hasta Norteamérica impediría cualquier intentona armada porque sus intereses quedaban mucho más protegidos con la pamema constitucional que con otra dictadura. Tal es la realidad, de la que fui testigo; realidad que llevó al Sr. González a realizar su primer viaje oficial como secretario general del agusanado PSOE precisamente a Washington, al que siguió su visita a México, que entonces presidía el Sr. Echevarría, para disolver la presencia legal republicana española en aquel país, que continuaba dando fe de la legalidad de la República destruida por quienes recurrieron para ello a un crimen de lesa patria. Todo esto es lo que ahora celebra Madrid con su homenaje a una constitución que ya no posee ningún sentido en el tiempo que vivimos y teniendo en cuenta las nuevas necesidades políticas de la ciudadanía. Ya en aquella hora escribí un artículo en «Interviú» para advertir de que aprobar la Carta Magna sin resolver antes el problema vasco supondría una declaración de guerra a la nación euskaldun. Y así ha sido.
Necesita España una constitución que tenga en cuenta dos cosas: que la mayoría conseguida por votantes españoles, a efectos de convalidación de leyes, no debe contar en dos naciones que no se consideran España como patria suya -pues ahí está la gran cuestión- y, después, que la ley fundamental no puede privar a un pueblo de su capacidad para seguir disponiendo de sus deseadas y nuevas legislaciones, incluso la primera y más importante, que es la constitucional. La misma España carece de auténtica libertad precisamente por su Constitución. La misma España vive sin libertad porque la han encerrado en el armario constitucional, en cuyo interior toda frescura legislativa se pudre y genera las miasmas de la dictadura, en la que seguimos residiendo, sea dicho de paso. Todo esto lo manifiesto modestamente -pues me asquean las retóricas estridentes de Madrid- desde la nación vasca y lo dedico en primer lugar a los que pueblan crecientemente las cárceles por el delito de tener ideas. Lo decía un general muy español: «Cuando oigo la palabra inteligencia siento el apremiante deseo de desenfundar la pistola». Era el general del «¡Muera la inteligencia», víctor que nos ha llevado a lo largo de los siglos a permanecer en un permanente estado de barbarie moral. Desearía que tanto el Sr. Zapatero como el Sr. Rajoy tuvieran la mínima lucidez de estadistas para no alimentar a la fiera con las piezas que cobran en Euskadi. Pero desde González y Fraga aún asistimos a un acelerado descenso -¡parece increíble!- por la escalera del envilecimiento público.
Antonio Álvarez-Solís, periodista.
El recuerdo de una tarde, de Antonio Alvarez-Solís en Gara
Frente a la versión oficial sobre la Transición española, Alvarez-Solís busca de entre sus recuerdos elementos que puedan ayudarnos a comprender mejor esa «época en que todo fue traicionado». La verdadera cara de Juan Carlos de Borbón -la que hemos podido ver en la Cumbre Iberoamericana-, la ideología de Aznar -el fascismo que denunció Chávez en ese mismo foro- o el seguidismo de la izquierda estatal -siendo Zapatero el último eslabón de esa cadena- son algunos de los elementos que el veterano periodista nos acerca en su artículo.
Cuando dirigía «Interviú» practiqué siempre la cortesía que un director debe a sus colaboradores. Una cortesía que venía de otros tiempos ya lejanos y que definitivamente ha muerto. Una tarde fui a visitar en la clínica del Profesor Barraquer a Emilio Romero, al que acababa de operar de cataratas el eminente oftalmólogo catalán. Eran momentos en que los monárquicos legitimistas estaban aún heridos por el acceso de Juan Carlos de Borbón al trono tras la maniobra del dictador para impedir que reinase el inquilino de Villa Giralda, que tenía otras intenciones sobre la restauración democrática. Como siempre ha ocurrido en la historia española, elegimos el peor de los reyes posibles. Romero era un personaje extraño, muy irisado, que poseía un fenomenal olfato político. Fue aquella tarde cuando resumió su visión sobre el actual monarca con una frase que tendré siempre presente: «No olvides nunca que el monarca actual tiene un poder personal superior al de Carlos III o Fernando VII. Carlos III hubo de admitir una serie de políticas que le impusieron los estadistas progresistas de su tiempo. Fernando VII tuvo que jurar varias veces la Constitución liberal, aunque después regase el país con sangre. El rey actual ha llegado al poder en un marco que le libera de toda contención política o constitucional. Es un Borbón químicamente puro. Nadie dará un paso más allá de las fronteras que establezca».
Guardé la frase entre tantos papeles que conforman mi memoria íntima de la transición, la época en que todo fue traicionado, incluso por el Partido Comunista. De vez en cuando los repaso. Uno de esos momentos fue el oscuro 23-F, ante el que se ha hecho héroe al monarca, pese a que la energía dinástica para la represión de los golpistas partió de Lisboa. Esto lo saben muy bien los tres generales que se opusieron realmente al golpismo. Nadie se atrevió desde entonces a contar la historia real de aquel siniestro acontecimiento.
