La otra memoria, de Jordi Borja en El País de Cataluña

Adorno escribió: no combatir o rememorar o conservar lo que fue el pasado, sino cumplir sus esperanzas. El 11 de septiembre es una fecha demasiado rememorativa. Entre la nostalgia de agravios históricos del centralismo y la incomprensión estatal actual ante las reivindicaciones económicas estatutarias se nos han perdido las esperanzas. Y ante la deriva uniformadora que se ha impuesto en los aparatos del Estado y en amplios sectores de la opinión pública parece pertinente que desde la periferia se reaviven las esperanzas que movilizaron a distintos pueblos de la Península contra el franquismo y por la democracia. Una de ellas, y no la menor, la de la autodeterminación.

La Diada ha coincidido con la sentencia del Tribunal Constitucional, que como es bien sabido es una autoridad independiente y que no actúa por intereses o prejuicios políticos, declarando ilegal la consulta promovida por el Gobierno vasco. Es una sentencia que resulta tan esperada como sorprendente. Se puede considerar la consulta poco oportuna políticamente y razones hay: fractura el frente antiterrorista, divide al Parlamento vasco, genera una expectativa destinada a verse frustrada en el marco legal elegido. Pero prohibir a una asamblea electa que consulte a la sociedad que la ha elegido la pertinencia de una iniciativa política, una consulta no vinculante y que se concreta en abrir un proceso negociador que pretende el reconocimiento de un “derecho a decidir” sobre su futuro no es fácil de entender en una democracia y menos en un marco político-legal que reconoce las nacionalidades.

Todos los partidos democráticos y organismos unitarios durante la dictadura reclamaron el derecho a la autodeterminación. La Constitución no puede cerrar puertas a la libertad. Y principios generales hay en la misma Constitución y en la Carta de derechos humanos que España ha suscrito que legitiman ese derecho. Más incomprensible es cuando la sentenciada consulta sólo solicitaba la opinión para negociar otro tipo de relación con el Estado. No soy nacionalista, tampoco nacionalista español. No creo que la mejor solución para los pueblos de España sea que cada uno se independice. Pero tampoco me parece admisible que una coacción exterior impida a una colectividad que lo desee alcanzar un mayor grado de autonomía. Y el argumento jurídico de que correspondería al “pueblo soberano” de toda España decidir el futuro del País Vasco es una broma sin gracia.

No nos engañemos: en Europa no es independiente ni soberano nadie. Y tan anacrónico es reclamar la soberanía de España como la de cualquiera de sus nacionalidades. Y observando la emergencia renovada de pueblos y nacionalidades en toda Europa también resulta anacrónico mantener posiciones jacobinas y no reconocer las vocaciones de autogobierno de entidades territoriales cuyo sustrato no es sólo histórico y cultural, sino también económico. En estos territorios aparecen actores sociales interesados en conquistar una cuota de poder político superior: la globalización genera reacciones identitarias y una mayor competencia entre los territorios de ámbito subestatal.

No deja de sorprender tampoco la mansedumbre catalana, comparada con la vasca, a pesar de que su posición relativa en España es más desfavorable y la cohesión política y cultural, sin el chantaje terrorista, mayor. En la década de 1970 nadie discutía, en el escenario democrático, la legitimidad irrenunciable de la autodeterminación. Este derecho no significaba para la mayoría de las opciones políticas la independencia, pero sí un grado de autonomía incomparablemente mayor que el estatutario, especialmente en lo que se refiere a los recursos y a la definición de competencias que no pudieran ser reabsorbidas por los gobiernos centrales. Se renunció a la autodeterminación cuando mantener este derecho es lo único que nos da fuerza para negociar un encaje más favorable en el Estado. Se pueden aceptar avances limitados como los dos Estatutos. Pero es inaceptable renunciar a las esperanzas.

En España la cultura federal, excepto en Cataluña, es casi inexistente. Y en todo caso los partidos estatales principales son incurablemente analfabetos en federalismo. Como sólo entienden subordinación o separatismo hay que amenazarles con la autodeterminación para llevarles a negociar una solución federal. Una iniciativa paralela de instituciones y sociedad civil convocando formas de movilización y consulta popular reivindicando la autodeterminación podría frenar la dinámica uniformista actual.

En este periodo de crisis cíclica no parece el más adecuado para este tipo de iniciativas. Creo lo contrario. En estas situaciones, las políticas públicas requieren más proximidad y más cooperación entre actores públicos y privados. Barcelona fue consciente de la necesidad ineludible de más autonomía, competencias y recursos cuando coincidió el inicio de la democracia con una crisis mucho más grave que la actual. Por cierto: en todo este lío autonómico, la ausencia de la ciudad capital como un actor protagonista resulta una omisión escandalosa. Mientras las esperanzas se marchitan, cuando el futuro del país está en juego, el cap i casal nos propone un tranvía por la Diagonal como gran proyecto. Me parece bien y lo defendí ante colegas del Ayuntamiento cuando se planteó la idea hace una década. Si se opta por el transporte colectivo de superficie hay que asumir que se penaliza al coche privado. Pero es en estos momentos cuando una ciudad como Barcelona debe plantear proyectos ambiciosos. Como una propuesta compleja de grandes infraestructuras vinculada a la construcción de la Eurorregión. Un proyecto vinculado a una esperanza.

Desaparecidos’, ¿hasta cuándo?, de Margalida Capellà i Roig y Fernando Magán en El País

Las providencias dictadas por el juez Baltasar Garzón en relación a los desaparecidos en España con motivo de la Guerra Civil han causado un gran revuelo. Las diligencias, a pesar de su carácter procesal ordinario, parecen suscitar incredulidad en cuanto a su alcance jurídico y preocupación política por lo que se viene a llamar “reabrir heridas”. Sirva este artículo para aclarar el porqué y el para qué de las denuncias, elaboradas por un equipo de juristas comprometidos con el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.

La denuncia gira en torno a tres ejes básicos. El primero es la detención ilegal de miles de personas en “zona nacional” entre 1936 y 1950 y su posterior “desaparición”, sin que a día de hoy sus familiares conozcan las circunstancias de su detención ilegal ni las autoridades competentes les hayan facilitado información sobre su suerte o paradero. Estas detenciones eran constitutivas de delito en el momento de su comisión, tanto en el Código Penal vigente de 1932 como en el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en aquel momento y en la actualidad. Además, tales “desapariciones” fueron coetáneas a crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra Mundial pero en relación con ella, en concreto la desaparición de ciudadanos judíos, crímenes perseguidos por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg en 1945.

Estos crímenes, por el contexto en que se cometieron (masividad y sistematicidad) y por su carácter internacional, continuado e imprescriptible, deberían ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas, pero en España no se ha hecho nada al respecto.

El segundo eje de la denuncia se basa en los derechos de los familiares de los desaparecidos, como víctimas de desaparición forzada e incluso de tortura, de acuerdo con la jurisprudencia (recuérdese el caso Pinochet y la aplicación del Convenio contra la tortura para incluir casos de desaparecidos) y la normativa internacional. En el caso español, la desaparición causó y causa aún graves sufrimientos a los familiares de los desaparecidos debido a la inactividad del Estado aún en 2008, mientras la ley de la memoria histórica delega en asociaciones e incluso en familiares de desaparecidos la localización y exhumación de sus cuerpos.

Esta inactividad del Estado ha desembocado en una situación de impunidad absoluta (entendida como inexistencia de cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria) y una insostenible indefensión de los familiares de los desaparecidos como víctimas de violación de derechos humanos, en especial el derecho a ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria y el derecho a obtener una reparación efectiva ante la justicia. Tal reparación debería recoger los aspectos básicos de la Resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: restitución (en este caso, la de los cuerpos si es posible), indemnización, rehabilitación (con la anulación de sentencias, por ejemplo), garantías de no repetición de los abusos (con la depuración de responsabilidades, en su caso), y satisfacción (con el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, principalmente).

Estos últimos derechos son el tercer eje de la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, pues precisamente lo que se solicita es la intervención judicial de este tribunal para localizar el destino final de las personas desaparecidas en España en relación con la guerra civil y la represión franquista, ante la inexistencia de mecanismos judiciales o administrativos para ello. Ésta es una tarea que incumbe al Estado, tanto por sus obligaciones contraídas internacionalmente como por las responsabilidades penales y civiles que se derivan de unos hechos que son constitutivos de delitos de carácter imprescriptible que no han sido investigados. Como víctimas de violación de derechos humanos, los familiares de los desaparecidos tienen derecho no sólo a la justicia sino también a conocer las circunstancias de la desaparición y a la reparación, y nada de ello puede ser objeto de amnistía, perdón o indulto.

