Retocar la Historia, de Justino Sinova en El Mundo

EL REVES DE LA TRAMA

Los responsables de las versiones taquigráficas del Congreso de los Diputados han borrado del Diario de Sesiones la palabra miembra, pronunciada por la ministra Bibiana Aído el día 9 de junio. Basan la supresión en que el palabro no está en el diccionario de la Academia, pero ésa es una razón insuficiente.

Yo tengo admiración por el cuerpo de taquígrafos de las Cortes, en el que trabajan muchas más mujeres que hombres, todos con eficacia y discreción impresionantes. Les he visto durante años tomar nota puntual, o sea, exacta, de lo dicho por los parlamentarios mediante un trabajo cuyo resultado me parece milagroso. Lo mismo entienden a un orador atropellado que a otro tartamudo, a uno que habla en susurros, como para sí solo, que a quien comete violaciones sucesivas de la sintaxis.

Los taquígrafos no son sólo una imagen certera de las virtudes del parlamentarismo («¡luz y taquígrafos!») sino, sobre todo, unos notarios imprescindibles. Por eso, suprimir un término que fue significativo en su momento no tiene nada que ver con su función; es, cuando menos, un error.

Esto no quiere decir que yo simpatice con esa locución infortunada. Antes la he tacha- do de palabro, término que sí admite la Aca- demia y significa «palabra mal dicha o estrambótica». Miembra es una construcción absur- da e indocta, pero debe quedar recogida en el Diario de Sesiones, testimonio de lo que ocurre -de todo lo que ocurre- en el Parlamento. La única salvedad debe marcarla el remiendo gramatical necesario para que el lector perciba lo que se dijo: el lenguaje oral necesi- ta algún arreglo formal cuando es ininteligi- ble sobre el papel, pero sólo esa corrección es legítima y no la poda de palabras por otros motivos.

Lamentablemente, muchas veces ha sido el Diario de Sesiones víctima de talas indebidas. De casi todas las sesiones encendidas y a veces violentas celebradas durante la II República se eliminaron insultos, maldiciones y amenazas. El lector tiene que imaginárselos cuando encuentra entre paréntesis frases como «algunos diputados profieren palabras que no se entienden…» y otras parecidas. Pero imaginarse lo que pasó no es conocerlo.

Los responsables del Diario de Sesiones hicieron un flaco servicio al conocimiento histórico. La tristemente famosa amenaza, que yo citaba aquí el otro día, pronunciada por el comunista José Díaz contra José María Gil Robles («Usted morirá con los zapatos puestos») en 1936 fue recogida por algunos periódicos, pero no apareció en el Diario de Sesiones, lo que explica que se haya atribuido también a Dolores Ibarruri, La Pasionaria, y se haya tenido por víctima de ella en ocasiones a José Calvo Sotelo.

El Diario de Sesiones sí recogió, en cambio, una frase que pronunció Pablo Iglesias en 1910 dirigida a Antonio Maura, que causó mayúsculo escándalo, y que resumo: tal ha sido la indignación causada por la política maurista que nosotros consideramos que antes de que S.S. vuelva al poder debe llegarse «hasta el atentado personal». En la República y en otras etapas, este discurso habría sido cercenado y una parte de la Historia habría sido borrada.

La supresión de miembra no es asunto grave, pero lo revelador es el gesto más que su resultado. Si se retoca el discurso de una ministra, se invita a sospechar que el arreglo en cuestiones significativas es corriente. Si es así, el valor del Diario de Sesiones queda menoscabado. Porque su función no es corregir al orador, sino dar fe de lo que pasa; y, a veces, lo que pasa es que un parlamentario atiza patadas al diccionario o dice tonterías.

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Corazón ‘partío’, de Santiago González en El Mundo

A CONTRAPELO

El disputado voto de UPN en el Congreso a los Presupuestos Generales del Estado ha reproducido la tónica zigzagueante del azaroso proceso seguido por los políticos navarros para formar el Gobierno que hoy preside Miguel Sanz. El presidente de la comunidad navarra tiene ante sí un problema de vacilar entre la llamada del corazón y el camino a los asuntos, que diría Miguel Hernández, o, por decirlo en la jerga económica, tener que decidir en un contexto de incertidumbre.

Miguel Sanz acertó como gobernante al elaborar los Presupuestos de su comunidad desde bases realistas, unas cuentas para tiempos de crisis. Llama la atención que no tenga como primer criterio que los Presupuestos Generales del Estado deben participar de las mismas características que él ha querido imprimir a los Presupuestos navarros.

Algo raro pareció que el presidente navarro se mostrase favorable a apoyar las cuentas del Gobierno antes, incluso, de que se hubieran hecho públicos los pormenores. Ayer mismo las calificó de «malas», mientras los socialistas navarros afirmaban que en las dos cámaras se habría de votar lo mismo.

Sanz ha conseguido que los socialistas del viejo reino se comporten con él como sus homólogos vascos con Ibarretxe. Es decir, que le aprueben los Presupuestos sin exigir a cambio que el PNV vote en Madrid los del PSOE. Es verdad que él los ha negociado con el PSN, que es lo que se debe hacer desde la responsabilidad política. Lamentablemente, el presidente del Gobierno no ha afrontado esta cuestión con el mismo criterio que el navarro y ha preferido transformar la negociación presupuestaria en una yuxtaposición de zocos autonómicos.

En los años anteriores había más harina y funcionó bien el invento. Los nacionalistas se llevaban su por qué y votaban en justa reciprocidad los Presupuestos con la elegante displicencia de muchos bancos al comprar activos tóxicos: sin preguntar por lo que había dentro. Salvando las distancias, naturalmente.

Lo más impresionante, con todo, son las llamadas de José Blanco a la prudencia: el buen entendimiento entre el PSOE y UPN es fundamental para garantizar la estabilidad de Navarra, pero, como contrapartida, es necesario que UPN «se comprometa con el Gobierno de España» y apoye a cambio los Presupuestos Generales del Estado.

Para encontrar tal alarde de sobreentendidos en el lenguaje habría que pensar, mutatis mutandis, naturalmente, en aquellos tipos trajeados que ofrecían protección a los comerciantes de Chicago en los años de la prohibición. Por un módico precio te garantizo la estabilidad de tu negocio. ¿No es la estabilidad un bien en sí mismo para que el PSOE la apoye en Navarra sin otro pago a cambio que la negociación parlamentaria? ¿Agárrate a la brocha, que me llevo la estabilidad?

«Sanz tendrá que apostar por Navarra o por Rajoy. Son incompatibles», ha dictaminado Blanco, y eso es lo que tiene a Sanz el corazón partío. Las dos alternativas tienen el inconveniente de que, al final, tendrá que agarrarse a la brocha porque alguien se llevará la estabilidad. En el caso de «no apostar por Navarra», es decir, que vote contra los Presupuestos, el PSN puede precipitar una moción de censura, que de todas maneras se producirá cuando los sondeos de Ferraz así lo recomienden. Si apuesta por Navarra votando los Presupuestos de Zapatero o absteniéndose, la arquitectura de UPN puede verse afectada por la ruptura. Lo malo es que no sabe cuál de los dos riesgos se le puede materializar antes.

