La lengua obligatoria, de Josep Ramoneda en Domingo de El País
Un ciudadano de Cataluña que lo desee puede vivir en este país sólo con la lengua castellana; un ciudadano de Cataluña que lo desee no puede vivir sólo con el catalán. Ésta es la asimetría sobre la que está construido el Manifiesto por una lengua común que la prensa conservadora madrileña ha convertido en el juguete político de la temporada. Para un catalanohablante, el bilingüismo es obligatorio; para un castellanohablante, no. Es una peculiar interpretación de la equidad lingüística.
El alegato por la lengua común, que hace el castellano obligatorio, pero no las lenguas propias de cada comunidad autónoma “porque hay una asimetría en las lenguas españolas oficiales”, se funda en la idea convertida ya en mito de que “son los ciudadanos los que tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas”. Pero, por lo visto, hay ciudadanos con más derechos lingüísticos que otros porque tienen que aprender una sola lengua, mientras que los que hablamos catalán tenemos que aprender dos.
En coherencia con la afirmación de que los derechos lingüísticos son de los ciudadanos, se dice que “las lenguas no tienen derecho a conseguir coactivamente hablantes”. Pero la solidez del principio de referencia no aguanta ni cinco líneas. Porque inmediatamente después se precisa que el castellano es “obligatorio”, y, por tanto, puede ser impuesto, mientras que la aspiración a que todos sepan el catalán (o el vascuence, o el gallego) a lo sumo puede ser “estimulada”. ¿Por qué? Porque el castellano es la lengua común del territorio español. O sea, que hay territorios con derechos lingüísticos y otros que carecen de ellos, de modo que los principios fundamentales del razonamiento -los que enfáticamente afirman que los territorios no tienen derechos lingüísticos- son adaptables en función del lugar.
Dicen los autores del manifiesto que su inquietud es estrictamente política. Por eso el manifiesto concluye con unas notas o recomendaciones para un decreto de unificación lingüística que elevan al Parlamento español con la petición de que se desarrolle la normativa correspondiente, aun en el caso de que exigiera modificación de la Constitución o de algunos estatutos. Todo su alegato parte de la obligación constitucional de saber el castellano, pero la Constitución deja de ser intocable si se trata de garantizar más todavía la hegemonía de este idioma. De modo que el manifiesto es una invitación explícita al PSOE y al PP a poner orden lingüístico en las naciones periféricas e, implícitamente, una señal al Tribunal Constitucional para que no desaproveche la oportunidad de revisar el Estatuto de Cataluña. La irrupción del nuevo PP de Rajoy en apoyo del manifiesto demuestra las limitaciones de la renovación de la derecha: quiere forjar alianzas con los nacionalistas periféricos, y lo primero que hace es darles donde más les duele: en la lengua.
Los conflictos entre lenguas son siempre delicados y difícilmente admiten soluciones definitivas, salvo en regímenes que estén en condiciones de imponer una lengua a sangre y fuego. Puesto que éste no es el caso, siempre habrá puntos de roce y opciones insatisfactorias para unos u otros. Hace tiempo que sabemos que el retablo social en que todas las piezas encajan perfectamente es del dominio de la utopía, es decir, del horror. En Cataluña se optó, con amplio consenso político y social, por la inmersión lingüística. No fue un capricho. Fue una opción con un doble objetivo: recuperar la lengua propia y evitar la fractura del país en dos comunidades idiomáticas. Ha funcionado razonablemente. A pesar de algunas estridencias, perfectamente evitables, de los que todavía sueñan con la absurda fantasía de un país monolingüe en catalán. Los jóvenes acaban los estudios básicos conociendo los dos idiomas, y después es ya la dinámica social la que determina los usos. Y en ésta el castellano todavía juega con mucha ventaja. En Cataluña se hablan hoy decenas de lenguas, ¿no empieza a ser antiguo este debate?
¿Cuál debería ser el objetivo? Una sociedad realmente bilingüe. Es decir, una sociedad en la que cuando uno inicie una conversación en catalán tenga la certeza de que le responderán en catalán y cuando uno la inicie en castellano tenga la certeza que le responderán en castellano. Éste sería un equitativo ideal regulativo. Pero a día de hoy, el bilingüismo es todavía perfectamente asimétrico a favor del castellano. Y, sin embargo, el manifiesto pretende que asumamos que el castellano sea obligatorio y el catalán no. ¿No eran algunos de los firmantes los que decían que las lenguas que se imponen obligatoriamente se hacen antipáticas?
Memoria íntima del fútbol, de Gregorio Morán en La Vanguardia
SABATINAS INTEMPESTIVAS
Resulta desconsolador decirlo, pero ninguna actividad humana es inocente; ni la jardinería. Usted puede estar viendo un partido de fútbol y pasándoselo en grande, porque si se juega bien es un deporte hermoso, y resulta gratificante para la vista ese ejercicio sobre un césped verde en el que unos caballeros se coordinan y se enfrentan, con una dignidad que no impide la dureza. Pero siempre aparece, al principio o al final, la mota que chafa la visual. Lo normal es que los partidos de fútbol aburran a las ovejas y no sean otra cosa que una desganada pelea de veintidós tipos tratando, sin mucho esmero, de meter un gol, o de impedir que se lo metan. Por eso es un gozo disfrutar de un buen partido de fútbol. Incluso usted puede compartir con un montón de gente ese sentimiento de satisfacción porque el equipo que más aprecia esté ganando, pero… Siempre hay un pero. En primer lugar está la insufrible teórica de quienes retransmiten los partidos, su patriotismo borde y su doctrina cutre. Esos comentarios supuestamente graciosos o entusiastas, que uno se avergüenza de escuchar; como de tarados mentales confiados en confesarse ante otros, tan tarados como ellos. Toda retransmisión futbolística en castellano, o catalán, da lo mismo, son derroches de estupidez y fanatismo. No cuentan un partido de fútbol sino que ejercen de sacerdotes de una religión laica. Son, digámoslo todo, émulos del primer gran profeta de la retransmisión futbolística en España, Matías Prats sénior. (Ojo, considero a Matías Prats júnior un brillante presentador de informativos; pronuncia bien, utiliza la ironía y sabe hacerse el nudo de la corbata, cosa infrecuente)
Lo digo sin ningún rubor -¿por qué habría de tenerlo?-, he disfrutado viendo los últimos partidos de fútbol de la selección española, y en verdad debo añadir que el fútbol es un deporte sobre el que estoy saturado. Desde la nada tierna infancia, hasta la edad de la razón, he visto y he jugado tantos partidos de fútbol que ya me reservo sólo para las grandes ocasiones. No he pisado un campo de fútbol desde hace lustros. Recuerdo que una de las últimas veces me tocó en el Santiago Bernabeu de Madrid y me dejó mal sabor de boca. Jugaba el Athletic de Bilbao contra el equipo local, y los insultos del público de la excelentísima tribuna a los jugadores visitantes eran de tan grueso calibre que me quedé espantado. Por si fuera poco, a la salida uno de mis hijos, un niño entonces, no se le ocurrió mejor idea que comprar los banderines de sus equipos favoritos, el Barça y el Real Madrid. ¡Criatura, casi acabamos en comisaría o en urgencias porque un puñado de energúmenos no lograba entender que se pudieran llevar dos banderines contradictorios!
