Arqueologia neoliberal, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias
El ojo del tigre
Para que no cunda el pánico a causa de las tremendas consecuencias económicas y sociales, que, por lo visto hasta ahora, está provocando la ruidosa traca del crash financiero internacional con el que nos aturde el neoliberalismo declinante, hasta el Principado de Asturias se decide a intervenir para salvar de la quiebra a un sistema económico que los asturianos -y españoles todos- estrenamos al mismo tiempo que la democracia vestía al país, que estaba absolutamente desnudo de libertades desde hacía muchos años. Los primeros gurús del neoliberalismo -es decir, de un modelo de capitalismo utilizado como la ideología que habría de salvarnos del intervencionismo estatal- nos trataron de convencer de que habían inventado la rueda: el bienestar social. Pero que era imprescindible, para que la rueda rodara, que el Estado se mantuviera al margen de la evolución del desarrollismo economicista que nos preparaban.
En aquella época, Asturias había conseguido superar la depresión económica que había provocado en el país una Guerra Civil, su posguerra y el funesto autismo político en que nos habían sumido, gracias a la práctica de la teoría del Estado subsidiario (allí en donde la iniciativa privada no puede llegar, lo hace el Estado), la cual tenía un nombre concreto: Instituto Nacional de Industria (INI). Gracias a este Instituto, la sociedad asturiana recuperó una gran parte de su antiguo patrimonio industrial. El INI salvó la histórica cultura del trabajo minero y siderúrgico asturiano y puso a flote la industria básica (hullera y metalúrgica) que tantos beneficios sociales le había reportado a los asturianos en otro tiempo.
Pero cuando los teólogos del desarrollo economicista lograron convencer a los filósofos del democratismo sin fronteras de la necesidad de fortalecer la economía sin recurrir a la intervención estatal, la industria básica asturiana se derrumbó: Hunosa, entró en un “coma profundo” y en él sigue sumida; Ensidesa fue vendida al mejor postor y sufrió una profunda mutación orgánica, para que nadie volviera a recordarla tal como era en el tiempo en que había sido una empresa pública española al cien por cien.
Lo más curioso de este asunto es que los filósofos del régimen democrático, entonces recién estrenado, y que secundaron entusiasmados las teorías salvadoras de los teólogos, argumentaron también que la privatización de las empresas públicas asturianas era de interés urgente, ya que en un régimen abiertamente democrático -y liberal- no se podía aceptar su condición de empresas estatales, puesto que entrañaban un alto riesgo para la consolidación de la nueva democracia; era posible que tales empresas sirvieran -como cabeza de puente- para la sovietización de la región! (Repase las hemerotecas de la época).
El INI representaba las tesis sociales que había predicado la Iglesia Católica durante el papado de León XIII; el cual fue el inspirador de una doctrina social que tuvo gran repercusión en el siglo pasado. Y, sobre todo, él fue quien impulsó la idea del Estado subsidiario. Por consiguiente, la esperpéntica teoría de los filósofos de la democracia recién estrenada, identificando la industria pública -heredada de la dictadura- con el marxismo sovietizado, nos permite medir el índice intelectual de la nueva inteligencia política, que estrenábamos los asturianos y españoles todos obviamente… Pero de ese tremendismo, supuestamente ideológico, no solo había participado la UCD -que no se atrevió a meterles el diente a las industrias básicas asturianas- sino también el flamante PS(O)E; con lo cual el esperpento político adquirió unas dimensiones insospechadas.
Aquellos pioneros gurús de los años 50, iniciadores de los planes de estabilización, y sus sucesores -los teólogos del desarrollismo socioeconómico- prepararon el terreno para que la democracia liberal fuera contaminada con las tesis del capitalismo financiero y especulador, sin problemas. La privatización de lo público -enfermedad de la que no se han salvado ni los ayuntamientos más modestos- creó una nueva clase de ciudadanos empeñados en acentuar su supervivencia personal, en detrimento de los intereses colectivos, generales, públicos… Y acabó con los últimos rastros de la conciencia de clase obrera, para dejarles más sitio a los intereses individuales.
La exhortación de los neomoralistas de la débil sociedad democrática asturiana, para conseguir que el yo prevaleciera sobre el nosotros, para que la adhesión a los valores individuales les hiciera diferentes a lo que representa la cultura de la solidaridad democrática, ha sido el origen de esta crisis para españoles, que no es únicamente material sino también -y sobre todo- de confianza en quienes gobiernan.
Ahora, el Principado quiere imitar al antiguo -y católico- Estado subsidiario allí, donde la Banca no puede, o no le interesa, llegar; está dispuesto a hacerlo el Gobierno socialdemócrata asturiano. Como el INI en su momento, pero ahora con garantías neoliberales.
Lorenzo Cordero. Periodista.
Consumidores, emigrantes y «sibaritas», del Editorial en Gara
Este es, hasta el momento, el orden de responsabilidades que el Gobierno español establece en la actual crisis económica. Hasta hace poco la única explicación que se daba a la grave situación económica era que ésta provenía de factores totalmente externos, como el precio de algunos bienes o tendencias globales que el Estado español no podía modificar pero frente a las que se encontraba en una situación «envidiable» en comparación con el resto de estados del entorno europeo.
Sin embargo, según acucia la crisis y la gente, afectada en su bolsillo, en sus condiciones laborales y en su vida habitual, empieza a exigir responsabilidades políticas, desde la Moncloa han convertido a los paganos de la crisis en responsables de la misma. Si anteayer Antonio Álvarez-Solís analizaba en estas mismas páginas cómo el gabinete de Rodríguez Zapatero sugería que gran parte de la «culpa» era de los ciudadanos que, siempre desde la perspectiva del Gobierno, se mostraban excesivamente cautos a la hora de consumir, desde entonces hasta ahora el foco de la responsabilidad se ha trasladado hacia una parte concreta de los emigrantes: aquellos que son contratados en sus lugares de origen. Es decir, uno de los pilares de la época de beneficios récord. Pero la culpa no se dirige ahora sólo hacia los emigrantes, como ya es tristemente común en todo Europa, sino también hacia quienes no parecen dispuestos a trabajar en las condiciones en las que lo estaban haciendo esas personas venidas de fuera. Por decirlo de manera coloquial, los «sibaritas» que parecen preferir el paro a cobrar unos sueldos deleznables por realizar trabajos en condiciones pésimas.