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Los presupuestos de 2009 serán carlistas, de Enric Juliana en La Vanguardia

Los presupuestos generales del Estado de 2009 tendrán un toque carlista, si se confirma el apoyo a los mismos del Partido Nacionalista Vasco y la benéfica abstención de la Unión del Pueblo Navarro, partidos, ambos, inscritos en el árbol genealógico del tradicionalismo. Hay un hilo que une el actual nacionalismo vasco con el viejo fuerismo. El fundador del PNV, Sabino Arana, militó de joven en el carlismo. Y la UPN –firmemente antivasquista- se asienta sobre la densa sociología del carlismo en Navarra. En las últimas elecciones autonómicas (mayo 2007), la Comunión Tradicionalista Carlista no concurrió a los comicios “para no restar votos a la UPN”.

Aunque han surgido algunos contratiempos de última hora en la negociación con el PSOE, el apoyo del PNV a los presupuestos puede quedar asegurado la próxima semana si se pacta la transferencia del I+D (subvenciones a las empresas) al Gobierno de Vitoria. Más novedosa es la posición de UPN, cuyos dos diputados en el Congreso forman parte del grupo parlamentario popular, en virtud de los acuerdos de 1982 y 991 entre ambos partidos. El PP no existe en Navarra en beneficio de la UPN (acuerdo similar al que mantiene la CDU alemana con la CSU del Estado Libre de Baviera). En fin, interesantes rasgos confederales de la derecha española.

La UPN quiere realizar ahora un ejercicio de autonomía política que puede poner en crisis su alianza con el Partido Popular, en la medida que cuestiona los pactos establecidos y la autoridad de Mariano Rajoy.

La UPN se halla hoy severamente condicionada por el PSOE, puesto que los socialistas podrían articular una mayoría alternativa con los diputados forales de Nafarroa Bai (coalición vasquista influida por el PNV) e Izquierda Unida. Un importante empresario navarro que mantiene una buena amistad con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con el presidente del Gobierno foral de Navarra, Miguel Sanz, ha actuado de puente entre los dos. Y el proyecto presupuestario trata muy bien a Navarra, puesto que es la comunidad donde más crecen las inversiones directas del Estado.

El PSOE aprieta a Sanz, sin duda. El PSOE, que renunció a gobernar Navarra con los vasquistas de Nafarroa Bai para no alimentar las acusaciones de entreguismo a ETA, desea rentabilizar ahora su sacrificio para abrir una fisura en el liderazgo de Rajoy.

Pero hay algo más. Navarra quiere obtener del Gobierno prioridad para el ramal del AVE hacia Pamplona. Prioridad en el calendario y una gestión y financiación de la obra similar a la del tramo Vitoria-San Sebastián, ejecutado por el Gobierno vasco a cuenta del cupo. Es decir, capacidad de decisión en la adjudicación de obras y ventajoso adelanto financiero. Este es el secreto. La gestión y la financiación del AVE en Navarra es una de las claves de la posible abstención de UPN. Los tradicionalistas navarros no quieren quedar por detrás de los nacionalistas vascos.

Es curioso observar como tiempos de crisis económica, la España foral, la antigua España carlista, se repliega en busca de la protección del Estado. Es verdaderamente interesante.

La nueva prioridad, de Xavier Bru de Sala en La Vanguardia

Una vez expresados los beneplácitos a Zapatero por la inyección de líquido a los mercados financieros, cabe preguntarse si los bancos no van a utilizar este dinero para pagar sus deudas con el exterior en lugar de destinarlos a reactivar la economía interior mediante una reapertura del crédito a empresas y particulares (no olvidemos a los particulares, pues de ellos depende en última instancia el gasto familiar: hasta que se reactive el consumo, no saldremos de este ciclo infernal). Sea como sea, la medida va en la mejor dirección posible, a falta de que se concreten las condiciones y los controles. ¿Sería pedir demasiado que hubiera transparencia en un asunto tan serio? Sólo así se entendería que hubiera ampliación, hasta los cien mil millones o más, si no se consigue frenar la caída. Entre Gobierno y Banco Central Europeo deben inyectar líquido hasta que los bancos vuelvan a lubricar la economía, y es dudoso que se dediquen a ello antes de restañar sus heridas.

Nos engañamos si consideramos que el objetivo último es sostener el propio sistema financiero. Si se apuntala tanto la banca, es para evitar una caída mayor de la economía real.

En España, la nueva y verdadera prioridad es la economía productiva. Para muestra un botón, que no es el único. Con la que está cayendo, las mercancías embarcadas en el puerto de Barcelona para vender fuera se han incrementado de manera notable. Exportamos, contribuimos a equilibrar la maltrecha balanza de pagos. Pero en la capital de España, secularmente volcada en el capitalismo financiero, no acaban de darse cuenta de lo importante que es producir. El tejido empresarial, en especial la industria y los servicios que de ella dependen, es ahora lo más importante, la red y el colchón que permitirá capear la crisis. Que no se hunda el sistema financiero es anterior, pero las actuaciones de todos los gobiernos llevan a presumir que, aun no habiendo pasado lo peor y a la espera de otras noticias malas, el rescate con dinero público, con la garantía y el control de los estados, permite confiar en que el edificio se mantendrá en pie a pesar de los sucesivos terremotos. Una vez consolidados los mecanismos de apoyo a los bancos, hay que ir a por la economía real. El nuevo objetivo es minimizar los daños, favorecer la actividad. Ante todo, evitar que desaparezca de la circulación el dinero prestado a corto plazo por los bancos y cajas. Pero hay más, mucho más que hacer.

Ante la envergadura de la nueva prioridad, la batalla por la financiación de Catalunya se queda corta, y deja de centrar las miradas, de modo paradójico, cuando más próximo parece su desenlace. Es casi unánime la impresión de que habrá una mejora apreciable, pero sin victoriosos ni derrotados, y menos humillados. Ya antes de confirmar el resultado anticipado, la vista se dirige hacia este otro lado, en el que nos jugamos mucho más. Nos la jugamos todos, y en primer lugar los políticos, en especial los catalanes, pues son los que mejor entienden la naturaleza y las necesidades del tejido productivo. Como ya ha avanzado este periódico, ha llegado la hora de las pymes. De cómo consigan sortear la crisis depende que al final, el día que se calmen las aguas, podamos establecer un balance más o menos airoso de los daños ocasionados por este temporal.

Se observan ya movimientos estratégicos de los líderes y partidos, en el sentido de ayudar al tejido productivo. El primero en darse cuenta ha sido Duran Lleida, pero en seguida todos, desde los socialistas hasta Huguet, el conseller de Esquerra más concernido por la crisis, se han puesto a remar en la misma dirección. No tanto para ver quién se cuelga más medallas, como para cumplir cada cual con su parte de la ingente labor pendiente. Por una parte, está lo que puede hacerse desde Catalunya, con los instrumentos de la Generalitat y de la propia sociedad. Es básico en cuanto a orientación, concertación y acuerdo. Pero muy insuficiente en cuanto a recursos y capacidad de dictar grandes medidas, para empezar de tipo fiscal. Siendo pues esencial el frente interno catalán, es todavía más importante convencer en Madrid de la necesidad de aplicar las medidas que aquí se estimen imprescindibles. No pensando sólo en Catalunya, sino aplicando la máxima, esta vez muy cierta (el liderazgo industrial catalán es indiscutible), según la cual lo bueno para Catalunya es bueno para España, o sea, lo que conviene al tejido productivo catalán conviene a todas las pymes del reino.