Decir que detesto el fútbol como religión laica es poco. Lo desprecio desde lo más profundo, y confieso que cuando me entero de que alguna persona a la que estimo se comporta en los partidos como un fanático, no puedo reprimir un sentimiento de rechazo. Y lo que más me irrita es que a los demás les parezca normal, porque -aseguran- el fútbol está para eso, para descargar la adrenalina. Me parecería más razonable, y menos costoso socialmente, que se fueran a un sex-shop y buscaran consoladores, que de seguro serían más gratificantes para el cuerpo y la mente.
Me hace mucha gracia, cuando los profetas de la religión laica del fútbol te explican con cierta conmiseración lo que te estás perdiendo al no comprender las verdades reveladas del fútbol.
Es curioso que todos los radicales que he conocido y que han escrito sobre el fútbol, todos tenían especial interés en ocultar de una manera sesgada la propensión del poder a instrumentalizar el fútbol. Algo así como si sus equipos favoritos, auténticas maravillas interclasistas, no fueran sino lo que todos, instrumentos de los poderosos para su mayor gratificación; auténtico nido de mafiosos. Franco no era del Real Madrid, señores, Franco era del que ganara, porque él ganaba siempre y el vencedor de turno iba a rendirle pleitesía; ya fuera el Madrid, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad de Donosti, o el ínclito Barça. Todos los equipos de fútbol sin excepción son siervos del poder y sin embargo pueden darnos momentos fastuosos de equilibrio y belleza. Es la paradoja. Recuerdo una ocasión memorable. Formábamos un equipo genial, allá por los años cincuenta, en el que yo apenas era el recogepelotas. Nos llamábamos Estrella Roja. No perdíamos ni un partido, y entonces era común que los vencedores visitaran los periódicos locales para que pudiera salir al día siguiente la noticia de nuestra victoria. Y así fue que nos personamos en un diario de Oviedo que se llamaba Región y que dirigía un energúmeno fascista de nombre Ricardo Vázquez-Prada. Un monstruo alto, de tropecientos kilos, que por eso de las ironías locales tenía por apodo Tomasín; incluso llegó a escribir novelas, para que entiendan que el oficio de escribir no está reñido con nada. Recuerdo muy bien que yo, un niño de apenas diez u once años, estaba en el grupo que iba a cantar sus victorias en la redacción del diario Región.Lo puedo revivir ahora mismo como fue entonces. Un tipo arrugado sobre una máquina de escribir negra y grande se nos encaró preguntando a qué veníamos. “Hemos ganado el partido contra el Pumarín”, que era un barrio popular de Oviedo. Sacó el papel de la máquina, metió otro y se puso a escribir sobre nuestra triunfal victoria. Y entonces nos preguntó. “¿Y vosotros cómo os llamáis?”. Y nosotros con toda la candidez de la edad dijimos, “Somos el Estrella Roja”. No tengo ni idea de por qué le pusimos aquel nombre, quizá porque lo habíamos oído de algún partido internacional en el que jugó el Estrella Roja de Belgrado, y el nombre nos pareció precioso. No puedo olvidar la cara de pasmo del redactor. “¿Estrella Roja?”, dijo perplejo. “Si os llamáis Estrella Roja no salís en el periódico”. Y allí mismo, sin un ápice de duda, con la convicción que otorga la autoridad inmensa de la prensa, nos miramos los tres o cuatro gilipollas que íbamos, y dijimos. “Pues entonces cambiamos de nombre”. “¿Y qué ponemos?”, insistió el redactor. No sé quién fue el más listo de la partida, pero alguien dijo Tradecol y pasamos a llamarnos Tradecol, quizá debía ser un acróstico de los nombres de alguno de nosotros, o algo así. Nací y crecí en una familia donde se vivía del fútbol y para el fútbol, con un padre directivo del Real Oviedo -a la sazón en Primera División- y un hermano mayor futbolista profesional. Di la mano a Di Stéfano y a Kubala con la misma cara de pazguato de cualquier niño de ahora que se enfrenta a la sonrisa de Casillas o Villa. Los domingos en mi casa eran una misa mayor, cantada y larguísima, donde se ofrendaba al fútbol. Mi madre solía decir, con un dejo de sarcasmo, que parecía que mi padre jugaba todos los partidos; a tenor de la ansiedad y los nervios, y las veces que debía ir al retrete cada domingo futbolero. También recuerdo muy bien que mi padre sabía qué árbitros se podían comprar y cuáles no; exactamente como ahora, imagino. Y siendo muy niño tengo fija en mi memoria cómo le contaba a mi madre la ceremonia de la compra de un árbitro; cómo se le pasaba el dinero según las predilecciones corruptivas del personaje. Muchos años más tarde, un día le pregunté sobre el asunto, y me miró impertérrito, con una mirada lejana y distante, y me reprochó que tenía demasiada imaginación porque él no sabía a qué me refería.
Siempre me he preguntado por qué la gente tiene miedo de la memoria. Si hay una cosa que admiro de los alemanes, y hay muchas, es su atención por la memoria. Lo peor es tener miedo y sacudírselo pidiendo hora en el psicoanalista o el psicólogo. No entiendo cómo es posible que los grandes diarios españoles, desde el ABC a La Vanguardia,no hayan usado sus magníficos archivos para recordar el triunfo español de 1964, con Franco echando una sonrisa al gol casi póstumo de Marcelino. Porque España había ganado nada menos que a Rusia, entonces llamada Unión Soviética. El agarbanzado escritor José Manuel de Prada ha sentenciado en el ABC que la última victoria de España sobre Alemania resarce de la derrota de la División Azul en la II Guerra Mundial. No creo que se pueda ser tan vil y miserable en un artículo, y no me sorprende nada que esta pluma de ganso, que se inauguró con un libro titulado Coños, haya sido contratado por L´Osservatore Romano para pasar de los coños a las tiaras. Esa es la religión de los profetas del cuero y la violencia.
Gamoneda y el manifiesto savaterino, de Luis Arias Argüelles-Meres en La Nueva España
Malestar infinito me producen las cazas de brujas, que en este país tienen solera legendaria, pues no han perdido su ensamblaje con el espíritu inquisitorial. Es ese dedo que acusa y delata, esa bocaza que denuncia, ese ruin y cobarde chivatazo que se susurra con apestoso aliento. Es una actuación que fermenta en basureros donde florece la escoria humana. Gamoneda podrá parecernos un poeta más o menos excelso, resulta claro y hasta perogrullesco. Pero es de una mezquindad nauseabunda que se le reproche la supuesta admiración que Zapatero tiene por su obra. A Suso de Toro podremos considerarlo mejor o peor novelista, igual de claro y perogrullesco que lo anterior. Pero no hay derecho a restregarle su simpatía, mucho más explícita que la del poeta, hacia el Presidente del Gobierno. Bien es verdad en este último caso que su última hagiografía en torno a la vida y milagros del actual Jefe del Ejecutivo español produce cierto sonrojo. Pero, aun así, es muy libre el escritor gallego de proclamar todo lo alto y claro que quiera sus filias y fobias en lo político.