Pretender que la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar las desapariciones revela un desconocimiento total del Derecho aplicable a crímenes de lesa humanidad y a violaciones de derechos humanos. Además, esta Ley sólo se aplicaría a delitos juzgados hasta 1977, que no es el caso, y contraviene, entre otros convenios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1976, seis meses antes de la adopción de la Ley de Amnistía.

La denuncia no se dirige contra nadie y la falta de autoría sin duda dificultará el proceso penal. Pero, en cualquier caso, lo que se solicita es que la Audiencia Nacional califique las desapariciones como crímenes de lesa humanidad para reclamar así, a falta de otra vía, la actuación del Estado. Ya es hora de que nos preocupemos más por las víctimas que por los criminales. La recuperación de la memoria histórica no es sólo una cuestión de historia, sino de justicia y de derechos humanos: de esto va la denuncia.

Firman este artículo Margalida Capellà i Roig, profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de les Illes Balears, y Fernando Magán, abogado. Ambos son los juristas portavoces de la plataforma de asociaciones denunciantes de desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Garantías y otras añoranzas, de Francisco Sosa Wagner en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

De quienes todavía siguen invocando con admiración la Constitución republicana, puede decirse que propenden a coger el rábano por las hojas, es decir, suelen tergiversar su contenido y su práctica. Entre otros extremos, se ha olvidado que tal texto no estuvo en vigor en toda España casi nunca, sobre todo en aquellos de sus títulos más sensibles, como fue el tercero, que albergaba las libertades fundamentales de los españoles. Bien bonitos fueron los derechos a la libertad de expresión, de residencia, de reunión y demás, pero bien fea fue la ley de Defensa de la República (luego Ley de Orden público) que permitía arruinarlos, como en efecto ocurrió hasta 1936, cuando la gran batahola destruye sin más todo atisbo de filigrana jurídica.

Debemos a Manuel Ballbé haber demostrado en Orden público y militarismo en la España contemporánea (Alianza, 1985) la lejanía que existió entre el texto constitucional en punto al ejercicio de los derechos y libertades individuales y la realidad diaria, así como la aguda anotación de que las técnicas jurídicas destinadas al mantenimiento del orden público siguieron estando impregnadas de militarismo. Todo ello condujo a que las limitaciones del derecho de reunión o de expresión fueran desde un principio clamorosas. Miguel Maura cuenta en sus memorias (Así cayó Alfonso XIII, Ariel, 1982), cómo a raíz de un conflicto reunió a los directores de periódicos, «incluso a los suspendidos», para explicarles que «estaban ante un ministro que dispone de plenos poderes en materia de orden público». Y bien que entendieron la advertencia: nadie se atrevió a publicar una línea acerca de los sucesos que el ministro quería ocultar a la opinión pública. Y parecidas referencias son constantes en el propio Azaña. Lo más relevante pues de esta legislación no es su existencia, ya grave, sino su uso continuo, tanto en el bienio social-azañista como en el radical-cedista y, por supuesto, tras la victoria del Frente Popular. Por todo ello, puede afirmarse que, por meses y bien pocos, se cuenta la vigencia de la normalidad constitucional en el conjunto del país. Afirmación que se halla bien documentada y al alcance, en cualquier librería española, del curioso que quiera atenerse a hechos y no a ensoñaciones sectarias.

Por otra parte, en un momento como el presente, en el que a nuestro Tribunal Constitucional tanto se le critica -y con avaladas razones-, conviene recordar el precedente que supuso el Tribunal de Garantías Constitucionales alumbrado por la Constitución de 1931 (y estudiado con rigor, entre otros, por Ruiz Lapeña y Bassols). Su composición nos orienta acerca de la calidad del engendro que salió de la mente de los padres constituyentes que, como se sabe, escribieron el texto en sesiones que terminaban «a la hora de ir a tomar los churros», lo que hizo decir a Azaña que aquella República no era de «trabajadores» sino de «trasnochadores».

En la cúspide de aquel Tribunal republicano había un Presidente designado por el Parlamento. Curiosa la discusión suscitada acerca de los requisitos que debía reunir. Si en el Anteproyecto figuraba el de ser licenciado en Derecho, en el Proyecto del Gobierno desaparece tal mención, sin duda por considerarlo un tiquismiquis o porque, según Alvaro de Albornoz «tampoco necesita serlo el presidente del Gobierno o el ministro de Justicia», afirmación que demuestra el desparpajo con que el político radical-socialista se movía en los mundos de la política y el Derecho. Pero lo bueno es que este caballero fue el presidente del Tribunal de Garantías hasta que dimitió con motivo de los sucesos de octubre de 1934. Le sucedería Fernando Gasset, del partido radical, que también dimitió en julio de 1936, probablemente al advertir que de poco servía el Tribunal cuando ya chorreaban sangre «los muros de la patria mía».

Venían después: dos diputados elegidos libremente por las Cortes; un representante por cada una de las regiones españolas; dos miembros nombrados por todos los Colegios de Abogados; en fin, cuatro Profesores de Facultad de Derecho.

Naturalmente los diputados pertenecían a las distintas formaciones políticas y fueron cambiando en función de las mayorías parlamentarias. Entre los vocales abogados hubo nombres como Calvo Sotelo y César Silió, figurón que fue del maurismo. Y, entre los salidos de las filas de las Facultades de Derecho, deben anotarse los catedráticos Miguel Traviesas, privatista asturiano, Salvador Minguijón, historiador aragonés, Francisco Beceña, procesalista asturiano, y Carlos Ruiz del Castillo, constitucionalista, vinculado a la CEDA y que ocuparía cargos en el franquismo.

Pero el grupo verdaderamente pintoresco de aquellos jueces era el procedente de las regiones españolas. Eran nada menos que 13. Como regiones no había más que una, Cataluña, las demás tuvieron que ser inventadas ad hoc: Asturias, Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla La Vieja, Extremadura, Galicia, León, Vascongadas, Valencia … En ellas, al carecer de órganos propios, votaban los concejales de los Ayuntamientos. El proceso de selección se convirtió, sin melindre jurídico alguno, en un asunto político de primer orden. De tal importancia que la derrota que sufrió el Gobierno de Azaña condujo a la postre a la disolución de las Cortes en octubre de 1933. Las derechas se habían organizado y las izquierdas, en el dulce uso del poder, no prestaron la debida atención aunque muchos gobernadores civiles desempeñaron su función muñidora al mejor estilo de los tiempos de Posada Herrera o de Romero Robledo. En sus Memorias, Azaña apenas si quiso dar relevancia a esta contienda que, sin embargo, acabó determinando la caída de su Ministerio.

Una cuestión significativa se planteó. Elegían, como hemos visto, los concejales de los Ayuntamientos. ¿Pero qué ocurría cuando los Ayuntamientos estaban suspendidos? Porque era práctica corriente en aquella, hoy añorada, República que las corporaciones locales se hallaran suspendidas -sin intervención judicial- y sus órganos de gobierno sustituidos por comisiones gestoras o concejales interinos designados gubernativamente en función de la filiación política. Sólo a lo largo de una ardua discusión se llegó a la conclusión de que tales concejales irregulares no estaban legitimados para votar.

En aplicación de este procedimiento, hubo jueces regionales socialistas, radicales, cedistas, tradicionalistas, radical-socialistas, del republicanismo gallego, tan alejados entre ellos en sus concepciones políticas como unidos por un lazo común: ninguno de ellos necesitó para acceder a la magistratura ostentar el título de licenciado en Derecho.

De este engendro no podía salir más que una jurisprudencia para el olvido: nadie recuerda hoy, en los medios especializados, qué dijo el Tribunal republicano sobre tal o cual cuestión. Un sonrojante silencio ha caído sobre aquella obra, sombra de sombras o verduras de las eras, según prefiera el lector.

Resultado este anunciado pues, ya en su concepción, buenas invectivas había recibido el Tribunal. Desde la derecha, el diputado Royo Villanova, catedrático de Derecho Administrativo, le dedicó discursos demoledores destinados a demostrar que, con el Tribunal Supremo, la Justicia española se sobraba para depurar el Ordenamiento, tal como ocurría en los Estados Unidos. Pero, desde la izquierda, y sin florituras, Indalecio Prieto se despachó afirmando que «el Tribunal equivaldrá en el sistema constitucional al apéndice en el sistema intestinal: no servirá más que para producir cólicos».

Quede dicho lo que antecede, en este otoño de 2008 que la economía apuñala, para aplacar las añoranzas republicanas de tanto incorregible laudator temporis acti o elogiador del tiempo pasado, un latinajo horaciano que, por cierto, recuperó un diputado de la República, el escritor Ramón Pérez de Ayala. El sectarismo tiene que buscar hoy más afinadas fuentes de inspiración histórica.

Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León. Su último libro es Carl Schmitt-Ernst Forsthoff: coincidencias y confidencias (Marcial Pons, 2008).

© Mundinteractivos, S.A.

Memoria y democracia, de Marcos Roitman Rosenmann en La Jornada

Las tiranías han dejado una estela de muerte y un conjunto de estructuras sociales y de poder cuya pervivencia se sitúa por encima de nostálgicos que buscan un retorno al pasado. Ellos no son capaces de percibir el alcance de los proyectos políticos dictatoriales. Sus fundamentos han socavado los órdenes democráticos contra los que lucharon borrando las huellas de un sistema emancipador e igualitario. Éstos han sido los casos del franquismo en España o del pinochetismo en Chile.

Ambos son resultado de conspiraciones y alzamientos militares que devienen en golpes de Estado en pro de una cruzada que enarbola el discurso de una patria amenazada por enemigos externos identificados con el socialismo, el comunismo y la participación del pueblo en el proceso de toma de decisiones. En definitiva una lucha contra el saber, la educación laica, la libre enseñanza y la cultura cívica. Su parafernalia cotidiana está ligada a movilizar recursos propagandísticos en dicha dirección. Su resultado más perverso se traduce en generaciones de jóvenes, cuya única visión del mundo ha sido la recibida en las aulas del franquismo y del pinochetismo. Bajo esta lógica, el sistema educativo se mantuvo 40 años en la España de Franco y 17 en el Chile de Pinochet.

Sin embargo, la salida de las tiranías no modifica los planes y programas de estudios, siguen los mismos parámetros, sólo se añaden más temas. Para dichas generaciones, ambos tiranos pasan a formar parte de un proyecto de reconstrucción frente a una sociedad sumida en la degradación moral y la decadencia material. Considerados portadores de un aura liberadora, su destino consistió en salvar el país. La historia les debe valorar su entrega a la patria. No pueden ser cuestionados. Es de mal gusto poner en tela de juicio su honor. Su imagen pública se construye recurriendo a un supuesto liderazgo carismático. Franco por la gracia de Dios; Pinochet por revelación divina, pero son héroes en su tiempo. Su camino supone una peregrinación, sufren y ven la luz. Escuchan la voz, reciben la llamada y cumplen; su espada es justicia. Están por encima del bien y del mal. Sus regímenes no pueden ser juzgados. Hay que entender su papel en la historia. Restablecen el orden. Tras la oscuridad, la luz. Su fuerza se traduce en proponer obras y trascender el tiempo. Por ello se dedican a realizar megaproyectos. Inauguran carreteras, pantanos, torres comerciales, estadios, etcétera. Se convierten en padres fundadores de un revolucionario orden social. Ejercen un populismo que encubre su tiranía. Anticomunistas en un periodo de guerra fría, apoyados por la institución eclesiástica, las elites dominantes, las oligarquías locales, las burguesías trasnacionales y los sectores medios reconstruyen el país mostrando odio profundo a la ciencia, el arte, el saber y la cultura.

Lamentablemente, la nueva identidad se forja despolitizando, con una población que asume sin cuestionarse represión, tortura o desapariciones. Hubo luchas, rebeldía, dignidad, el pueblo no se doblegó. Pero no nos llamemos a engaño: era una minoría. En España, a medida que transcurría la dictadura, los responsables de los crímenes de lesa humanidad se fueron a la tumba con honores y medallas. En Chile, el tiempo no lo ha permitido del todo. Algunos torturadores han sido juzgados a pesar de las elites en el poder. Los más siguen en las fuerzas armadas, son diputados, senadores, cobran pensiones y se mofan de las víctimas. Hablamos de las consecuencias de invernar la memoria y sustracción de la democracia.

Para salvar a los dictadores y no dañar los procesos de transición, se inventaron las reformas políticas y los pactos “de caballeros” dentro de las dictaduras. En Chile se otorgó a Pinochet el mérito de sacar a Chile del subdesarrollo, por ende, su figura se torno intocable en la nueva etapa. Se argumentó que era un peaje. Impunidad a cambio de economía de mercado. La gobernabilidad se encauzaba, gracias a dos décadas de torturas y represión. En España sucedió algo similar. La idea de una reconciliación nacional, tras la muerte biológica del tirano, abrió la puerta a la necesidad de olvidar y perdonar. La fórmula de una reforma sin ruptura democrática se antoja adecuada. Los vencedores de la guerra civil se frotaban las manos y siguen mandando. La oposición democrática fue arrinconada y desplazada. La sucesión monárquica pactada por Franco con la banca, la burguesía y el nacional-catolicismo se impuso. Igualmente, el criterio de la modernización franquista se hizo dominante y puso tierra por medio para defenestrar el mito de las dos Españas. De esta guisa se alza un poder oligárquico cuyo barniz modernizador posterga hasta hoy los cambios democráticos. Reforma agraria, acuerdos con la iglesia, por ejemplo.

Los comportamientos inhibidores de una cultura democrática construidos en las tiranías subsisten. Cuando emerge una alternativa democrática se pone en funcionamiento el llamado tiempo de paz social precedente. Es el argumento para impedir las movilizaciones y las protestas. Discurso complementado con la estrategia del miedo, la represión y las técnicas del social-conformismo. Gracias al apoyo de la izquierda institucional que participó de la reforma cumple sus objetivos. Son las secuelas de un orden cuyo lenguaje ha sido culpabilizar y deshumanizar al vencido. Son los momentos álgidos de toda tiranía representados en la tortura. Su ejercicio construye un mensaje capaz de purificar a quienes la practican. Lo transforma en un trabajo decente, con un objetivo racional: obtener información o acabar con el problema. Tal como en tiempos de la Inquisición, sirve para limpiar el alma de los herejes. Así, cuando se quiere rescatar la memoria histórica o preguntar por los desaparecidos y luchar contra la impunidad, se está torciendo la dirección de un poder perversamente antidemocrático fundado en la incultura, la sinrazón y la miseria humana. Es hora de romper los mitos de la transición en España y en Chile para vivir en libertad, con dignidad y en democracia.

Símbolos europeos, de Luis Racionero en La Vanguardia

Desde que se creó la Unión Europea se buscan unas señas de identidad para configurar el carácter europeo de modo análogo al carácter francés, inglés, español o chino. Ya sé que la moda de estudiar los caracteres nacionales como hicieron Madariaga y antes Beaudelaire, Taine o Bodin pasó al infierno de los libros prohibidos tras los desvaríos racistas de los nazis; pero sigue siendo cierto que cada cultura contiene unos rasgos propios, es más, sin ellos no puede existir una cultura. Si queremos que exista una cultura europea hay que crearla.

El acto de creación cultural consiste en depositar en ciertos lugares o fechas significados simbólicos compartidos. Jaeger y Selznick lo explican así: “Las necesidades y aspiraciones humanas universales y persistentes forman un complejo psíquico que, al chocar con las condiciones características de su entorno físico, producen unas respuestas repetidas que llamamos cultura. El acto primordial de creación cultural es la transformación de un entorno impersonal en personal. El ser humano trabaja sobre su entorno físico y social para lograr un ambiente con el que pueda relacionarse y relacionarse con él como persona; este es el arte de creación cultural”.

El producto de esta actividad -según Jaeger y Selznick- es un mundo de símbolos. Se crea cultura cuando, en la lucha contra la alienación, el ser humano transforma lo instrumental e impersonal, lo físico y orgánico en un ámbito de significados evocativos y expresivos centrados en la persona. La creatividad cultural es depositar significados simbólicos en cosas, actos, eventos, personas. Una cruz es una figura de cuatro brazos, pero como símbolo evoca toda una mitología. El hombre crea símbolos para continuar, sostener, apoyar y digerir experiencias significativas: llevar luto respeta, prolonga y elabora la experiencia del duelo, confrontando la muerte.

Cuando se tiene una experiencia muy emotiva, si se deposita en un objeto o un instante, ese espacio o tiempo deviene símbolo que representa aquella ocasión. Por ejemplo, la escalera de las fuentes de Montjuïc es donde declaré mi amor eterno: para mí es un símbolo. Cuando un símbolo pasa de personal a colectivo, cuando se comparte, entonces pasa a reforzar el ámbito de símbolos que componen la identidad de una cultura. La Virgen de Montserrat, más la sardana, más la senyera, más Els segadors, más Mossèn Cinto constituyen símbolos que definen la identidad catalana. Un poco más allá, la Virgen del Pilar, la jota, el cachirulo, el Ebro y el valle de Ordesa son símbolos de la cultura aragonesa. Se puede repetir el inventario para Valencia: Geperudeta, fallas, peineta, cañas y barro. Para Andalucía: flamenco, toros, Macarena, guitarras y poesía. ¿Y para España?, o para Europa, ¿qué símbolos vamos a utilizar para constituir una identidad cultural?