Este análisis, parcial y retrógrado hasta extremos inauditos, sólo pretende esconder la responsabilidad que los respectivos gobiernos tienen en la crisis actual. Una situación que sólo puede entenderse en clave de crisis del sistema. Un sistema que se ha apuntalado a base de primar los intereses empresariales frente a los intereses populares. Urge por ello una reacción y una alternativa que desborde los márgenes del discurso que quiere implantar esta casta de «irresponsables».
Telefuncionarios, de Francesc Bracero en La Vanguardia
La Generalitat permitirá que los empleados públicos trabajen desde casa
El tópico secular que pesa sobre los funcionarios - de que son privilegiados respecto al resto de los trabajadores- podría acrecentarse si se cumplen los planes de la Generalitat para que una parte de ellos trabajen desde casa un par de días por semana. El próximo otoño se pondrá en marcha un plan piloto para probar el funcionamiento del teletrabajo en la administración catalana. Se trata de que hagan en el hogar el mismo trabajo que vienen desempeñando en la oficina. Entre sus ventajas está el ahorro en desplazamientos y la conciliación de la vida laboral y familiar.
La prueba piloto se iniciará en octubre con un número aproximado de cien funcionarios que se presten a probar esta modalidad de forma voluntaria. El Govern ha previsto ofrecer formación en prevención de riesgos laborales a los telefuncionarios, aunque resulta difícil pensar en los riesgos laborales que puede correr uno en su propia casa más allá de los que se derivan de utilizar el ordenador doméstico.
Pero no por estar en casa podrán dedicarse a descansar. A los telefuncionarios se les adjudicará el trabajo de forma que se obtengan resultados cuantificables y tendrán supervisores que evaluarán su labor. Después de seis meses, la Generalitat evaluará el rendimiento de las pruebas mediante tres tipos de cuestionarios que examinará una comisión específica en la que tendrán participación los sindicatos.
De obtener éxito, la experiencia tendrá continuidad. La Conselleria de Governació, que dirige Jordi Ausàs, ya tiene decidido que hará una apuesta por el teletrabajo como una fórmula de modernización de la administración catalana. La Generalitat considera que, en un contexto de recesión económica como el actual, las medidas de flexibilización del tiempo de trabajo y de racionalización son de las mejores soluciones que se pueden aplicar sin que se registren costos añadidos. El proyecto, no obstante, plantea todavía dudas sobre su efectividad y viabilidad que se intentarán despejar con las pruebas piloto que se pondrán en marcha a partir de otoño.
Quienes se apunten a la prueba tendrán que utilizar su ordenador doméstico y su línea de ADSL. En cualquier caso, la Generalitat no descarta, si el sistema se llega a aplicar de forma regular, facilitar el material que necesitarán en casa los telefuncionarios. Además dispondrán de un servicio de ayuda telefónico para cuestiones técnicas. Las pruebas acabarán por determinar si el teletrabajo se puede implantar en la Generalitat y cuál será su alcance. Por las características de cada puesto de trabajo, es evidente que no se podrá acoger todo el mundo y así queda por ver cuántos funcionarios podrán optar por este sistema.
La patronal Foment del Treball, que en julio pasado presentó un completo estudio sobre los funcionarios de las diferentes administraciones españolas en los últimos diez años en el que criticaba los privilegios de estos trabajadores, opina en cambio que el teletrabajo es un avance. El secretario general de Foment, Joan Pujol, afirma que “se trata de una innovación” en el mercado laboral que hay que aplaudir si no hay excesos ni por la parte contratante y ni por parte del empleado. “Estamos en contra de la inmovilidad y todo lo que sea buscar condiciones diferentes es positivo”, aseguró el dirigente patronal, que no oculta la dificultad por regular y controlar la nueva modalidad del teletrabajo.
Cambiemos el rumbo de Europa, de Igor Urrutikoetxea en Gara
Durante estos últimos meses hemos sido testigos de importantes sucesos que nos demuestran hacia qué modelo de «construcción europea» nos llevan los mandatarios de los 27 estados miembros. Una Europa que, en lugar de profundizar en logros sociales, de fomentar las libertades individuales y colectivas, se está cimentando sobre un progresivo recorte de libertades políticas, sobre la merma de los derechos individuales y sobre la regresión en aspectos sociales y condiciones laborales.
Tras el rechazo expresado en las urnas a mediados de 2005 al Tratado de la Unión Europea por parte de Francia y Holanda, los Gobiernos de los 27 estados miembros se volcaron en negociar un nuevo texto, nuevamente a espaldas de la ciudadanía, que ha dado como fruto el nuevo Tratado de Lisboa. Un Tratado de Reforma que mantiene los mismos objetivos que el anterior, ya que está diseñado al dictado de las multinacionales y de los estados: ignora la realidad de los pueblos sin estado que somos parte de Europa, profundiza en el sometimiento de los servicios públicos a las leyes del mercado, garantiza la libre competencia y la libertad de movimientos del capital y ahonda en la precarización laboral.
En esta ocasión, además, a fin de evitar contratiempos como los de hace tres años, los gobernantes han decidido ratificarlo en los parlamentos de los países miembros, sin someterlo al refrendo de la ciudadanía. Había una única excepción: Irlanda. Éste ha sido el único estado de la UE donde su ciudadanía ha podido opinar y el 53,4% de quienes acudieron a las urnas votaron en contra del modelo de Europa que pretenden imponernos. Hay que subrayar en este sentido la firme oposición, expresada en las calles en los días previos, de grandes segmentos de la clase trabajadora, de los pescadores y los pequeños agricultores, y ello pese a que todos los partidos del arco parlamentario irlandés (salvo el Sinn Féin), todo el empresariado y el Congreso Irlandés de Sindicatos (ICTU) pidieron el voto favorable.