Me duele que Gamoneda tenga que explicarse públicamente acerca del manifiesto savaterino del que al final decidió desmarcarse. Me ofende en grado sumo que se le reconvenga, por parte de muchos que son incapaces de leer con mínima sensibilidad un poema, la supuesta vinculación que hay entre él y el Presidente de Gobierno, vinculación que algunos llegaron a insinuar como causa principal de su obtención del Premio Cervantes. Y, aún así, resulta que querían exhibirlo. Resulta que hasta “el poeta de Zapatero” dispuesto estaba a firmar el manifiesto savaterino. Es esa eterna debilidad que siente nuestro reaccionarismo por los conversos y renegados, siempre que el último bandazo se incline del lado de ellos, claro. Con la mayor generosidad del mundo, llenan de elogios a gentes que pertenecieron a grupos terroristas y a otros que militaron en la extrema izquierda, y, sin embargo, reprochan a un conocido cantautor asturiano, que lleva muchos años siendo progre, que en su juventud le dedicase una canción al dictador. Moraleja: los bandazos son buenos o malos dependiendo de por dónde vaya su deriva. ¡Hay que ver, hay que ver!
Resulta pavoroso que alguien tenga que dar públicas explicaciones de por qué firma o no un manifiesto, pues se diría que tal conducta es consecuencia de ese espíritu inquisitorial del que venimos hablando. El no estar de acuerdo con los bien pensantes no puede obedecer a convicciones íntimas, por muy discutibles que sean, siempre ha de responder a motivos arteros, a clientelismos, a intereses bastardos.
Y, de otro lado, me asombra que Savater actúe ahora de esta guisa. ¿Acaso en la época felipista no existía este problema lingüístico que ahora denuncia en Cataluña? ¿Acaso en el momento en que apoyó al PSE en el País Vasco las cosas marchaban mejor para la lengua castellana que ahora? ¿Se estará haciendo mayor don Fernando y lo que ahora hace obedece en no pequeña parte a que es otra generación, más joven que la suya, la que ahora gobierna este país? ¿Así de orteguiana podrá ser parte de la explicación del asunto? ¿Quién sabe?
Coincido al cien por cien con algo que escribió Gamoneda sobre este asunto. Reivindicar el derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanzas en castellano en cualquier parte del territorio español es total y absolutamente razonable y legítimo. Ahora bien, hacer de este manifiesto una especie de caza de brujas contra aquellos que no han querido suscribirlo resulta inaceptable. Es muy llamativo que la máxima autoridad de la Real Academia Española haya decidido dar explicaciones en la prensa por no haber firmado el manifiesto de marras.
Y en no pequeña parte de la opinión publicada se relaciona este manifiesto con los postulados políticos del partido que preside doña Rosa Díez. ¿Habrá que concluir que la otrora dirigente socialista y candidata a la secretaría del PSOE no haya considerado hasta el momento la existencia de ese problema lingüístico? ¿Es que no lo hubo hasta ahora?
Hay un libro que publicó hace muchos años don Federico Jiménez Losantos, que se ha vuelto a editar en más de una ocasión: “Lo que queda de España”. En él, se habla de este problema lingüístico que ahora aborda el manifiesto savaterino. ¿Es de recibo que un pensador que se considera de gran talla haya tardado tantos años en percatarse de un conflicto como el que ahora se denuncia?
¿Qué queda de aquel Savater que admiraba a García Calvo y a Cioran? ¿Qué fue de aquel “intelectual” rompedor que, como dije hace poco, no encontró grandes motivos para criticar lo mucho que tuvo de nefasto el felipismo? Lo tengo escrito hace mucho tiempo: este señor viene a ser el Ramoncín de las letras hispánicas. De lo más heterodoxo pasó a formar parte de aquella intelectualidad que estaba encantada con el felipismo, y, de un tiempo a esta parte, no sabemos a dónde llevará su deriva. Todo lo cual no es óbice para recordar, también una vez más, lo admirable que resulta su valentía ante el terrorismo vasco.
Gamoneda y el manifiesto savaterino. El poeta asturleonés se ve en la necesidad de dar explicaciones de su desmarque del famoso manifiesto. Se diría que, para algunos, la calidad de su obra puede verse en entredicho por ello. Y, sin embargo, parece que no toca preguntarse acerca de la categoría del señor Savater como ensayista y como pensador. ¿Es ello justo?
¿Dónde está, entre sus numerosísimos títulos, un ensayo de Savater sobre España y sus lenguas que nos arroje al respecto tanta luz como la que en su momento aportaron, por ejemplo, Unamuno y Américo Castro?
¡Ése sí que sería un gran manifiesto!
Manifiestos y automutilaciones, de Joan B. Culla i Clarà en El País de Cataluña
Sin duda, el rasgo más admirable del Manifiesto por la lengua común que, desde hace una docena de días, surca el ciberespacio y reina en determinados ambientes mediático-políticos, es la tenacidad de sus padres espirituales. No cabe calificar de otra manera -bueno, sí, también podríamos llamarlo contumacia- el hecho de que quienes en 1981 promovieron el llamado Manifiesto de los 2.300 contra la apenas anunciada normalización del catalán (Federico Jiménez Losantos, Amando de Miguel) estén hoy, 27 años después, entre los impulsores del nuevo alegato. Les acompaña en la cruzada un Alejo Vidal-Quadras que lleva casi dos décadas cultivando políticamente el imaginario conflicto lingüístico en Cataluña. Y figuran en lugares destacados del séquito los babélicos inspiradores, ya 10 años atrás, de manifiestos soi-disant bilingüistas. Aquellos que, alrededor de la supuesta persecución contra el castellano por parte de la Generalitat, montaron incluso un partido político; y, ahora que el juguete se les ha roto, vuelven incansablemente a la carga por la vía del “intoxica, que algo queda”.
Archiprevisible en cuanto a los padrinos, el manifiesto lo es todavía más por el contenido. De un lado, el falaz mantra según el cual “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. (…) Las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias…”. Ah, ¿no? Y entonces, ¿por qué existen en España más de un centenar de disposiciones legales de todo rango que imponen el castellano en múltiples ámbitos, desde el etiquetaje comercial hasta los prospectos farmacéuticos? La filosofía de fondo que inspira el texto de marras se puede sintetizar en muy pocas palabras: aprender o conocer el catalán, el euskera o el gallego -dice- es “un deseo encomiable”, un acto de cortesía; el conocimiento del castellano, en cambio, es “una obligación”. En esta diferencia de rango entre unas lenguas y la otra reside el meollo del asunto.
Por otra parte, y aun tratándose, según quienes la agitan, de una cuestión candente, difundida además por poderosos medios de comunicación y apoyada incluso por la cadena televisiva más vista en Cataluña, tampoco puede decirse que el número de adhesiones al manifiesto sea abrumador. Cualificadas sí lo son. Anteayer, tras 10 días de intensa campaña, se acercaban a las 90.000, descollando entre las últimas la del victorioso y cesante seleccionador español de fútbol, Luis Aragonés, y la del periodista deportivo José María García, también conocido por Butanito. Y bien, si tenemos en cuenta que sólo el partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) -la sigla política más comprometida con esta operación-, obtuvo el pasado marzo en toda España 306.078 votos, podremos calibrar la magnitud del evento.