¿Por qué Europa no tiene unos símbolos comunes?, se preguntaba en julio un articulista de este periódico. Porque no se ha entendido en el gobierno de Bruselas que este tema no pasa por los legisladores sino por los mitólogos: por Jung, Campbell o Eliade. Los europeos tenemos que hallar símbolos compartidos en los que depositar o proyectar nuestras emociones como europeos. Como catalanes, aragoneses, andaluces, españoles o franceses, ya tenemos esos símbolos, pero como europeos nos viene de nuevo y aún no hemos reaccionado, todavía nuestro subconsciente colectivo no ha vislumbrado qué arquetipos, qué mitos y qué ritos mueven la libido psíquica europea, como europea, no como franceses o italianos o españoles.

Esto no se improvisa. Del mismo modo que no cualquier sabio santo inventa una religión, ni cualquier escritor es capaz de crear mitos como Don Quijote, Don Juan, Hamlet o Sherlock Holmes, así también convertir una estatua, una piedra, un río, una fecha, en símbolo es algo muy difícil que no está al alcance del voluntarismo ni del diario oficial, sino al albur de una genial coincidencia, de la intuición luminosa esclarecedora, del genio capaz de despertar en el subconsciente un símbolo arquetípico que dispare la emoción de la gente. Hitler fue un genio maléfico en ese arte: despertó el arquetipo de Wotan, la raza, la sangre y conmovió a media Europa a fuerza de removerle sus peores instintos subconscientes.

La UE necesita precisamente todo lo contrario: proponer símbolos pacíficos, armoniosos, cooperativos, tolerantes: Erasmo en vez de Wotan, Newton en lugar de Sigfrido, San Francisco en vez de los codiciosos nibelungos.

De momento, si debiéramos imaginar algunos símbolos, podrían ser algo como las velas vikingas o ibéricas, los claustros universitarios, la Mona Lisa, Altamira, Stonehenge, Einstein y Leonardo, Shakespeare y Mozart. La capital europea, Bruselas, no tiene glamur para convertirse en símbolo como lo es Roma para la cristiandad. A Londres y París les llega tarde el papel. El tiempo decidirá. Depositar significados simbólicos compartidos en cosas, espacios o tiempos es un proceso irracional que no se maneja por estrategias ni por decreto ley, sino por genio intuitivo capaz de profundizar en el subconsciente colectivo, o flotar en el zeitgeist etéreo.

La palabra frente al sable, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias

El ojo del tigre

Si no estaba lo suficientemente claro que el teocratismo franquista no había sido desmantelado, como consecuencia de una evolución ideológica del mismo serenamente reflexionada, ni intelectualmente razonada, ni tan siquiera una necesidad sentida con criterios realmente liberales, ahí está esa violenta reacción de la derecha radical -atrincherada en su búnker mediático- contra la posibilidad de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inicie la investigación jurídica del paradero de miles de españoles desaparecidos durante la Guerra Civil y, posteriormente, durante la oscura y obscena posguerra.

La trajinada Transición (como se le llamó a aquel arrebato colectivo que sacudió las consciencias de los españoles, cuando se comprobó que el hombre que les había designado la Providencia para que les condicionara sus vidas durante casi medio siglo, era mortal, y un día se murió como cualquier hombre), digo que la trajinada Transición no significó el desmantelamiento del tinglado fascista que sostenía el aparato orgánico del franquismo, ni tampoco la ruptura con el secular teocratismo que siempre presionó sobre la conciencia individual de los españoles.

Más aún: a punto de cumplirse tres décadas de la proclamación de la Constitución Española de 1978, se está demostrando que no se desmontó ni tan siquiera el aparato de relojería que marcaba los tiempos de la ira fascistoide de aquel sistema. Esa violencia verbal con la que se pretende intimidar a quienes quieren saber en dónde yacen sus muertos, para recuperarlos y restituirles la dignidad humana que les arrebataron hace tantos años, es un síntoma más de la ficción de aquella “reconciliación” predicada hace más de cincuenta años, a la que los herederos actuales de aquel franquismo vinculaban únicamente a los que habían sido sus víctimas; pero no a ellos, sus verdugos.

Lo más lamentable del fracaso democratizador español es que este espectáculo que han montado los portavoces que marranean -oficialmente, unos; espontáneamente, otros- ese teocratismo fascista, vilmente injuriante y enmascarado seudodemocráticamente, es que se descubre que la Transición no sirvió ni tan siquiera para que los españoles podamos debatir civilizadamente sobre lo que unos y otros piensan de la Guerra Civil Española, de acuerdo con sus respectivas experiencias personales y familiares, o sus convicciones ideológicas, o de acuerdo con las herencias vitales recibidas de quienes fueron sus protagonistas directos.

Todo esto sigue siendo imposible de lograr casi ochenta años después de que se iniciara la furia teocrática y fascista, que asoló a la inteligencia democrática española inmediatamente después de proclamarse la Segunda República, la del 14 de abril de 1931.

El día en que la Guerra Civil sea un tema que sirva para mantener un diálogo civilizado entre unos y otros, en un motivo para establecer una real convivencia nacional, en la que seamos capaces de hablar de la Guerra Civil y de sus muertos sin necesidad de sustituir la palabra por las manos, sin violencias orales ni físicas, con naturalidad podremos decir que, por fin, la Historia de ese periodo de tiempo cainita reposa en el seno de la memoria pacífica de los españoles. Y que España se ha democratizado sin mistificaciones dañinas para la convivencia nacional.

Más para que todo eso se haga realidad, antes deberán ocurrir dos cosas esenciales: una, que se sepa la verdad de lo ocurrido con los desaparecidos a causa de la dura represión franquista cometida contra la sociedad civil de izquierda; otra, que una joven generación de historiadores realicen un sereno y científico trabajo de investigación que permita reconstruir historiográficamente la auténtica realidad de aquella trágica época, que convirtió a España en el escenario de una indeseable tragedia que no parece tener su punto final. Un trabajo de investigación que desmonte las trampas que la propaganda de la teocracia franquista levantó, como si fuera un hito historiográfico, para justificar su golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y, luego, una vez fracasado, desatar la furia de la Guerra Civil.

Sobre todo, revisemos la historia para liquidar de una vez para siempre esa cínica teoría prèt-a-porter con la que se pretenden inculpar a todos los españoles en los orígenes de aquella guerra cainita. Porque nunca entenderemos las causas por las que, al grito de “Por Dios y por España” el Nacionalcatolicismo se abalanzó sobre la legítima República Española, si se insiste en desvincular a España de un vasto y complejo contexto histórico de la Europa que -para abreviar- se inicia con la I Guerra Mundial (1914 - 1918); pasa por la Revolución Rusa de 1917, continúa con el nacimiento del nazismo en 1933, y culmina con el doloroso 1936 español.

A ver si así -evitando las historietas de los libretistas del franquismo de opereta actual- somos capaces de recuperar el diálogo de la palabra con la palabra, y clausurar para siempre el imperativo del sable para silenciar la palabra. Es decir, a ver si somos capaces de rehabilitar la Historia de España para liberarnos del fantasma de Caín.

Lorenzo Cordero. Periodista.

Guerra y dictadura en el cine español, de Julián Casanova en El País

Frente a la cultura del miedo y del olvido implantada por el franquismo, una parte significativa de nuestro cine explora la España de los perdedores de la Guerra Civil. Es un ejercicio muy saludable socialmente

En los largos años de silencio impuesto por la dictadura de Franco, la literatura y el cine encendían de vez en cuando la llama del recuerdo. Entre los cineastas, el que más lo hizo, desafiando a la censura y a la miseria intelectual, fue Carlos Saura. En sus películas, desde La caza, de 1965, hasta ¡Ay, Carmela!, de 1990, pasando por Ana y los lobos (1972) o La prima Angélica (1973), siempre hubo un lugar para el recuerdo. Recuerdos de la guerra, de su violencia e intolerancia. Recuerdos del franquismo, de su represión, doble moral e hipocresía.

La mirada a ese pasado traumático, de guerra y dictadura, persiste en el cine español, 70 años después de la Guerra Civil y más de 30 desde la muerte de Franco. Y el cine, como ocurre con los libros de historia o con las opiniones y testimonios difundidos en los medios de comunicación, transmite una clara tensión entre diferentes memorias, individuales y de grupo, y la proyecta sobre el presente y sus debates políticos y culturales. ¿Es bueno y saludable que el cine no huya de ese pasado y saque a la luz sus partes más ocultas y reprimidas? ¿Qué usos de la memoria nos propone el cine en la actualidad? ¿Quiénes son sus destinatarios?

