Huir de la notoriedad, de Enrique Arnaldo en El Mundo
LA RENOVACION DEL CGPJ
Acabamos de conocer la composición del sexto Consejo General del Poder Judicial, que fue un órgano recibido con entusiasmo tras su incorporación a la Constitución de 1978, al asumir la misión nada menos que de salvaguardar la independencia institucional del Judicial como poder y la personal de los jueces y magistrados que lo integran. El órgano recibió una severísima puñalada en 1985, cuando el legislador cambió la letra y el espíritu de la Constitución y atribuyó al Congreso y al Senado el monopolio de la designación de sus miembros. Su politización estaba cantada, pues se cayó en el método del puro y simple reparto de las cuotas de nombramiento, precisamente aquello que el Constitucional, en su bienintencionada pero ingenua sentencia desestimatoria de los recursos contra la ley del 85, dijo que había que evitar. Aun cuando, tras la reforma del 2001, las Cámaras se pronuncian sobre los candidatos preseleccionados, el resultado es y seguirá siendo el mismo: la distribución ponderada de los puestos en función de la representación parlamentaria.
Este nuevo Consejo sustituye a uno que ha suscitado las más agudas críticas negativas y las más duras acusaciones de politización, pero que también ha sufrido los embates más agresivos de la ingeniería jurídica. En consecuencia, el papel del nuevo Consejo se presenta enormemente difícil. Debe, como primera medida, restaurar la institucionalidad y trasladar a la opinión pública, y a la carrera judicial, que no sólo predica formalmente su independencia, sino que la predica en todas sus decisiones: sea a la hora de proveer los nombramientos de los altos cargos, ejercer la potestad disciplinaria, la función inspectora o adoptar cualquier medida de gobierno judicial.
El larguísimo periodo de alumbramiento de este Consejo nos obliga a felicitarnos por el solo hecho de la designación de uno nuevo, del que todos los nombres merecen la máxima consideración y respeto, así como la mayor esperanza de que su actuación se revista de la rutina contraria a la notoriedad de la que deben huir tanto los jueces como su órgano de gobierno. Sin mengua de ese respeto personal (en algunos casos fruto también de la confianza y amistad), sí debemos poner de relieve la muy escasa representación de magistrados del Supremo y la inexistente de los jueces y magistrados no asociados, que constituyen más de la mitad de la carrera. Aunque otras profesiones o corporaciones jurídicas han sido de nuevo olvidadas, sí debemos congratularnos de la presencia de un destacado miembro del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que tanto tiene que decir, en particular en relación con la Oficina Judicial, de tanta trascendencia.
Habrá que esperar a saber quién es el presidente para valorar definitivamente la composición del órgano. En fin, esperemos que mejor pronto que tarde se vuelva al sistema de designación del Consejo conforme a la Constitución.
Enrique Arnaldo es abogado, profesor de Derecho Constitucional y ex vocal del CGPJ.
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Escándalo judicial, de Daniel Martín en Estrella Digital
El PP y el PSOE han elegido, con la minoritaria aportación de PNV y CiU, a los futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial. En reuniones privadas, como mafiosos evitando los micrófonos y las miradas del FBI. Han hecho en secreto lo que es conocido por todos. Se han repartido el botín judicial y lo han anunciado a bombo y platillo porque han alcanzado un acuerdo con dos años de retraso. ¿Ya ni siquiera intentan camuflar que el Estado tiene tres poderes independientes entre sí? Todo es uno, y ese uno está controlado no por un poder sino por los propios partidos políticos.
Lo escandaloso del caso no es que haya un retraso sustancial ni que la decisión se haya tomado sin luz y taquígrafos. En este país estamos acostumbrados a que todo funcione tarde y chapuceramente. Ni siquiera es escandaloso que los partidos políticos apenas disimulen el control que tienen de los tres poderes del Estado. Nuestra Constitución así nos hace funcionar, y el pluralismo político del artículo 1 hace tanto daño como el Título VIII. Son más importantes los partidos que los ciudadanos.
Lo auténticamente escandaloso es que durante dos años hemos asistido a este patético espectáculo y nadie ha movido un dedo. Los partidos políticos son los que mandan, y antes deciden las oficinas de Ferraz y Génova que nuestros falsos representantes del Congreso o del Senado. El presidente del Gobierno vive en el palacio de la Moncloa pero su fuerza reside en la sede de su partido. Y el tema judicial es el más triste de todos, porque este poder es el que debería controlar los desmanes de gobernantes y parlamentarios.
Así, aunque titule este artículo “Escándalo judicial”, lo realmente escandaloso es la molicie social española. En ningún país del mundo civilizado existe tamaña y tan aceptada promiscuidad entre los poderes políticos. Que nadie se engañe: esto no es una democracia porque, antes que los ciudadanos, mandan y gobiernan los partidos políticos. Lo que me entristece es que andemos todos tan satisfechos y demos esta noticia sin la crítica feroz que se merece, como si fuera bueno, justo o necesario.
Para que una democracia lo sea, es indispensable que exista un sistema educativo que construya ciudadanos y que los tres poderes del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, estén claramente diferenciados, sin injerencias de ninguno en los otros dos. Lo de la Educación es un caso perdido y, por consiguiente, lo otro es mera utopía. A efectos prácticos, Montesquieu tiene, hoy día, menos valor que Batman o Superman.
Por otra parte, tampoco podemos elegir a nuestros representantes en el Congreso. Ya digo que, sin disimular, se han reunido los del PP y PSOE para repartirse el gobierno de los jueces sin que ningún diputado haya dicho ni mu. Ahí están, cobrando sus sueldos, sin recordar quizás a qué circunscripción representan. Lo importante son las siglas de su partido y no decir nada, no vaya a ser que pierdan su empleo.
Poco más hay que decir. El PSOE hizo que la Justicia perdiera su independencia con la ley de 1985. Desde entonces, sólo Aznar prometió, que no cumplió, una renovación del poder judicial para hacerlo independiente. Y el poder judicial, el único realmente activo —el Ejecutivo no se diferencia del partido de turno y el legislativo existe como engaño institucional—, no deja de dar escándalos porque sus sentencias están manchadas con la sospecha desde que salen a la luz. Supremo y Constitucional también son elegidos por los partidos, y así nunca se sabe hasta qué punto cualquier sentencia es imparcial.
Lo más alucinante de todo es que aquí seguimos como si no pasara nada. Luego se extrañan los políticos cuando las encuestas dicen que el pueblo español pasa de política. Ya que no tiene la solidez ni la fuerza necesarias para tomar medidas contra los que nos mangonean, lo lógico es que se desentienda de este engaño continuado. Lincoln decía que es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo. La cuestión es qué narices pasa cuando a todo el mundo le da igual que le engañen o no. Como escribe Salvador Monsalud, es trágico que el escándalo se convierta en lo cotidiano.
Sobre políticos y jueces, de Mercedes García Arán en El Periódico
LA INVESTIGACIÓN DE GARZÓN SOBRE LOS DESAPARECIDOS DE LA GUERRA CIVIL
La actuación del juez Baltasar Garzón solicitando información sobre los enterramientos y las desapariciones de personas durante la guerra civil lleva -se quiera o no- a debatir la responsabilidad penal por tales hechos. Obviamente, me refiero a delitos cometidos por franquistas, porque los de los republicanos fueron purgados durante 40 años de dictadura.