Sería bueno, pues, que desde el catalanismo transversal no confundiéramos los molinos de viento con gigantes. Y sería excelente que las aparatosas maniobras de ciertos adversarios no eclipsasen los tiros en el pie que a veces nos damos, las inexplicables mutilaciones que nos autoinfligimos. Les pondré un par de ejemplos.
Hace algunas semanas, el conjunto de las universidades del principado acordó que, en adelante, se exigiría a los profesores de nueva incorporación acreditar el nivel C de lengua catalana. La norma incluye buen número de excepciones y deja a cada universidad un amplio margen de discrecionalidad para aplicarla con sensatez. Además, quienes conocemos la enseñanza superior por dentro sabemos que ésta se halla a una distancia sideral de cualquier forma de monolingüismo en catalán. Sin embargo, dos universidades, la Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra, creyeron necesario desmarcarse de aquel acuerdo y anunciar que no lo aplicarían, no fuera caso que se las tildase de provincianas o de excluyentes. Se trata de un simple gesto sin efectos prácticos, lo sé; pero de un gesto acomplejado, que hace suya la lógica de todos los manifiestos citados más arriba: por el mero hecho de defender y usar el catalán se nos presume localistas, cazurros y discriminadores, y es preciso que demostremos no serlo.
Segundo ejemplo, también del mundo universitario. Como bien saben, éste se halla en plena digestión de las directivas de Bolonia, el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, y entre otras cosas ello comporta la reforma de todos los planes de estudios, un proceso siempre complejo en el que suele florecer el “quítate tú para ponerme yo”. Pues bien, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que es desde hace casi cuatro décadas el centro de donde salen la mayor parte de los titulados en Periodismo de este país, ese proceso de reforma todavía en curso emite algunas señales inquietantes. A día de hoy, el borrador de nuevo plan de estudios excluye la historia de Cataluña siquiera como materia optativa, la elimina por completo. Es decir, si el error no se corrige, nuestros futuros periodistas se incorporarían a la profesión sabiendo, sobre la Revolución Industrial, el carlismo, la Semana Trágica o la Guerra Civil, aquello que buenamente recordasen del bachillerato, ni una palabra más.
Me consta que tanto el rectorado de la UAB como el decanato de la facultad citada son conscientes del problema y procurarán remediarlo. Hace falta que puedan. En todo caso, la cuestión es otra: ¿a alguien se le ocurriría suprimir del itinerario formativo de un periodista la redacción o el derecho de la información? No, claro que no. ¿Por qué, pues, puede tomarse en consideración siquiera como hipótesis suprimir la historia del propio país?
Seguiremos informando.
Joan B. Culla i Clarà es historiador.
Lengua común y sociedad en común, de Nora Catelli en El País
Lengua propia (catalán); bilingüismo (catalán y castellano); multilingüismo (todas las lenguas que se hablan en Catalunya, desde el urdu al quechua o al aymará); inmersión lingüística; lengua vehicular; padres que tienen derecho a pedir que sus hijos sean educados en castellano; ciudadanos que tienen derecho a ser atendidos también en castellano…
Las perspectivas recurrentes para el debate sobre el papel del castellano en Catalunya tras la llegada de la democracia son reconocibles desde hace más de treinta años. Subrayo: tras la democracia, ya que lo anterior pertenece a la historia de la dictadura franquista y no puede contar como parte de la discusión actual. Sólo un ángulo es nuevo, el del multilingüismo, de frecuente aparición estratégica en ciertos sectores académicos catalanes, que consideran que así se neutralizaría la poderosa y tal vez más realista afirmación del bilingüismo en Catalunya. Sería más fácil, se arguye en esos medios, que el catalán sobreviviese como lengua común en una sociedad que se definiese -y se viviese- como multilingüe. Esto, no obstante, no puede traducirse en el sistema educativo, porque no podría recogerse en la enseñanza pública o concertada.
Pertenezco a ese ámbito que el último manifiesto denomina lengua común, pero tal cosa no es un honor, un don especial o un mérito, sino un dato biográfico. No justifica ningún tipo de sentimiento de exclusión o de amenaza. En las diversas discusiones -en decenas de ellas, a lo largo de decenas de años- acerca de estas campañas y manifiestos, he sugerido que cuando el catalán pierde un hablante, lo pierde la totalidad de su lengua; cuando el castellano pierde un hablante, la lengua no lo pierde; lo absorbe y después lo multiplica. Por eso hay que garantizar institucionalmente la existencia del catalán, lo cual no se hará nunca sin tensiones.
No se puede vivir sin tensiones en una sociedad que tiene cosas en común, pero no las comparte todas. De allí el título de este artículo, una de cuyas secciones parece un pleonasmo (”sociedad en común”) pero no lo es. De allí la asimetría de la situación del catalán y el castellano, que es una koiné potente y demográficamente en alza en el mundo. De manera un tanto antipática, suele afirmarse que, a pesar de su abundancia, no es una lengua de primer rango, como el inglés o como el pretérito francés. Aunque, como sabemos, la supervivencia de las lenguas no se sustenta en las élites del primer rango, sino en la amplitud de sus bases.
La denostada inmersión lingüística -que es el motivo más claro de este manifiesto- ha sido el extraordinario modo de construcción de una cohesión social inesperada en la España democrática: el fantasma de dos comunidades lingüísticas enfrentadas en Catalunya desapareció desde su implantación. Por razones familiares, conozco las experiencias castellanas en la escuela en catalán; no me he encontrado nunca, ni en esa esfera privada, ni en la enseñanza universitaria que practico, a nadie que tuviese algún problema con la expresión en castellano, salvo las derivadas de su origen social, de la educación de sus padres, o del acceso o no a bibliotecas familiares.
Más aún: cuanto mejor y más variado es el dominio de la lengua familiar o materna -sea la que fuese-, mejor es la adquisición en catalán. Es la debilidad o pobreza de la lengua materna, incluso en el caso del castellano, la que después se reproduce especularmente en la incorporación del catalán. Al contrario: cuanto más rica sea la lengua materna -insisto: sea la que fuese-, más plasticidad y más prontitud en la adquisición del catalán como lengua también común, en una sociedad en común.
No poseo capacidad ninguna para sugerir maneras lógicas de acabar con la tensión: ni hacia los firmantes del manifiesto, que son muy variados, ni hacia los también muy variados ciudadanos que sugieren motivos múltiples para el enésimo acceso de preocupación infundada ante una amenaza imaginaria. Sólo abogar, en el caso de quienes estén en una situación similar a la mía, por no sumarse al contingente del manifiesto, tan poco necesitado de solidaridad y tan endeble en sus argumentos.
Nora Catelli es profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona.