Tras el «no» irlandés al Tratado, una vez más, la falsa careta de demócratas se les ha caído a quienes dirigen los hilos de la UE, ya que a pesar de que el Tratado prevé que no puede entrar en vigor si no es ratificado por todos los estados miembros, han decidido seguir adelante con los procesos de ratificación. Para cambiar la situación creada por el rechazo irlandés se están barajando tres opciones, a cada cual más cuestionable desde un punto de vista democrático: 1) Renegociar el Tratado de Lisboa, harto complicado; 2) Realizar un nuevo referéndum en Irlanda para que triunfe el «sí», lo cual dejaría en evidencia a gobernantes irlandeses y europeos; 3) Lograr la ratificación de los parlamentos de los 26 estados miembros, aislando a Irlanda, a fin de presionarla.
Lo expuesto demuestra la falacia que se esconde tras el concepto de «democracia» que blanden dirigentes como Durao Barroso o Sarkozy, dado que sólo aceptan la opinión de las gentes que conforman Europa si sirve para legitimar su proyecto, económico, social y político, ninguneándola en caso contrario.
La mal llamada «Directiva de Retorno» aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo supone un grave atentado contra los derechos civiles y las libertades individuales. La citada directiva, que deberá ser traspuesta al ordenamiento jurídico de cada uno de los estados miembros en un plazo de dos años, prevé la detención por mera «orden administrativa» de los inmigrantes «sin papeles», incluidos los menores de edad, y su reclusión en «centros de internamiento especiales» o, en su caso, en módulos especiales de las cárceles durante un periodo de hasta 18 meses, mientras se tramita su expulsión. Asimismo, se castiga doblemente a los inmigrantes afectados, porque además de privarles de libertad y de expulsarles, se prohíbe su regreso a territorio europeo durante 5 años. No se especifica cuál será la financiación para construir los «centros de internamientos especiales» a los que se refiere la normativa, lo cual hace pensar que serán recluidos en cárceles al uso.
Esta directiva criminaliza y convierte en delito el hecho de venir a Europa a trabajar huyendo de la miseria, y las personas inmigrantes dejan de tener las mínimas garantías jurídicas que deben asistir a todo ser humano. Esta directiva no es un hecho aislado, porque se viene a sumar a otra serie de medidas de flagrante vulneración de derechos que están llevando a cabo algunos gobiernos como el italiano, donde además de arengar a la «caza de los sin papeles» desde las instancias del poder, se apuesta por estigmatizar y criminalizar a determinadas minorías. Claro ejemplo de ello es la intención de crear ficheros policiales sobre las personas de etnia gitana por parte del Gobierno de Berlusconi. Por desgracia, podemos afirmar que la xenofobia y el racismo están asentándose en el poder en Europa, con el peligro que ello supone.
Pero que nadie se llame a engaño: este recorte de libertades que hoy afecta a inmigrantes y romaníes en Europa es un primer paso, que pueden extender en adelante a otros sectores de la población, según criterios de oportunidad política. Por tanto, afecta a toda la ciudadanía, y todos y todas deberíamos hacerle frente.
Un último, pero no menos importante ejemplo de recorte de derechos que nos retrotrae a finales del s. XIX es la puerta que han abierto los ministros de trabajo de la UE de cara a implantar la jornada de 65 horas semanales. Esta medida fue apoyada por el Gobierno francés, y el Gobierno español, en lugar de rechazarla, se abstuvo. Así, se ha abierto el trámite por el que durante los próximos meses debe ser aprobada o rechazada por el Parlamento Europeo.
Esta medida supone, entre otras cosas, un flagrante ataque a la negociación colectiva, porque la posibilidad de ampliar la jornada a las 65 horas semanales se deja en manos de «acuerdos individuales» entre empresario y trabajador, acuerdos que podrían llegar a vulnerar lo establecido en un convenio o pacto colectivo. Además, los mandatarios de la UE mienten cuando dicen que los acuerdos serán voluntarios, porque a nadie se le escapa que el empresariado hará uso del chantaje y la coerción hacia las y los trabajadores más vulnerables, que son quienes padecen diariamente la precariedad, con el objetivo de que acepten estas jornadas laborales abusivas, bajo amenaza de despido si se oponen a las mismas. Asimismo, la conciliación de la vida laboral y familiar, con jornadas semanales de 60 o 65 horas se convierte en una utopía.
No obstante, la citada directiva es una medida más que viene a ahondar en un mercado de trabajo cada vez más precario, debido a las políticas antiobreras que se están llevando a cabo en Europa. Una Europa en la que empresarios sin escrúpulos pueden mantener sueldos de miseria (700 euros), que son los que perciben muchas de las trabajadoras de la empresa Indusal en Arrigorriaga, aunque el sistema salarial se base en la discriminación de género, porque algunas cobran por un trabajo similar al de los hombres 300 euros menos por el mero hecho de ser mujeres. Estas trabajadoras llevan más de un mes de huelga sin que las instituciones públicas (Gobierno Vasco, Emakunde, etc.) hagan nada por solucionar este conflicto, salvo enviar a la Ertzaintza a reprimir a las trabajadoras.
Una Europa en la que es legal que ante el uso del legítimo derecho de huelga, como al que han recurrido los trabajadores de Fagor Mastercook en Polonia, que cobran salarios muy por debajo de la media de su país, la Dirección de la empresa amenace con deslocalizar la misma a Ucrania o Rusia con el único objetivo de sacar mayores réditos a la explotación descarada de la mano de obra.
Son ejemplos reales y que nos tocan más cerca de lo que a menudo creemos. Por eso, es necesario también que la clase trabajadora de Europa responda a estas agresiones que se están dando en todos los ámbitos, que las organizaciones sindicales y la izquierda del viejo continente seamos capaces de articular medidas de respuesta y rechazo efectivas ante las mencionadas directivas, antes de que la involución en las condiciones políticas, sociales y laborales llegue a unos parámetros inasumibles y sin precedentes en nuestro continente. Es más necesario que nunca contraponer a esa Europa de los estados y del capital que nos están imponiendo día a día, mediante la movilización y la lucha, una Europa en la que pueblos como Euskal Herria cuenten con voz propia; una Europa de las gentes trabajadoras y de las clases populares. En definitiva, una Europa donde los seres humanos y su bienestar primen sobre la acumulación capitalista y el beneficio en bolsa. Justo lo contrario de lo que sucede hoy día. Sólo así podremos parar esta locura reaccionaria y ultraliberal.
