Una mujer en la historia, de Manuel Castells en La Vanguardia
OBSERVATORIO GLOBAL
Ha muerto Ruth Cardoso de Leite. El mundo oficial la recordará como la primera dama de Brasil entre 1994 y 2002, una primera dama muy querida por su pueblo y que siempre tuvo personalidad propia. El mundo académico la recordará como una de las mejores antropólogas urbanas de América Latina, catedrática de la Universidad de São Paulo, profesora en París y en Berkeley, creadora de escuela y maestra de generaciones de estudiosos de la sociedad a partir de la observación de las comunidades urbanas. El mundo de la lucha contra la pobreza la recordará como la fundadora de Comunidade Solidária, una red de 1.300 organizaciones de base centradas en la mejora de la vida en las localidades más pobres de Brasil mediante el apoyo a la autogestión de programas sociales en dichos lugares.
El mundo feminista la recordará como la feminista práctica que centró su esfuerzo en concienciar, organizar y apoyar a las mujeres realmente existentes en los sectores populares de Brasil y de América Latina. El mundo de la resistencia contra las dictaduras en Brasil y en el continente americano la recordará como la militante política - clandestina o no según los momentos-, independiente de los partidos pero cercana de la gente, centrada en conseguir avances reales de democracia más allá de las fantasmagorías ideológicas que rodearon su tiempo en América Latina. El mundo de sus amigos la recordaremos como la mujer serena y sonriente por cuyo rostro nunca parecieron pasar los años, y cuyo dulce hablar le permitía decidir las cosas más serias e incluso las más espinosas con una sensatez convincente que transformaba la polémica en reflexión compartida.
Porque Ruth transmitía paz en un mundo atormentado. Y su gente, la gente de su Brasil que siempre llevaba en el corazón, de su São Paulo con un sentido profundo de hogar perdurable en la globalidad que vivió, su gente la recordará como la doctora Ruth, la mujer en quien siempre podían confiar, la mujer sin miedo pero sin rencor, la mujer comprometida con los objetivos de la política y ajena a las mezquindades de la política. La mujer que, como primera dama, fue capaz de salir en la televisión criticando la ley del aborto que el partido de su marido apoyaba, motivando que el presidente, o sea su marido, la cambiase. Todo ello sin acrimonia, sin oponerse a su marido por afirmación personal, sino simplemente lo hacía cuando pensaba que no tenía razón en esa y en otras muchas cosas. Eso explica que su popularidad fuera aún más alta que la de su marido (que fue un presidente muy popular).
Recuerdo en uno de los viajes con mi mujer durante la presidencia de Cardoso la pintada que vimos en las paredes de un barrio popular: “Fernando Henrique, no. Doña Ruth, sí”. Pero nunca se le ocurrió jugar a la Hillary. Porque ella estaba en otra cosa, estaba en cambiar las cosas desde abajo, con la gente y a través de la participación de la gente. Pensaba que la política, y por tanto los partidos, las elecciones, la presidencia, eran instrumentos imprescindibles del cambio, pero no era lo suyo y siempre se pensó como complementaria.
Mientras su marido fue senador, ella permaneció en su piso de São Paulo, en su cátedra universitaria y en su trabajo comunitario. Cuando tuvo que asumirse como primera dama inventó una función para sí misma, aparte de desempeñar con dignidad, pero lo mínimo posible, sus tareas protocolarias. Trató de utilizar el prestigio de su situación, pero no el presupuesto del Estado, para crear su programa de organizaciones comunitarias en las zonas más pobres del país. No para hacer de Evita, sino para solucionar problemas concretos a personas concretas, con la menor publicidad posible y sin instrumentalización política. Creó una fundación que financió con donaciones que pidió a las grandes empresas, sin vinculación política con su marido y con plena transparencia contable. Por ejemplo, pidió, y obtuvo, de una empresa de automóviles un real por coche vendido. Negoció acuerdos con las universidades para que sus estudiantes hicieran trabajo comunitario. Y se puso de acuerdo con las redes de asociaciones existentes en toda la geografía brasileña para dotarlas de recursos y reforzar su participación en las políticas sociales. Recuerdo una visita con ella en la cooperativa de mujeres de Mamiraua en la selva amazónica, donde pude observar cómo las mujeres indias discutían de todo con doña Ruth, sin complejos, sin servilismo, y como ella se sentaba durante horas a ver cómo iba la gestión de la cooperativa. Y la vi negociar con los aldeanos que se lamentaban de que la protección de las especies les privaba de la pesca de la que dependía su subsistencia y su única fuente de ventas.
Y consiguió trocar autocontrol de los pescadores pescando dentro de límites a cambio de la mejora de sus condiciones de vida. Su ecologismo, su feminismo, su lucha por la democracia y contra la república de caciques que persiste en Brasil se rigieron siempre por ese sentido práctico de ir poco a poco, pero sin pausa, haciendo que la gente asumiera la gestión de su propia vida y contribuyendo con los recursos que pudo a incrementar esa autonomía. Comunidade Solidária continúa. Es uno de sus legados. Porque tiene otros muchos Y todos ellos, todo lo que nos dejó se alberga en el lugar más perdurable: en las mentes y en el corazón de quienes supimos de ella o de quienes supieron de quienes supimos.
Y así la recordará su pueblo. Y sus compañeros. Y sus colegas intelectuales. Y sus amigos. Y su familia, su marido, sus hijos y esos nietos a los que tanto esfuerzo y amor dedicó. Ruth Cardoso de Leite fue una mujer multidimensional que hizo historia simplemente siendo ella, sin proclamas ideológicas, con esa determinación profunda de quien hace todo porque es lo que hay que hacer. Y su serena sonrisa seguirá dibujándose en el cielo de los cafetales que la vieron nacer.
Justicia ciega, de Santiago González en El Mundo
A CONTRAPELO
La Justicia es una dama con los ojos vendados, una balanza en la mano izquierda y una espada en la derecha. La alegoría es incongruente, tal como estampó un sabio desconocido en un graffiti: «No confíes nunca en la Justicia. ¡Es ciega!». Vaya en descargo del anónimo escribano que esto sucedió antes de que se generalizase el lenguaje políticamente correcto, que le habría aconsejado escribir: «¡Es persona ópticamente limitada!».
Los ojos vendados son la imparcialidad, es evidente; la balanza, el símbolo de la equidad, y la espada, la capacidad coactiva de la Ley. El problema es que las tres virtudes son incompatibles entre sí. ¿Cómo podrá una invidente comprobar que los platillos están al mismo nivel? ¿Puede un olfato bien entrenado detectar cuándo el fiel de la balanza está en posición vertical? Y lo que es peor, ¿puede una ciega acertar con la espada donde no ha podido poner el ojo? Chester Himes escribió una soberbia novela, Un ciego con una pistola, en la que un invidente quisquilloso se lía a tiros en el metro de Nueva York porque alguien le ha pisado un callo, hiriendo a varias personas ajenas al pisotón. La expresión violencia ciega era un antónimo de la fuerza de la Ley.