Es cierto que esta actuación del juez se dirige únicamente a averiguar si es competente sobre los hechos, pero, si lo fuera, debería actuar para depurar posibles responsabilidades penales. Por tanto, hablamos de delitos y de sus autores, porque de eso es de lo que se habla en la Audiencia Nacional. Y el comentario generalizado es que las diligencias no tienen futuro en términos jurídicos, pero remueven temas polÍticos, para satisfacción de unos y disgusto de otros.
En el plano jurídico, los problemas son varios. Por un lado, los delitos estarían prescritos, aunque con dos advertencias: el genocidio no prescribe desde que, ya en democracia, se modificó el Código Penal. Por tanto, de considerarse el genocidio, habría que aplicar retroactivamente esta norma sobre la prescripción, lo que resulta, a mi juicio, rechazable. En cambio, en el caso de la desaparición forzada de personas cuyo paradero se desconoce, hay amplio acuerdo en que el plazo de prescripción no puede correr mientras dura la situación de desaparición y, por tanto, estos casos aún no habrían empezado a prescribir. Las referencias de Garzón a las desapariciones pueden ir en esa dirección, aunque la identificación de los autores parece imposible a estas alturas.
Cuestión distinta es el tema de la amnistía de 1977. Allí quedaron amnistiados todos los “actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado” anteriores a diciembre de 1976, tanto de luchadores antifranquistas como de los contrarios. El periodo amnistiado abarca, por tanto, la guerra civil, aunque la especial situación de la desaparición de personas permita aún preguntarse si realmente pueden considerarse amnistiados unos “actos” cuya dimensión todavía se desconoce.
Pero si, como creo, los argumentos a favor de la amnistía son muy poderosos, ¿cómo la Audiencia Nacional persigue delitos cometidos bajo dictaduras extranjeras (Chile, Argentina)? La respuesta está en el ejercicio de la justicia universal que España asumió en 1985 y que otros estados que la tengan también asumida podrían ejercer sobre delitos cometidos en España. En efecto, la justicia universal se basa en la idea de que, si el Estado en cuyo territorio se ha cometido el delito no puede o no quiere juzgarlo, otros estados puedan intervenir subsidiariamente cuando se trata de crímenes definidos como tales por la comunidad internacional. Desde el 2002, puede hacerlo también de manera subsidiaria la Corte Penal Internacional en relación con el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los de guerra, pero solo si se han cometido después de su creación, lo que deja fuera el caso español.
En resumen, el hecho de que España no pueda -por las razones que sea- juzgar determinados delitos cometidos en su territorio no impide que otros lo hagan en nombre de la comunidad internacional, si se dan determinados requisitos. La vía de la justicia universal ejercida por otros estados está ahí, aunque debe reconocerse que es muy complicada y, como sistema internacional, ha empezado a caminar mucho después de la guerra civil, gracias, entre otros factores, a su utilización por la Audiencia Nacional a partir del caso Pinochet.
Así las cosas, el principal efecto de las diligencias del juez Garzón ya se ha producido, y es la llamada de atención a las administraciones públicas para sacar a la luz la información sobre enterramientos y desaparecidos, favoreciendo la aplicación de la llamada ley de memoria histórica y descargando a los familiares y colectivos afectados del ímprobo trabajo de conseguirlo por sí mismos. Su satisfacción y alegría en estos días me basta para saludar con simpatía esta actuación judicial, pero me preocupa mucho que desenfoque la cuestión de fondo. Lo que reivindican las víctimas es su reconocimiento como tales mediante una investigación de los hechos por parte de las administraciones públicas competentes, antes que unas responsabilidades penales que saben muy difíciles. Y es lamentable que tengan que acudir a un juez penal para movilizar a la Administración.
Para saldar la deuda histórica no hay que transformar el problema político en uno estrictamente jurídico, focalizando la atención en una investigación judicial más que problemática, con el riesgo de que los juristas nos enzarcemos en un debate legal, alardeando de nuestra finura técnica para apuntalar una responsabilidad penal que no era la principal exigencia y difuminando la responsabilidad de los políticos.
Me preocupa que este problema político se ventile en un juzgado de instrucción, porque entonces habrá que admitir también soluciones judiciales a otros problemas políticos, aunque no nos guste su contenido. Yo misma debiera haberme centrado en esta cuestión, pero se me ha ido casi todo el espacio en la argumentación jurídica y ni siquiera he conseguido cerrarla definitivamente.
Mercedes García Arán. Catedrática de Derecho Penal (UAB).
Libertad y selva, de Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia
José Luis Pérez Barroso, el marido de la alcaldesa de Esparreguera, ha fallecido como consecuencia del ataque que sufrió el día 17 por parte de tres menores en plena calle de esa localidad. El profesor y periodista Jesús Neira sigue en estado de coma en el hospital Puerta de Hierro como consecuencia de la paliza que le propinó un individuo en Majadahonda el 2 de agosto. La primera víctima, al parecer, había llamado la atención a los tres jóvenes por algo que estaban haciendo en aquel momento. La segunda se enfrentó valientemente a un tipo que estaba agrediendo a su pareja.
Se trata de dos casos graves y sobrecogedores. La moraleja inmediata es que dos ciudadanos han acabado pagando muy caro su alto sentido de la responsabilidad cívica frente a los violentos que viven y actúan según les dicta la sinrazón. El ejemplo admirable de estos dos hombres, solos con su coraje, pone en evidencia que algo básico está fallando diariamente en nuestras ciudades y pueblos. La libertad y la convivencia explotan cuando se acumulan situaciones de este tipo.
A pesar de formar parte de una civilización obsesionada con el control y con la eliminación de cualquier riesgo, cada vez tienen mayor relevancia los actos de violencia extrema, incluso mortal, que surgen gratuitamente en nuestro entorno. Todavía tenemos en la memoria a la mujer a la que quemaron cuando dormía en un cajero o a la chica ecuatoriana que fue agredida en un vagón de los Ferrocarrils. ¿Qué se puede hacer? No hablamos de casos aislados, sino de una tendencia que parece crecer muy rápido. Sabemos perfectamente cómo solucionan las dictaduras y los regímenes similares la ecuación libertad-ordenjusticia. Vivimos en un sistema democrático y ello nos obliga a un permanente autoexamen para que esta ecuación tan difícil no se resuelva nunca con menos libertad. Pero, como nos han enseñado algunos alcaldes de izquierda puestos a gobernar la complejidad más dura (pienso en Celestino Corbacho y otros), no hay libertad real sin un celoso cuidado de la seguridad ciudadana. Que permita vivir con tranquilidad a la inmensa mayoría de la gente que no puede pagarse esa vigilancia privada que sólo está al alcance de unos pocos. Siempre son los más débiles quienes reciben el impacto mayor de esta fractura.