Igor Urrutikoetxea. Secretario de Relaciones Internacionales de LAB.
¿Qué van a hacer los inmigrantes?, de Jose Manuel Garayoa en Dinero de La Vanguardia
¿Qué va a pasar con los inmigrantes si la economía española va a peor? Es una cuestión que salta ahora tras conocerse que se duplica el número de los que quieren volver a su país ¿Qué harán, quedarse o irse? Ambas cosas, no habrá una respuesta única. “Un patrón mixto”, resumen expertos de Fedea.
Hace unas semanas, refiriéndose a esta cuestión en Madrid, el ministro de Economía de Marruecos, Salahedin Mezuar, dijo que hay emigrantes que están regresando allí para aprovechar la formación adquirida estos años en España.
Ciertamente, en el norte de Marruecos, en Tánger, y en industrias como la automoción, puede haber puestos intermedios por cubrir, pero son limitados. Así que la mayoría de los trabajadores marroquíes que se vean inmersos en el ajuste inmobiliario o en el de la hostelería (en la agricultura su situación puede ser más estable) no van a encontrar en su país la salida a sus problemas.
Los expertos creen que aquí pueden seguir el modelo chino, desarrollando negocios propios en barrios específicos, donde viven, ofreciendo comida jalal, poniendo en marcha pequeños talleres textiles, etcétera. Un poco al estilo del barrio Saint Denis en París. La réplica de los modos de vida de los países de origen se va a reforzar así, concentrándose en algunas zonas.
De los procedentes de la África negra nadie espera regresos significativos. Les cuesta dos años ir de Mali a Ceuta, así que cuando llegan no se van a ir porque la coyuntura esté floja.
Las familias de los ecuatorianos, segundo grupo de inmigración más importante, están transmitiendo a la gente de allá que la fiesta ha acabado en España, recomendándoles que no vengan. Además, la situación general en Ecuador ha mejorado, entre otras cosas, gracias a las remesas de los emigrantes.
El panorama es mejor para rumanos y búlgaros por la entrada de sus países en la UE, con lo que el regreso en este caso sí se puede producir si cuentan con ayudas para montarse algo.
En cualquier caso, el balance general de la inmigración es que las cosas se pueden aguantar siempre y cuando la crisis económica dure un año y medio o dos, gracias al seguro de paro. Puede haber problemas, pero no como en Francia. Pero, más allá, tierra ignota.
Un paso atrás en los derechos humanos, de Joan Herrera y Raúl Romeva en El País
El pasado 17 y 18 de junio, el Parlamento Europeo sometió a debate y votación la Directiva de Retorno, también conocida como directiva de la vergüenza.
La articulación de las políticas de inmigración en la Unión Europea es una vieja aspiración de los y las europeístas, y también de quienes conocen de cerca la realidad de la inmigración, un fenómeno común al conjunto del continente. Esperábamos de la Unión una respuesta común a los retos de la integración, a los retos de la participación política de las personas migradas y, evidentemente, a la dramática situación de las personas que intentan acceder al continente europeo de forma irregular. Nada más y nada menos que el proceso ya iniciado tímidamente en el Consejo Europeo de Tampere en 1999.
Sin embargo, nada de ello hemos conseguido. Frente a los retos que plantea la inmigración, la Comisión, los jefes de Estado y de Gobierno y de la mayoría del Parlamento Europeo han optado por resolver, en primer lugar y por delante de todo, la manera en cómo se gestiona la inmigración en frontera, dando validez así a quienes prefieren una concepción “seguritaria” del fenómeno.
El contenido de la norma es de sobra conocido: 18 meses de retención por haber cometido una falta administrativa (vivir en Europa de manera “ilegal”), prohibir el retorno durante cinco años, abandonando también a su suerte a los menores (que podrán ser repatriados incluso a un país que no sea el suyo), y legalizar unos centros de internamiento (que el mismo Parlamento condenó hace algunos años) que son una indignidad en la pretendida Europa de los derechos.
La norma, además, como ya han señalado diversos juristas, supone una grave vulneración del derecho internacional, y en concreto de la Convención sobre Derechos del niño de 1989 y de la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, ambas ratificadas por el conjunto de países de la Unión Europea.
Dicho esto, quisiéramos entrar a valorar dos argumentos que repetidamente se nos han recordado por parte de los defensores de la norma y que consideramos una aberración: en primer lugar, que la norma supone un avance en relación con la legislación vigente en muchos estados miembros de la Unión y, en segundo lugar, que dicha norma no tendrá efectos en España.
En relación con el primer argumento, discrepamos rotundamente en la manera en como se pretende armonizar la legislación en la Unión. El principio según el cual el mínimo denominador común debe ser la norma armonizada nos puede llevar a una tendencia perversa de ir a la baja en todos los derechos sociales existentes.
No es un fenómeno nuevo, la directiva de las 65 horas de trabajo semanales o la conocida directiva Bolkestein con su ya famoso principio del país de origen funcionan en la misma lógica: hacer norma europea la norma menos garantista. Si ello es así, convertiremos el proceso de construcción europea en una máquina imparable de destruir derechos y conquistas sociales, y allí, a la izquierda verde no van a encontrarnos.
Y en relación con el argumento según el cual la norma no tendrá efectos en España, y sin entrar a valorar aquí la esquizofrenia que supone defender una norma porque no va a ser aplicada, nos gustaría recordar que una Directiva europea es jurídicamente vinculante en nuestro país, que el acervo comunitario forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno y que, siendo por lo tanto una norma que sí debe aplicar España, nada impediría, llegado el caso, adaptar la legislación española a los márgenes más duros de la misma.
Lejos queda ya aquella Europa que nos obligó a adaptar nuestra legislación en favor de más derechos, como por ejemplo los ambientales. La lógica parece ahora invertida.