Otro momento fue el de hace unos días en la Cumbre Iberoamericana que acaba de celebrarse. Allí surgió el Borbón clásico, el del poder único. El rey que quiso imponer silencio despóticamente al presidente Chávez cuando el primer magistrado venezolano calificó de fascista al Sr. Aznar. El rey que, luego, se levantó ofensivamente de la mesa cuando intervenía el presidente de Nicaragua para exponer con discurso prudente, una vez más, el comportamiento colonialista de las empresas españolas en aquellas repúblicas que ahora tratan de elegir un camino honrado y popular para sus pueblos maltratados. Quedará ahí, por mucho tiempo, el «¿Por qué no te callas?» que Juan Carlos de Borbón espetó inmoderadamente al Sr. Chávez como si se tratara de un apesebrado político español en la Zarzuela. A los que han sostenido y sostienen que el monarca es la piedra angular de nuestra democracia la lanzada les ha herido en el costado. La democracia española es eso, precisamente: un repetido «¿por qué no te callas?», que se acompaña con leyes carentes de Derecho, con cárceles siempre abiertas, con represiones que buscan el populismo -ese sí- entre una ciudadanía española que, como decía Trostky de la ciudadanía inglesa en 1931, se dobla ante «el peso enorme que tienen sobre su conciencia el conservadurismo, el fanatismo, el respeto por los de arriba, por los títulos, la riqueza y la Corona».
Fue Zapatero el que, como siempre suele, aprovechó el agua revuelta del incidente para hablar, retorcidamente circunspecto, de la obligación que el presidente Chávez tenía de no proceder con «descalificaciones» personales al ex presidente Aznar, electo por el pueblo español. ¿Descalificaciones? Trató el Sr. Zapatero de cobrar altura de estadista imperial -«esto no volverá a ocurrir», añadió poco después con un cesarismo de quilla plana- sin darse cuenta de que definir como fascista a una persona no constituye un insulto sino atribución de una ideología que evidentemente resultó triunfante al final de la guerra del 39. Una ideología embutida en falsos parlamentarismos, cobijada en estados definitivamente invadidos por las élites sociales, forrada con la seda artificial de mil discursos vergonzosos -¡ah, lo que vienen diciendo los autoproclamados socialistas!-, corrompida hasta el tuétano por el constante escándalo público.
Pero, volviendo a la supuesta acusación venezolana contra el Sr. Aznar, ¿qué es el fascismo sino una ideología radicalmente populista -aquí sí se debe hablar de populismo- en que se edifica una sociedad orgánica, encabezada, dirigida y pastoreada por los que tienen la sartén por el mango y el mango también? Una sociedad, insistamos, en que los sindicatos que viven en la hacienda del estado han regresado al espíritu acomodaticio de las corporaciones, en que las iglesias forman parte de la restrictiva policía moral, en que los ejércitos son portadores de la buena muerte, en la que el trabajador es una cifra negativa y una carga escandalosa sólo asumible si su piel abriga a los poderosos, en la que una supuesta cultura ha enterrado la historia y en la que los pobres son culpables de su pobreza.
La ideología fascista ¿no es la que alimentó con sus hipócritas formas sociales el imperialismo inglés, asiento de racismos, solemnidad de teóricos, modelo de equilibrio ciudadano? La gran ideología fascista surgió del hábil, poblado y tenaz pensamiento inglés, y cuando se constata este hecho no se está insultando vulgarmente a una nación. Hitler bebió abundantemente en la fuente inglesa.
Todo eso que acabamos de referir tan resumidamente es fascismo ¿Y acaso no son, éstos, elementos que pueblan, aunque de forma burda, la política del Sr. Aznar, del universal presidente Bush, de la canciller alemana Sra. Merkel, de las potencias europeas que benefician una idea traicionada, de las grandes entidades financieras en que anidan los magnates de la economía, de los escritores e intelectuales con derecho a cocina, de los ejecutivos que han corroído el espíritu de las clases medias? ¿Acaso esa política no está encanutada en algo que es una ideología en vez de un puro y circunstancial insulto? A todos esos protagonistas de la ruina moral de inmensas poblaciones debiera dirigirse el monarca español y gritarles «¿y vosotros por qué no os calláis?».
El Sr. Aznar ha procedido con urgencia a agradecer al rey y al Sr. Zapatero la defensa que han hecho de su integridad. Ahora se aclara que el pensamiento del Sr. Aznar no es fascista. Pero si no es fascista, ¿qué es ese pensamiento? ¿cómo definirlo en términos académicos?
Al pie de este suceso uno siente una nueva náusea ante la burla que se hace de quienes están intentando su liberación tras tantos siglos con «los pies y las manos presos». Solamente le queda al honrado observador el consuelo de que la realidad histórica acaba por abrir siempre sus puertas a lo justo, aunque haya miriadas de zorros que correrán de nuevo tras la presa. Y volverán los pueblos a sufrir, que es una forma, muy triste desde luego, de depurar su nobleza. Pero al fin se acertará, como dice Stephen Hawking en su última obra, a dar con el todo, con ese horizonte confortablemente luminoso en donde la opresión ya no podrá ser significada desde la boca de un rey. Bueno, yo pienso en ello cada mañana en que maldormido mojo mi tostada en el café con leche que humea consoladoramente.
Antonio Alvarez-Solís, periodista.