La alegoría de la venda es bastante perturbadora en el caso de la presidenta del Tribunal Constitucional. El Gobierno y los órganos judiciales, las asociaciones de magistrados, han coincidido con la Fiscalía en la inexistencia de delito en su comportamiento. El Supremo decidió ayer el archivo de las diligencias. Santo y bueno, no hay delito. Otra cosa es que el portavoz de Justicia del PSOE se haya estirado para añadir: «No hay nada nuevo que nos permita dudar de la actitud profesional de María Emilia Casas».
Es mucho añadir. Si algo ha dejado este asunto claro es la imprudencia temeraria y la falta de profesionalidad de la presidenta en su conversación con la mujer imputada por el asesinato de su ex marido. Un juez de carrera no habría caído en sus errores: llamar personalmente a un particular para hablar de su caso; hacer una exposición del mismo en vez de limitarse a escuchar, recomendarle que provoque alguna nueva actuación judicial que permita que el caso llegue al TC, «su abogado lo sabe», y añadir dos veces más que, en tal supuesto «ya me vuelve a llamar», cuando había sido ella quien telefoneó a su interlocutora la única vez. Ningún juez, por último, le habría recomendado a un particular una determinada firma de abogados.
No está bien que la presidenta se lleve chapuzas a casa. Sólo faltaría para redondear la imagen de tercermundismo que se va adueñando de la vida pública española que el TC colgara a la entrada de su sede uno de aquellos carteles de las mercerías de barrio de antaño: Se cogen puntos a las medias.
Seguramente, Casas obró movida por convicciones feministas y un afán solidario con quien le pareció una mujer maltratada. El progresismo sustituye a veces la venda por orejeras, lo que lleva a estos errores de paralaje. No siempre. Tomás y Valiente era progresista y ha sido el mejor presidente del Constitucional de la democracia española. Fue elegido con un Gobierno socialista, pero nadie pudo pensar nunca que faltó a la imparcialidad.
Este caso es justo lo que le faltaba al TC para acabar de hundir su prestigio. La presidenta debería comparecer, relatar los hechos y presentar la dimisión, a ver si se establece un precedente. Aquí no se explica ni Dios, con permiso de Blas de Otero. Aunque no sea ciega, a Casas le habría convenido muchísimo quedarse sorda en el mismo momento en que descolgó el teléfono.
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Los juristas sobre María Emilia Casas: “Cometió una gran imprudencia, pero no hay responsabilidad penal”, de Ana Victoria Suárez en El Confidencial
El ambiente de la Judicatura está consternado, pero cierra filas en torno a la presidenta del Tribunal Constitucional. María Emilia Casas tuvo un desliz imperdonable cuando llamó personalmente a una abogada para asesorarla jurídicamente en un caso de violencia de género. “Pecó de buena fe”, insisten los juristas consultados, “nos hubiera pasado a cualquiera” porque nadie sabe que su conversación privada va a ser grabada en medio de una investigación por asesinato. Las escuchas han sido publicadas en los periódicos y en ningún momento se ha puesto en duda la ignorancia de Casas sobre la naturaleza de la letrada, hoy encarcelada por ordenar la muerte de su ex marido. Sin embargo, el hecho de que la presidenta del Alto Tribunal asesore en materia jurídica, y de manera voluntaria, a cualquiera va contra la Ley del Poder Judicial (LOPJ), máxime con la coletilla de “si esto llega al Constitucional, me avisas”.
El artículo 389 de la LOPJ dice textualmente que “el cargo de juez o magistrado es incompatible, entre otras cosas, con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido”. Su aplicación o no a la conversación de Casas lo está estudiando por el momento el Tribunal Supremo. Por su parte, la Fiscalía ya ha pedido el archivo del procedimiento, una actitud compartida por distintas fuentes de la Judicatura consultados por El Confidencial: “No hay responsabilidad penal, pero sí ha sido una gran imprudencia porque la presidenta fue sorprendida por su buena fe. De haber sabido el motivo de la consulta jamás hubiera dado esa información”.
El Consejo General del Poder Judicial no ha querido hacer comentario alguno sobre la posibilidad de responsabilidad ya no penal, sino al menos administrativa. No obstante, alguna de las fuentes apuntó que ni siquiera se trataba de un problema ético, sino “estético”, sobre todo por la frase destacada en los periódicos “a la que no debemos sacar punta”.
El caso llegó al Supremo por la condición de aforada de María Emilia Casas y fue elevado por una juez de la población madrileña de Valdemoro. Esta magistrada había ordenado las escuchas por la investigación del asesinato del ex marido de la abogada que tantos dolores de cabeza le va a proporcionar a la presidenta del Alto Tribunal. Dicha letrada se puso en contacto con Casas a través de una amiga común porque aseguraba que estaba sufriendo malos tratos.
Multa y suspensión de empleo
La Fiscalía considera que la presidenta no ha incurrido en ningún delito. Si el Supremo no lo considerara así, el delito está tipificado por el Código Penal en el artículo 441 por el cual una autoridad pública incurrirá en las penas de “multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años” en el caso de que ejerza una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental a entidades privadas o particulares en un asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo.
En este caso, de “sacar punta” al asunto como desaconsejan los juristas, Casas asesoró a la abogada en materia de violencia de género y por entonces aún se estaba dirimiendo la Ley Integral sobre la Violencia de Género a raíz del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por una juez murciana que cuestionaba la presunta conculcación del principio de igualdad ante las leyes puesto que los varones eran más castigados que las mujeres en esta norma.
El informe del Ministerio Público llegó el pasado lunes al magistrado Manuel Marchena, ponente designado para este asunto. Junto a él, forman parte de la sala que decidirá sobre esta cuestión el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Carlos Granados, Enrique Bacigalupo y Luciano Varela.