Por todo ello, nos oponemos a dicha norma. Porque supone una gran paso atrás en derechos, porque vulnera el derecho internacional, y porque establece una manera de construir Europa que rechazamos tajantemente.
Y no estamos solos frente a ello. Nos gustaría recordar aquí una multitud de organizaciones sociales, así como la misma Internacional Socialista o el Consejo de Europa, que se han opuesto a la misma.
Todo ello cuestiona con más fuerza el lamentable papel del Gobierno español, que, según afirmó el ponente del informe del Parlamento Europeo que validó la directiva, el señor Manfred Weber, fue uno de los que más presionó para endurecer su contenido.
Si Zapatero será recordado por iniciar su primera legislatura por una serie de avances en derechos sociales que nosotros apoyamos sin fisuras, esta segunda la ha iniciado empantanado en la crisis económica e impulsando medidas claramente de derechas. El presidente no para de recordarnos que no permitirá que los más débiles paguen la crisis económica, pero de momento ya se la ha hecho pagar a los más débiles de entre los débiles, a quienes huyen de su país buscando un futuro mejor.
Joan Herrera y Raúl Romeva son diputados de ICV en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.
Qué pasará con el empleo, de Primo González en Estrella Digital
El aumento del paro en España durante los últimos meses, concentrado de forma especial en el sector de la construcción, ha suscitado en medios económicos la pregunta de qué sector de la economía española podría tomar el relevo como fuente de creación de empleo en el inmediato futuro. Los candidatos para ello son dos claramente, el sector servicios y el sector industrial. Pero ambas candidaturas se han debilitado de forma considerable si contemplamos los datos más recientes que aporta la economía.
Por un lado, el sector servicios (comercio y turismo como principales canteras de empleo) se encuentran en momentos poco boyantes por no decir tirando a malos (el comercio, muy afectado por la caída del consumo). Por otro, el sector industrial está registrando una caída real de la producción que no se esperaba con tanta inmediatez y con tal intensidad. En junio, por ejemplo, la producción de la industria ha caído un 9,0% en términos anuales, en especial la fabricación de bienes de consumo duradero, cuya producción ha caído en más de un 20%, aunque también la fabricación de bienes intermedios lo ha hecho con fuerza, casi un 12%, en buena medida debido a que el sector de la construcción ha dejado de demandar productos industriales de este subsector, situando en posición de crisis a la amplia industria auxiliar de la construcción, que en los últimos años había experimentado un progreso muy considerable. Gracias a que algunas de estas industrias son altamente competitivas y habían empezado a abrirse paso en los mercados internacionales, la caída de la producción ha sido menor al encontrar la vía de la exportación como canal al que desviar una parte de la producción que el mercado interno ya no absorbe.
A pesar del aumento del paro tanto durante el pasado segundo trimestre (207.400 personas) como en los doce últimos meses (621.600 parados más, es decir, un 35% de aumento anual), la economía española ha seguido creando empleo. En el segundo trimestre del año han sido 22.900 empleos nuevos. En los doce últimos meses, el empleo creado ha sido de 57.800 personas, es decir, un 0,28%, aumento insignificante para una economía que estaba acostumbrada a aumentar su nivel de empleo a ritmos anuales del 3% e incluso superiores, para sostener un crecimiento de la producción que se ha movido en torno al 3% anual durante estos años. Es destacable el hecho de que tres de los cuatro grandes sectores de la economía española (la agricultura, la industria y la construcción) han destruido empleo durante el segundo trimestre del año. La industria lo ha hecho de forma bastante consistente, nata menos que 68.000 empleos destruidos entre abril y junio, lo que constituye un presagio de lo que posiblemente pueda suceder a lo largo de los dos últimos trimestre del año. Las cifras de producción industrial en declive anticipan ya un panorama muy pesimista para el empleo industrial.
Queda, por lo tanto, solamente el sector servicios, que en el segundo trimestre ha sido capaz de crear nada menos que 255.700 empleos aunque en los doce últimos meses ha creado poco más, unos 284.200 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de la fuerza laboral del 2%. La incógnita que se abre, por lo tanto es si el sector servicios será capaz de minimizar las pérdidas de empleo que se van a producir previsiblemente en la construcción y en la industria, especialmente en esta última.
El grueso del sector servicios se reparte entre la actividad comercial y el sector turístico. Por lo visto en estos primeros compases del verano, la actividad turística es la que está afrontando mejor la acometida de la crisis económica, aunque el balance de la temporada veraniega habrá que verlo dentro de dos meses, cuando las empresas hayan echado cuentas. Parece que la gente, el español medio, se ha movido en busca de descanso, pero que el nivel de gasto vacacional se ha contraído de forma notable, lo que puede afectar al mantenimiento del empleo en el sector turístico. Aún así, el sector servicios, en el que trabajan unos 13,8 millones de españoles (sobre 20,4 millones del total de la fuerza laboral) puede servir de colchón amortiguador de la tremenda pérdida de ocupación que se espera para los dos grandes sectores que más directamente viven la crisis. De no ser así, las cifras de paro podrían alcanzar dimensiones insospechadas.
Descansar de tanto descanso, de Paco Muro en Mercados de El Mundo
TRIBUNA DE VERANO
Olvidarse del trabajo en verano es fundamental para volver despejado y relajado a la oficina, pero el sosiego estival también puede servir para desarrollar la faceta intelectual.
Quizá algunos ejecutivos hagan este comentario a finales del verano, cuando acostumbrados a la vorágine diaria empiecen a padecer el «estrés de no tener que hacer nada». Los directivos nos caracterizamos por estar orientados claramente a la acción, por gestionar permanentemente varios proyectos mientras preparamos otros nuevos y visualizamos posibles mejoras. Pero, ¿qué ocurre en vacaciones? Al principio se disfruta del efecto puente, que viene a ser la sensación de descanso y placer que se siente al tomar un ansiado puente a lo largo del año. Pero, tras la primera semana, llega una extraña sensación: «Me siento raro, esto está durando demasiado, ¿qué hago yo sin hacer nada?». Algunos logran justo en ese momento la verdadera desconexión emocional con el trabajo, consiguen olvidarse completamente de los asuntos profesionales y disfrutan del maravilloso privilegio de permitirse el lujo de perder el tiempo, porque no hay nada que hacer.