Un espacio público donde la violencia y las actitudes destructivas no acusen una presión firme, inteligente y eficaz del poder democrático es un espacio roto y abocado al fracaso colectivo. Es un espacio que la selva y el miedo roban a los ciudadanos. Los dos casos que hoy son noticia deben invitar a nuestros gobernantes y legisladores a una reflexión urgente y sincera sobre las medidas policiales, legales y sociales que tenemos para afrontar unos fenómenos ante los que las viejas categorías de análisis ya no sirven. Es algo que debe ser prioritario, sin excusas.
La fuga de un mafioso, de José Luis Requero en El Mundo
FUGA EN TEIXEIRO
Durante años ha sido el paradigma de mafioso, pero con una circunstancia agravante: no se trataba de un mafioso sin más, sino que estamos hablando de un abogado. Su presencia en los pasillos y estrados de nuestros juzgados era un insulto, una verdadera mancha en el buen nombre de la abogacía española y del sistema judicial en general.
Recuerdo a una persona, en su momento con responsabilidades muy relevantes en el gobierno de la abogacía, que declaraba en privado su impotencia porque confesaba «tenerle miedo». Personalmente sólo tuve un contacto con él, hace ya 21 años. En vísperas de cesar en mi último destino como juez de instrucción, había acordado la prisión de unos sujetos dedicados a desvalijar casas de campo. Al día siguiente, a través de un abogado de su despacho, me invitaba gentilmente a comer para tratar de sus clientes.
La persona de Rodríguez Menéndez está asociada en las crónicas de los juzgados y tribunales españoles al recuerdo de un personaje sin escrúpulos o, como decían algunos, «peor que muchos de sus propios clientes». Algún juez estuvo en su punto de mira. Recuerdo que amenazó a uno con querellarse contra él. Le tranquilicé: «La mejor prueba de tu honradez es que Rodríguez Menéndez quiere querellarse contra ti». No resultó raro que tuviese su lugar en una de las épocas más negras de la historia española -los años de la guerra sucia y del saqueo de los fondos reservados- o que fuese condenado por el siniestro episodio de la difusión de un vídeo falso contra el director de este periódico.
Me repugna que este tipo de sujetos, el abogado Pablo Vioque u otros relacionados con casos de corrupción en Cataluña, lesionen la imagen de nuestra abogacía. Son casos aislados, cierto, pero en ésta como en toda profesión hay ovejas muy, pero que muy negras, que hacen daño al conjunto. Lo peor no es tanto que este tipo de personajes existan, sino que el sistema no sea capaz ni de evitarlos ni de erradicarlos. Hay que recordar que alguna que otra sanción impuesta por el Colegio de Abogados le fue anulada y si al final cayó no fue por su catadura profesional sino por el montaje mafioso del vídeo y sus deudas fiscales.
Este sistema es el que le ha permitido lograr un permiso carcelario y fugarse. Ignoro qué razones dio la Junta de Tratamiento para denegárselo y qué razones dio el Juzgado de Vigilancia para reconocérselo, o si era previsible su fuga; ignoro si, como otras veces pasa, la táctica es dejar al juez el duro papel de reconocer al interno aquello a lo que tiene derecho, que sea él quien asuma las críticas de una libertad poco digerible o las consecuencias de la fuga.
El principio de humanización de las penas, su fin resocializador, llevan a mantener estas previsiones de nuestra legislación penitenciaria. Y, ciertamente, un caso fallido no debe dar pie a cuestionar nuestro régimen de cumplimiento de penas. Ahora bien, no puede eludirse que la ciudadanía ve con perplejidad cómo son las cosas.
Hace poco era un pederasta, condenado y que debía estar en prisión, el que violaba y mataba a la pequeña Mari Luz; al poco, De Juana ha salido libre tras 18 años de cárcel por 25 asesinatos. España clama a voces por un debate profundo sobre nuestro sistema penal, sin complejos, prejuicios ni descalificaciones previas. Entre tanto, la perplejidad aumenta y mucha gente piensa que un Charles Manson llevaría ya tiempo libre en España.
En tanto ese debate llega, lo prioritario ahora es, aparte de saber si ese permiso estuvo bien o mal concedido, que se detenga a Rodríguez Menéndez. Sirva como único consuelo que este quebrantamiento de condena, que da fe de cómo es este personaje, le aleja definitivamente de toda hipótesis de volver a manchar la toga.
José Luis Requero es magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
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Salvados por la campana, de Jose Antonio Martín Pallín en El Periódico
LAS INCONGRUENCIAS DEL DERECHO PENAL
Nunca me ha parecido justo que un boxeador limpiamente noqueado se salve de la derrota por el sonido de la campana que interrumpe la cuenta fatídica de los 10 segundos. Tampoco me parece justo que un delincuente, así declarado por un tribunal de justicia, se salve de la pena por el azar o por una interpretación equivocada de esa institución que se llama prescripción.
Si a un ciudadano le deben una cantidad de dinero y no muestra ningún interés en reclamarla, el Código Civil, con criterio justo y acertado, establece un plazo que, una vez transcurrido, extingue la posibilidad de hacerla efectiva judicialmente.
El delito no es un conflicto entre particulares, es un acto que por su intrínseca perversidad o violencia conmociona la paz social, por lo que el Estado, la sociedad y las víctimas tienen derecho a que se persiga y castigue al culpable.
Las razones para considerar que llega un momento en que no existen motivos para el ejercicio de la persecución de los delitos son de pura política criminal. La prescripción, en la mayoría de los casos, lleva en sí misma el germen de la injusticia material, pero se justifica por el hecho de que, en otros supuestos, no tendría razón el castigo penal a destiempo irrumpiendo en una vida que se había olvidado del hecho delictivo.
En el Estado democrático de Derecho, la capacidad punitiva del Estado tiene que transmitir una cierta pedagogía social que exprese plásticamente cuáles son los motivos por los que, en determinados casos el derecho penal no pone en marcha los mecanismos de persecución de los hechos delictivos. El ciudadano debe tener la percepción de que la medida es justa, equilibrada, equitativa y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos.
El atraco a mano armada a un banco sin que haya resultados graves para la integridad física de las personas, prescribe a los cinco años. Es evidente que el perjuicio económico, en la mayoría de los casos, no pone en peligro la estabilidad económica de la entidad financiera.
Despojar a un banco de sus bienes, en los salones de un consejo de administración por medio de operaciones fraudulentas, ponen en peligro la estabilidad económica de la entidad y puede afectar a la economía nacional con perjuicios que alcanzan cifras millonarias. En este caso la prescripción es de tres años.
Una vez que llega la denuncia a la sede judicial se encuentra con circunstancias imprevisibles, acumulación de trabajo, normas de reparto, averías o cualquier otro incidente imprevisto.
Con estos planteamientos y con la lectura de la Constitución se llega a la conclusión incontrovertible de la imposible elevación a derecho fundamental la extinción de la responsabilidad criminal por el paso del tiempo. Por ello, el Tribunal Constitucional, que tiene limitada constitucionalmente su intervención en las decisiones judiciales a los casos de vulneración de los derechos y garantías constitucionales, no puede entrar, sin desbordar sus límites, en el análisis de la aplicación de un artículo del Código Penal cuya aplicación corresponde exclusivamente a los tribunales del Poder Judicial.