El hecho de que la memoria, o más bien las memorias enfrentadas, se haya convertido en los últimos años en España en eje importante de discusión política indica, por un lado, la fuerza del legado de la Guerra Civil y del franquismo, de un pasado que no quiere irse ni ser olvidado, y, por otro, la confrontación entre historia y recuerdos. Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y en nuestros libros no es lo mismo que lo que la mayoría de los ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de la actual democracia pudieron leer en los libros de texto del bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra Civil, o porque no hicieron bachillerato o porque nadie les contó la guerra en las asignaturas de historia.

Una cosa, por lo tanto, son las narraciones y análisis de los historiadores, y otra muy diferente las percepciones que millones de españoles pudieron y han podido formarse a través de la propaganda oficial franquista, de lo que oían en sus casas o de las diversas representaciones divulgadas en los medios de comunicación, en la literatura, en documentales o en el cine. Treinta años de democracia, sin embargo, no han sido suficientes para borrar la cultura del miedo que el franquismo implantó. La mirada libre a ese pasado traumático suscita, por otro lado, un enérgico rechazo entre numerosas personas que, aunque agradecidas a Franco y a su dictadura, se habían acomodado ya a la democracia y habían ajustado su memoria a los nuevos tiempos. Estudiar la guerra y la dictadura o buscar los restos de los asesinados por militares y falangistas significa para ellos “reabrir las heridas del pasado”, por citar las palabras tantas veces utilizadas por Mariano Rajoy.

Frente a esa cultura del miedo y del olvido, una parte del cine español, pequeña pero muy significativa, explora hoy con sus imágenes la España de los perdedores. Es una reconstrucción que tiene mucho de recuperación ideológica, de memoria de militancia y de reivindicación de la herencia de los vencidos. Pero es también una lucha contra el falseamiento de los hechos del pasado, la creación de una memoria nueva y ejemplar que difiere bastante del lugar que la memoria ocupaba en las célebres películas de los años sesenta de Carlos Saura, Luis Buñuel o Luis García Berlanga.

Desde el principio de su carrera, a Saura le interesó mucho reflejar el pasado violento de una sociedad que vivía todavía fracturada bajo la represión y miseria de la dictadura. La caza, la película que además le abrió caminos de fama por los prestigiosos premios que obtuvo, es el mejor ejemplo. Sabemos desde el primer instante que en el escenario donde los cuatro protagonistas van a cazar conejos murió mucha gente en la Guerra Civil. “A montones murieron aquí”, le dice José (Ismael Merlo) a Enrique (Emilio Gutiérrez Caba), enseñanza y recuerdo del mayor al joven.

Todo en esa película recuerda a la guerra. José, el propietario del coto de caza, tiene escondido en una cueva un esqueleto de un muerto de la guerra. Los tres hombres mayores, a quienes el pasado persigue y el presente no les permite ser felices, se matan entre ellos. Sólo el joven queda vivo, no sabemos si para seguir recordando, prisionero del pasado, o como esperanza de cambio. Porque mientras los mayores preparan el enfrentamiento, con sus recuerdos, conversaciones, reproches y violencia contenida, el joven escucha música moderna en la radio y baila el twist con la sobrina del guardia de la finca.

Esa tensión entre la tradición y la modernidad preside el cine de Saura, como el de Buñuel en Viridiana (1961) o el de Berlanga en El verdugo (1964). Saura recuerda, y los que vemos su cine recordamos, cómo era esa España de Franco de los años sesenta y setenta, entre la tradición y la modernidad. Es un viaje a través de la memoria y el tiempo, que tanto nos interesa a los historiadores. Hay una España que ha desaparecido, pero no del todo, miserable y primitiva, y otra moderna que nace, aunque no puede dominar todavía y matar a la vieja. Y en todo caso, la modernidad no es capaz de tragarse la historia, el pasado violento, que sale una y otra vez a través del recuerdo de los protagonistas de sus películas.

“Cuánta crueldad, cuánta estupidez, cuánta mezquindad”, dice mamá-Rafaela Aparicio en Mamá cumple 100 años (1979), al recordar la guerra. “Cuánto sufrimiento inútil, cuánto sacrificio inútil”.

De esa reflexión general sobre “¿cómo fue posible aquella tragedia?”, el cine actual ha pasado a la batalla por la memoria, a la lucha contra la indiferencia como forma de olvido social. Se narran la resistencia a la opresión y las ilusiones perdidas (Silencio roto, Montxo Armendáriz, 2001), la represión y la apología que los vencedores hicieron de la violencia (Las 13 rosas, Emilio Martínez-Lázaro, 2007), la muerte de la República y de la cultura (La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda, 1999), o la complicidad del clero en la persecución y el asesinato (Los girasoles ciegos, José Luis Cuerda, 2008). En todos esos casos, y mucho más en Salvador (Manuel Huerga, 2008), aparece de forma muy clara la responsabilidad política, criminal y moral de los vencedores de la guerra y de quienes proyectaron la violencia sobre la sociedad española durante décadas. Se trata, en suma, de un viaje al pasado a través del testimonio (Soldados de Salamina, David Trueba, 2002), porque no hay memoria sin sujetos, del mismo modo que no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos.

El retorno de ese pasado oculto y reprimido desorienta y enfada a muchos. El presente condiciona y obstaculiza, sin duda, esa recuperación del pasado. Para abordarla, necesitamos del cine, de su eficacia narrativa y del poder de sus imágenes. Un cine que no sea sólo un instrumento de denuncia, sino que aporte también una voluntad de conocimiento, que convierta al pasado en lección de tolerancia para los jóvenes. Recorridos ya esos caminos, debería ser el momento de dejar de lado el impulso reivindicativo, la memoria testimonial de los vencidos, para adentrarse en visiones más críticas y plurales de los horrores que la guerra y la dictadura generaron.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.

Sobre políticos y jueces, de Mercedes García Arán en El Periódico

LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN SOBRE LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA CIVIL

La actuación del juez Baltasar Garzón solicitando información sobre los enterramientos y las desapariciones de personas durante la guerra civil lleva -se quiera o no- a debatir la responsabilidad penal por tales hechos. Obviamente, me refiero a delitos cometidos por franquistas, porque los de los republicanos fueron purgados durante 40 años de dictadura.

Es cierto que esta actuación del juez se dirige únicamente a averiguar si es competente sobre los hechos, pero, si lo fuera, debería actuar para depurar posibles responsabilidades penales. Por tanto, hablamos de delitos y de sus autores, porque de eso es de lo que se habla en la Audiencia Nacional. Y el comentario generalizado es que las diligencias no tienen futuro en términos jurídicos, pero remueven temas polÍticos, para satisfacción de unos y disgusto de otros.

En el plano jurídico, los problemas son varios. Por un lado, los delitos estarían prescritos, aunque con dos advertencias: el genocidio no prescribe desde que, ya en democracia, se modificó el Código Penal. Por tanto, de considerarse el genocidio, habría que aplicar retroactivamente esta norma sobre la prescripción, lo que resulta, a mi juicio, rechazable. En cambio, en el caso de la desaparición forzada de personas cuyo paradero se desconoce, hay amplio acuerdo en que el plazo de prescripción no puede correr mientras dura la situación de desaparición y, por tanto, estos casos aún no habrían empezado a prescribir. Las referencias de Garzón a las desapariciones pueden ir en esa dirección, aunque la identificación de los autores parece imposible a estas alturas.

Cuestión distinta es el tema de la amnistía de 1977. Allí quedaron amnistiados todos los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado” anteriores a diciembre de 1976, tanto de luchadores antifranquistas como de los contrarios. El periodo amnistiado abarca, por tanto, la guerra civil, aunque la especial situación de la desaparición de personas permita aún preguntarse si realmente pueden considerarse amnistiados unos “actos” cuya dimensión todavía se desconoce.

Pero si, como creo, los argumentos a favor de la amnistía son muy poderosos, ¿cómo la Audiencia Nacional persigue delitos cometidos bajo dictaduras extranjeras (Chile, Argentina)? La respuesta está en el ejercicio de la justicia universal que España asumió en 1985 y que otros estados que la tengan también asumida podrían ejercer sobre delitos cometidos en España. En efecto, la justicia universal se basa en la idea de que, si el Estado en cuyo territorio se ha cometido el delito no puede o no quiere juzgarlo, otros estados puedan intervenir subsidiariamente cuando se trata de crímenes definidos como tales por la comunidad internacional. Desde el 2002, puede hacerlo también de manera subsidiaria la Corte Penal Internacional en relación con el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los de guerra, pero solo si se han cometido después de su creación, lo que deja fuera el caso español.