¡No hay plazos de entrega, ni agenda, ni llamadas pendientes, ni reuniones! ¡Puedo bajar a la playa a la hora que quiera, o no bajar! Comeré cuando tenga hambre y sin tener que tratar ningún asunto, y si me da la gana me tomo una cervecita antes o después…Eso de poder hacer sólo lo que se quiere es la mejor terapia para el directivo.
Síndrome de abstinencia
Pero no todos son capaces. El síndrome de abstinencia de la hiperproactividad se apodera de algunos y pronto se conectan a internet, envían emails o consultan su BlackBerry una y otra vez; hacen llamadas profesionales y mantienen el contacto con la oficina para ver cómo va todo. Y los de la oficina no tienen más remedio que reírse del pobre directivo que cree que si no está, el mundo se para.
Hay ejecutivos que hacen ejercicios mentales de mantenimiento empresarial mientras descansan, para no perder el ritmo. Son los que observan el chiringuito mientras están en la hamaca y piensan: «Mírale, podría aprovechar mejor el mercado; si estuviera más pendiente del cliente podría vender mucho más. Debería tener a otro en la barra para ganar en agilidad. Además, si añadiera unos sandwiches a su oferta sacaría más rentabilidad. Por no hablar del espacio muerto que tienen en el lado derecho, donde podría poner un toldo, o quizá una pequeña cristalera con unas mesitas para poder abrir también en otoño. Calculo que asumiendo un coste fijo de X y una variable de Y podría sacarle fácilmente un 20% de margen».
Vamos, que estaría dispuesto a amargarle la vida al del chiringuito, que vive tan feliz con unos pocos meses de temporada alta y el resto del año tumbado a la bartola. Pero en todo caso es un entretenido ejercicio mental para mantenerse en forma.
Otra fórmula es aprovechar el sosiego estival para desarrollar la faceta intelectual leyendo temas variados sobre management, empresa, finanzas o cualquier otro sector. O para escribir, pues sentado en una mesa, a la sombra, con el portátil, se consigue el entorno ideal para poner por escrito multitud de ideas, preparar el plan de acción del próximo curso, plantearse una reorganización de la empresa, revisar la misión o analizar los datos de los últimos años.
Es decir, dedicarnos a eso que tanto deseamos cuando nos desborda el día a día: pensar. Pensar con calma sobre temas de la empresa o de la vida, pudiendo dejar enfriar una idea y retomarla después del chapuzón, o a la mañana siguiente, con la mente de nuevo abierta.
Así que desconectad tranquilos y relajaos, porque a los ejecutivos nos va la marcha, lo llevamos dentro, y nos costará muy poco volver a estar a tope a la vuelta. Incluso a algunos hasta se lo estará pidiendo el cuerpo. En todo caso, hay que tomarse muy en serio eso de descansar: ¡El equipo nos necesita despejados y recargados!
Paco Muro es presidente de Otto Walter
© Mundinteractivos, S.A.
ELA y LAB se mueven para no salir en la foto, del Editorial en Gara
ELA y LAB no estarán presentes en la reunión convocada para mañana por el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga, con el objeto de abordar el fuerte incremento de accidentes laborales mortales registrado en las últimas fechas. En declaraciones realizadas ayer, ambas centrales dejaron claro que es precisamente su implicación en la denuncia de estos accidentes la que les impide salir en la foto con quien, como máximo responsable de la salud laboral en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, no ha cumplido -aseguran- ni siquiera los mínimos exigibles en una materia tan sensible para la sociedad vasca: la prevención de la siniestralidad en el trabajo.
LAB y ELA se mueven. Se mueven para denunciar la irresponsable indolencia de buena parte de la clase empresarial en un problema que tiene nombre y apellidos: los de los al menos 57 muertos en lo que va de año. Se mueven para decirle al consejero que hace falta algo más que palabras para que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea un instrumento eficaz y que su actitud cercana a la sumisión con respecto al empresariado no ayuda, ni mucho menos, a reducir la angustiosa cifra de fallecidos. Se mueven para que algunos accidentes no pasen desapercibidos en las páginas de los periódicos camuflados entre los sucesos y para salir a la calle cada vez que la sangre tiñe de dolor y vergüenza un taller, un andamio o el asfalto. Se mueven para poner de manifiesto que la tasa de accidentes graves es 2,6 veces mayor entre quienes «disfrutan» de un contrato temporal y que más de la cuarta parte de los accidentes tienen como víctimas a trabajadores de empresas subcontratadas, algunas de ellas por la propia Administración.
ELA y LAB se mueven. Y por eso no saldrán mañana en la foto. En una foto que sí retratará a un Azkarraga apremiado ahora por la alarma social que han creado seis muertos en seis días, pero que no ha tenido prisa por poner en marcha y engrasar los mecanismos imprescindibles para que trabajar en Euskal Herria deje de ser una actividad de elevado riesgo.
Crisis: ¡Que los síntomas no impidan ver la enfermedad!, de Txomin Lorca (LAB) en Gara
Necesitamos otro modelo de relaciones laborales basado en la cualificación, la estabilidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el reparto de la riqueza
Desaceleración, ajustes, crisis, estanflación… El debate terminológico, más allá de páginas de periódico y tertulias, está agotado. Se acumulan los datos como la crónica de sucesos y se aíslan los síntomas, pero pocos abordan el diagnóstico de la enfermedad.
Y la enfermedad es grave. Durante muchos años se ha alimentado el cáncer del neoliberalismo, un cáncer que crece colonizando el tejido productivo, la naturaleza, la producción de alimentos y energía; un cáncer que absorbe cada vez más recursos que deberían destinarse al desarrollo equilibrado del tejido productivo, a la redistribución de la riqueza y a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las personas.