Cabe pues pensar en una división del trabajo. Al Govern le corresponde liderar la reacción catalana, porque tiene la responsabilidad y por la probada interlocución de la Generalitat con los agentes sociales. A los partidos, en especial a CiU, que tiene las manos más libres que nunca, mejorar su eficiencia como lobby en los centros de poder de Madrid. La nueva prioridad no requiere grandes pactos ni declaraciones, sino actuación de cada actor político en su propio ámbito de posibilidades. Quien mejor contribuya será compensado por el electorado. Con votos.

El hipnotizador, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña

Bien cerca ya de cumplirse los dos años desde las últimas elecciones al Parlamento catalán, la actual legislatura se halla prácticamente en su ecuador y es, por tanto, un momento propicio para esas evaluaciones y balances que los americanos llaman de mid term. Estos balances, quiérase o no, tendrán como elemento de comparación el primer Gobierno tripartito, el que encabezó Pasqual Maragall.

Las diferencias de perfil, de carácter y de estilo entre éste y su sucesor -y también correligionario- José Montilla eran evidentes de entrada. Pero los efectos prácticos de esas diferencias no empezaron a hacerse perceptibles hasta la toma de posesión presidencial del ex alcalde de Cornellà, el 28 de noviembre de 2006. Y el resultado es espectacular.

La faceta más previsible -pero no menos importante- del nuevo escenario político en la Generalitat ha sido la perfecta armonía entre presidente y partido, entre la plaza de Sant Jaume y la calle de Nicaragua, eso que tanto faltó durante el trienio anterior. Obra de la tríada compuesta por el propio Montilla, Miquel Iceta y José Zaragoza, esta entente permite al presidente catalán mantener con el PSOE y con Rodríguez Zapatero un grado de confrontación verbal y gestual que, de protagonizarlo Maragall -o cuando Maragall lo ensayó- provocaría en el cuarto de banderas del PSC un amenazador ruido de sables. Ahora, en cambio, el aparato cierra filas con Montilla, bien sea porque lo percibe como uno de los nuestros que defiende la credibilidad de la marca, o porque sabe que, en el conflicto fraternal con Moncloa y Ferraz, la sangre no llegará al río.

Más llamativo es todavía el cambio de actitud de los socios de coalición. Pese a haber trenzado su Entesa Nacional pel Progrés desde una posición electoral más débil que la de Maragall en 2003, José Montilla ha logrado amansar a republicanos y ecosocialistas. No, no digo que los haya arrastrado con un hiperliderazgo arrollador. Pero, con su autoridad taciturna y sin alharacas, casi hipnótica, está consiguiendo aquello que a lo largo de la anterior legislatura parecía imposible: que gestionen los respectivos negociados sin polémicas cruzadas, ni golpes de efecto, ni aquel antiguo afán por singularizarse cada dos por tres.

Es indudable que circunstancias específicas de cada uno de sus partners han coadyuvado a este éxito del presidente Montilla. Esquerra Republicana (ERC) vive desde hace muchos meses absorbida por sus disputas faccionales, que consumen las energías del colectivo y erosionan la imagen de éste. Pero es que, además, un Carod Rovira cada vez más aburrido de las querellas intestinas y enfrascado en sus tareas de gobierno quiere poder desarrollarlas durante cuatro años, sin sobresaltos o interrupciones abruptas como la que protagonizó en 2004: he aquí, pues, a un sólido aliado de José Montilla. En cuanto a Joan Puigcercós, parece haber optado por una estrategia light -la que mostró en el reciente debate de política general-, que favorezca su imagen de futuro presidenciable, que recupere el antiguo cliché de una Esquerra equidistante entre socialistas y convergentes. Puigcercós -han dicho sus allegados- quiere una Esquerra con proyecto propio. Pues ojalá la consiga; pero, de momento, sostiene el proyecto del PSC con mansedumbre y se diría que ha renunciado a condicionarlo.

Por lo que se refiere a Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), sus dos departamentos en el Gobierno de Montilla han sufrido, en este bienio, un serio desgaste de gestión y de discurso -los más críticos con el sistema, al frente de la represión; los más ecologistas, a cargo de resolver la sequía…-, desgaste que ha convertido a sus máximos dirigentes en devotos de aquella vieja jaculatoria mariana: ¡Virgencita, que me quede como estoy! En términos de política diaria, eso se traduce en un perfil bajo y en una extrema prudencia ante asuntos que, no hace mucho tiempo, levantaban polvareda, como la MAT o el Cuarto Cinturón. Sólo ante la futura ley de Educación, Iniciativa ha amenazado con plantarse, en el bien entendido de que ello no provocaría ninguna crisis de gobierno.

El cuerpo a tierra de los ecosocialistas viene siendo tan notorio, que ha acabado por incomodar a una parte de la organización, y el malestar difuso se exterioriza desde hace semanas en forma de corrientes críticas, manifiestos, reivindicaciones y una cierta presión a favor del rejuvenecimiento de liderazgos. ¿Cuáles son las banderas de esta pequeña fronda? Unos, entre los que se cuenta el ex consejero Salvador Milà, denuncian que ICV se ha apartado de su ideario de izquierda transformadora y cuestionan su papel en el gobierno de Entesa. Otros, y no sólo veteranos procedentes de Nacionalistes d’Esquerra (como Josep Maria López Llaví o Jordi Altarriba), sino también históricos del PSUC (como Ignasi Riera o Jordi Coca) y, sobre todo, cargos de elección popular muy importantes (el eurodiputado Raül Romeva o el alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral), han suscrito el documento titulado Manifest per unes politiques sobiranistes a ICV, donde acusan a la formación ecosocialista de “ambigüedad”, de haber “pasado de puntillas” sobre la cuestión nacional. Así las cosas, y sintiéndose contestado por primera vez en una década, Joan Saura promete “más voz propia” para Iniciativa en el seno de un Gobierno del que él es, al menos sobre el papel, número tres.

A raíz del debate parlamentario de la pasada semana, diversos opinadores han discutido sobre si el presidente Montilla pujolea, si imita a Pujol. Al menos, empieza a tener a sus socios de gobierno en el estatus en que Pujol tenía a los consejeros de Unió Democràtica.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

China emerge como acreedor silencioso, de Alfredo Pastor en El País

El gigante asiático y Oriente Próximo han financiado en 2006 a partes iguales el 86% del déficit de los países industriales. Parece claro que el centro de gravedad del mundo económico se desplaza hacia el Este

Cuando un país tiene un déficit por cuenta corriente frente al resto del mundo, ello significa que ha recibido más bienes y servicios de los que ha entregado a cambio. La diferencia se ha saldado con activos del país: reales, como casas o fábricas, o, las más de las veces, financieros, como dinero o deuda privada o pública del país en cuestión. Como la deuda crece más o menos al ritmo marcado por el déficit anual, si éste persiste, el resto del mundo va acumulando derechos contra él, consolidando así una posición acreedora.

En el año 2006, el déficit del conjunto de países industriales superaba el medio billón de dólares, y el Fondo Monetario Internacional estimaba que seguiría aumentando hasta 600.000 millones en los próximos cinco años. Para entonces, el déficit de Estados Unidos, hoy de 800.000 millones, se habrá reducido en un 25%, mientas que el de la eurozona habrá subido, por el aumento de los gastos en energía. Como esta situación dura desde hace años, algunos países han alcanzado una posición deudora muy elevada: así, en 2006, el resto del mundo tenía derechos contra Estados Unidos equivalentes a más del 25% de su Producto Interior Bruto.