El juez en el columpio, de Enrique Cerdán Tato en El País de la Comunidad Valenciana
Se puede tener un sueño o más propiamente una pesadilla, y a la mañana siguiente tratar de evocarla y aun de explicarla, lo que ya resulta un esfuerzo que te puede dejar quebrado. Es el caso de la reciente imputación de María José Contreras, a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, por un supuesto delito de aborto. Personalmente, considero que este respetable funcionario es un Tirofijo de la Justicia o un exabrupto de Hans Arp o Francis Picabia o cualquier otro dadaísta perdido en una arruga del tiempo. Un Tirofijo porque se requiere mucha paciencia y más puntería para acertar, entre cientos y aun miles de mujeres que, en una campaña de solidaridad con las abortistas y las clínicas autorizadas a practicar las interrupciones voluntarias de embarazos, en supuestos legales, se autoinculparon, en un acto genérico y de carácter simbólico. Pues de entre aquellos cientos y aun miles de mujeres de toda España, movilizadas por asociaciones feministas, por lo que se ve, la única imputable era María José Contreras, y el juez ha atinado, a la primera. Buen ojo. Y qué pulso. Por descontado, estando como estaban contra toda lógica y toda parálisis del pensamiento, Arp o Picabia o Duchamp, con su precisión matemática, nos hubieran dejado de este episodio la pintura de un juez con su toga columpiándose en un jardín helado, sobre un fondo de enebros. En su reciente comparecencia en el juzgado, María José Contreras, haciendo uso de sus derechos, se ha negado a declarar, y ante determinadas preguntas solo ha dicho que considera que hay cosas que pertenecen a la más absoluta intimidad de su vida y que, en consecuencia, no daba explicación alguna. Concluyente.
En esta actuación judicial, sorprenden varios aspectos. Uno de ellos, la prisa, y otro, la singularidad. Si la campaña de solidaridad con las abortistas se produjo en febrero, la diligencia del respetable funcionario resulta elogiosa, mayormente cuando conocemos, y así se ha aireado en los medios de comunicación, las lamentables deficiencias de la Justicia, desde la falta de personal a su urgente adecuación informática, para agilizarla en beneficio de todos. Pero esa misma diligencia levanta suspicacias, toda vez que en otros casos, como los de violencia doméstica, se mueven con lentitud, y la imputada que participó en aquellas manifestaciones durante el periodo electoral era candidata de EUPV, donde milita, y esta afiliada a CC OO. Circunstancias que han motivado la preocupación, la sospecha y la protesta de diversos partidos y plataformas, como la del 14 de abril, que consideran que María José Contreras es víctima de una persecución política. Desde EUPV, su coordinadora, Glòria Marcos, estima necesaria una reforma del Código Penal que despenalice el delito de aborto y que “permita a las mujeres decidir de manera libre sobre su cuerpo y también sobre su maternidad”. Por su parte, Marga Sanz, secretaria general del PCPV, ha calificado de esperpento esta situación, que tiene de surreal más que de dadá. Mientras un juez se columpia, sube al frontispicio valenciano de la solidaridad la única abortista simbólica de toda España. Qué panorámica.
El dilema, de Manuel Hidalgo en El Mundo
SABATINA SABATICA
La cuestión de la inmigración es ya crucial y va a ser decisoria y transformadora en los próximos años. El nuevo horizonte revolucionario, parte de la crisis futura del capitalismo, el alumbramiento de las inminentes ideas de cambio político, la quiebra de la paz social, el escenario de la renovada lucha de clases, la superación del cuestionamiento de los fundamentos del humanismo cristiano (derecha) y del principio de solidaridad (izquierda), el ya perfilado giro hacia el conservadurismo de los electorados y muchas cosas más tienen que ver con la inmigración.
Berlusconi da caña a los inmigrantes -como Sarkozy-, la conciencia ética de la izquierda patalea y rechaza los síntomas de xenofobia, pero el temblor de tierra que se vive no permite analizar el problema desde un suelo asentado.
Hay un conflicto de intereses que no se puede eludir: en las zonas burguesas de la ciudad europea, sus habitantes -en el campo empresarial o doméstico- utilizan a los inmigrantes como mano de obra asequible para sus necesidades y no perciben el impacto de su presencia, sino su utilidad. En las barriadas y periferias obreras -los inmigrantes viven allí-, la antigua clase trabajadora constata la incidencia de su irrupción como competencia en el terreno laboral y como conflicto de convivencia que se da, por razones diversas, en el colegio de los niños, en las calles o en el bloque de viviendas.
Ni los ilustrados progresistas de izquierda -que viven en zonas céntricas o en periferias residenciales-, ni la derecha burguesa asentada -que vive en los mismos sitios, con diferencias de matiz- perciben el día a día del problema.
La izquierda política recurre a su patrimonio ético para evitar las medidas xenófobas, mientras que la derecha política -que ahí olvida su presunta influencia cristiana- se hace populista para conectar con el malestar real de los habitantes del extrarradio. Esto es Berlusconi. ¿Qué pasa? Que, como ya dije, la izquierda política asiste atónita al fin de su hegemonía en los diversos cinturones rojos y que la derecha política -ya ha ocurrido en varios países europeos- encuentra, también con asombro, nuevos caladeros de votos en un mar que le había sido refractario: los barrios obreros.
Principios éticos o pragmática electoral, he aquí el dilema que se presenta para los próximos años. La sostenibilidad de lo primero requiere una pedagogía diaria que sólo puede dar frutos (los mejores) a medio plazo. El pragmatismo (sin esencia moral) da resultados a plazo más breve. El problema exige complejas soluciones: posicionamiento público de líderes del pensamiento ético, diálogo entre derecha e izquierda para no tomar unilateralmente posiciones de ventaja, reflexión colectiva e interclasista sobre cómo afecta el fenómeno a los diferentes estratos sociales, medidas económicas supraestatales de alcance global con incidencia sobre los países de los que procede la inmigración. Desde un punto de vista ético no hay dilema: el otro es tu semejante. ¿Y cómo se concreta eso entre la suficiencia y la carencia, entre la tranquilidad y el conflicto?
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Israel: víctimas y verdugos, de Julián Casanova en El País
El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion se convirtió en el primer jefe del nuevo Estado de Israel. Desde entonces, la coexistencia pacífica entre árabes y judíos, que era la base del plan para la partición de Palestina recomendado por la ONU, ha resultado imposible. Al mismo tiempo, en esas seis décadas, se ha producido una inversión del papel representado por los judíos en la historia: de víctimas y perseguidos, traumatizados por la experiencia del antisemitismo y sobre todo del genocidio puesto en marcha por la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial, han pasado a ser los actores principales de una sistemática política de agresión contra sus vecinos árabes y de ocupación militar de sus territorios. El recuerdo del Holocausto, un exterminio racial sin comparación en la historia, es utilizado para hacer callar la oposición a esos actos de agresión del Estado de Israel. La historia y el debate político se funden en ese conflicto.
La hostilidad hacia la raza, la cultura y las tradiciones judías, presente en la historia del cristianismo desde el primer siglo de nuestra era, resurgió con fuerza a finales del siglo XIX en los imperios ruso y austrohúngaro y dividió profundamente a la sociedad francesa, que apenas contaba con residentes judíos, en la crisis política provocada por el affaire Dreyfus. Los judíos fueron identificados por el populismo conservador y católico, especialmente en países como Polonia y Francia, como los precursores del progreso y del capitalismo internacional que destruía los valores tradicionales del mundo rural. En Rusia, grupos organizados, apoyados por oficiales del ejército, asesinaron en esos años a numerosos judíos y saquearon sus propiedades.