El capital se multiplica rompiendo las barreras que se le oponen y generando metástasis en el BM, el FMI o la OMC. Los impulsores, los estados del centro del sistema, liderados por EEUU y gobiernos en la sombra como el G-7. Los colaboradores necesarios, estados que han puesto en manos del mercado los destinos de ciudadanas y ciudadanos.
La «libre competencia de mercado», eufemismo de la acumulación de capital en cada vez menos manos, ha devenido en el monstruo de las Empresas Transnacionales que controlan recursos naturales, energía, materias primas, empresas y servicios. Esto no sucede por casualidad; hasta Adam Smith lo advirtió en su momento: «En cada empresario está el germen de un monopolista»; y algunos lo han conseguido.
Las consecuencias de la evolución de la enfermedad neoliberal se extienden hoy al conjunto del sistema, nadie escapa, con independencia de síntomas propios, a la invasión de los movimientos especulativos de capital.
El dinero improductivo ha campado a sus anchas en el sector inmobiliario, especulando con el suelo, sobrevalorando activos y desconectando el crédito del ingreso disponible para beneficio de accionistas y fondos de inversión. La burbuja inmobiliaria ha estallado por fin y ya sabemos quién y cómo estamos pagando las consecuencias.
Consumidos en gran parte los recursos de una generación que deberían haber sido destinados a otras cuestiones como el desarrollo social, innovación y diversificación del tejido productivo, las ganancias acumuladas fluyen hacia el mercado de futuro, bajo cuyo control están cayendo materias primas y alimentos básicos como los cereales, el agua… Los especuladores obtienen sus rentas alterando los precios y arruinan la vida de miles y miles de pequeños productores y decenas de países pierden la capacidad para distribuir los recursos que sus habitantes necesitan.
El petróleo, paradigma del neoliberalismo, sobre el que se ha construido manu militari el nuevo orden mundial, el crecimiento ilimitado y el derroche energético, se agota; un recurso natural patrimonio de la humanidad se va a dilapidar para engorde de unos pocos en unas decenas de años. El control de las reservas, la compra y la venta especulativa y los enormes intereses creados tras cincuenta años de monopolio de los hidrocarburos están elevando los precios del combustible y dificultando alternativas renovables y sustitutivas.
Los distintos gobiernos actúan como si no fuera con ellos; eluden su responsabilidad por poner a disposición del capital empresas, servicios y suelo público, reducir la presión fiscal sobre el capital, modificar a favor de la patronal las reglas de juego y reducir la protección social.
Las medidas adoptadas no atajan la enfermedad, sólo tratan de ocultar los síntomas. Van a conseguir gastar los recursos públicos disponibles de la siguiente generación saturando el Estado español y Euskal Herria de infraestructuras. Da igual de lo que sea. No importa que el Estado español sea el país del mundo con más km. por habitante de red ferroviaria de alta velocidad o el primero en km. de autovías de Europa. El que venga detrás que arree.
Lo importante sigue siendo el capital y hay que cuidarlo como oro en paño, vigilar sus síntomas; si muestra debilidad, alimentarlo privatizando los beneficios y socializando sus deudas; si tenemos que poner en marcha los aspectos más negativos de la directiva Bolkestein, ¡pongámoslos!; si los inmigrantes se convierten en un coste, ¡echémoslos!; si tenemos que aumentar la jornada laboral, renegociar el sistema de pensiones para reducir las prestaciones ¡hagámoslo!; si hay que apretarse el cinturón, bajemos los salarios, aumentemos la precariedad, la edad de jubilación ¡ya vendrán tiempos mejores!
Pero las cosas no tienen por qué ser así. Si la enfermedad es grave, medidas drásticas. Se alzan voces reclamando control de los movimientos especulativos del capital, la soberanía alimentaria de los pueblos, el desarrollo social y político del modelo de crecimiento, la capacidad de decidir de las personas y de los pueblos en cuestiones que determinan su futuro y todas estas voces deben cantar al unísono.
Necesitamos un cambio radical del modelo de desarrollo y de sociedad que se está impulsando y en Euskal Herria lo necesitamos ya. Necesitamos tener capacidad como pueblo para actuar ante la situación. No podemos estar con las manos atadas por un marco jurídico político que nos impide tomar decisiones. La respuesta al pensamiento único se hace desde la base, desde la identidad cultural y la diversidad de los pueblos y desde la capacidad democrática para decidir en materia política y económica; actuando desde lo local y pensando en global.
Necesitamos un cambio radical en la redistribución de la riqueza, con políticas fiscales equitativas, equiparar nuestro gasto social en relación al PIB a la media europea, implantar un Salario Mínimo por encima del umbral de la pobreza y la garantía pública del sistema de pensiones.
Necesitamos otro modelo de relaciones laborales basado en la cualificación, la estabilidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y el reparto de la riqueza producida por el trabajo. Apretarnos más el cinturón es inútil. Lo que no repartamos se lo embolsarán los de siempre.
Necesitamos construir otro modelo de desarrollo y consumo social y medioambientalmente eficiente. Necesitamos unir fuerzas para hacer frente a la enfermedad. De la actual situación sólo hay dos formas de salir: o el capital financiero y los especuladores ganan terreno o lo ganamos las trabajadoras y trabajadores.
El empleo, en números rojos, de Ángel Laborda en La Vanguardia
TRIBUNA
Falta un mes hasta que el INE publique las cifras de la contabilidad nacional del segundo trimestre, pero con la información disponible se puede decir ya que la economía española ha traspasado la puerta que separa la simple desaceleración de la pura recesión. Es muy probable que el producto interior bruto (PIB) haya registrado una tasa trimestral negativa entre abril y junio y, en función de las tendencias y de los factores que hay en escena, puede preverse que seguirá cayendo en la segunda mitad del año.
Una de las estadísticas más importantes para seguir la coyuntura económica es la Encuesta de Población Activa (EPA), que con periodicidad trimestral nos informa con todo detalle de la evolución del mercado laboral. Como complementarias a ella, y con periodicidad mensual, tenemos las de los afiliados a la Seguridad Social y el paro registrado en las oficinas públicas de empleo. Ayer conocimos la EPA del segundo trimestre, que ha venido a confirmar lo que ya nos habían anunciado las otras dos estadísticas: en este trimestre, por primera vez desde 1994 (un año después de la recesión), se ha producido una caída importante del empleo respecto al trimestre anterior.