La prescripción no es un dogma. Cede cuando se trata de delitos que afectan a la conciencia de la comunidad internacional (genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra). En muchos países, además, los delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos se consideran también imprescriptibles sin que la sociedad ni los principios generales del derecho hayan sufrido el más mínimo rasguño.
La seguridad y certeza que deben acompañar a la aplicación del derecho penal exigen reglas claras y objetivas. Cuando el Estado, la sociedad o la víctima deciden que ya basta de olvido y que es necesario perseguir el delito, la forma más nítida de expresarlo es presentar una denuncia en la policía o en el juzgado. Desde este momento, cierto y objetivo, se interrumpe la prescripción. Si han obrado temerariamente o con mala fe, el Código Penal les exigirá responsabilidades por acusación o denuncia falsa.
El hecho de que un juez actúe con mayor o menor rapidez depende de su carácter resolutivo o dubitativo, por lo que la decisión judicial se subordina, como puede verse, al azar, que, en materia penal, es lo más antitético a la proclamada seguridad jurídica que invocan los partidarios de la prescripción elástica.
El valor justicia se ve afectado cuando, además de extinguir la responsabilidad penal, se dice a las víctimas que el delincuente tiene derecho a quedarse con el botín sugiriéndoles, que si quieren reclamarlo, inicien el interminable calvario de un juicio civil como cualquier acreedor haría con su deudor. Nadie entendería que el atracador de un banco conservarse su botín, guardado en una caja fuerte, y en el caso de que el delito hubiera prescrito el banco tuviera que reclamárselo iniciando un proceso civil.
Creo que la decisión de extender los efectos de la prescripción a lo que, en definitiva, constituye un objeto (cantidad de dinero) procedente del delito, devolviéndoselo a los autores del hecho delictivo, es contrario a la naturaleza y extensión de los efectos del paso del tiempo como causa de extinción de la responsabilidad penal.
Es posible que la decisión quepa en el texto literal de la ley, pero resulta incomprensible para los que confían en la racionalidad del sistema jurídico.
Jose Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Carta a Jesús Neira, de Javier Gómez de Liaño en El Mundo
TRIBUNA LIBRE
En apoyo al profesor, que sigue debatiéndose entre la vida y la muerte, el autor, viejo amigo suyo, le envía esta misiva para agradecerle su reconfortante generosidad
Querido Jesús:
Estoy triste y preocupado. Para serte sincero, muy triste y muy preocupado. Tanto, que quisiera saber expresarte diáfana y brevemente mi quebrantado estado de ánimo. Cuando el otro día, estando fuera de España, me contaban lo que te había pasado, se me hizo un nudo en la garganta que no he podido deshacer hasta que me he sentado a escribir estas palabras dictadas por el afecto, la admiración y el respeto, en iguales proporciones. Comprendo, pues, que a Isabel, tu mujer, le tiemble la voz de la desesperanza y que a sus ojos asomen las lágrimas amargas de la sinrazón y el desafuero.
Sé que no puedes verme. Tampoco oírme. Por eso me dirijo a ti. Deseo hacerte reconfortante compañía sin robarte el obligado sosiego. Me propongo intentarlo con buena voluntad y espíritu agradecido. Y como nos dejó dicho Miguel de Unamuno en dos bellos endecasílabos, pido a Dios que en este trance me conserve fría la cabeza, caliente el corazón y la mano larga, como sinónimo de generosa. Sé bien que ésta es una carta que no puede reflejar toda la negrura de lo que te sucedió el pasado 2 de agosto. Las palabras se escogen y la vida no. Sigues en coma cerebral y ante ese sueño forzoso se agotan los adjetivos y hasta puede que mis palabras carezcan de significado.
Hacía más de 10 años que no sabía de ti, salvo las referencias que me llegaban de círculos universitarios. Si no me falla la memoria, y este periódico ha acudido en mi ayuda, la última vez que nos vimos fue a raíz de tu comparecencia como testigo -testigo fiel, según papeles judiciales- en el asunto Sogecable, ese proceso al que hace menos de un mes el Tribunal de Estrasburgo ha puesto punto y final. Lo que mejor recuerdo de ti es que eras un buen profesor de Derecho Constitucional y de otras artes honestas y que, por fuera, tenías el aspecto de un hombre corpulento y recio. Si me lo permites, por tu tamaño y por tu cabeza, parecías un león maduro en el que se adivinaba la estampa del hombre sereno y cultivado.
No llegamos a ser amigos en el sentido del mal uso que habitualmente se hace de este sentimiento. El vaivén de vida nos lleva a ignorar los grados de cercanía que tenemos con nuestros semejantes. Tú sabes que la amistad reside en el corazón y el corazón a veces nos confunde. Quizá sea por culpa del tiempo, ese déspota indomable que pasa tan deprisa que no nos permite tomarle el pulso. Lo que si sé es que sin amigos todos somos demasiados débiles y todos estamos demasiado desnudos.
¿Por qué ese olvido, por qué ese no saber el uno del otro?, me pregunto agobiado por la pesadumbre que tu situación me produce. Lo ignoro, Jesús, y, para colmo de males, encima lo encuentro injusto, cosa que me duele porque me hubiera gustado conocer el motivo para ponerle coto. Y como todo hay que decirlo, también te confieso que me tiembla el pulso cuando echo la mirada atrás y veo a todos, absolutamente a todos, los hombres de aquella época desapacible. En la escuela de lealtades que es la amistad manda la memoria y tú y tu tragedia me la refrescan para la más certera evocación de una década que en estas mismas páginas, que seguro leíste, ya califiqué de dolorosa, por mucho que el poeta cante que la memoria es el único olimpo de donde no podemos ser desterrados.
Mas al margen de este emocionado recuerdo de nuestra relación, quisiera dejar constancia de que tu actitud ante esa mujer que estaba siendo agredida no pudo ser más noble y por ende más plausible. Lo pregono con voz alta. Gestos como el tuyo no son nunca producto de la casualidad. Todos tenemos nuestra escala de valores y de nada sirve querer volver la espalda a la evidencia. Tú, por defender a una mujer indefensa, como por socorrer al desvalido o porque se haga justicia eres capaz de dar la vida y además sin pensar que por ello alguien cante, al son de trompetas, tu actuación.
La mejor manera de que a uno nada le pase es el no hacer. Eso no ofrece duda. Yo, como tú, prefiero la apuesta arriesgada a la efímera y hasta aburrida comodidad. Sin embargo, todos sabemos que ése es un equilibrio muy difícil y comprometido. Ante un panorama tan hosco, en el que predominan los tonos grises de los hombres deshabitados, a mí me reconforta contemplar tu generosidad sin fisuras, ni titubeos. Séneca encontraba más corto el camino del ejemplo que el de la doctrina porque el hombre, al buen sentir del pueblo, ha de ser un espejo para el hombre.