Los principales países acreedores son Japón (que está incluido, a efectos de clasificación, entre los países industriales), los países productores de petróleo (sobre todo los de Oriente Próximo) y China. Si atendemos sólo a los flujos anuales, el Fondo estima que, en 2006, China y Oriente Próximo financiaban, a partes iguales, el 86% del déficit de los países industriales, y prevé que, para 2013, el superávit chino exceda la totalidad del déficit de los países industriales, y duplique el de los países de Oriente Próximo.

Todo ello basta para otorgar a China un papel decisivo en el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero internacional: cualquier cambio brusco en la composición de la cartera de deuda del Banco Central chino tendría repercusiones considerables sobre el tipo de cambio del dólar y los tipos de interés. Sin pretender adivinar los propósitos de una institución tan impenetrable como suele ser un Banco Central, tratemos de esbozar cuáles son sus opciones.

En 2007, los activos financieros de Estados Unidos en poder del resto del mundo ascendían a 16 billones de dólares (la posición neta es menor, por el volumen de activos extranjeros propiedad de norteamericanos): unas 11 veces el PIB español del mismo año. No es exagerado estimar en un billón de dólares las tenencias de bonos del Tesoro en el Banco Central chino.

Estos activos, como todos los activos exteriores, están sujetos al riesgo de cambio y al de interés, y ambos han jugado en contra de sus tenedores: en los tres últimos años, el dólar ha perdido un 17% de su valor frente a la moneda china, y un 25% frente al conjunto de divisas.

Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro no ha hecho más que bajar desde mediados de 2006, hasta situarse, en agosto pasado, en el 1,75%. Por ambos conceptos, pues, el Banco Central chino ha sufrido grandes pérdidas en su cartera.

Para compensar en lo posible los menores rendimientos de los bonos del Tesoro, los acreedores de Estados Unidos, y, en particular, las autoridades chinas han ido acumulando carteras de deuda de entidades como Freddie Mac y Fanny Mae, que ofrecían rendimientos mayores, a la vez que disfrutaban de una garantía implícita del Gobierno de Estados Unidos: es decir, eran títulos emitidos con el entendimiento tácito de que el Gobierno haría frente a los pagos si las entidades estaban en dificultades (algo así como la deuda de nuestros ayuntamientos): así, el volumen de activos de esta clase en poder de inversores públicos extranjeros (bancos centrales) se ha quintuplicado desde 2003, hasta superar el billón de dólares en junio de 2008. Pero ahora resulta que, por el momento, no es seguro que los acreedores de las dos F, que acaban de ser nacionalizadas, vayan a cobrar hasta el último céntimo: los detalles del plan de salvamento aún están por decidir. Tras las pérdidas de cambio y de interés de los bonos del Tesoro, el Banco Central chino corre ahora el riesgo de no cobrar la totalidad de su deuda.

En resumen: el Banco Central chino ha hecho un pésimo negocio durante los últimos años, y a nadie se le ocurriría confiarle la gestión de sus ahorros. Claro está que la comparación con una entidad privada está fuera de lugar: un banco central tiene otros objetivos que el de conseguir los mejores resultados posibles.

En particular, en este caso, la financiación del déficit norteamericano, al contribuir a sostener la cotización del dólar, ha permitido mantener las exportaciones chinas a Estados Unidos, y ha ayudado así al crecimiento y a la modernización de la economía china: seguramente un objetivo más importante que los resultados del Banco, o del Tesoro chino. Pero todo tiene un límite, y puede uno preguntarse si las autoridades chinas no decidirán deshacerse de sus activos en dólares, dejando que sean otros quienes financien el déficit norteamericano: ésta es una pregunta que muchos se hacen desde hace años, y que la crisis financiera ha vuelto a hacer pertinente.

En términos generales, la respuesta es sencilla: las autoridades chinas evitarán hacer cualquier cosa que haga peligrar el sistema financiero internacional, o que ponga en dificultades a Estados Unidos; no se verán obligadas a hacerlo por su propia situación; y sí tratarán de sacar partido de su posición acreedora, con la máxima discreción posible, procurando extraer contrapartidas financieras, comerciales o de otro orden.

Este comportamiento es coherente con el que han mantenido desde su entrada en el escenario económico internacional, hace 30 años: así, en 1998, al término de la crisis del sureste asiático, y contra todo pronóstico, no devaluaron su moneda, y pusieron así de manifiesto su voluntad de contribuir a la estabilidad del sistema.

Tampoco es previsible que las circunstancias les fuercen a liquidar activos, como ha sucedido a otras entidades: el superávit corriente asegura un flujo constante de divisas, y la política de tipo de cambio les pone al abrigo de salidas masivas de capital, de manera que no van a tener problemas de liquidez internacional. Por todo ello, sería extraño que originaran movimientos bruscos en los mercados de divisas o de deuda. En el corto plazo, todo indica que seguirán la corriente.

Pero es muy probable que traten de hacer uso de su posición de actor principal en los mercados financieros en el curso de sus continuas negociaciones con Estados Unidos, en los terrenos que son de su interés: así, por ejemplo, puede que las autoridades norteamericanas dejen de darles la lata con el tipo de cambio; o que suavicen su posición comercial en una temporada que se adivina difícil para los exportadores chinos; es posible, por último, que obtengan concesiones, siempre invisibles, sobre el tratamiento de los asuntos de Taiwan o del Tíbet. Todo esto quedará lejos de las miradas del público.

Más allá de lo inmediato, no cabe duda que la crisis del sector financiero norteamericano marcará un cambio de actitud en las autoridades chinas: a los ojos del mundo, el liderazgo estadounidense en materia financiera ha sido puesto en cuestión. El ahorro del resto del mundo se dirigía hacia el mercado estadounidense porque éste ofrecía, no sólo liquidez, sino también seguridad; esto ha cambiado. El cambio será real, aunque imperceptible, y consolidará lo que va siendo un hecho: el desplazamiento del centro de gravedad del mundo económico de Occidente hacia Oriente.

Alfredo Pastor es profesor del IESE y de la CEIBS de Shanghai.

La crisis financiera ¿fallo de mercado o fracaso del Estado?, de Juan Manuel Blanco en El Confidencial

La profunda crisis financiera que viven los EEUU, trasladada ya a Europa, parece haber animado a muchos pensadores, divulgadores y público en general a plantear cuestiones tan profundas como el fracaso del sistema de mercado o incluso la caída del capitalismo tal y como lo conocemos. Habría que buscar en los excesos del libre mercado la causa de todos los males y encontrar el remedio en una intensa y renovada política de intervención estatal. Unos pocos autores, por el contrario, se oponen a la corriente dominante, señalando la cuota de responsabilidad que ha podido tener la intervención de las autoridades en la generación de la crisis, precisamente cuando ésta ha sobrevenido en uno de los sectores más intervenido, regulado y controlado. Y, aunque esta discusión pudiera parecer inoportuna en un momento en el presente, que reclama la acuciante búsqueda de soluciones, en realidad no lo es tanto, pues su respuesta puede ayudar a encontrar la mejor solución a los problemas actuales y, sobre todo, indicar qué modelo de mercado financiero debería imperar en el futuro para evitar, en lo posible, una crisis como la actual.