Savater y los demás, de Julio A. Mañez en El País de la Comunidad Valenciana
Fernando Savater encabeza un Manifiesto por la Lengua Común, es decir, en defensa del idioma castellano en trance de desaparecer (como bien sabe el actual ministro de Cultura, que ha llenado el mapa mundial de una insensata proliferación de sucursales del Instituto Cervantes) y de inmediato le crecen los abajofirmantes tal como los enanos en un circo, desde Jiménez Losantos hasta el gran budista transnacional Sánchez Dragó, pasando por Pedro Yihad Ramírez y Albert Boadella, siempre a la que salta. Se trata de denunciar el mucho peligro lingüístico de las nacionalidades periféricas por los representantes de un nacionalismo centralista que nunca, pero es que nunca, se reconoce como tal. Esa naftalina huele desde lejos al peor Pedro Laín y al más despistado Ridruejo, con su respeto impostado al derecho de existencia (como si de ellos dependiera) de culturas de expresión distinta de la castellana. Se trata de una estupidez, y sin duda de un insulto a la inteligencia común. Y también de una falacia política basada en una creencia supuestamente ilustrada, algo ensombrecida por las argucias de sus bizarros relatadores: los derechos corresponden a los individuos, no a los colectivos que dicen representarlos, percibidos más bien de manera interesada como tribus arcaicas. El asunto suscita sensaciones de pánico cuando uno de los lumbreras firmantes del Manifiesto exige una lista de los que han preferido no firmarlo, a fin de que se sepa quiénes son y pase lo que tenga que pasar.
No digo que haya que ser leninista para proclamar que los trabajadores deben organizarse para frenar las feroces arremetidas de sus empleadores, por lo demás, muy bien organizados; pero sí me gustaría apuntar que incluso estos benditos defensores de los derechos de los individuos previamente individualizados tienden a organizarse en defensa de los intereses que creen representar como colectivo orientado a la defensa de lo individual castellanizado. No solo los trabajadores por cuenta ajena se organizaron en sindicatos en defensa de sus intereses (cosa que no carece de importancia cuando la Unión Europea baraja aprobar la jornada laboral de 60 horas): también los profesionales liberales están colegiados o afiliados a asociaciones cuya razón de ser es la defensa de los derechos y de los intereses de las personas individuales a las que representan. Y, en fin, también el españolismo es una emoción tribal (aunque sus representantes colectivos prefieran no reparar en ese engorroso detalle), probablemente más dañina que todos los nacionalismos periféricos juntos.
Curiosamente, aunque tal vez ni eso, ese Manifiesto apela a las virtudes de la conciencia colectiva para defender derechos individuales. No puede ser de otra manera y nunca lo ha sido, ni siquiera en los episodios de los más feroces anarquismos, tanto más eficaces cuanto mejor organizados. Lo cierto es que ese Manifiesto, y su penosa redacción, reclama el apoyo de su tribu al tiempo que desdeña esa figura, se cree ajeno a los conflictos nacionalistas cuando representa al nacionalismo español sin complejos, detecta peligros inexistentes o socialmente irrelevantes aun a costa de contribuir a ampliarlos y extenderlos. Ver finalmente juntos a Savater, Jiménez Losantos, Pedro Jota, Rosa Díez y Sánchez Dragó dando el espectáculo, es inquietante. Así empezó la CEDA, aquel gracioso colectivo cuyas siglas resumían algo de tanta picardía como Confederación Española de Derechas Autónomas. Se diría que no pasan los años. Será porque persisten los problemas.
La lengua, señores…, de Agustín García Calvo en El País
Señores: la lengua no es de nadie; esa máquina de maravillosa complejidad que ustedes mismos usan, “con la cual suele el pueblo fablar a su vezino”, no es de nadie; no ya la lengua común, que no aparece en la realidad más que como lenguas de Babel, pero ni siquiera una de esas lenguas o idiomas es de nadie, y no hay académico ni emperador que pueda mandar en su maquinaria, ni cambiar por decreto ni la más menuda regla, por ejemplo, de oposiciones entre fonemas y neutralización combinatoria de oposiciones que en ella rijan.
La escritura, la cultura, la organización gubernativa, la escolar, las leyes, las opiniones, ésas sí que tienen dueño; y el dueño es el de siempre: el jefe, sus secretarios, sus sacerdotes, la persona que se cree que sabe lo que dice.
Y ésos ya se sabe lo que quieren o necesitan: quieren ordenar el mundo, el mapa, las poblaciones; es el juego terrible de niños grandes, malcriados y simplones, que ha venido arrasando tierras y torturando gentes desde el comienzo de la Historia, en nombre del Ideal; y así siguen queriendo, por ejemplo, que España sea una, que los Estados Unidos sean uno, que Cataluña sea una, que Euskal Herria o Galicia sean una cada una… Da lo mismo: el caso es someter al ideal a todos, dentro de las fronteras que les toquen: que todos sean uno.
Por medio de la escritura y de la escuela, el Poder ha utilizado una y otra vez las lenguas o idiomas para ese fin: tomando en bloque una variedad simplificada del idioma correspondiente, y sin entrar para nada a la maquinaria de la lengua, ha logrado por ley (pero siempre a través de la escuela y la escritura) imponer hasta cierto punto un idioma uniforme dentro de las lindes que los avatares de la Historia le hayan repartido a esa forma de Poder; así impuso Roma en el vasto territorio del Imperio la unidad lingüística, para apenas un par de siglos, mientras los pueblos volvían a hacer de las suyas y deshacían el latín en dialectos innumerables; y hazañas parecidas se han dado luego, en territorios más o menos amplios, como, por ejemplo, la conversión del hebreo, una lengua muerta, en idioma, relativamente uniforme, del Estado de Israel.
En aquello que iba siendo Europa hace unos ocho siglos, los hombres cultos, que hablaban diferentes idiomas o dialectos como lengua cotidiana, trataron de mantener, y mantuvieron durante unos cinco siglos, una lengua común, el latín resucitado por escrito, no sólo para las disputas escolares y científicas, sino también para los tratos internacionales. Pero ya, entre tanto, los Estados modernos, el Español, el Francés, el Inglés, se habían establecido, y preferían volver a repetir, cada cual en su ámbito propio, la empresa del Imperio: la unificación de los varios idiomas y dialectos bajo el mismo ideal; una lengua una para el Estado uno; y en la misma idea les han seguido todas las naciones de cuño estatal, chiquitas o mayores, que tratan de dividirse el mapamundi.
Cierto que el que una lengua, relativamente uniforme, ocupe vastos espacios, tiene sus ventajas, no sólo para los trámites comerciales y administrativos, sino para que, por ejemplo, esta andanada contra los tratantes de lenguas le llegue a más gente que si la escribiera en sayagués; pero la cuenta de lo que con eso gana la denuncia de la mentira en contra de lo que gana la difusión de la mentira, ¿quién, señores, me ayudará a echar esa cuenta?
En fin, lo que el Poder, nacional, autonómico, universal, quiere hacer con las lenguas y la gente, eso cualquiera, si se deja sentir, lo sabe. Algo de vergüenza da que hombres doctos y esclarecidos confundan en un trance como éste los manejos unificatorios de una u otra administración con la máquina, desconocida y libre, de la lengua. Pero tampoco eso debe extrañarnos demasiado, sabiendo y sufriendo, como sufrimos, lo que es la condición de la Cultura y la de la Persona.
Agustín García Calvo es catedrático emérito de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid.