Según la encuesta de EL MUNDO, un 47% de ciudadanos estaría dispuesto a proceder como tú lo hiciste. No es mucho, pero está muy bien. El miedo suele frenar la heroicidad, pero cuando ese miedo se pierde, la solidaridad, que es pariente cercana de la justicia, se siente gobernada por la ley de los vasos comunicantes que rige las conductas. Como bien dice Pascal, el deber se conoce no sólo por la mente sino también por el corazón. Para mí que con tu actitud pierden razón quienes piensan que la raza humana degenera. Es evidente y a tu comportamiento me remito, que todavía quedan hombres que no los parte un rayo porque están hechos de un material de óptima clase.
Se dice que todas las tragedias son iguales, pero esto no es siempre verdad. Todas son equivalentes, sí, porque todas nos llenan de dolor. Sin embargo, no es lo mismo estar en trance de muerte dulce, lo que pudiera ser incluso una bendición del cielo, que estarlo por culpa de la violencia de un mal hombre, lo que quizá pudiera tomarse como una venganza del diablo contra el hombre bueno que le planta cara. Doctores en psiquiatría y médicos forenses tiene la sacrosanta Justicia, pero para mí que tu agresor es, como mínimo, un energúmeno difícil de sosegar al carecer de frenos inhibitorios. Es hecho probado que a un maltratador no hay brida que le aplaque.
Ignoro si eres creyente, pero, para lo que quiero decirte, es igual. Sólo Dios sabe lo que la vida nos depara, pues los hombres no somos capaces de leer su pensamiento. Camilo José Cela, cuya figura enorme da nombre a la universidad en la que impartes tus lecciones, a menudo recordaba a Cervantes cuando decía que la muerte no es segador que duerme las siestas porque a todas horas siega y corta así la seca como la verde yerba. La cuestión estriba en que los hombres no elegimos nuestra vida y tampoco nuestra muerte. Hay instantes en los que podemos gobernar la suerte, aunque también haya ocasiones en que la fatalidad nos golpea sin misericordia.
Te estás peleando con la enfermedad, mejor dicho, con la muerte, pero tú acabarás venciéndola. Y si es verdad lo que afirma Epicuro de que los deseos se dividen en naturales y necesarios, naturales y no necesarios, y en ni naturales ni necesarios, el mío, en esta hora y en buena ley, debe convertirse en necesaria realidad. Como dice tu mujer, has de vivir, porque crees en la vida, militas insobornablemente en la religión de la vida y vives, antes que para ninguna otra cosa y lo has demostrado, para defender la vida. Además, si como se lee en Dante el amor es capaz de mover el Sol y las estrellas, entonces haz caso a Isabel que sabe bien que el amor es la mejor hélice de la vida y de sus deleites.
Por lo demás y aunque esto no sea lo que ahora importe, parece ser que algunas y no leves negligencias se cometieron en la asistencia sanitaria que te dispensaron con ocasión de la agresión sufrida. No soy nadie para juzgar a nadie y menos para hacerlo respecto a hechos que conozco muy elementalmente, pero si es cierto que los doctores que te atendieron no cumplieron con su deber, a la cabeza me viene aquella ironía, no exenta de desasosiego, de Ionesco cuando en La cantante calva sostiene que un médico debe morir con el enfermo si no pueden sanar juntos. No quiero decir con esto que los facultativos que te vieron hayan de dejar este mundo si tu lo dejas, pero sí que si ha habido negligencias, que cada palo aguante su vela.
Me despido de ti con aquello que un buen amigo me dijo hace años: «Jamás olvides que los siete colores del arco iris están en el alma y que, mientras los veas, todo irá bien».
Un abrazo de mayor cuantía.
Javier Gómez de Liaño es abogado y magistrado excedente.
© Mundinteractivos, S.A.
Sobre el racismo en las aulas, de Juan Goytisolo en El País
Imaginemos un plató de televisión -no hace falta mucha imaginación para ello, lo podemos ver a diario-, en el que, con el tirón del título ¿Qué piensas de tus vecinos?, la persona invitada, consciente de su visibilidad mediática, responde a las preguntas del presentador:
“¿Te llevas bien con ellos?”.
“En general, sí”.
“¡Ah! y ¿sólo en general? ¿Alguno te fastidia en particular?”.
“Tanto como fastidiar… a veces, sí”.
“Cuenta, cuenta”.
“Bueno, con esa gente ya se sabe”.
“¿Vienen de afuera?”.
“Sí”.
“¿Qué les reprochas? ¿El ruido, la promiscuidad?”.
“El griterío que arman, no te dejan ni dormir”.
“Claro, sus fiestas”.
“Se lían a gritos hasta en la escalera”.
“Tienen muchos críos, ¿verdad?”.
“Más de la cuenta”.
Etcétera.
Trasladémonos ahora a un centro escolar en el que los alumnos de secundaria son invitados a marcar una crucecita indicativa de su apreciación positiva o negativa en una decena de casillas en las que se lee: Gitanos, Marroquíes, Judíos, Europeos del Este, Africanos, Asiáticos, Latinoamericanos, Estadounidenses…, y pongámonos en la piel de una muchacha o de un joven que, en el brete de valorar a una comunidad que tal vez desconocen, darán una respuesta basada, no ya en la experiencia propia de las aulas, sino en los prejuicios de la opinión ajena: “Esa gente no es como nosotros”, “Tiene costumbres extrañas”, “Viene de forma ilegal”… Cuanto han oído en casa, en la calle o en el metro se concreta de golpe ante la casilla en blanco.
Escribo esto a propósito del reciente estudio llevado a cabo, con las mejores intenciones del mundo, por el Observatorio de Convivencia Escolar, organismo dependiente del Ministerio de Educación, sobre el racismo y los prejuicios étnicos existentes en las aulas de toda España, y cuyas conclusiones han sido para muchos, mas no para mí, “un jarro de agua fría”.
Dejando de lado la conveniencia de tales encuestas -asunto sobre el que vuelvo luego-, sus resultados no constituyen ninguna novedad, ya que repiten los que figuraban en la realizada en la pasada década en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Muy poco glorioso palmarés de los prejuicios del estudiantado coincidía casi con el actual. En el primer puesto de la clasificación discriminatoria se hallaban los gitanos. En el segundo, los magrebíes; en el cuarto (¡frótense los ojos de asombro!), los judíos. Venían a continuación los iberoamericanos y africanos… El tercer lugar -cuya casilla fue borrada en la actual encuesta- correspondía (¡frotémonos de nuevo los ojos!) a los catalanes: ¡una singular manifestación de convivencia interpeninsular que nada tenía que ver por aquellas fechas con el Estatut ni con las competencias económicas reclamadas por la Generalitat!
Entendemos muy bien, por razones de elemental corrección política, que los encuestadores del Foro de Convivencia Escolar se abstuvieran de incluir la casilla correspondiente a los catalanes.
Pero entendemos menos bien algunos puntos de la encuesta y, sobre todo, su divulgación. Pues, ¿es útil escarbar en los sentimientos y pulsiones más bajos del ser humano respecto a las diferencias raciales, éticas, religiosas o sociales? La denuncia de los acosadores, tanto en las aulas como fuera de ellas, y la defensa de los acosados son un deber primordial: nos concierne a todos.