Como respuesta a esa oleada de antisemitismo, emergió un movimiento sionista, creado por el húngaro Theodor Herzl, que se propuso como objetivo establecer una patria judía en Palestina, reviviendo una idea que siempre había estado presente en la diáspora de los judíos por Europa y Asia. Miles de judíos comenzaron a emigrar a ese territorio comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que estaba en poder del imperio otomano desde comienzos del siglo XVI, y la Organización Sionista Mundial, fundada en 1897 por el mismo Herzl, actuó como grupo de presión para convencer a los principales dirigentes políticos de la necesidad de crear ese Estado.
Al principio, los colonos judíos vivieron en paz con la población árabe allí asentada. Pero cuando después de la I Guerra Mundial, Palestina pasó a ser administrada por Gran Bretaña y tanto los árabes como los judíos vieron frustradas sus ansias de independencia, las tensiones entre los viejos pobladores, los nuevos colonos y las autoridades británicas aumentaron y alcanzaron su clímax a comienzos de los años cuarenta, coincidiendo con el Holocausto, en un periodo en el que casi 100.000 judíos llegaron ilegalmente a Palestina.
Gran Bretaña fue incapaz de ofrecer una solución al conflicto y en 1947 le pasó el problema a la recién creada ONU, en un escenario internacional de simpatía hacia el pueblo judío por su sufrimiento en los campos de concentración nazis. Los árabes palestinos, apoyados por todos los árabes de los países vecinos, rechazaron la independencia de Israel y al día siguiente de que Ben Gurion la declarara oficialmente, el país fue atacado por una coalición militar formada por Egipto, Siria, Líbano e Irak. Los judíos del nuevo Estado los derrotaron.
Comenzaba así la historia de Israel, con una guerra como acto fundacional. El principal desafío consistía en consolidar ese Estado independiente, en integrar a los numerosos grupos de inmigrantes que llegaban desde diferentes partes del mundo, en crear una agricultura y una economía que alimentara a esa creciente población, que ha pasado de menos de un millón de habitantes en diciembre de 1948 a más de siete millones en la actualidad. La economía agraria inicial, dominada por la intervención del Estado, evolucionó hacia la liberalización y el crecimiento económico acelerado, con un cambio generacional que incorporó desde finales de los años ochenta, frente al poder social y cultural de los ortodoxos rabinos, algunos de los valores del capitalismo occidental.
Todos esos logros, sin embargo, fueron acompañados, especialmente desde 1967, desde la Guerra de los Seis Días, por la ocupación militar de sus territorios vecinos. Israel reproduce de esa forma el método de conquista que esclavizó a los propios judíos en Europa en los años treinta y cuarenta. La resistencia por parte de los árabes, cada vez más violenta y organizada por grupos terroristas, es respondida por Israel con masivos castigos y ataques sobre la población civil. La derecha religiosa, basándose ella misma en principios racistas y de superioridad, rechaza los derechos nacionales de los palestinos.
Por otro lado, la memoria del trauma del Holocausto ha condicionado la posición de las democracias occidentales, que nunca se han opuesto enérgicamente a la política militar de Israel en los territorios ocupados. Resulta una paradoja de la historia, de la relación entre el pasado judío y el presente de Israel, que la idea del “espacio vital” haya sido utilizada por Israel con el fin de extender su base territorial, que quienes fueron víctimas sean ahora verdugos. Es un buen momento para recordarlo, sesenta años después de la creación del Estado de Israel.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
El señor juez está ocupado, de Juan Carlos Escudier en El Confidencial
Resulta que, de repente, de un día para otro, como al descuido, se nos ha paralizado la Justicia. Los señores que la gobiernan en animado Consejo encargaron un informe a raíz de los trágicos errores cometidos en el caso de la niña Mari Luz Cortés y descubrieron con asombro que había 270.000 sentencias no ejecutadas y que disponían de menos informática que los habitantes de Altamira. Esto debió de ser un martes porque el lunes iba todo como la seda ya que, en caso contrario, el susodicho Consejo hubiera actuado con la celeridad que le caracteriza.
El informe en cuestión ha dado las recetas oportunas para solventar el súbito caos, que consisten, básicamente, en unos ordenadores del Media Markt conectados en red y formar a los interinos de los juzgados, que son un poco zotes, y luego hacerles fijos, porque los que ya están en plantilla son profesionales como la copa de un pino. Con esas dos recomendaciones el enojoso asunto puede darse por resuelto.
Los inspectores del Consejo sólo observaron “cierta descoordinación” en el personal titular e insuficiencias estructurales en la gestión de los juzgados, lo que traducido al castellano quiere decir que el esquema de un magistrado y un secretario se queda corto. Por supuesto, y salvo las excepciones que salen en la Prensa, sus señorías son aplicadísimos y probos funcionarios, esforzados destajistas del Derecho, que despachan los asuntos sin desmayo 24 horas al día a mayor gloria de esa mujer de los ojos vendados y su balanza. Por eso, en todos los Juzgados de España hay siempre una luz por la noche, como en la habitación de Franco en el Pardo.
Por resumir, no es que muchos jueces curren menos que el ángel de la guarda y que no conozcan lo que es el horario vespertino, sino que los becarios tienen poca experiencia. No es que, en clara dejación de funciones, no se apunte en una agenda las fechas límites para evitar que los asesinos queden en la calle; lo que falta es un sistema, que habrá que encargar a Microsoft, para que el ordenador genere automáticamente una alerta del tipo “o prorrogas la prisión de fulanito o la cagas”, y que lo haga por la mañana, que siempre hay más gente pendiente de la pantalla.
A raíz del concienzudo trabajo dado a conocer por el Consejo General del Poder Judicial, las miradas se han vuelto hacia el ministro de Justicia, que tendrá sus cosas el hombre, que ha podido estar distraído con la reforma del piso ministerial que hemos pagado entre todos, pero que, con seguridad, se ha visto sorprendido por el colapso provocado en cuestión de horas. No hay caos sino retrasos injustificados ha venido a decir Bermejo, devolviendo la pedrada al Tercer Poder.
Vaya por delante que cualquier reforma que se plantee en el futuro ha de partir de la base de que los magistrados forman, esencialmente, un colectivo de seres puros junto a otros también puros aunque olvidadizos. Por eso, no les han de ser aplicables las reglas del común. Esto es, si un médico mata por error a un paciente, según en qué casos, puede acabar en la cárcel; si un juez deja suelto a un criminal y éste mata a una niña, se le aparta de carrera temporalmente para que reflexione y así aumenten las sentencias no ejecutadas de su negociado.
Por otra parte, culpar a los jueces de la situación de la Justicia es un disparate. ¿Acaso no se recuerdan sus movilizaciones constantes para reclamar más medios y hacer la vida más sencilla a los ciudadanos? ¿Alguna vez han pedido algo para sí mismo, ya sea más sueldo o más plus de productividad?