Las cruciales funciones que desempeña el sistema financiero (proporcionando crédito a todos los sectores de la economía) y dentro de él el sector bancario (creando la liquidez suficiente para garantizar los pagos), junto con la relativa fragilidad del sistema por la interconexión de las entidades, genera una expectativa ampliamente extendida (y reforzada por la experiencia histórica y por la retórica de las autoridades), de que el Estado no dejará caer a ninguna empresa bancaria o financiera, especialmente cuando es grande, e intervendrá para salvarla con el fin de evitar males mayores. Esta expectativa de sentirse asegurados incita a las entidades financieras a un comportamiento más arriesgado: es lo que se conoce como riesgo moral o riesgo inducido. Las autoridades, por su parte, intentan equilibrar esta deriva hacia el riesgo, que ellas mismas han provocado, controlando el sector y regulando los riesgos máximos que pueden asumir las entidades. Pero éste es un difícil equilibrio, que a veces se rompe, abocando al sistema financiero a una situación de peligro. Existen razones para pensar que buena parte de la gravedad de la crisis se debe a unas políticas de intervención de las autoridades en los mercados financieros que crearon fuertes incentivos hacia la toma de riesgos, mientras que los mecanismos de control no funcionaron bien o, incluso, resultaron contraproducentes.

La burbuja del precio de activos de los últimos años se originó en el mercado por una lógica especulativa, en un entorno de euforia financiera, pero es muy posible que las políticas públicas, especialmente en EEUU, las hayan alentado y alimentado. Y, una vez pinchada, algunas regulaciones pueden haber agravado las consecuencias de la crisis. La Reserva Federal mantuvo durante los años cruciales una política de bajos tipos de interés y abundancia de crédito, entorno muy propicio para el crecimiento de la burbuja. Pero, sobre todo, lanzó un mensaje que los mercados bautizaron como el Greenspan put (o la opción de venta Greenspan), que consistía en anunciar que la Reserva Federal no actuaría para prevenir el crecimiento de la burbuja, manteniendo los tipos de interés bajos, pero intervendría si la tal burbuja pinchaba mediante una política conducente a mantener el precio de los títulos. Naturalmente esto era una incitación clara a la especulación alcista, en tanto en cuanto anunciaba una posibilidad de ganancia fácil junto a un seguro contra el riesgo de pérdida. No es de extrañar que la prima de riesgo se redujese considerablemente en este contexto, y fuese posible tomar prestado a un tipo de interés bajo para invertir en posiciones muy arriesgadas.

En los Estados Unidos fue el sector inmobiliario el que recibió dosis adicionales de intervención que alentaban la escalada de los precios. Así, habría que citar las deducciones fiscales de los intereses por la compra de una vivienda, o la política de discriminación positiva que trajo implícitamente la Community Reinvestment Act (Ley de Reinversión Comunitaria), la cual, aprobada en 1977, se reformó en 1995 tratando de garantizar el crédito a todos los grupos étnicos y sociales. Al calor de esta ley y en respuesta a las acusaciones de racismo de grupos comunitarios que denunciaban la no concesión de créditos a negros e hispanos, los bancos desarrollaron la hipoteca llamada NINJA (para personas sin ingresos, sin trabajo ni propiedades), con el fin de completar las cuotas de estas minorías étnicas en el crédito.

Es el origen de las subprime, hipotecas de altísimo riesgo que nunca se hubieran concedido sin esta presión a favor de la discriminación positiva y que fueron asumidas por el sistema por tres motivos: a) la expectativa de revalorización de los inmuebles que la burbuja seguía creando; b) la creciente titulización de las hipotecas y su venta en el mercado, titulización que, fomentada por la regulación de solvencia de las entidades, creaba una información asimétrica entre el que concedía la hipoteca y el que posteriormente la compraba, y c) el importante papel asignado a Fannie Mae y Freddie Mac en la compra de estas hipotecas, compañías consideradas por todos como garantizadas por el Estado, lo cual les permitía financiarse a un tipo de interés muy reducido, apenas sin prima de riesgo.

Para colmo, cuando la burbuja se pincha y los precios de los activos comienzan a caer, la nueva regulación bancaria, conocida como Basilea II, da lugar a una restricción del crédito todavía mayor que la generada por la propia crisis. Este carácter procíclico de la regulación sobre el crédito se debe a que el tope de endeudamiento permitido a los bancos depende del grado de riesgo de los activos financieros que poseen, medido éste por la calificación que asignan las agencias de rating. Estas agencias han tendido a sobrevalorar la calidad de los activos en la fase de expansión pero, avanzada la crisis, se han visto obligadas a asignarles una calificación peor, dejando el nivel de endeudamiento de los bancos en un nivel superior al permitido, de modo que para poder cumplir con el regulador, los bancos se han visto obligados a reducir su endeudamiento, lo que les ha llevado a restringir todavía más el crédito, agravando la crisis.

La conclusión es que las intervenciones del Estado en el sector financiero descritas, aun siendo bienintencionadas, terminaron generando un efecto perverso achacable a la información imperfecta que tiene la autoridad a la hora de tomar las decisiones. El sistema de mercado no es perfecto, como nada en este mundo: los agentes económicos pueden cometer errores que provocan quiebras de empresas y crisis. Pero tiene una ventaja: obliga a los individuos a hacerse responsables de sus decisiones, que les beneficiarán si aciertan, pero les hará incurrir en pérdidas si fallan. El actual sistema de intervención, por el contrario, parece alentar unas reglas según las cuales los participantes ganan si aciertan, mientras que si fallan son otros, generalmente los contribuyentes, los que pierden. Y ésta sí que es una clara incitación a seguir jugando a la ruleta.

Juan Manuel Blanco es Profesor Titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia.

El Gobierno quiere modificar la ley para permitir la fusión entre Cajas de distintas comunidades, de Jesús Cacho en El Confidencial

El debate lleva tiempo sobre la mesa de los presidentes de las más importantes Cajas de Ahorro españolas. Se trata de introducir las necesarias modificaciones en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA) y en sus trasposiciones autonómicas, para hacer posible las fusiones entre entidades pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas. De acuerdo con las fuentes, los cajeros presentes en el encuentro que el presidente del Gobierno apadrinó el pasado lunes en Moncloa: Isidro Fainé, de La Caixa, Miguel Blesa, de Caja Madrid, y Braulio Médel, de Unicaja, plantearon, entre otras muchas cosas, este asunto a Zapatero, al que éste se mostró receptivo.

Más que eso: el presidente del Gobierno aludió en esa reunión a que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía llevan tiempo trabajando en una serie de reformas estructurales a introducir en la Economía española, una de las cuales tiene que ver con la posibilidad de facilitar las fusiones entre Cajas tanto dentro de la misma Comunidad como entre distintas Comunidades Autónomas. De acuerdo con las fuentes, el presidente cito una segunda reforma en marcha no menos importante en el ámbito de las Cajas: la eliminación de la tutela que los Gobiernos autonómicos ejercen sobre los órganos de Gobierno de aquellas entidades de ámbito nacional, caso de La Caixa y Caja Madrid, que pasarían a depender directamente del Banco de España, con el mismo tratamiento que la banca privada.

La cuestión ha saltado a primer plano de actualidad como consecuencia del deterioro de los Balances de algunas Cajas de Ahorro, que en los últimos años han apostado fuerte por las inversiones en el mercado inmobiliario sin el necesario respaldo patrimonial. A finales del pasado mes de agosto, y según datos que maneja la CECA, la patronal del sector, había 13 Cajas con una morosidad que ya superaba el 3,5%, dos de las cuales rebasaban el 8%. En medios oficiales es casi un lugar común la idea de que el Gobierno tendrá que salir en ayuda de alguna de las entidades de menor tamaño -se habla de no más de cinco entidades- que, en general, son precisamente las más afectadas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el cierre del crédito.