Pero preguntas de la índole “¿Te gustaría trabajar o compartir estudios con un gitano, un magrebí o un judío?” ¿ayudan a combatir la discriminación? No estoy convencido de ello. Ya que si la convivencia en las aulas con algunas de las comunidades gitanas en la encuesta puede plantear problemas que la política educativa del Estado debe resolver con la energía y serenidad que se imponen, ¿cuántos alumnos frecuentan a compañeros judíos y se inquietan ante la idea de trabajar codo a codo con ellos? Su número es insignificante: se trata de judíos mentales.
Y, sin embargo, el 56,5% del alumnado se muestra reacio a convivir con quienes sólo conoce de oídas. ¿No será entonces, me pregunto, la propia encuesta y la casilla vacía, las que activan dicho rechazo? Las estadísticas pueden ser útiles a condición de que se manejen con prudencia.
Si la bestia del racismo anida potencialmente en el ser humano, no contribuyamos a despertarla con el noble propósito de combatirla con los instrumentos que nos procuran las ciencias de la información.
El contenido de muchos espectáculos televisivos volcados en la exposición nauseabunda de lo privado en la esfera pública es un elocuente indicativo del peligro que acecha al planteamiento y la difusión de algunas encuestas que, al interpretar la realidad, consciente o inconscientemente, la deforman o alteran.
Juan Goytisolo es escritor.
¿Es Karadzic un criminal de guerra?, de Henry Kamen en El Mundo
TRIBUNA LIBRE
A propósito de la detención y entrega a La Haya del ex líder serbobosnio, el autor reflexiona sobre el concepto de ‘crímenes de guerra’, analizando su origen y evolución a lo largo del siglo XX
El concepto de crímenes de guerra es una novedad del siglo XX. No había crímenes de guerra antes de la victoria de los Aliados sobre Alemania y Japón en 1945. Al acabar la II Guerra Mundial, los vencedores decidieron usar métodos judiciales para castigar a los asesinos y revisar las reglas de la guerra. En los Juicios de Núremberg de 1945 y 1946, se colgó a 11 dirigentes criminales de guerra alemanes. No es muy conocido que tribunales semejantes en Asia, especialmente uno en Tokio (1946-48), también condenaron a muerte a unos 900 políticos y generales japoneses. ¡Dios sabe que los vencedores tenían motivos suficientes para estar indignados! Eran totalmente conscientes de las masacres perpetradas por los agresores. En 1937, en la ciudad china de Nanking, los japoneses masacraron sistemáticamente a 300.000 personas y violaron a 20.000 mujeres. Se estima que 20 millones de soldados y 40 millones de civiles murieron como resultado de la agresión germano-japonesa que condujo a la II Guerra Mundial.
Los vencedores se sintieron con el derecho de castigar a los vencidos, y eligieron el criterio de crímenes de guerra. Sin embargo, el problema era cómo definir tal crimen. No existía una definición judicial del delito antes de Núremberg, de modo que a los nazis condenados se les ejecutó por acciones que no eran crímenes en el momento en que se cometieron. Los expertos legales que guiaron a los jueces durante los Juicios de Núremberg se hallaron ante una tarea enormemente difícil; aún hoy existen profundas diferencias de opinión entre los abogados. Un abogado estadounidense, hermano del presidente Eisenhower, informaba: «Los Juicios de Núremberg son una página negra en la Historia del mundo… He discutido la legalidad de estos juicios con algunos abogados y con algunos de los jueces que participaron. No intentaron justificar sus acciones sobre ningún fundamento legal».
¿Qué es un crimen de guerra? Las acciones que se toman en contra de los soldados no se consideran normalmente crímenes de guerra. El concepto de crimen se refiere principalmente a acciones que se dirigen contra civiles. Estas acciones incluyen la exterminación en masa de civiles por su raza (genocidio), destrucción incontrolada de la propiedad civil, uso indiscriminado de terror contra civiles, y así sucesivamente. Más sencillamente, el Tribunal Penal Internacional, constituido en La Haya en 2002, define crímenes contra la humanidad como crímenes cometidos en un conflicto armado pero dirigido contra la población civil. Los delitos considerados criminales se revisan constantemente. Entre los últimos actos definidos como crímenes, por ejemplo, se encuentra el de violación en masa.
Sin embargo, se ha cuestionando tanto la naturaleza del crimen de guerra como la validez del Tribunal Penal Internacional como tribunal para enjuiciar a los involucrados en la guerra serbo-bosniana. Hasta ahora el Tribunal ha recibido la adhesión de 107 países. Pero algunos de los más grandes, como Rusia, China, Estados Unidos e India, han declinado dar su apoyo formal. Esto indica que la definición de crimen de guerra, y la validez de los tribunales, sigue estando en serias dudas. La crítica principal -hecha, por ejemplo, durante el juicio de Slobodan Milosevic entre 2002 y 2006- es que los juicios por crímenes de guerra son siempre políticos y, por tanto, motivados por intereses propios e injustos. Esta fue en su momento la crítica fundamental en contra del Tribunal de Núremberg, que fue visto por algunos como un tribunal partidista constituido por los victoriosos, con un propósito específico de venganza. El senador estadounidense Robert Taft hizo una famosa declaración por entonces sobre Núremberg: «Todo el juicio está marcado por el espíritu de venganza, y la venganza rara vez es justicia. La ejecución en la horca de 11 hombres será una mancha en la Historia Americana que lamentaremos durante largo tiempo».
Estas críticas también se pueden hacer al Tribunal Penal Internacional en su intento actual de juzgar a Radovan Karadzic. Ha habido crímenes contra la humanidad en todas partes del globo, sobre todo en Africa Occidental, en Camboya, en Timor Oriental y en Darfur, pero los factores políticos siempre han complicado el proceso. En el corazón del concepto de crímenes de guerra existe la idea de que unos pocos individuos son los responsables de las acciones de un país o de sus soldados. ¿Pero son realmente ellos los únicos culpables? ¿En qué fase la responsabilidad criminal de un pueblo, una cultura, un régimen y un gobierno debe reducirse a una sola persona? ¿O debería ser la misma guerra la que tendría que cargar con la culpa? Me encontraba la semana pasada esperando en el metro de Londres, cuando vi un anuncio para el Museo Imperial de la Guerra de esa ciudad. El anuncio afirmaba inequívocamente que toda guerra es criminal. Si es verdad, entonces todos los actos de guerra pueden considerarse criminales. Todas las naciones tienen las manos manchadas de sangre.
Por ejemplo, los mismos fiscales rusos que ayudaron a condenar a los nazis en Núremberg, encubrieron el hecho de que sus propias tropas habían, unos años antes, masacrado a 22.000 oficiales del Ejército polaco en el bosque de Katyn. El Gobierno ruso no admitió el crimen hasta 1990. Las guerras más inhumanas son aquellas dirigidas contra países indefensos. Muchos estadounidenses han argüido, con buenas razones, que la invasión de Irak por parte de George W. Bush fue criminal. La guerra de Bush ha sido responsable de más muertes estadounidenses que Al Qaeda en Nueva York hace siete años. Además, hay que añadir que decenas de miles de iraquíes han muerto también desde que empezó la invasión. Un abogado estadounidense que participó como fiscal en Núremberg ha declarado recientemente que «se puede presentar a Estados Unidos como culpable del supremo crimen contra la humanidad, por constituir una guerra ilegal de agresiones contra una nación soberana (Irak)». Y, por supuesto, lo mismo se puede decir de todas las acciones militares a lo largo de la Historia. Siguiendo la misma definición, si retrocedemos hasta el siglo XVI, el ataque que Hernán Cortés y sus aliados indios dirigieron contra el pueblo azteca en 1520, que provocó la masacre de más de 200.000 personas inocentes, la mayoría civiles, fue un crimen de guerra masivo. ¿Se atreven los libros de Historia a declarar la verdad sobre esto?