Por poner un pero al laborioso ejercicio contable ejecutado –éste sí- por los servicios del Consejo cabría reseñar un tema menor como es de la igualdad ante la ley, ya que es evidente que la lentitud la sufrimos todos. ¿No ha tenido que esperar una ristra de años el mismísimo Emilio Botín a que se proclamara su inocencia en ese asunto tan desagradable como las cesiones de crédito en la que se usaban muertos como titulares de depósitos? ¿Cuántos más tendrá que esperar ahora que se investiga un presunto ‘donativo’ a la familia Rato en forma de agua mineral para que su nombre vuelva a quedar impoluto y bajo en sodio?
Es cierto que con el principio de igualdad ante la ley siempre se exagera. En algunas ocasiones, además, ello redundaría en el atasco judicial. Supongamos por un momento que la Fiscalía Anticorrupción, que ha de estar ocupadísima, hubiera decidido intervenir en el fichaje de David Taguas, ex responsable de la Oficina Económica de Zapatero, por SEOPAN. Alguna mente retorcida puede establecer que el ofrecimiento del cargo no se debe a futuras intervenciones del amigo de Miguel Sebastián ante la Administración a favor del gremio de constructores, sino a favores ya realizados desde su puesto en Moncloa. ¿Sería justificable ante los contribuyentes que el señor fiscal perdiera tiempo y dinero por una mera suposición sin fundamento?
Sea como fuere no hay por qué alarmarse. Casos como el Mari Luz o el de la devolución de la patria potestad al padre que abusó sexualmente de sus hijas son anecdóticos. Estadísticamente, es muy difícil que nos toque, aunque sea de refilón, vivir situaciones semejantes. ¿Para qué preocuparse?
El estado de la Justicia, de Enrique Badía en Estrella Digital
El reconocimiento de que unas 270.000 sentencias penales están pendientes de ejecución en España tiene una parte loable, por lo que supone de transparencia, pero quizás debería ir acompañado de algo más contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primero, pero también de los gobiernos —central y autonómicos— con competencias en la materia, después. El dato, por espectacular, es indicativo del estado que atraviesa la Administración de Justicia en términos de eficacia y probidad. ¿También de algo más?
La evaluación llevada a cabo por los servicios de inspección del Consejo no queda claro si considera o no los efectos de la huelga que recientemente han mantenido los funcionarios de las comunidades autónomas a las que no se han transferido plenamente las competencias… si es que tales efectos se pueden medir a fecha de hoy. En todo caso, las causas esenciales vienen de lejos, van más allá de las consecuencias de un conflicto laboral y tienen bastante de índole estructural. Con el añadido de que las cosas no van mejor en el resto de jurisdicciones; es posible que algunas incluso vayan peor, si no en ejecución de fallo, en duración del procedimiento y plazo de resolución.
Que la Justicia no funciona como debería se ha convertido en una especie de lugar común. Parece que la sociedad cuenta con ello y lo tiene catalogado como uno de esos asuntos que no tienen solución: lo malo es que los representantes políticos parecen participar de idénticas actitudes y percepción. Hace pocas semanas, un medio informativo propuso a sus habituales una pregunta aparentemente sencilla: ¿puede funcionar la economía sin que funcione la Justicia?
Las cifras son llamativas, más apropiado sería decir escandalosas, pero aún lo es más que no pase nada: ¿a nadie sonroja?, ¿nadie siente inclinaciones a renunciar a su puesto?, ¿nadie admite responsabilidad o culpa?, ¿nadie se va a su casa…? Lo máximo a lo que se llega es a expresar preocupación.
No menos chocante resulta que sea un diagnóstico sobre el que no se discrepa: incluso los dos grandes partidos estatales, a menudo incapaces de ponerse de acuerdo hasta en la hora o el clima, comparten la idea de que es un asunto grave que convendría arreglar. Tan es así que la Justicia ha sido, en los últimos años, el único aspecto de la gestión pública en el que han sido capaces de suscribir un pacto de Estado, además de lo relativo a la lucha antiterrorista. Aunque, la verdad, sin resultados tangibles que reseñar.
Como acostumbra a pasar en el ámbito público, la tesis más socorrida es que falta personal, desde jueces a funcionarios de apoyo, correlativo al aumento de causas que se ha producido en los últimos años. Un argumento difícil de combatir, puesto que se vierte en forma genérica, sin aportar datos concretos sobre la correlación entre unos y otros, la evolución del número de asuntos resueltos por dependencia y, en definitiva, las ratios de productividad de jueces, juzgados y tribunales. Pero, en todo caso, resulta difícil admitirlo, ya que elude explicar por qué en unas dependencias judiciales se dan más atascos que en otras, incluso en una misma demarcación, o por qué unos titulares de juzgado son más o menos productivos que su predecesor o sucesor al frente del mismo. Por no mencionar qué misterio impide un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar.
Fuera por las razones que fuese, la presión corporativa y la iniciativa política se aunaron en la etapa constituyente para asegurar el grado de autogobierno de los jueces. Se eligió para ello el modelo italiano, entonces muy de moda, pero no parece que haya resultado ser el mejor.
Hace tiempo que el funcionamiento de la Justicia no admite parches: requiere una profunda transformación que nadie parece dispuesto a emprender o siquiera patrocinar de verdad. ¿Servirá la contundencia de los últimos datos para cambiar de actitud?
¿La fiesta del ‘precariado’?, de Joan Subirats en El País de Cataluña
Hace ya años, la Fundación Friedrich Ebert, vinculada al partido socialdemócrata alemán y para nada susceptible de ser tachada de radicalismo alternativo, publicó un estudio, Sociedad en proceso de reforma, en el que utilizaba el término Prekariat para referirse a los grandes cambios que se estaban produciendo en un mercado de trabajo que ha ido transformando a los asalariados estables en trabajadores permanentemente en precario. Si buscamos en fuentes autorizadas, encontramos “inseguro, apurado, escaso,… se aplica a la manera de estar en un cargo o situación cuando no se está con plena seguridad o derecho” (Diccionario María Moliner). El término había sido ya utilizado por un grupo de activistas italianos vinculados al movimiento libertario y fue después popularizado a través del Fórum Social Europeo. Hoy la expresión nos recuerda la proliferación casi estructural de formas de vinculación laboral que poco tienen que ver con lo que conocíamos en plena época fordista.