La idea barajada en el Banco de España es que las cajas grandes, que gozan de mejor solvencia, acudan al rescate de las entidades de menor tamaño que puedan verse involucradas en problemas de solvencia. A tenor de la legislación en vigor, eso es muy posible en Cataluña, donde tiene su sede La Caixa, primera Caja de Ahorros española, o en Andalucía con Unicaja, por poner dos ejemplos, pero no sería posible en aquellas Comunidades Autónomas de menor tamaño donde solo existe una Caja de Ahorros.

Ocurre, sin embargo, que las eventuales fusiones entre Cajas pertenecientes a distintas Comunidades chocan frontalmente con los intereses creados de la casta política dominante en la Comunidad correspondiente. La Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), modificada por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, ha servido de base para las distintas trasposiciones que a nivel Autonómico se han realizado, de acuerdo con las competencias transferidas en materia económico-financiera a las Comunidades.

A pesar de que la LORCA es de aplicación global a todas las cajas de ahorros españolas, el Tribunal Constitucional (mediante las sentencias 48 y 49/1988) permitió a los Gobiernos regionales introducir modificaciones que afectan tanto a la composición de los órganos de gobierno (potenciando la representación política de las corporaciones locales y, en particular, introduciendo en los órganos de gobierno a representantes de las propias comunidades autónomas), como al destino de los gastos de la obra social o de las inversiones. Como consecuencia de ello, la mayoría de las comunidades autónomas han incrementado nuevos grupos de interés en representación de los respectivos Parlamentos autonómicos, lo que ha contribuido a configurar un panorama aún más complejo.

Competencias de las CCAA

Entre las competencias que la LORCA adjudica a los gobiernos de las CC.AA. figuran la autorización para la constitución, fusión, disolución o liquidación de Cajas, el control de la actividad crediticia y de gestión, y el desarrollo de funciones inspectoras y sancionadoras. También recogen la información económica de las entidades y autorizan la distribución de beneficios y, en particular, las dotaciones a obras sociales. Así mismo, los Gobiernos autonómicos han de aprobar cualquier cambio en los estatutos y normas de gobierno de las Cajas, existiendo una tendencia creciente a participar activamente en el nombramiento y gestión de sus órganos rectores.

Las distintas Leyes de Cajas de Ahorro autonómicas, reflejo de la LORCA, han sufrido con el paso de los años innumerables reformas, en general tendentes a favorecer los intereses políticos del partido del Gobierno en la Comunidad y los personales del presidente o presidentes de las Cajas de la región. Una fusión entre Cajas de distinto ámbito comunitario obligaría pues a solventar esta maraña de obstáculos legislativos, lo que abocaría al Gobierno central a una negociación política en toda regla con los distintos Gobiernos autonómicos, reacios a perder el poder de la representación “política” en la Asamblea, el Consejo de Administración, y la Comisión de Control de la Caja fusionada.

¿Motín del sistema financiero contra el político?, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Las medidas gubernamentales y de los reguladores -desde los rescates hasta las inyecciones de liquidez, pasando por las garantías de los depósitos y las bajadas de los tipos de interés- no calan en el mercado, que sigue dando síntomas erráticos y desconcertados de una crisis que no encuentra su suelo. El colmo es que con la bajada de tipos concertada por el BCE, la Fed y el Banco de Inglaterra, el Euribor suba. Ocurre, pues, que las medidas anticrisis no están calando. ¿Por qué? Pues, sin duda, porque el sistema financiero está absorbiendo en su propia defensa y garantía estas decisiones sin trasladarlas al mercado. Es un hecho que los bancos no se prestan dinero por extrema desconfianza recíproca y lo es que las entidades financieras no conceden créditos ni a las empresas ni a los particulares. Todo el esfuerzo de los Estados se estrella en el muro infranqueable de un sistema bancario y financiero que busca antes su seguridad que la dinamización del mercado, petrificado por la ausencia de liquidez.

Es cierto, por tanto, que hay un problema de confianza. Pero también lo es que sigue la codicia del sistema financiero. Y en paralelo se observa que la autoridad política se muestra inerme ante esta muestra extrema de egoísmo en función del cual las entidades crediticias no repercuten las decisiones públicas sobre las compañías y los ciudadanos. Se está empezando a urdir una auténtica crisis de autoridad democrática, un amotinamiento implícito, porque el sistema financiero altera el sentido finalista de las decisiones públicas y las canibaliza, al tiempo que no da muestra de permeabilidad a los mensajes políticos (que son lanzados desde instancias democráticas, pequeño detalle que no debe olvidarse) que le están requiriendo una cierta flexibilidad.

Esta situación es muy grave porque añade a la crisis financiera otra crisis, la política, que consiste en que los Estados salvan a las entidades del sector pero éstas no se sienten concernidas por el esfuerzo colectivo. Naturalmente, hace falta tiempo para que el plan de rescate de Wall Street se implemente; hace falta tiempo para que se articulen y distribuyan las compras de activos; hace falta tiempo, en definitiva, para que se produzca una relajación. Pero advertida esta necesidad de timing, el sistema financiero debe dar muestras de proactividad, de compromiso y de esfuerzo.

Cada vez que las autoridades políticas, nacionales o continentales, toman una decisión de gran calado -y las están tomando- el eco o el retorno a ella es de desconfianza y hermetismo por parte de los destinatarios de la medida. Y así la crisis adquiere una nueva dimensión que es la política: la falta de confianza no es sólo en el sistema financiero y entre sus agentes, sino hacia el entero mecanismo político, que es el que rige y gobierna a las sociedades occidentales.

En estas condiciones, la propuesta de refundar el sistema financiero mediante una nueva reunión al estilo de la de Bretton Woods en 1944 (allí cuarenta y cinco Estados crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) sube enteros y puede llegar a hacerse estrictamente necesaria. Porque hemos visto que en la época de bonanza se ha producido despilfarro y frivolidad, y en la época de crisis, codicia y desconfianza. Es necesaria, pues, una refundación que sanee los circuitos financieros mundiales, restablezca la autoridad de los reguladores y gobiernos y nazcan nuevas pautas para que el capitalismo de mercado no se colapse.

Porque lo que ocurre empieza ser más grave de lo que parece: la declaración de autonomía (¿de rebelión?) del sistema financiero respecto del sistema político.

La traición del Euribor, de Primo González en Estrella Digital

Resulta decepcionante que el primer día después de la reducción del tipo básico de la Eurozona el Euribor haya dado la sorpresa y registre una subida, modesta pero subida al fin y al cabo. Se ha colocado en torno al 5,5%. La bajada del Euribor era posiblemente la piedra angular del escenario más optimista que habían previsto los rectores de la Política Monetaria europea al bajar en medio punto, hasta el 3,75%, los tipos de interés oficiales el miércoles.

No es que sea una medida popular simplemente. La bajada del Euribor es todo un acontecimiento para millones de familias de toda Europa y desde luego de España, porque permitiría reducir su carga financiera y daría a las entidades de crédito una mayor tranquilidad al afrontar un horizonte de menor aumento potencial de la morosidad. Cuando más asequibles sean los tipos de interés, más posibilidades hay de devolver los créditos hipotecarios por parte de la clientela bancaria. Pero el Euribor no ha bajado en su primer test, el día después de anunciada la rebaja de los tipos oficiales. ¿Por qué los tipos de mercado no reaccionan a la baja y en similar cuantía en que lo ha hecho el tipo básico del banco emisor?