En la publicidad que hoy rodea el arresto de Karadzic, hay un sentimiento palpable de pública satisfacción. No hay duda alguna de los sanguinarios excesos que deliberadamente cometieron las fuerzas militares dirigidas por Radovan Karadzic y su general Ratko Mladic. Sólo hay que observar la impresionante evidencia que contiene el acta de acusación inicial que redactó Richard Goldstone contra los dos hombres en 1995, con respecto a sus actividades en Bosnia (especialmente las acciones en Sarajevo, Srebrenica y Banja Luka), para darse cuenta que los serbios se habían convertido en bárbaros. La condena de Karadzic, considerado culpable de la muerte de 20.000 personas, sería un gesto simbólico importante. ¿Pero resolverá las causas reales del sangriento conflicto en Bosnia? ¿Favorecerá que se eviten tales conflictos en el futuro?
Uno tiene la sospecha de que el juicio en La Haya será poco más que un circo romano, en el que los perseguidores intentarán aislar y destruir a la presa indefensa. Los jueces que le condenen demostrarán que han defendido a la civilización contra la barbarie. Podremos dormir mejor, esperando al próximo líder provincial, en quien sabe qué rincón del mundo, para soltarnos otra Banja Luka, otra Srebrenica. Una vez más otra gran potencia, dirigida tal vez por Obama, empezará una nueva invasión en algún lugar. Y, cuando todo haya acabado, sólo el líder provincial aparecerá ante el Tribunal Penal Internacional, y una vez más dormiremos tranquilos sabiendo que otro criminal de guerra ha sido capturado.
Henry Kamen es historiador; su último libro publicado es Imagining Spain: Historical Myth & National Identity (Yale University Press, 2008).
© Mundinteractivos, S.A.
Hay… untamientos, de Enrique Badía en Estrella Digital
El juego de palabras, un tanto jocoso, circula hace tiempo por la Red recogiendo episodios de presunta o constatada corrupción municipal, sólo que no es asunto para tomar a broma ni desgraciadamente las administraciones locales son el único reducto público donde se han instalado gradaciones de comportamiento delictivo. Ayer mismo se supo que cinco cargos del anterior Gobierno de Baleares controlado por el Partido Popular (PP) han sido detenidos a partir de diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades cometidas en su etapa de gestión.
Partiendo de que un solo caso ya resultaría excesivo, huelga expresar la calificación que merece la frecuencia con que se van conociendo episodios de presunta o constatada corrupción en ayuntamientos y comunidades autónomas, sin que ningún partido pueda presumir que estar por completo libre de padecerlos en sus filas. La pregunta inevitable es ¿por qué?
Algunas veces –no todas- se ha vinculado la corruptela a presuntos circuitos ilegales de financiación de los partidos, pero más común es que se hayan percibido muestras de prosperidad patrimonial o nivel de vida de responsables municipales o autonómicos sospechosamente coincidentes con el inicio del desempeño de su responsabilidad política.
Una parte de las dudas que tal proliferación suscita es la eficacia de los controles internos de funcionamiento establecidos en las administraciones. Otra, tanto o más importante, se refiere al grado de sensibilidad que existe en los partidos respecto de la conducta de sus dirigentes o militantes ejerciendo cargos públicos de responsabilidad.
La mayoría de veces sorprende la perezosa reacción cuando uno o varios de los suyos resultan incursos en investigaciones y procedimientos de presunto comportamiento delictivo. La justificación que suelen esgrimir es el precedente de casos en los que, tras la correspondiente denuncia, el veredicto de los tribunales ha sido del todo exculpatorio para el encausado, pero también existen ejemplos de lo contrario que podrían justificar una reacción más contundente cuando aparecen indicios. La realidad es que impera la sensación de que son demasiado reacios a reconocer que en sus filas se pueda haber instalado la corrupción.
El daño a la credibilidad del sistema es incuestionable y por ello valdría la pena que entre todos tomasen un poco más en serio la evidencia de que los casos de corruptela probada son más abundantes de lo que permitiría considerarlos excepción.
Una tarea probablemente pendiente es extremar las medidas de control interno de las administraciones local y autonómica, siquiera tomando el ejemplo de la central, donde los casos de irregularidad, presunta o probada, son menos frecuentes. O incluso revisar algunas zonas de excesiva discrecionalidad ejecutiva, por lo que puedan suponer de tentación. Otra, no menos importante, sería que los partidos establecieran sus propios mecanismos de vigilancia, entre otras cosas sobre la palpable prosperidad de algunos de sus cargos públicos. Y una más, al menos, actuar de forma más contundente cuando las evidencias se acumulan un poco por encima de lo casual.
También, como complemento, sería oportuno fijar mecanismos legales por los que las denuncias sin fundamento –que las hay- tuvieran que hacer frente a una sanción penal: sería un modo de evitar que las emprendidas por simple ansia de revancha, personal o política, salieran gratis cuando no tienen más finalidad que dañar el prestigio, la credibilidad y en el fondo las opciones electorales del rival.
Lo que parece poco o nada aconsejable es seguir dejando las cosas como están.
Karadzik o la justicia internacional selectiva, de Augusto Zamora R. en Rebelión
Püblico
La reciente captura de Radovan Karadzic –el perseguido y denostado dirigente de los serbo-bosnios en las atroces guerras étnicas que destruyeron la Yugoslavia de Tito– y su fulminante remisión al Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia trae a la memoria el tema de la justicia universal y sus más connotados brazos ejecutores: los tribunales internacionales creados por Naciones Unidas, de 1993 a la fecha.
El más importante de ellos es el Tribunal Penal Internacional (TPI) que, aunque aprobado en 1998, no nació jurídicamente hasta 2002. Su trascendencia no ha impedido que tenga escaso desempeño, a lo que debe agregarse un dato singular, como que el TPI ha concentrado sus acciones en África. Los tres únicos expedientes que tiene abiertos son africanos: Congo, Uganda y el genocidio de Darfur, con el problema de que Sudán –igual que EEUU– no ha reconocido al TPI. Desde su creación, este tribunal sólo ha conocido un caso, el abierto contra Thomas Lubanga, líder de la Unión Patriótica Congolesa, una guerrilla de niños-soldado acusada de haber reclutado, matado o incitado a matar a jóvenes menores de 15 años en la provincia de Ituri, entre 1998 y 2003. Detenido en marzo de 2005, fue entregado pocos meses después al TPI. Pero no es Lubanga el único responsable de crímenes en África. En la Segunda Guerra del Congo murieron casi 4 millones de personas, la mayoría refugiados. De los demás jefes poco se sabe. Algunos son jerarcas de multinacionales, que financiaban las guerras étnicas para obtener, a precios irrisorios, metales preciosos como el tantalio, o los casi siempre ensangrentados diamantes africanos, cuyo uso debería prohibirse por ética.