Hace pocos días la consejera de Trabajo, Mar Serna, expresaba, con razón, sus temores ante una progresiva dualización del mercado de trabajo. No hay duda de que España ocupa el primer lugar en Europa en el número de trabajadores temporales. Hace un par de años, un estudio de ESADE (Ana Laborda) informaba de que si bien tenemos uno de cada 10 trabajadores de la Unión Europea, concentramos uno de cada cuatro de los trabajadores temporales. No descubrimos nada si examinamos el muy desigual nivel de sindicación que se da por sectores, por edades o por orígenes, lo que sin duda redunda en diferentes niveles de protección. En efecto, los sindicatos han visto debilitada su presencia en las nuevas formas de contratación, por el incremento de las llamadas formas especiales de empleo y la inestabilidad y la movilidad que ello comporta para los trabajadores, por la disgregación de los colectivos de trabajo, por la rotación contractual, el miedo a la no renovación del contrato en caso de mostrar voluntad reivindicativa y también por lo difícil que es incorporar sindicalmente a los trabajadores precarios en un contexto de crisis de las garantías colectivas en el mundo del trabajo. Hemos asistido a una lenta pero persistente revisión del modelo de empleo “para toda la vida” con contrato indefinido a tiempo completo y de las carreras de larga duración en el seno de las empresas, un modelo que prometía una movilidad social ascendente. Hoy es la progresión constante de las llamadas “formas flexibles de empleo” lo que caracteriza el nuevo acceso en el mercado de trabajo. No es, pues, extraño que hayan ido apareciendo formas de lucha de los colectivos más vulnerables (trabajadores de comida rápida, del comercio o de la limpieza, becarios…), con estructuras que incluyen afiliados y no afiliados, mezclando sectores y organizaciones. Sin duda, los sindicatos han de ir incorporando esas nuevas realidades, evitando el enquistamiento que puede provocar la propia fuerza interna de colectivos muy sindicalizados y asimismo muy protegidos de la temporalidad.
Hay muchas formas de precariedad. La brevedad del contrato, la constante rotación de tareas, la desconexión entre formación y empleo, con la infravalorización que ello supone, y la frecuente combinación de temporalidad y bajos salarios se mezclan de manera muy diversa. Todo ello genera que bajo el paraguas de la precariedad podamos encontrar tanto personas con formación de posgrado relativamente satisfechas por la flexibilidad que tienen a pesar de la temporalidad de sus vínculos, junto a aquel otro que siente frustración por recibir un salario casi mínimo cuando contaba con una formación que le había generado otras expectativas, y junto a ellos, un inmigrante con contratos de semana en labores de construcción o limpieza, y un joven que sirve en una hamburguesería o está en la caja de una cadena de supermercados. Todo ello agravado por razones de sexo, de edad o de origen.
Los alemanes hablan de una combinación de resignación y de falta de expectativas cuando se refieren al abgehängtes Prekariat, una especie de precario dependiente o desconectado que, a pesar de la aparente contradicción que encierra la expresión, muestra la idea de exclusión y de ruptura de futuro que todo ello puede encerrar para quienes menos recursos formativos tengan para resistir esa flexibilidad sin seguridad. Antiguamente, el precario era aquel que rezaba (del latín prece). Seguramente, hoy la gran cantidad de precarios que pueblan nuestras ciudades, sea porque trabajan con contratos temporales, sea porque están endeudados de manera muy notable y son por tanto muy vulnerables ante el futuro, mantienen esa parte de esperanza, de fe, pero también de impotencia, que deja en manos del externo al que se reza la propia suerte. En este capitalismo financiero, mucho más interesado por el consumo que por la producción, el precariado empieza a ser algo existencial y por tanto generalizado. Se esta convirtiendo en una condición estructural que refleja la nueva relación entre capital y trabajo inmaterial, y de esta manera se extiende a ámbitos no estrictamente laborales, afectando tanto a los que ya son precarios como a aquellos que pueden serlo. Será preciso buscar nuevas respuestas políticas a esa nueva realidad estructural. Es cada vez más difícil valorar la labor de personas que desempeñan trabajos de fuerte contenido inmaterial, e incluso la propia definición de productividad se complica. Por ello, se refuerza la idea de una renta básica como garantía mínima, que logre recuperar la idea que la nueva productividad depende más de la cooperación que de la jerarquía y de la competencia. No basta con regular la precariedad si no nos planteamos trabajar en la transformación del sistema que la ha generado.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
Grândola, vila morena…, de Mikel Arizaleta en Gara
La bella canción de José «Zeca» Alfonso, banderazo de salida de la Revolución de los Claveles de Portugal el 25 de abril de 1974, dice así: «Grândola, villa morena/ tierra de fraternidad,/ el pueblo es quien más ordena/ dentro de ti, oh ciudad….. En cada esquina un amigo/ en cada rostro igualdad… A la sombra de una encina/ de la que no sabía su edad/ juré tener por compañera Grândola, tu voluntad…».
Inicio de vida nueva en una Portugal de prisión, policía y dictadura. Artemio Zarco nos recordaba en «Zazpika» la novela «Bienveillantes» de Jonathan Littell, el norteamericano de USA que escribe en francés, su otra lengua madre: «un país al que fue a caer con tres años y del que ha acabado escapando también para refugiarse desde hace un año en Barcelona». «Las benévolas» (RBA en castellano. Quaderns Crema en catalán), «una vasta y magistral novela que se adentra en el corazón de todas las tinieblas de la mano de Maximilian Aue, un verdugo nazi encargado de exterminar sin miramientos todo lo que se le ponga por delante». Zarco nos comenta el miedo «del que nos ha dotado el instinto de conservación como señal de peligro para que adoptemos las medidas de salvación adecuadas», miedo que en determinados momentos se convierte en elemento paralizante, convirtiéndonos en colaboradores sumisos de nuestra propia aniquilación. El judío, que llevaba de la mano a su hijito de tres años y su mujer a un recién nacido en brazos, rogó al verdugo de las SS, que le conducía: «¡Señor, por favor, fusile bien a los niños!».
Porque parece novela pero no lo es. El lunes de madrugada partieron, de nuevo, hacia Madrid un puñado de vascos, 27 imputados en «el caso Gestoras-Askatasuna». Un tribunal especial de la España colonial, el mismo TOP de la España dictatorial, destinado, como otrora, a condenar la solidaridad con los presos políticos de nuestro pueblo, el puño rebelde vasco que desde 1977 se viene organizando en comités de solidaridad y apoyo, porque nosotros sí somos conscientes de que «llevamos cadenas,… de que somos esclavos aunque nos llamemos hombres libres». Porque «la prisión más segura es aquella en la que los presos se creen libres porque así queda conjurado el riesgo de una fuga o una rebelión». Y los 27 imputados, que en la madrugada del 21 de abril de 2008 partieron para Madrid, nos dejaron escrito con letra roja solidaria en la niebla y lluvia de la noche negra: «Vamos a ir orgullosos y a juzgar al estado español, que es el verdadero responsable de nuestra cárcel y la dictadura de nuestro pueblo». El gran problema puede surgir cuando la jaula se instale en el interior del pájaro. Vivo en un país, Euskal Herria, en el que toda la vida he conocido presos políticos, primero con Franco y el príncipe Juan Carlos, y luego con el rey Juan Carlos y Suárez, Felipe González, Aznar y Zapatero, a los que ellos siempre, antes y ahora, les tildaron con palabras coloniales como sabandijas, indeseables, bandoleros, fascistas… En realidad son rebeldes, son Grândola, vila morena, pelean, luchan, escriben, piensan y trabajan… por una Euskal Herria libre, enamorados de su pueblo y su cultura, igual que en Palestina, África del Sur, Irlanda… Queremos ser ciudadanos libres en una Euskal Herria libre. Nada más, pero tampoco nada menos. Y, sobre todo, no queremos monsergas de gente sumisa y plegada y menos de gente verduga y colonial, que se acerca con pistolas y enmascarados a las tres de la mañana a romper nuestras puertas y robar nuestros potros. Con Franco igual que con Zapatero y sus «socialistas descoloridos», la misma cantinela, los mismos carceleros de siempre, los servidores de la España colonial, los mismos torturadores de antaño.