En resumen, el hecho de que España no pueda -por las razones que sea- juzgar determinados delitos cometidos en su territorio no impide que otros lo hagan en nombre de la comunidad internacional, si se dan determinados requisitos. La vía de la justicia universal ejercida por otros estados está ahí, aunque debe reconocerse que es muy complicada y, como sistema internacional, ha empezado a caminar mucho después de la guerra civil, gracias, entre otros factores, a su utilización por la Audiencia Nacional a partir del caso Pinochet.

Así las cosas, el principal efecto de las diligencias del juez Garzón ya se ha producido, y es la llamada de atención a las administraciones públicas para sacar a la luz la información sobre enterramientos y desaparecidos, favoreciendo la aplicación de la llamada ley de memoria histórica y descargando a los familiares y colectivos afectados del ímprobo trabajo de conseguirlo por sí mismos. Su satisfacción y alegría en estos días me basta para saludar con simpatía esta actuación judicial, pero me preocupa mucho que desenfoque la cuestión de fondo. Lo que reivindican las víctimas es su reconocimiento como tales mediante una investigación de los hechos por parte de las administraciones públicas competentes, antes que unas responsabilidades penales que saben muy difíciles. Y es lamentable que tengan que acudir a un juez penal para movilizar a la Administración.

Para saldar la deuda histórica no hay que transformar el problema político en uno estrictamente jurídico, focalizando la atención en una investigación judicial más que problemática, con el riesgo de que los juristas nos enzarcemos en un debate legal, alardeando de nuestra finura técnica para apuntalar una responsabilidad penal que no era la principal exigencia y difuminando la responsabilidad de los políticos.

Me preocupa que este problema político se ventile en un juzgado de instrucción, porque entonces habrá que admitir también soluciones judiciales a otros problemas políticos, aunque no nos guste su contenido. Yo misma debiera haberme centrado en esta cuestión, pero se me ha ido casi todo el espacio en la argumentación jurídica y ni siquiera he conseguido cerrarla definitivamente.

Mercedes García Arán. Catedrática de Derecho Penal (UAB).

No supimos qué hacer con él, de Ignacio García de Leániz Caprile en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

El autor lamenta que no se haya reconocido toda la valía de Solzhenitsin, un escritor al que reivindica más allá de su capacidad para denunciar la cruda realidad del comunismo

Apenas su mujer -Lya-, sus hijos -Yermolai, Ignat y Stephan- y un círculo cada vez más reducido de amigos -muerto ya Rostropovich- preparaban para este diciembre su 90º cumpleaños. Lo iban a celebrar en su dacha de Troise-Lykovo, al oeste de Moscú, situada irónicamente entre las que ocuparon en tiempos más siniestros los camaradas Suslov y Chernenko, a quienes derrotaría con esa su pluma tan verdadera y de una determinación sobrehumana. Para el resto del mundo, hacía mucho que Solzhenitsin no vivía entre nosotros y lo habíamos metido en el desván de la Historia como una armadura ya vetusta, gloriosa en tiempos pero inservible para el siglo. Por eso, entre unos y otros andábamos sin saber muy bien qué hacer con él tras agradecerle, faltaría más, los servicios prestados, que eran muchos y ciertamente impagables. Y así, entre su silencio elocuente de los últimos años -él, que había sido con Primo Levi el gran vozarrón de este siglo XX que va del Lager al Gulag- y las sordinas que le veníamos aplicando, podíamos vivir sin sus palabras tan lacerantes.

Pero ahora la muerte nos obliga a volver la vista a su rostro estepario, incómodo como el de la Esfinge, y sostener su mirada vertida en unas obras que mucho nos cuestionan. Y es que odiaba tanto el totalitarismo de la Unión Soviética como denostaba el materialismo que asola Occidente y amenaza con el colapso de nuestra civilización: Solzhenitsin se encontraba exiliado del mundo. No por casualidad terminaba en 1971 su texto escrito para el Nobel con este proverbio ruso: «Una palabra de verdad pesa más que el mundo». En efecto, bastó un hombre como él, arropado por la sangre y el sufrimiento de millones de víctimas, y un libro aparecido clandestinamente en París para que se desplomaran al poco las murallas de la Unión Soviética, más livianas que su J’accuse demoledor. Tanto fue así que en un futuro los historiadores fijarán el comienzo del fin de la URSS no en la caída del Muro sino más bien en ese diciembre de 1973 donde los relatos de su Archipiélago Gulag abrieron a los ojos de Occidente -no a todos- la trágica realidad de aquella impostura o «gran isla de mentiras» que era ese inmenso piélago.

Pero ya mucho antes, en 1962, había acaecido un suceso difícilmente explicable cuanto más se medita: Tvardovsky, el providencial editor de Novy Mir, había hecho llegar a Krushev el manuscrito de Un día en la vida de Iván Denisovich que Solzhenitsin había redactado en apenas 40 días, dos años antes. Y un personaje tan enigmático como Krushev, tras leerlo desvelado de un tirón, ordenó su publicación íntegra y que 23 copias fueran distribuidas inmediatamente entre los miembros del Politburó.

Pocas veces, si alguna, un libro pudo tener mayor impacto político en el mundo tanto soviético como occidental, mayor incluso que Archipiélago. Los sillares del estalinismo quedarían ya irreparables por esa jornada de calvario de Denisovich, que compendiaba el descensus ad inferos del propio Solzhenitsin por los campos de Butyrki, Novi Ierusalim, Marfino y Ekibastuz. El Iván Denisovich vino así a convertirse para el estalinismo en el juicio de Nuremberg que nunca tuvo y en el que Solzhenitsin haría la veces de fiscal, juez y víctima, como víctimas fueron aquellos héroes morales -tan decisivos para su itinerario espiritual- como Boris Gammerov, muerto a los 21 años, o Boris Kornfeld, cuyas últimas e impresionantes palabras fueron dirigidas al propio Solzhenitsin la noche antes de ser salvajemente asesinado. Era muy cierto que una palabra de verdad podía pesar más que el mundo.

Claro que tales osadías le costaron abandonar forzosamente su querida Rusia emprendiendo otro largo exilio y aparecer repentinamente con su grave voz y su verdad insobornable en este Occidente nuestro. Y, a qué engañarse, en esta Europa ilustrada y de la Ostpolitik no supimos muy bien qué hacer con un profeta tal, venido del frío, apasionado como Tolstoi y espiritual como Dostoiesvki. Entre nosotros, la intelligentsia de izquierdas -siempre tan dada a liberalidades- no le perdonó su visita a España en 1976 y Benet, erigido en gran pope, se lamentaba textualmente en el número de Cuadernos para el diálogo de marzo de ese mismo año de que «los campos de concentración no estuvieran mejor custodiados» y que «las autoridades soviéticas no se sacudieran mejor semejante peste».

Todo muy dialogante a lo que se ve y que explica muchas connivencias muy siniestras y en qué manos estábamos y cómo se las gastaban. Al final convinimos entre todos en buscarle refugio en la remota aldea de Cavendish, en los bosques de Vermont, con la esperanza de que, Atlántico por medio, no hiciera mucho ruido y que Estados Unidos se hiciera cargo de tal engorro. Pero desde allí, y en sus viajes europeos, continuó escribiendo y hablando urbi et orbi, diciendo verdades bien incordiantes, no sólo sobre la Unión Soviética sino también sobre este Occidente que empezaba a conocer a fondo. Solzhenitsin, como antes Casandra, había dejado ya de importarnos.

Mientras, él comprobaba perplejo que la adoración por la técnica -tecnolatría la denominó muy acertadamente- no era una mera patología soviética, sino que empapaba toda nuestra sociedad occidental bajo el mito del progreso perpetuo, sin quedar resquicio para la vida del espíritu y mucho menos para Dios. Y así, este ethos [modo de ser] nuestro languidecía bajo otros dos males que sin acudir a Heidegger veía igualmente en nuestro tiempo: la prisa y el ruido. Por eso se preguntaba melancólicamente desde su ensimismamiento: «¿Cómo proteger el derecho de nuestros oídos al silencio y el de nuestros ojos a la visión interior?». No encontró otra respuesta que propugnar que un redescubrimiento del hombre y la naturaleza en línea con lo que su amigo el economista Schumacher -converso como él- esbozaba esos mismos años en Lo pequeño es hermoso: o acudíamos a la vieja virtud de la frónesis [sabiduría práctica] e introducíamos la noción de respeto hacia nuestro entorno o realmente la humanidad iba a verse en una encrucijada fatal. Para que no nos aguara la fiesta, no le hicimos ni aquí ni en Moscú el menor caso y Solzhenitsin se calló: estaba ya de un tiempo a esta parte en aquellas regiones que Rilke daba en llamar «la alta mar del espíritu», en soledad amena.