Antes que el TPI, se crearon varios tribunales ad hoc, cuyos objetivos son muy expresivos. En 1993 se creó el Tribunal para la Ex Yugoslavia y en 1994 el Tribunal para Ruanda. En agosto del año 2000, el Consejo de Seguridad (CS) estableció un Tribunal Especial por acuerdo con Sierra Leona. En 2001, Camboya y la ONU crearon un tribunal para los crímenes del Jemer Rojo. En marzo de 2005, el CS remitió la crisis de Darfur al TPI, siendo la primera vez que el CS remitía un caso a dicho tribunal. En 2007, el CS creó un Tribunal Especial para Líbano, que juzgaría a los responsables del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri y otras 22 personas, cometidos en 2005.
En el ínterin, se han sucedido episodios singulares (como el intento de enjuiciar en España a Pinochet) y otros terribles, de venganza pura y dura, disfrazada de justicia, como los juicios –y posteriores ejecuciones– en Irak, del derrocado presidente Sadam Hussein y miembros de su gobierno. El caso de Sadam puso en evidencia el doble rasero moral y legal con que se vienen aplicando los sagrados principios de la justicia y la moral internacionales. Sadam Hussein fue ejecutado en 2006, tras una parodia de juicio, por la muerte de 148 iraquíes. Israel, desde el año 2000 y hasta julio de 2006, había matado a 783 niños palestinos. En su última agresión contra Líbano, en 2006, Israel dejó más de 1.500 muertos y daños materiales incalculables.
Los magnicidios en Líbano, como señaló un informe del Secretario General de la ONU, significaron la muerte de tres personalidades políticas y de otras 22 personas. En Darfur se habla de unos 300.000 muertos. Charles Taylor está acusado de provocar, directa o indirectamente, unas 200.000 muertes en Liberia. Pero éstas y otras cifras resultan exiguas comparadas con el holocausto iraquí, donde los muertos, desde la invasión de EEUU, oscilan, según contabilidades, entre los 650.000 y los 3 millones de personas. Se trata de la mayor matanza de civiles desde los bombardeos masivos contra Vietnam del Norte en los años 70. Para ninguno de estos crímenes existen tribunales, ni ningún gobierno ha planteado siquiera la obligación moral y legal de constituirlos.
Si de números se trata y tomamos Líbano como punto de partida, ¿no sería más justo y perentorio investigar los crímenes de la OTAN en Afganistán? Según la Cruz Roja Internacional, solamente desde el pasado 4 de julio han muerto más de 250 civiles a causa de los bombardeos de la OTAN, unos 700 desde el inicio de 2008. Diversos estudios cifran los muertos entre 2001 y 2008 en unos 25.000 civiles, a manos de la ISAF ¿Y qué decir de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino, condenado, encerrado en ese inmenso campo de concentración llamado Gaza? ¿O los crímenes de Rusia en Chechenia, que han quedado enterrados bajo un manto de petróleo?
Los tribunales especiales y el TPI enjuician a ciudadanos del Tercer Mundo, sin más excepción que el caso de la ex Yugoslavia, un país de la Europa periférica que osó enfrentar en el peor momento a la maquinaria militar de la OTAN. Salvo grupos de Derechos Humanos o expertos en Derecho, nadie plantea el enjuiciamiento de ningún gobernante o ex gobernante del Primer Mundo, aunque sus crímenes estén probados, la lista de ellos sea extensa y las víctimas se cuenten por millones, de Serbia a Afganistán.
Peor que una justicia internacional incompleta es una justicia internacional desfigurada, selectiva y sometida a intereses políticos. Con el juicio a Karadzic se quiere cerrar el capítulo yugoslavo, dejando a los países de la OTAN –culpables del crimen de agresión y otros más– limpios como patena y puros como ángeles. A Karadzic hay que juzgarlo, pero al tiempo que se sientan con él otros no menos culpables.
El Tribunal Especial para Sierra Leona lo financian, en un 75%, cuatro países (EEUU, Holanda, Gran Bretaña y Canadá). España aporta 300.000 euros. El Tribunal para la ex Yugoslavia lo forman 16 jueces, 10 de los cuales son europeos o de la OTAN. El de Ruanda lo forman otros 16. Tres son africanos, por cinco de la OTAN. El TPI lo forman también 16 jueces, 9 de ellos provenientes de países de la OTAN. Las sedes de estos tribunales están todas en Holanda. La justicia universal la paga y juzga Occidente desde Occidente. Es más justicia occidental, que no universal. Así pasa lo que pasa.
Augusto Zamora es profesor de Derecho Internacional en la UAM y embajador de Nicaragua en España.
Los rigores de De Juana, de Javier Ortiz en Público
En estos últimos días los medios de comunicación han recogido acríticamente, cuando no jaleándolas, muchas afirmaciones demagógicas e infundadas relativas a la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos.
Cuando una persona próxima a alguna de las víctimas de De Juana habla del caso, no tiene sentido exigirle ni rigor jurídico ni mesura. La ira le ciega, y es muy comprensible. Cabe reclamar algo distinto, en cambio, a los políticos, juristas y periodistas, la mayoría de los cuales no está haciendo nada para poner las cosas en su sitio, proporcionar datos veraces a la ciudadanía y aclarar conceptos básicos.
Un ejemplo: el pasado sábado oí afirmar a una de las dirigentes de nueva hornada del PP que resulta inaceptable que un asesino como De Juana pueda quedar en libertad. No dijo “…tan pronto”, sino “en libertad”, a secas. Se ve que es partidaria de que haya personas que permanezcan recluidas en prisión hasta su postrer suspiro. Pero, dado que esa propuesta choca con la Constitución, que excluye la cadena perpetua, ¿por qué no anunció que su partido pondrá en marcha una iniciativa parlamentaria para reformar la ley suprema? ¿O es que hablaba tan sólo para darse ínfulas ante la galería?
Otro ejemplo: se ha insistido hasta la saciedad en la falta de arrepentimiento de De Juana y de otros miembros de ETA que son excarcelados tras cumplir largas condenas. Tal como se presenta el asunto, se diría que están todos deseando quedar libres para volver a poner bombas. La estadística dista mucho de confirmar esa presunción. Prueba más bien lo contrario. Han sido contadísimos, casi anecdóticos, los casos de ex presos de ETA veteranos que han vuelto a las andadas. Es posible que no renieguen a voz en cuello de su pasado, por razones imaginables, pero en la práctica demuestran estar escarmentados. O anulados. O hartos del combate.
Quizá conviniera, ya que de eso se habla, que alguien informara a la ciudadanía de los efectos psicológicos devastadores que tiene pasar veinte años en la cárcel. Están muy estudiados. Equivalen, por entendernos, a media pena de muerte.
¿Que media les parece poco? Pues vale: exíjanla entera. Retrátense.