¿Recuerdan? El próximo octubre hará un año. Ocurrió en uno de estos tribunales de la España colonial y torturadora. Fue el 24, en medio del juicio masivo 18/98 contra el independentismo vasco. Entre los peritos por parte del gobierno socialista de Zapatero un guardia civil torturador. Y el torturado, Mikel Egibar, uno de los acusados, estaba presente. Se levantó airado y denunció públicamente al guardia civil torturador, y la presidenta-juez, Ángela Murillo, le espetó -no al verdugo sino al torturado-: «¡Siéntese! ¡Cállese!». Les recuerdo que no es ficción, ni novela. Ocurrió el 24 de octubre de 2007 en una sala ampliada de la Audiencia nacional -Casa de Campo- ante tres magistrados. También denegó un careo entre Nekane Txapartegi, violada con el caño de una pistola, y los agentes. «Era imposible que la Audiencia Nacional aceptara esas peticiones; hacerlo supondría reconocer que hay una persona torturada y que la tortura existe». Porque el gobierno, el de Franco y el de Zapatero, niegan que haya tortura, al igual que niegan que haya presos políticos vascos.
Ni entonces, ni tampoco ahora, se alzaron ni se alzarán los sumisos y plegados, ni denunciaron ni denunciarán con garra la tortura o las cadenas, ni entonces ni tampoco ahora elaborarán estos mociones en ayuntamientos y parlamentos en pro de estos solidarios de presos y presas de nuestro pueblo. A esos 27 que partieron para Madrid, a un juicio político con sentencia previa escrita, y que van a ser juzgados en una sala de esa audiencia nacional donde se hace callar al torturado y acusar al torturador, queremos enviarles en este abril de revolución y bombardeo de Gernika nuestra canción solidaria y rebelde Grândola, vila morena…, que sonó en la madrugada del 25 de abril de 1974 a las 0.20 en radio Renascença, porque compartimos el pensamiento, la lucha y la rebeldía solidaria de estos 27 compañeros y compañeras por los presos políticos vascos. La rebelión y el puño en alto no es cosa pasada salvo para sumisos y esclavos. Grândola, vila morena…
La pedagogía social del miedo, de Gregorio Morán en La Vanguardia
SABATINAS INTEMPESTIVAS
Paremos un momento el reloj de la costumbre y detengámonos a pensar en lo que estamos haciendo. Comencemos la secuencia. Acabo de llegar al aeropuerto y me coloco en la fila de facturación. He de pensar en el peso; me excedo o me quedo corto. No sé si el equipaje de mano me traerá problemas. ¿El frasco de la loción? Las maquinillas del afeitado ¿están permitidas? ¿Y la colonia? ¿Tiene el tamaño correcto? El agua mineral debo comprarla después de pasar los controles. ¡Los controles! Quítate la ropa -menos el pantalón y la camisa-, incluido el cinturón y probablemente -depende del día que tenga el segurata- también los zapatos. Y si aprecia un gesto esquivo, entonces te tocará los testículos, con guantes o con un cacharrillo que emite los sonidos de un perro de juguete. Pero te los toca, y el culo y todo tú entero, lo que le dé la gana, y no se te ocurra decirle que te parece una humillación, porque con toda probabilidad perderás el vuelo, y te hará saber de primera mano que allí tú eres un siervo, que debes estar callado, que por tu condición de esclavo de la modernidad más absoluta, es decir, viajar en avión, no tienes más remedio que aguantar y callar, y si quieres ejercer el derecho al onanismo -es decir, protestar- tienes unas hojitas de reclamaciones con las que sacarán brillo a los zapatos los empleados de la sección de atención al cliente.
Pero lo más alucinante aún no ha llegado, porque usted está pensando en que su equipaje de mano no le llame la atención al tipo que lo observa en la pantalla, y que la chica que le ha pedido que extienda los brazos para pasarle el aparatito por todo el cuerpo, y sin rechistar, no dé otros pitidos que aquellos que puedan explicarse. Llevo tirantes, tengo una prótesis metálica, me gusta llevar una cadenita de oro de mi mamá, en fin, las chorradas que cada cual se ha construido y que debe explicar con las manos extendidas. En general, digámoslo de una vez, usted no está inquieto por ninguna otra cosa que no sea pasar de una puta vez el control, quitarse de encima las bandejas, el tono imperioso del segurata…y al fin verse libre, ¡libre!, mientras se recoloca el reloj, va metiendo los utensilios más inverosímiles que no había detectado que eran de metal y asegurándose el cinturón como si saliera del baño… Pero respira tranquilo, ya está al otro lado de la barrera que separa los sospechosos de los normales. Si lo pensara un sólo momento no daría crédito a lo que se le ha ocurrido, pero es verdad; resulta que un segurata le ha concedido el crédito necesario para penetrar en el lugar de embarque.
Sí, sí, ya lo sé. Usted ha pagado una cantidad considerable para que le permitan viajar, pero el que le ha dado el auténtico visado de ciudadanía es un resto del naufragio de la vida, un segurata, parado hasta anteayer y al que han puesto un uniforme y unas instrucciones dignas de barracón de legionarios. Pero lo peor no ha llegado. Es posible que usted lo haya oído pero no se ha dado cuenta porque lo importante está en pasar la barrera, quedar en el lado de allá, donde uno es libre de caminar, ir a su puerta de embarque, e incluso permitirse comprar alguna cosa, si es que el establecimiento lo permite y previa muestra de la tarjeta de embarque. ¿Comunitario o extra-comunitario? O lo que es lo mismo, ¿con IVA o sin IVA? Me imagino que usted, como todo el mundo, se habrá preguntado de dónde sacarán la gente que trabaja en las tiendas que están en el lado bueno y libre del aeropuerto. ¿Ellos pasan los controles? Los vendedores de los aeropuertos son gentes especiales, de seguro, desdeñosas, como si ya lo hubieran visto todo y tú al fin y al cabo no fueras más que el cliente enésimo que trata de hacer una pregunta idiota. ¿Alguna asociación de consumidores ha controlado alguna vez las tiendas de los aeropuertos?