Pero, aun con todo, no nos será fácil soslayar la mirada de este gigante de ultimidades y honduras muy serias vertidas en libros capaces de derribar regímenes y remover corazones. Como si sus páginas nos susurraran y dieran aviso de un Deus possibilis más allá de la gran riada del Gulag y de la enfermedad del espíritu que ahoga a Occidente, sin cuya lectura nuestra alma quedaría mutilada y el mundo más incomprensible. Tal vez por todo eso al despedir sus restos nos vengan aquellas exactas palabras que Shakespeare hizo decir a Antonio en otro tiempo y lugar: «Tan excelente fue su vida y coincidieron en él tantas virtudes que la Naturaleza bien puede proclamar al mundo entero: ‘Este era un hombre’». Uno no encuentra epitafio mejor para el hombre que fue Solzhenitsin.

Ignacio García de Leániz Caprile es profesor de Factor Humano en la Empresa.

© Mundinteractivos, S.A.

La amnistía y la amnesia, de Marcos Ana en El Mundo

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA

Acabo de regresar de América Latina, donde había sido invitado a presentar mi libro de memorias. Me detuve con especial interés en los países del cono sur, que sufrieron la represión más atroz cuando la Noche cayó sobre esos pueblos hermanos. No me sorprendió el tesón con el que defendían la memoria frente al olvido. Como lo hizo el poeta Juan Gelman, cuando recibió en abril de este año el Premio Cervantes en reconocimiento a su obra.

Esa coincidencia con España no es casual y, aunque las situaciones sean peculiarmente diferentes, la conclusión es la misma: después de sufrir una dictadura no hay que arrancar esa página de la Historia para que se la lleve el viento del olvido, sino subrayarla con trazos de sangre para que no pueda olvidarse nunca.

La memoria es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos para que el luctuoso pasado que nos tocó vivir y sufrir a los españoles no sea posible nunca más, ni para nadie, en España.

A finales del año pasado se proclamó una Ley de la Memoria Histórica que, pese a algunas insuficiencias -como las que contiene en la parte referida a la anulación de las condenas dictadas por los tribunales franquistas-, incluye avances positivos y reparaciones impostergables frente a los opositores, que pretendían, augurando como siempre los peores presagios, imponernos un olvido inaceptable.

Fuimos muy generosos en la Transición. Renunciamos a muchos derechos y acordamos una amnistía general para que la democracia llevara la paz y la seguridad a todos los españoles. Ese espíritu ya estaba, desde muchos años antes, en la política de reconciliación nacional que propugnamos los comunistas. Pero no hay que confundir la amnistía con la amnesia, ni la venganza con la justicia. No se puede olvidar, ni cercenar, ese periodo de la Historia de nuestro país. Conocerlo y estudiarlo es la mejor vacuna para que no se repita y para proteger la libertad y la vida de las generaciones futuras.

Ahora, a partir de esa Ley de la Memoria Histórica, que debemos ir mejorando, se abre la tarea oficial, y pública, de vigilar su aplicación. Hay ya casos de resistencia o intentos para descafeinar los contenidos de la ley, buscando soluciones salomónicas como si fuese igual haber defendido la libertad que luchar contra ella.

En España no se están abriendo procesos contra nadie por su pasado, se procesa a la Dictadura y se reparan viejas injusticias, sin ningún espíritu de venganza.

En mi reciente libro de memorias, titulado Decidme cómo es un árbol, abordo este tema con generosidad, sin resentimiento alguno, porque la venganza no es un ideal político ni tampoco es un fin revolucionario.

La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad.

Marcos Ana es poeta y estuvo preso 23 años de forma continuada en cárceles franquistas.

© Mundinteractivos, S.A.

Garzón, Antígona y la memoria histórica, de Manuel Rivas en El País

La beligerancia contra el recuerdo de los horrores del franquismo no es sólo de la derecha política; es compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia y del estamento judicial

Pisábamos la escarcha, los campos helados, la grafía fosilizada de la hierba. Camino de la escuela. Aquella noche, la brigada político-social se había llevado detenido a un joven cristalero, Manuel Bermúdez, alias Chao. Estamos en 1964. Bombardeados por la campaña de 25 años de paz. “¿Por qué se lo llevaron?”, pregunté a Domingo, que vivía en la casa más próxima. Miró hacia los lados, dudó y me dijo en voz baja: “No se puede decir”.

“No se puede decir”. Para mí, esa frase es un documento fundamental sobre la Justicia de esa época. Contiene tanta información como los preámbulos de las leyes del franquismo. Por cierto, esos preámbulos son el mejor relato del régimen totalitario hecho por sí mismo, la plasmación de esa misión histórica definida por el dictador, el 20 de mayo de 1939, una vez alcanzada la victoria militar: “Desterrar hasta los últimos vestigios del fatal espíritu de la Enciclopedia”. El “no se puede decir” de mi amigo, aquella mañana en que pisábamos la escarcha camino de la escuela, lo he ido asociando al título del grabado de Goya: No se puede mirar. La memoria activa, libre, es imprescindible para superar esa dramática escisión que marca nuestra historia, entre la grandilocuencia lesiva de “lo que se debe decir”, “lo que se debe ver”, y la dolorosa amputación de “lo que no se puede decir” y “no se puede mirar”.

¿Por qué despierta tanta hostilidad la memoria histórica en la derecha española? Creo que es una pregunta que concierne a todos, pero especialmente a quienes se sitúan en esa órbita ideológica y política. Esa derecha que gira al centro, que no quiere que ningún votante la vuelva a rechazar por miedo (Mariano Rajoy dixit), que se pretende homologable con los gobernantes franceses y alemanes, que sí asumen la memoria de la resistencia antifascista, esa derecha tan justamente comprometida con la memoria de las víctimas del terrorismo político en el País Vasco, ¿por qué hace una excepción con la dictadura franquista, una de las más crueles y prolongadas de la historia?

En Compostela todavía se conserva alguna imagen del Santiago guerrero, espada en ristre. Allí recibió Franco de la jerarquía católica una espada para la “santa cruzada”. Pero hay también en la catedral compostelana una espléndida imagen en granito policromado de San Miguel con su balanza para pesar las almas. La manera de pesar la historia, esa historia tan reciente, no puede ser tan arbitraria que pretenda equilibrar la espada con un fardo de olvido. ¿Cuánto pesa ese pasado, la substracción colectiva de la libertad durante casi medio siglo? ¿Nada? ¿Ni un escrúpulo?

Reconocer el dolor, desde siempre, es una exigencia para curar las dolencias. De hecho, la insensibilidad al dolor es un aviso o manifestación de corrupción en el cuerpo humano. Para Hipócrates y Galeno, la capacidad de enfrentarse al dolor era también una medida de inteligencia.

Hasta ahora, la exploración del mapa del dolor, los trabajos de exhumación de desaparecidos, las movilizaciones para retirar la simbología ominosa de los amigos de Hitler y Mussolini, las iniciativas para alumbrar zonas ocultas del thriller franquista, las investigaciones para aclarar expolios o apropiaciones de dudosa legalidad que se mantienen vigentes, como es el caso del Pazo de Meirás, no han sido obra de la Justicia, sino el fruto de un trabajo ímprobo, tenaz, a contracorriente muchas veces, de un concierto cívico de conciencias que han dado forma en España a lo que podríamos llamar “la voz de Antígona”. La Antígona de Sófocles que desobedece la imposición injusta de Creonte, y la Antígona resistente de Jean Anouilh, en la que Creonte era un trasunto de Petain.

Creonte: Tienes que saber que jamás el enemigo, ni aún muerto, es amigo.

Antígona: Tienes que saber que nací no para compartir con otros odio, sino para compartir amor.

Creonte: Entonces ve allá abajo y, si tienes que amar, ámalos a ellos (a los muertos), que, mientras viva, en mí no ha de mandar una mujer.

¿En qué consiste hoy la herencia de Creonte? Es esa voz, también concertada, que ante la Antígona española, un día le dice displicente: “¿Para qué andas removiendo los huesos?”. Otro día: “¿A quién le importa esa zarandaja de la memoria histórica?”. Y al siguiente, aunque estemos hablando de asesinados y de familias que quieren darles sepultura honorable: “Para eso, ni un duro”.

Somos lo que recordamos. El olvido que seremos. Por un lado, la potencia genésica de la memoria, de Mnemósine, la madre de las nueve musas. Por otro, la constatación de que la historia de la humanidad es una dramática historia del olvido. Y Clío, la pobre, la más indolente.