Negar la lengua franca, de Santiago González en El Mundo
A CONTRAPELO
La primera medida del camino soberanista que el voto de PCTV abrió el viernes a Ibarretxe ha sido un decreto por el cual los comercios vascos deberán atender en euskara a la clientela en un plazo de entre uno y cuatro años.
Vivimos en tiempos de crisis y este decreto aumenta las posibilidades de trabajo del colectivo vascoparlante. Ah, los buenos tiempos en los que la Política Lingüística servía para colocar a los euskaldunes en empleos relevantes y de cierto prestigio social: funcionariado de la Comunidad Autónoma y las diputaciones, profesorado de escuelas y Universidad, médicos de Osakidetza, periodistas y técnicos de la Radio y la Televisión vascas, ertzainas y así. Ahora, agotado ya el campo de lo público, hay que meter mano al sector privado, y esto atenta contra las libertades. ¿Quién le ha dicho a ningún euskaldun o catalanoparlante que el mundo exterior debe atenderle en la lengua que él prefiera? También supone un cambio de nivel. Para dependientes no hay oposiciones. Ni para camareros, que será, seguramente, el próximo gremio al que le toque euskaldunizarse. En este sector tiene Ibarretxe un eslogan irresistible llegado el caso: ¡Bebe tu vida en euskara!
¿Qué pensará de esto Patxi López? El secretario general de los socialistas es, para muchos ciudadanos vascos, la esperanza de librarse de la pesadilla que supone Ibarretxe en su horizonte. Sabemos lo que piensan algunos de sus conmilitones. Los socialistas catalanes, valencianos y baleares, por ejemplo, han presentado enmiendas a la ponencia de su próximo congreso para que los diputados y senadores puedan dirigirse a sus cámaras en sus lenguas autonómicas -ahí quiero yo ver a Pepe Bono- y que los órganos federales del PSOE las incorporen como lenguas de trabajo.
En la primavera de 1992 se produjeron unas conversaciones entre el PNV y Herri Batasuna en un hotel de Bilbao. La delegación del PNV estaba integrada por Joseba Egibar, Juan María Ollora y Gorka Agirre, y en el otro bando formaban Floren Aoiz, un joven valor emergente como portavoz cuya estrella se apagó para dar paso a Arnaldo Otegi, Iñigo Iruín y Jon Idígoras.
El bando abertzale se empeñó en que el diálogo fuese en la lengua propia y en aquella mesa sólo había cinco personas bilingües. La sexta, Ollora, dirigente alavés del PNV, únicamente era capaz de expresarse en la lengua extraña, el castellano, que es la que mejor habla en Euskadi la inmensa mayoría de los ciudadanos bilingües.
La cosa transcurrió así: hablaba el portavoz de Batasuna y esperaba a que Gorka Agirre tradujera al español sus palabras con el fin de que fuesen entendidas por Ollora. Este respondía, naturalmente en castellano, mientras Aoiz miraba al infinito y ponía cara de mí no comprender y esperaba a que Egibar tradujese las palabras de su compañero al euskara para darse por enterado.
El lehendakari aplica a los vascos el mismo desprecio de Floren Aoiz al peneuvista Ollora (o al mismo Ibarretxe en aquellas fechas) al negar la lengua franca. Es asombroso que algunas organizaciones autonómicas del PSOE imiten las mismas posiciones respecto a la lengua y el desdén del batasuno navarro por la koiné. La vida es un tú la llevas, un endoso permanente. Patxi López, que quiere sustituir a Ibarretxe, debería aclarar ahora cual es su posición en este asunto. Si quiere ser un lehendakari de todos los vascos y corregir los excesos nacionalistas o sigue teniendo como modelo a Maragall y sólo aspira a gestionarlos.
© Mundinteractivos, S.A.
El bable en las catacumbas, de Lorenzo Cordero en La Voz de Asturias
El ojo del tigre
La sociedad asturiana está perfectamente blindada para defenderse de cualquier intento de provocar una invasión del bable en el espacio orgánico ocupado por el Gobierno del Principado de Asturias. Incluso, contra el riesgo que supondría para la seguridad del burocratismo, que tan bien lo hace funcionar en castellano. No está solo el Gobierno del Principado en esta gran batalla para la defensa de la lengua de todos los españoles, sino que a su lado se alinean otras instituciones fundamentales, como es el caso de la Universidad de Oviedo. Al bable acaban de amordazarlo en la Facultad de Filología.
No cabe duda alguna acerca de la profunda vocación vanguardista que Asturias siempre tuvo frente al bable, y en defensa del castellano. Se puede decir que esta región se anticipó en el tiempo a ese heroico grupo de intelectuales orgánicos del españolismo sin fronteras, que acaba de irrumpir ruidosamente en la vida cotidiana del país agitando un Manifiesto por la Lengua Común -es decir, por la defensa de la Lengua del Imperio…-, amenazada, según dicen, por ciertas lenguas periféricas que ponen en peligro no solo el derecho a expresarse libremente en castellano, sino también a utilizarlo como la herramienta ideal -que lo es, incuestionablemente- para la educación y la culturización de las jóvenes generaciones de españoles.
(Como viene siendo habitual en estos casos, desde que ocurrió la terrible tragedia del 11-M en Madrid, la ya famosísima Legión Mediática les proporciona a los autores del citado manifiesto un formidable apoyo logístico, incluso doctrinal; probablemente, con la santa finalidad de convertir esa épica iniciativa españolista en una especie de Frente Nacional de Liberación del Castellano (FNLC). Gracias a esas dos banderas de la citada Legión -una, de papel; la otra, radiofónica- España ha resistido, hasta ahora, todos los ataques contra su sacrosanta unidad…).
Silenciar una lengua, quizá sea el primer paso para su posterior exterminio. A muchos de los defensores de la lengua común se les ve el plumero desde lejos. Sin embargo, no siempre ocurre así. Conviene saber que el silencio acaba siendo siempre el lenguaje de la resistencia; pero, sobre todo, es el motor que hace fluir la fraternidad que genera la comunión de ideas. Los españoles -aunque, unos más que otros- tenemos una larga experiencia en este sentido, que yace depositada en la memoria colectiva. Desconozco si ésto lo habrán tenido en cuenta los antibablistas -los políticos y los científicos…-; como los que decidieron expulsar al bable de las aulas universitarias, evitando, al menos de momento, que pueda ser ahora mismo objeto de un aprendizaje específico, reglado y universal.
Para el poder político asturiano, el bable es una simple reliquia histórica que merece ser tenido en cuenta sólo si se usa modosamente. Con prudencia y respeto para la divina lengua común. En el caso contrario podría ocurrir que quienes lo usen, como si fuera la lengua principal, caigan en la tentación de ocultar detrás de sus palabras propósitos independentistas… El peligro que encierra el bable está, por lo visto, en que su uso facilita la expansión del radicalismo asturianista. No sé cómo habrán llegado algunos a esta delirante y obstinada conclusión. Ni conozco los estudios previos en que apoyan tan osada afirmación. Pero lo repiten constantemente, hasta el punto de procurar que en ese limbo del alma asturiana , al que llaman asturianía, se hable únicamente el castellano; porque, según los entendidos, es como mejor se entienden.