Es el misterio que este jueves ha merodeado por muchos ambientes económicos, aunque existe una convicción de que tarde o temprano el impacto de la bajada del tipo básico en el tipo Euribor de mercado se producirá. Hay algunas hipótesis que permiten asegurar que será así y que no puede ser de otro modo. Los mercados monetarios, en régimen de bajas pulsaciones desde hace meses, viven los problemas derivados de la ausencia de confianza, es decir, escasez de prestamistas, lo que ha contribuido a tensionar al alza los tipos de interés interbancarios.

El dinero se ha convertido en una mercancía muy escasa, en la que el proveedor casi único es ahora el sector público a través de las subastas de inyección de liquidez que realiza sistemáticamente el Banco Central Europeo. Hay otro proveedor, que es la clientela bancaria, en especial para los bancos y cajas de ahorros que cultivan la clientela minorista, y ya se sabe la batalla en la que están enzarzados, con una auténtica subasta permanente de tipos al alza, con algunas ofertas por encima del 6% TAE a un año, es decir, no una TAE del 6% durante un mes o tres meses, sino durante 9 y hasta 12 meses.

El dinero cuesta bastante caro en los últimos meses. El compromiso del Banco Central Europeo de suministrar a los bancos (se supone que con las adecuadas garantías) toda la liquidez que precisen al 3,75% es un paso importante en la dirección del abaratamiento del dinero que circula por el sistema. Hay, por lo tanto, dos fuentes principales de suministro de dinero para los bancos y cajas: el que viene de las subastas del BCE y el que se consigue por la ventanilla. El coste promedio de este dinero que reciben prestado bancos y cajas tenderá a bajar a medida que pasen las semanas.

Pero el proceso llevará previsiblemente algún tiempo. La subida del tipo Euribor este jueves, 24 horas después de la bajada de tipos oficiales, no tiene por lo tanto demasiada lógica, aunque sí alguna. El dinero que se cruza al tipo Euribor es como el de una segunda ventanilla, a la que acuden los menos solventes para lograr lo que no han conseguido por los canales normales. Si el BCE persiste, como ha prometido de forma explícita y pública, en su inyección masiva de dinero, el 3,75% de coste acabará imponiéndose como el principal precio de referencia y, por lo tanto, el que conduzca al Euribor por la senda correcta y esperada del abaratamiento. El retorno de la confianza a los mercados es posiblemente la piedra esencial de todo este proceso, pero si el BCE mantiene el suministro masivo de dinero, los tipos de interés volverán a su cauce normal. Claro que con tanta inyección de liquidez no tardarán en aparecer los riesgos de inflación y la caída de las rentabilidades en la renta fija. Pero ninguna enfermedad se cura sin daños colaterales o sin efectos secundarios.

¿Agua corriente o agua pantanosa?, de Antonio Alvarez-Solís en Gara

El plan Bush para afrontar la crisis financiera es objeto de análisis del autor, que advierte de que las inyecciones millonarias de dinero previstas sólo pretenden aplicar un torniquete a la «hemorragia financiera» y «salvar de la ruina la economía de la especulación bolsista», pero no servirán para reactivar ni reconstruir la muy debilitada economía real.

Lo que más inquieta a ciertos ciudadanos que, como yo, bebemos agua de arroyo, es el increíble cambio de volumen que ha sufrido para su aprobación el texto del llamado Plan Bush para rescatar de la ruina al mundo financiero. El fracasado proyecto original, redactado por el secretario del Tesoro estadounidense, ocupaba tres folios; el texto aprobado por fin en el Senado norteamericano se contiene en 451 páginas ¿Qué ha sucedido para este vertiginoso crecimiento del papel que ha sido por fin adoptado? Decía el conde de Romanones que toda ley que exceda de dos cuartillas está destinada a no cumplirse. Es posible que el ilustre zorro tuviera razón. La experiencia demuestra que cuando las leyes se multiplican y se hacen arbóreas tienen dos propósitos fundamentales: evitar que la ciudadanía se entere debidamente de lo que se ha acordado por los políticos y sus expertos, y facilitar a los redactores del plan la construcción de oscuros recovecos de endiablado tránsito para reacomodar los mismos e inmorales propósitos que produjeron la catástrofe.

El Plan Bush resulta de una calculada y perversa ambigüedad. Los dirigentes americanos, agrupados en ese magma político, militar y financiero que ha acabado por herir mortalmente a «su» democracia, saben perfectamente que el plan tiene un único propósito esencial: salvar de la ruina la economía de la especulación bolsista. El plan no afecta apenas a la economía industrial o comercial que era propia del modo de producción burgués.

A estas alturas parece incuestionable que la burguesía, compuesta esencialmente de clases medias, ya no interesa. Las clases medias se han proletarizado y esta conclusión es válida aunque se vistan de Prada. Por tanto repito que el plan viene a constituir un tosco torniquete para detener la hemorragia financiera, que tiene su origen precisamente en el abandono que se ha hecho de la economía real o economía de cosas. El billón largo de dólares -que es mucho más que los setecientos mil millones previstos en un principio- quedará estancado en las grandes instituciones financieras y apenas correrá como agua libre y vivificadora por el sistema industrial o el consumo popular. Los bancos, o industria financiera, como se la llama significativamente, apenas pasarán unos cien mil millones a los pequeños empresarios y a la clase trabajadora, convertida hoy, merced a una manipulación lingüística y a las Semanas de Oro, en clase media. El resto de la inmensa cantidad, cuya liberación producirá además una conmoción sísmica en el estado, quedará en las cajas bancarias para enjugar el tsunami y volver a dinamizar la máquina especulativa. Debe tenerse en cuenta, acerca de este último aspecto de la cuestión, que ni siquiera se han diseñado las normas legales que hagan efectivos los retóricos propósitos de moralizar los comportamientos bancarios. Incluso en pequeños estados, como España, esas normas moralizadoras no han tenido eco alguno, lo que da pie a Madrid para hablar de que la banca española está básicamente saneada. Es decir, la inmoralidad de la banca española no ha sido siquiera puesta en cuestión aunque sus cimientos estén también horadados por una multitud de actividades irracionales.

El billón de dólares que el Gobierno americano ha de poner en marcha para absorber los activos tóxicos que ha producido la llamada libre competencia en el mercado financiero será agua estancada, y por tanto, contaminante. Algunos flecos alcanzarán a ciertos colectivos sociales a fin de decorar un poco la fachada, pero fundamentalmente ese dinero no reconstruirá la economía real que, según el mismo Fondo Monetario Internacional -cabeza, guarda y antemural del bárbaro neoliberalismo-, está abocada a una recesión esencial por quiebra del Sistema. Vale una frase de Bertrand Russell en torno a la ciencia moderna para resumir el horizonte económico-social que diviso desde mi modesto observatorio de anacoreta: «Pudiera suceder que toda sociedad científica (en este caso sociedad de expertos en nómina) fuese incapaz de estabilidad y que un retorno a la barbarie sea condición necesaria para la persistencia de la vida humana». Quiero aclarar que no comparto lo de «retorno a la barbarie» ya que el Sr. Russell, espíritu de club británico, parece entender por «barbarie» la reanimación cívica de las masas. No quiero caer en la habitual ucronía de creer barbarie la energía que, de una forma u otra, nazca de una ciudadanía que recupere el protagonismo creador de libertad real y democracia efectiva. Pero la citada frase del ilustre inglés viene a resumir el trance en que nos encontramos. El liberalismo ha muerto envenenado por su propia aventura.