No es que estén libres de impuestos, es que están libres de todo.
Los aeropuertos, amigo mío, son el territorio emblemático del siglo XXI. Deberían promover excursiones de niños para que les enseñaran con todo detalle los aeropuertos. Si en el siglo XX lo habitual consistía en mostrar zoológicos y museos de ciencias naturales, yo propongo que se haga algo similar con los aeropuertos. En ellos está un condensado del siglo XXI. De sus miedos, de sus obsesiones. Pero insisto en que no ha llegado lo peor. No se habrá dado cuenta, porque estaba concentrado en el paso del control y las escenas patéticas o cómicas que lo rodean, como cuando se cruzaba la frontera de Berlín y estaban los vopos y todo el mundo ponía mala cara. Ahora no, ahora hasta los más hirsutos ejecutivos se vuelven del género lanar cuando el segurata de turno les dice con gesto imperativo, “vuelva a pasar y quítese todo lo que lleve de metal”. Como ganado, literalmente. Y ganado sumiso, porque lo hay salvaje, o eso nos contaban a los que íbamos a los museos de historia natural, ay, hace ya tantos años.
¿Y qué carajo es lo peor? Disculpe que se lo diga, porque probablemente no se ha dado cuenta. Lo más humillante para un ciudadano que se cree que el Estado vela por sus intereses se traduce en una voz susurrante e insistente que le repite, como una letanía: “Por su seguridad, mantenga sus pertenencias vigiladas en todo momento”. Es decir, que un ejército de seguratas y policías no sirven para nada mientras la voz del Gran Hermano reitera por los altavoces con tono grave, “Por su seguridad, mantenga sus pertenencias vigiladas en todo momento”. O lo que es lo mismo, no se crea que por estar en la zona de los que pueden ir por su propio pie hasta las puertas de embarque, está usted libre de un asalto, un robo, una celada. Vigile. El enemigo está a su lado. Mantenga sus bolsas agarradas, porque nadie podría evitar que se las robaran, y nosotros no tendríamos ninguna responsabilidad en su candor de inocente.
¡Mantente vigilante! Y entonces cabe preguntarse, ¿por qué aceptamos esos ejércitos de seguridades privadas, si no son capaces de garantizar nada, ni siquiera tu propio dominio? Pues muy sencillo, quizá porque sirven para mantener el miedo y el miedo no sólo guarda la viña, además otorga una sensación de seguridad a quien lo sufre. Al delincuente, es obvio, le importa una higa. Le puedo garantizar que cualquier profesional de medio pelo puede pasar el arma que desee por cualquier sistema de seguridad industrial de los aeropuertos. Ningún servicio de espionaje se toma en serio los sistemas de seguridad de los aeropuertos. Sólo sirven para intimidar al personal y darle la impresión de miedo; ese elemento fundamental en la pedagogía social del siglo XXI. Y sobre todo, nada de gestos individuales. Si protestas, hazlo en grupo, porque si te crees eso de la dignidad del individuo, te chulearán y además perderás el vuelo (y el dinero).
Fíjense si el asunto será escandaloso, que la normativa según la cual usted puede o no llevar un champú, o un biberón de niño, es uno de los secretos mejor guardados por la Unión Europea siguiendo consignas de los departamentos antiterroristas de Estados Unidos. Pero es curioso, usted cuando pisa un aeropuerto, por su seguridad, ha de convertirse en sospechoso, pero las compañías aéreas aprovechan ese afán obsesivo por la seguridad frente al terror para hacer lo que les peta. La máxima autoridad del control aéreo norteamericano acaba de tomar la decisión de suspender 4.000 vuelos, digo bien 4.000 el pasado 7 de abril, porque la arrogancia del lobby aéreo se pasaba por el arco de triunfo cualquier seguridad de vuelo. O lo que es lo mismo, mientras los ciudadanos acumulan confianza sufriendo su miedo en los controles, las compañías se atreven con la seguridad de sus pasajeros.
¡Quién nos iba a decir que el sueño totalitario del Gran Hermano que nos habla por el altavoz, y nos exige vigilancia, y nos hace responsables de su incompetencia, no era un fenómeno de la economía centralizada y del Partido único, sino de la economía de mercado en su grado más alto de desarrollo! Por su inseguridad nos piden que seamos siervos. Y nosotros, siervos, aceptamos.
Yo también he abortado, de Javier Ortiz en Público
Bueno, no es verdad que yo también haya abortado, ni de acuerdo con la ley actual ni al margen de ella, mayormente porque nací hombre y los hombres preñamos sin preñarnos, pero sí que he abortado por connivencia y complicidad, y en algún caso como colaborador necesario.
Escribiré unas pocas líneas sobre esto último.
Hubo un tiempo en el que en España la maternidad estaba mucho más difícil que ahora, que ya es decir. Entonces, quienes vivíamos en tierras algo menos yermas que éstas (en Francia, en mi caso) ayudábamos como podíamos a las mujeres que nos pedían socorro.
Me pesan en el recuerdo tres casos de mujeres que abortaron con mi ayuda en Francia en los años setenta porque, hechos sus cálculos más elementales, no podían permitirse algo que sin embargo las atraía, y mucho: ser madres. Y sufrí con ellas su frustración, en lo que me fue dado.
Hubo una cuarta a la que no pude ayudar porque ni siquiera tuve ocasión y que se nos murió desangrada: Adela, “nuestra flor alavesa, roca guipuzcoana, hierro vizcaíno”, como tan hermosamente cantó en euskara Natxo de Felipe en aquellos años, cuando la mayoría ni siquiera tenía noticia de la historia de la que trataba su triste canción.
Yo, que sé muy poco de paternidades y casi nada de maternidades, pero que he visto a algunas mujeres llorar, enteras pero deshechas a la hora de tomar esa tremenda decisión más relacionada con sus sueños que con sus ovarios, me sumo al clamor soterrado de cuantas dicen que un Gobierno que afirme que no está entre sus principales prioridades ayudar a esas crías (porque suelen serlo) a encarar su propia vida con la necesaria dignidad no sólo no se merece nuestro voto: es que ni siquiera se merece nuestro desprecio.
Yo no he abortado. Pero, si bien lamento que algunas mujeres lo hayan hecho obligadas por una realidad legal, social y política a la que no podían hacer frente, con la ilusión que les habría proporcionado no verse forzadas a ello, no lamento menos, y por las mismas razones, que otras se abstuvieran de abortar, con el favor…
En fin, dejémoslo estar.