Sólo así se puede comprender -entre otras inhibiciones- el silencio interesado del Gobierno del Principado ante la exclusión del bable en los planes académicos para los estudios de Filología en la Universidad ovetense. Para los responsables de la vida regional, basta con que el asunto fuera sometido a una votación democrática -como no podía ser menos- y haya ganado el grupo excluyente. No sé de donde sacan, en este país, tanta agua de la democracia para lavarse las manos.
Al Gobirno asturiano lo que le preocupa de verdad es que las grandes e históricas empresas asturianas no pierdan su asturianía cuando llega el momento de cambiar de dueño. Hay dos ejemplos incuestionables: la ejemplar enajenación del Banco Herrero y de Hidrocantábrico. El primero, vendido a los catalanes. La segunda, a los portugueses. Ese alambicado concepto, llamado asturianía (¿es ideológico, folclórico o, simplemente, costumbrista…?) fue utilizado por primera vez durante la segunda mitad de la década de los años 50 del siglo pasado. Lo puso de moda el periodista Juan de Neguri (José Antonio Cepeda) con sus famosas Crónicas de Asturias. Transcurridos treinta y cuatro años, el Gobierno de la Preautonomía asturiana, presidido por don Rafael Fernández, dictó una Ley de Reconocimiento de la Asturianía (2-mayo-1984), entre cuyas finalidades había dos principales: a), defender la identidad regional; b), colaborar en la defensa de los intereses asturianos.
Transcurridos otros venticuatro años, desde aquella ley, quienes saben de estas cosas -oligarquías políticas, grupos de presión académicos, etc…- acuerdan que el bable ni sirve para defender la identidad asturiana, ni contribuye a la defensa de intereses asturianos. Al bable, lo único que se le permite es que discurra subterráneamente por la sociedad regional. Y aun así, sólo en casos muy concretos. Con lo cual, el destino del bable es el de ser la lengua de las catacumbas. Me deja perplejo tanto cinismo.
Lorenzo Cordero. Periodista.
Igualdad lingüística en España, de Albert Rossich en La Vanguardia
En estos días, la publicación de un manifiesto en defensa del castellano ha suscitado debates apasionados. Y ha provocado un alud de adhesiones particulares e institucionales, a pesar de la ligereza con que el documento trata cuestiones que han sido objeto de acuerdos difíciles y laboriosos. Tal vez no debería sorprendernos: las alegaciones identitarias están tan profundamente imbricadas en creencias y sentimientos que a menudo argumentos que se alzan como verdades irrefutables no son sino reflexiones superficiales. Por ejemplo, la afirmación de que son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios, frase que revela inmediatamente su inconsistencia si pensamos en qué quedan los derechos individuales de los castellanohablantes con sólo atravesar las fronteras del reino de España. En realidad, todo el documento revela un notable desconocimiento de cómo se gestionan los derechos lingüísticos en los países legalmente plurilingües, pero claro, a veces tenemos tantas ganas de creer en las argumentaciones que nos favorecen que no hace falta que sean buenas para que circulen y mueran de éxito.
Es lo que ocurre con una de las ideas básicas del manifiesto, que se prodiga desde hace tiempo sin que nadie advierta el peligro que encierra, no ya para las lenguas periféricas, sino, a la larga, para la que los firmantes se proponen defender. Me refiero a la idea de que el castellano es la lengua común de los españoles. Lengua política común, precisa acertadamente el manifiesto. Porque desde luego no es la lengua materna común. De hecho, al exigir el conocimiento del castellano como lengua oficial obligatoria ( “todos los españoles tienen el deber de conocerla”), la Constitución reconoce implícitamente la inexistencia, o por lo menos la fragilidad, de esta comunidad de lengua. Pero como para una gran mayoría de españoles el castellano es su idioma, como una gran mayoría llama a este idioma español -por antonomasia-, es fácil autoconvencerse de que el castellano es la lengua de todos. Así, del concepto de lengua oficial común se pasa insensiblemente al de lengua compartida.
Sin embargo, hay muchos españoles, millones de españoles, que han aprendido otra lengua de sus padres, que en esta otra lengua han reído, han rezado o se han enamorado. O simplemente, que sienten que este otro idioma es su lengua, porque es la que utilizan para pensar, la que les representa, la que les singulariza. Estas personas a lo mejor viven en un ambiente donde este idioma que algunos querrían subordinado es la lengua de uso mayoritario, o quién sabe si en nuestro mundo globalizado se desenvuelven en un entorno donde la lengua de relación ni siquiera es el castellano, sino una lengua extranjera. ¿Cómo pueden creer que el castellano es la lengua común y que la suya debe resignarse a ser un habla particular, confinada a usos cada vez más restringidos?
Se podrá argüir que común significa tan sólo que, por razones prácticas, catalanes, vascos, etcétera, usan el castellano en sus relaciones con el resto de los españoles (o con los extranjeros que no entienden el catalán). En este supuesto, lengua común no significaría lengua compartida, sino tan sólo interlengua, lengua de comunicación. Y se concluirá que esta necesidad justifica la obligación constitucional de conocer el castellano y la imposibilidad de prescribir lo mismo para el catalán, ni siquiera en su propio territorio, ya que el conocimiento del español por los catalanes hace innecesario que los hispanohablantes conozcan el catalán.
Parece convincente, ¿verdad? Pero el mismo razonamiento se vuelve contra el español si lo trasladamos a una escala superior. Como el castellano en España, hoy el inglés se ha convertido, de facto,en la lengua a la que se recurre en las comunicaciones entre hablantes de lenguas distintas. ¿Sería aceptable que, siguiendo la misma lógica, la Constitución europea prescribiera algún día a todos los ciudadanos comunitarios la obligación de conocer el inglés y negara esta prerrogativa al castellano en su territorio, con el argumento de que el conocimiento del inglés hacía innecesaria la obligatoriedad de la lengua española?
No parece justo. La solución política más razonable, aquí, consiste en avanzar precisamente en el sentido opuesto al que persiguen los promotores del manifiesto: en el de la igualdad de las lenguas que se han desarrollado secularmente en el territorio español. La misma igualdad que a menudo se esgrime retóricamente para negar los derechos de los demás, confundiéndolos con los propios. Avanzar en la igualdad legal de los idiomas es el buen camino, y no buscar adhesiones poco reflexivas -sobre todo en territorios donde sólo se reconocen derechos a una sola lengua- para limitar en otros la vitalidad, más o menos frágil, de las lenguas distintas del castellano. Aceptemos más bien las lecciones de quienes han estado legislando para la convivencia de más de una lengua oficial. Dejemos, en fin, que sea cada comunidad autónoma la que decida sobre los derechos lingüísticos de sus ciudadanos, con criterios de reparación histórica, de equilibrio y de sostenibilidad.
ALBERT ROSSICH, director del Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Universitat de Girona.
El Manifiesto ya no es razonable, de Antonio Gamoneda en El País
Aunque el documento por la lengua común, que reclama reformas para defender el castellano, es razonable en su literalidad, lo han averiado los ideólogos y la política enmascarada
Excepción en mis costumbres. Hoy, día canicular, quiero asomar mi opinión -y las modulaciones que puedan haberse producido en ella- al balconaje, también de la opinión, pero pública. Me gustaría que este asomo (cursiva para la polisemia) fuese breve, pero no, no voy a conseguirlo, ya que se dará acompañado de numerosos entrecomillados que llevarán en cercanía alguna admiración o extrañeza.