En realidad, la cifra original publicada por el INE da un aumento de 22.900 ocupados, pero hay que tener en cuenta la favorable estacionalidad que caracteriza a esta época del año, de tal forma que, al ajustar los datos a los factores estacionales para quedarnos con su evolución tendencial y poder compararlos con el PIB, que se publica en estos términos, lo que se obtiene es una reducción de 139.500 ocupados. En términos relativos, esto supone una reducción del 0,7% respecto al trimestre previo, y dado que la productividad por ocupado viene creciendo significativamente por debajo de esta tasa, eso significa que el PIB ha caído. Todo esto sería compatible con una reducción de la tasa de crecimiento interanual del PIB, que es la más comúnmente utilizada, al entorno del 1,5%, frente al 2,7% en el primer trimestre y al 3,5% en el cuarto del 2007. La rapidez del ajuste sobrepasa cualquier previsión conocida.
Las previsiones para la segunda mitad del año apuntan a que se mantenga esta tendencia. La sequía del crédito va a continuar, si no se agrava más, y la inflación va a seguir mermando la renta disponible real de las familias y empresas, así que el consumo y la inversión empresarial van a seguir ajustándose a la baja. Y no digamos la inversión en vivienda.
Nos encontramos ante un ajuste duro del exceso de demanda interna que se ha producido estos últimos años, acelerado por la restricción crediticia. Si esto es así, la tasa interanual del crecimiento del PIB puede ser cero o incluso negativa en el último trimestre de este año, lo que significa que para alcanzar el 1% de media anual el próximo, según estima el Gobierno en sus últimas previsiones, debería producirse una rápida recuperación a lo largo del presente ejercicio. Siento decirles que yo no veo esa recuperación económica por ningún lado.
Ángel Laborda. Director de coyuntura de Funcas.
La orquesta y el director, de Miguel Ángel Aguilar en Cinco Días
Decía el gran Arturo Soria y Espinosa en su libro El labrador del aire que ‘frente a la disciplina militar, la disciplina orquestal’. En todo caso, la disciplina actúa como un catalizador cuya presencia es necesaria para hacer posible una reacción en la que sin embargo no interviene. Así sucede también en los equipos humanos empeñados en una tarea, porque los mismos sumandos individuales resultan dar como resultado una suma diferente, inferior o superior, según actúen al unísono o lo hagan de manera descoordinada.
En la esfera militar, el paso decisivo que lleva de la horda a la unidad combatiente merecedora de ese nombre se produce como efecto de la disciplina. En la música melódica, también. Claro que, según la estimación de algunos, la más elevada expresión de la disciplina es la del ámbito castrense, mientras que nuestro Arturo Soria sostiene con acierto que la superioridad en esta escala corresponde a la disciplina orquestal, basada en la voluntad de concertar, en vez de en el temor a ser pasado por las armas.
La selección española de fútbol acaba de proclamarse campeona de Europa en el estadio del Prater de Viena y el éxito de la roja ha sido celebrado por todo lo alto. Enseguida atenderemos a los modos que ha ofrecido la celebración sobre el césped, en los vestuarios, en el aeropuerto de Barajas, en la plaza de Colón, en el palacio de la Zarzuela y en el de la Moncloa pero, antes, señalemos cómo han visto el fenómeno futbolístico español algunos medios de prensa más sesudos.
El diario francés Le Monde y el semanario británico The Observer han señalado cómo el fútbol ha sido revelador de un sentimiento de unidad que subyace a las epidermis nacionalistas características de algunas comunidades autónomas. Porque ha servido para promover un nuevo orgullo en el que todos pueden coincidir, sin menoscabo de compatriota alguno por grandes que sean las diferencias sociales, económicas, políticas, religiosas o de cualquier otro orden que les separaran.
El Financial Times subraya el sentido unificador de la victoria de la roja y el International Herald Tribune titula Spain is finally the pride of Europe y califica de majestuosa una victoria que se produjo en presencia del rey Juan Carlos.
O sea, que los campeones han pasado la barrera del sonido, o mejor del silencio, y han logrado enviar una señal con gran impacto sobre una galaxia por completo ajena a la que les es propia.
En cuanto a las celebraciones, que han podido seguirse a través de las imágenes de televisión, debe aceptarse que se han atenido a unas pautas muy limitadas dentro de un género donde siguen sin registrarse progresos. La celebración también en este caso ha mostrado una tendencia a desplazarse hacia la ebriedad y hacia el derroche sin sentido, con el concurso preferente de vinos espumosos, tipo champán y cava, cuyas botellas agitadas convenientemente terminan por estallar en surtidores con los que unos, ya en paños menores, bañan a otros, mejor aún si todavía están formalmente vestidos. A esta naumaquia se le añaden los gritos jubilares que el grupo tenga adoptados como propios y los que como el de ¡campeones! proclaman el éxito conseguido, repetidos hasta enronquecer y acompañados con brincos más o menos acompasados. Los escenarios sucesivos fueron el césped, sobre el que habían consumado su victoria, y el vestuario, que perdió el carácter de sanctasanctórum para admitir al rey Juan Carlos y otras personalidades, que cumplían, sí, un rito exclusivo equiparable al de felicitar a los actores en su camerino.
Luego vinieron los encuentros con los enfervorizados seguidores, calentados durante horas por los medios, en especial por las emisoras de radio y televisión. Los vencedores se alzaron sobre los andamiajes preparados por un ayuntamiento solícito para contribuir al espectáculo. Fue el momento de la conexión entre los héroes y las masas, que siempre se sustancia con apelaciones elementales, ofrecimientos ingenuos y rugidos ensordecedores.
Pero volvamos al principio, el de la orquesta y su director. A Luis hay que hacerle un reconocimiento por separado y muy especial porque no se dejó vencer el pulso por la prensa y supo hacer un grupo integrado con impecable disciplina orquestal. Aceptemos que el director siempre marca la diferencia.
Miguel Ángel Aguilar. Periodista