¿Por qué es, o puede ser, tan importante la literatura para la historia? La mirada del relato histórico, en sus versiones dominantes, es depredadora, carnívora. Quiere conquistar, imponerse. Por el contrario, la memoria literaria es la de un ser rumiante, donde fermenta lo interno y lo externo, lo vivido y lo imaginado, la razón y la emoción. Es una mirada que nos permite ver la historia humana desde un “presente recordado”. La memoria de Antígona se desplaza hacia delante. El olvido intencionado de Creonte a la larga se convierte en una tara colectiva. De todos los detectives, el mejor de la historia es Freud: “Censurar un texto no es difícil, lo difícil es borrar sus rastros”. En Las huellas de la memoria, Enrique Carpintero y Alejandro Vainer, expertos en el campo de la salud mental, utilizan dos expresiones complementarias para explicar la necesidad social de la lucha contra el olvido. Se trata, a la vez, de “construir el pasado” y “abrir el porvenir”.

Hay un concepto en neurología que se utiliza para definir la pérdida de recuerdos anteriores al momento en que se produce un daño en el hipocampo. Es lo que se denomina amnesia retrógrada. La asunción militante de una amnesia retrógrada por parte del gran espacio conservador ha tenido, por desgracia, un relativo éxito. La amnesia retrógrada no ha sido sólo una posición de líderes políticos derechistas, sino que ha sido compartida por un sector importante de la opinión, de parte de la Iglesia e incluso del estamento judicial.

Hago esta última afirmación porque resulta muy llamativa, y creo que históricamente dolorosa y escandalosa, la “suspensión de las conciencias” que prevaleció muchos años en la Justicia hacia la represión y los horrores del franquismo. Una cosa son las amnistías y otra las absolutas amnesias históricas. Creo que esa posición de amnesia retrógrada, la beligerancia contra el proceso de memoria histórica, la oposición tan grosera a la exhumación de los restos de los desaparecidos en la guerra y la posguerra, el desinterés hacia los exilados o la indiferencia en la honra a los luchadores de la resistencia o a los muertos en los campos de exterminio nazis, todo esto no ha aportado desde luego nada positivo al país, pero tampoco al campo político e intelectual que ha mantenido esa mentalidad de “amnesia retrógrada”. La derecha renovada debería dar ese paso moral de despegarse definitivamente del complejo de Creonte.

Los que militan en la amnesia retrógrada limitan su campo de olvido a la zona de sombra o área de ceguera del franquismo. Paradójicamente, muchos de esos activistas de la amnesia en lo que afecta al período dictatorial, remueven con entusiasmo el pasado para reivindicar, por poner algunos ejemplos, las esencias del nacional-catolicismo en el campo educativo, la vigencia de un rancio discurso tutelar respecto de América Latina, un permanente estado de sospecha hacia el sistema autonómico y la riqueza plurilingüe, por no hablar de la añoranza de los Reyes Católicos o del reino visigodo anterior al 711. ¡Eso sí que es saudade!

La democracia tiene que asentarse en una memoria democrática. El paso dado por el juez Baltasar Garzón, un referente internacional de integridad, con su solicitud de información a los ministerios de Defensa e Interior y a las asociaciones que trabajan por la reparación histórica puede significar un giro decisivo. Después de la contienda, miles de personas fueron asesinadas y sus cuerpos hechos desaparecer sin que esos crímenes se investigaran jamás. La dictadura llevó adelante una “Causa General” cruel e implacable, castigando incluso conductas legales anteriores a la guerra. Fue, esa dictadura, un prolongadísimo estado de excepción. Negando esa evidencia, presuntos historiadores, que violan a Clío en cada página, convierten en propaganda odiosa la herencia de Creonte. Por eso, para construir el porvenir, es tan importante que la Justicia en España escuche al fin la voz de Antígona.

Manuel Rivas es escritor.

En torno a Soria: entre el circo y el ladrillo, de Luis Arias Argüelles-Meres en La Nueva España

Machado la inmortalizó y la universalizó. Hoy, con una población envejecida y el consiguiente bajón demográfico, Soria y su provincia se encuentran no sólo entre plomizos cerros, sino también, y sobre todo, cercadas entre el circo y el ladrillo. Soria, pionera en la televisión digital terrestre, en la tecnología punta del medio de comunicación más influyente. Y, al mismo tiempo, ¡ay!, sufre el cerco del ladrillo. Según parece, en las proximidades de un asentamiento celtíbero se pretende llevar a cabo un proyecto cuya denominación, «Ciudad del Medio Ambiente», es sarcástica y grotesca. Se trata de una extensión que equivaldría a 62 campos de fútbol en la que se planea construir 800 viviendas, un hotel, oficinas, una escuela de equitación y un parque industrial. Tan deslumbrante propuesta tiene la paternidad del Gobierno autonómico, presidido por el PP. Pero el otro gran partido, el PSOE, que gobierna el Ayuntamiento soriano, también aporta su granito de arena con otro disparatado proyecto que tiene como objetivos un polígono industrial y una depuradora. Semejante barbaridad dista tan sólo 400 metros del enclave en el que Escipión avistaba a los numantinos, en la margen izquierda del río Duero. ¡Qué maravilla!

Curados de espantos, cuando hasta la televisión nos ofrece imágenes de talas de bosques protegidos. Curados de espantos, viendo al «glamouroso» Pocero de Seseña leer discursos grandiosos con su insultante chabacanería a cuestas. Curados de espantos, teniendo noticia de lo que vino sucediendo en Marbella y Estepona, por citar sólo dos ejemplos, ahora le toca a Soria.

Para hacer frente a la despoblación y al envejecimiento, a los políticos de turno no se les ocurre una idea mejor que desvirtuar parajes donde la historia se dio cita. Para poner guinda a su estomagante y mohoso pastel deciden obsequiar a los sorianos haciéndolos pioneros de la llamada televisión digital terrestre. ¡Toma circo!

Antes de que algunos entusiastas de la tecnología punta y de algún que otro pesebre se rasguen sus virtuales vestiduras, incurriré en lo obvio. Nada tengo en contra de la televisión que viene. Pero, lamentándolo mucho, no creo que sea para dar saltos que la telebasura se pueda ver con mayor calidad de imagen. Tiempo hubo en que un reportero deportivo hizo de gran profeta vaticinando que, con la llegada de las televisiones privadas, el medio mejoraría. Los resultados ahí están.

Entre el circo y el ladrillo. La población soriana podrá ver y oír mejor los culebrones, los debates basura en donde la intimidad se prostituye, las voces y los ecos de los vendedores de secretos de alcoba de gentes sin más mérito en la mayoría de las ocasiones que su cercanía a una farándula que cada vez está más denigrada. Podrá disfrutar con eso, al tiempo que la piqueta amenaza aquellos lugares que la historia decidió consignar.

El ministro Sebastián estuvo hace pocos días en Soria como principal artífice de la buena nueva. ¡Fantástico! Mientras, continuarán el envejecimiento y la despoblación.

Entre las muchas cosas intolerables que están ocurriendo, resulta alarmante ver cómo las administraciones públicas actúan en más de un caso como lacayos y esbirros de intereses que son lesivos contra todo aquello que nos ha hecho en gran parte tal como somos, es decir, contra la voluntad de una geografía y contra la geografía de una voluntad que dejó entre nosotros unos vestigios que, a poco que se repare en ello, son instrumentos de futuro en tanto significan un legado que se conservó a lo largo de la historia y que da cuenta de nosotros mismos.

Circo, mucho circo, a una población envejecida, a un entorno rural que tiene menos derechos que otros. Y, lo que es peor aún, expolio, imperdonable expolio a lugares que atestiguan nuestra historia.

Cada vez que me acerco a Soria acuden a mí, como la bienvenida más hermosa, los versos de Machado que hablan de los plomizos cerros y del Duero trazando su curva de ballesta. Cada vez que visito la ciudad me acerco al olmo que inspiró su memorable poema. Ruinas y decadencia de Castilla que tan buena literatura inspiraron. Vivencias de Machado en la ciudad castellana donde transcurrió tan importante parte de su vida.

Del cerco al circo. De los plomizos cerros a asentamientos del ladrillo más especulador.

Lo que sucede en torno a Soria no son ni siquiera las ruinas de la inteligencia, parodiando a Gil de Biedma. Son las ruinas de una política que tiene como principal instrumento la piqueta que destruye la historia. Son las ruinas de una política que tiene en la televisión basura su principal adormidera.

Son el circo y el ladrillo, sobre todo, en aquellos lugares donde la población envejece. Son los «okupas» a los que rara vez se desaloja. Y, encima, unos hablan en nombre del progreso, mientras que los otros se declaran conservadores.

Como al ballestero del conocido romance: «Dele (deles) Dios mal galardón».