Lo que queda por ver, además, en torno al Plan Bush, es cómo ese dinero salvador de la minoría corsaria -los que navegan bajo bandera legal para hacer piratería- va a movilizarse sin producir un déficit público absolutamente insoportable por las instituciones gubernamentales. Creo que el Plan Bush extiende el certificado de defunción del llamado Estado del Bienestar, ya que la sociedad no tiene ni remotamente el dinero suficiente para salvar corsarios y atender a la vez a las necesidades sociales. Siempre he creído que el déficit público era imprescindible para gobernar una colectividad en expansión, ya que el gobierno no se administra como un negocio de ultramarinos y coloniales. El superavit del Estado se consideraba en épocas más sensatas como sustancialmente escandaloso. Un presupuesto público o tiene obras por realizar para impulsar la vida del país, y para eso está la deuda pública o, de no ser así, ha de disminuir la carga impositiva. Por tanto, una cosa es un déficit orientado al crecimiento y, otra, un déficit colosal e inorgánico al servicio de quienes han convertido la economía en un medio de explotación paradójicamente autófago.

El Plan Bush es el gotero aplicado a un moribundo que circula por la inercia que le transmite el poder. Los dirigentes fácticos del mundo saben sólidamente que su máquina ya no funciona y que no pueden hilvanar una alternativa a su medida dentro del Sistema. En consecuencia, su política será la de quemar las últimas reservas sociales en una imposible sobrevivencia.

Ahora vendrá el retorno de la ola, mucho más grave. Los bancos negarán el volumen necesario de crédito para atender las reclamaciones de la economía real. Dirán que ha de extremarse el celo en la atención a presuntos acreedores y filtrarlos con dura consideración del posible riesgo que generen. Todos los grandes prestímanos que han dinamitado el mundo financiero en busca de la gran pepita de oro pretenderán en adelante dar un ejemplo de equilibrio y sobriedad, pero ¿a costa de quién y de qué? Incluso es posible que ofrezcan un manto a alguna virgen vaticana para demostrar los piadosos vínculos que hay entre las finanzas y la catedral.

Pero ¿de dónde saldrá el dinero para devolverlo a quienes lo han aportado, vía impuestos, desde la agonía de sus discretos negocios o de sus salarios? Las lecciones de cualquier tratado clásico de economía decían siempre en su inicio que el dinero es un caudal limitado y que aquello que se gasta en cañones hay que ahorrarlo en mantequilla. Recordaré siempre el primer diagrama del texto académico del Sr. Samuelson. Es posible que el tratado de economía política del Sr. Samuelson ya no esté de moda, pero resultaba de una sencillez magnífica y honrada. Mientras el mundo burgués respetó más o menos esas enseñanzas prudentes se sostuvo con esplendidez. Pero como tantos mundos, llevaba en sí la lombriz que trabajaba secreta y patológicamente en su sistema digestivo. Y esa lombriz es la que ahora ha producido la gran diarrea.

Antonio Alvarez-Solís, periodista.

McCain y economía, en caída libre, en el Editorial de La Jornada

Sin margen para echar mano de la munición argumental que le queda y que consiste principalmente en ataques personales contra su rival demócrata, Barack Obama, el candidato republicano a la presidencia estadunidense, John McCain, experimentó en el debate televisado de ayer un nuevo descalabro y otra reducción en sus posibilidades, de por sí menguantes y escasas, de suceder en la Casa Blanca a su correligionario George W. Bush. Así lo consideraron la mayoría de las encuestadoras y las cadenas televisivas del país vecino, con base en sondeos de opinión realizados en los minutos posteriores al encuentro. El dato resulta reconfortante para México, América Latina y el resto del mundo, no porque Obama represente una opción de cambio radical, sino porque McCain ha demostrado que carece de propuestas en la nueva circunstancia estadunidense e internacional creada por la crisis financiera que alcanza ya una escala global.

En efecto, la dimensión del quebranto económico, originado precisamente en Estados Unidos, ha dejado sin argumentos a los neoliberales puros y duros del Partido Republicano, quienes, tras negarse de manera sistemática y pertinaz a hacer intervenir al Estado para paliar los desastres sociales creados por su propio modelo, ahora adoptan medidas estatistas con tal de salvar a las corporaciones privadas de la debacle causada por su propia voracidad. McCain, férreo promotor de la desregulación financiera y del “sálvese quien pueda”, característico del neoliberalismo, aparece incoherente y poco verosímil ahora, cuando se ve obligado a improvisar promesas sobre programas gubernamentales de apoyo a los deudores. A pesar de su empeño por deslindarse del presidente saliente, la desastrosa gestión económica de los pasados ocho años –Bush recibió unas finanzas públicas superavitarias y las entregará con un déficit de cientos de miles de millones de dólares– constituye un lastre para su campaña, y sus probabilidades de obtener un triunfo en las elecciones del mes entrante se hunden junto con la economía.

Resulta significativo que la perspectiva de un cambio político en Washington, por modesto que sea, coincida con el réquiem por las actuales reglas del sistema financiero mundial, pronunciado esta semana por el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, quien tuvo que reconocer, muy a su pesar, que “el nuevo multilateralismo debe tender a la responsabilidad compartida por el Estado”.

Aunque incierto y hasta angustioso, el escenario generado por la crisis es mucho menos cómodo para el republicano que para el demócrata, quien, por filiación partidista y convicción personal, parece dispuesto a emprender una política económica próxima a posiciones neokeynesianas y que parece, hoy por hoy, la única tabla de salvación posible para el capitalismo global.

En los ámbitos de la política internacional y la defensa, que McCain presume como sus puntos fuertes frente a Obama, el republicano tampoco convenció: su discurso se fundamenta, de manera inevitable, en las mentiras “patrióticas” urdidas por el gobierno de Bush para invadir Irak, mentiras que hace cinco años y medio fueron creídas por la mayor parte de la sociedad, pero que se han ido erosionando hasta dejar meridianamente claras, hasta para el grueso de los estadunidenses, la indecencia político-empresarial y la avaricia criminal que motivaron la invasión y la ocupación de esa infortunada nación árabe.

Cuando esa aventura genocida empieza ya a convertirse en una resaca moral en Estados Unidos, la circunstancia política resulta desfavorable a McCain. Y es que el senador por Illinois no será precisamente un pacifista, pero su adversario republicano se exhibió como un halcón: “La seguridad de sus hijos en el campo de batalla es mi responsabilidad principal”, dijo el veterano de Vietnam, acaso sin reparar en que, a estas alturas, la mayoría de los estadunidenses ya no quiere que los campos de batalla sean “seguros” –disparates aparte–, sino clausurar los que fueron abiertos por el belicismo corrupto del gobierno de Bush.

Desde el 11 de septiembre de 2001, el mundo ha padecido más de siete años de barbarie bélica, impulsada en primer lugar por el gobierno de Estados Unidos; un deterioro sostenido de los derechos humanos y las libertades básicas, y un deslizamiento a la inestabilidad, la incertidumbre y la zozobra. Los electores del país vecino tienen ante sí y ante el planeta el deber de poner fin a esa insensatez y de propiciar, de esa forma, un cambio en las prioridades planetarias: la recuperación económica y ambiental, así como el combate al hambre, a las epidemias globales, al atraso y a la desigualdad entre naciones y entre individuos.