El Mundo, siendo el 26 de junio, dedica el 50% de su primera página al inicio de un artículo cuya negrita titular en cuerpo respetable dice: “Grandes nombres de la cultura se suman al Manifiesto (sic para la eme mayúscula) del castellano”, y, encima de los titulares, va un mosaico de cabezas, cuatro con cuatro, que, visto de izquierda a derecha, otorga el primer lugar a la mía, aun siendo (y esto es referencia al texto que sigue) más “insignes” las cabezas que suceden a la que a mí me concierne. Bien puede tratarse de un sinmotivo, de un casual, pero no sé, no sé…
Comienza la letra normal citando el Manifiesto y diciendo: “A los escritores y académicos que impulsaron la iniciativa junto a Fernando Savater, se sumaron ayer insignes (cursiva mía) nombres como el del poeta Antonio Gamoneda…”. Siguen otros, más claramente insignes, como digo.
Continúa el artículo en la pág. 12, que empieza así: “Asturiano de nacimiento, aunque leonés de adopción, Antonio Gamoneda ha sido reivindicado en diversas ocasiones por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como su poeta favorito”. Y añade recogiendo correctamente mis palabras: “Me resulta una iniciativa razonable (el manifiesto) siempre que haya también un respeto implícito a las lenguas cooficiales”.
En esta misma pág. 12, con letra grandecita en el subtítulo y negrita en una mancheta amarilla (nadie vea en el dato cromático raras intenciones, que la mancheta es de verdad amarilla), vuelvo a aparecer (otras dos veces, ya digo) encabezando listados.
Retrocedo a la pág. 3 y veo más negrita titular, en articulillo sin firma y con aire de editorial menor. Dice el titular: “El mundo de la cultura defiende el castellano”. Bajo por la columna y leo en Times normal (no estoy seguro; pudiera no ser Times ni normal): “… y escritores de la talla de Delibes, Brines, Pérez Reverte o Gamoneda -este último poeta de cabecera del presidente Zapatero- se suman…”. ¡Vaya por Dios!, ahora el último. ¿A santo de qué? ¿Tendrá que ver esta “santidad” con la presidencia?
Abandono la ironía. Es cierto, yo no se lo he oído pero sí me lo han dicho, que el Sr. Rodríguez Zapatero ha hablado alguna vez de mí con elogio. Tiene mi agradecimiento por ello, pero no a causa de su condición presidencial, sino como lector que me valora.
Por la casual concordancia de los hechos, voy a dejar dicho que, en dos ocasiones (y de una de ellas es testigo el Rey de España), doña Esperanza Aguirre me ha dicho: “¿Sabes que eres el poeta preferido de Aznar?”. Dado que no tengo por qué dudar de la veracidad de doña Esperanza, yo se lo agradezco al Sr. Aznar por idénticas razones que al Sr. Rodríguez Zapatero.
Y, ahora, me pregunto: El Mundo del 26, en sus págs. 1, 12 y 3, ¿estará diciendo “bajo solapa” que incluso alguien -y está claro que “alguien” soy yo- que tiene cierta deuda de gratitud con Zapatero, se ve obligado a mostrarse desafecto con la voluntad política del jefe del Ejecutivo y cabeza del PSOE? Luego, la implícita (”bajo solapa”) explicación (fatalidad lingüística: tengo que concordar lo “implícito” con lo “explícito”): ese “alguien” juzga que, ante la cerrazón democrática presidencial, hasta él tiene que etc.
La conexión reiterada de mi nombre con el del presidente es políticamente tendenciosa, aunque el articulillo de la 3 diga que “… estamos ante una reivindicación transversal (?), en absoluto ideológica”.
La página prosigue afirmando que la ministra de Educación “insistió ayer en cerrar los ojos a la evidencia” y “trató de sacudirse el problema (…) asegurando que el manifiesto puede alimentar ‘una batalla política’. Pero al Gobierno no se le invita a la guerra, sino a que dé la cara (…), y yerra si quiere dar un portazo al clamor social sólo con palabrería”.
Srs. de El Mundo: tienen ustedes el derecho -constitucional, creo- a manifestarse según estos entrecomillados, pero, su caricatura del Ejecutivo, ¿de verdad es (no es) “en absoluto ideológica?”. No hablo del manifiesto sino del uso que Vds. hacen de él.
Ahora, un inciso que, personalmente, me es necesario: yo no estoy contra Vds. Tengo -pero prácticamente no mantengo- algún recuerdo de que acogieron expresiones, insultantes o casi, referidas a mi persona o escritura, pero lo mismo ocurre con el medio que publica este texto y, desde mi carácter y mi lejanía provinciana, ¡pelillos a la mar! Prosigo.
Voy a la pág. 4 y, a la izquierda (es un decir), el texto de “Comentarios liberales” cuelga de unos titulares que dicen: “El simio crítico”. Es la columna del Sr. Jiménez Losantos (apellidos emblemáticos, cierto) que, en un alarde de “humanismo” (¿liberal?), parafrasea un libro de Octavio Paz preguntándose: “¿Respetarían más en Cataluña, Baleares, Galicia o el País Vasco el derecho de los padres a escolarizar en español (sic) a sus hijos si se declaran simios lingüísticos? No tengo duda alguna”. Comentaré esta “perla” en plan suave y abstracto: la “materia política” puede declarar lo que es, en el corte vejatorio de una mueca que se le escapa.
Abajo y a la derecha, El Mundo pone en la página sus titulares a una simple carta al director: “Es el momento de defender el castellano”. (Cursiva mía). En la simple carta al director (sé que el periódico no se responsabiliza etc., aunque las recoja y priorice), se dice: “Ha llegado el momento de luchar”. (Cursiva mía).
Veo El Mundo en el también canicular día 27, y, otra vez en pág. 3, sin firma, tras hablar recio sobre la vicepresidenta De la Vega (insisto: El Mundo tiene derecho a etc.), se dice que “El gobierno tiene dos opciones: seguir fingiendo que el problema no existe o encararlo con medidas concretas”. Y añade: “No desistiremos hasta lograr lo segundo”.
“Desistir” de qué. ¿De una acción “en absoluto ideológica”, expresión, esta, perfeccionada, por la afirmación de que “es evidente que estamos (cursiva mía) ante una reivindicación transversal”, y por brincos conceptuales que, dentro del magma envolvente del manifiesto, resultan prodigiosos? Pienso que lo más prodigioso sería encontrar claridad y no encontrar astucia política en este laberinto sin ventanas visibles (puede que, invisibles, existan) con marco moral y abiertas a la lógica.
La persistencia de El Mundo en mostrar al Gobierno de España como responsable del “problema de las personas”; la persistencia en no contemplar los componentes históricos y culturales, consuetudinarios y heredables, ¿es o no es una operación ideológica y, por tanto, una maniobra política?
En la pág. 4 del mismo día 27, el Sr. J. L., desde su columna y mirando al pasado, se refiere a “lo que me decían entonces Savater, Javier Marías y otras criaturas del aire paisoso” (cursivas mías), reconfortándose, tras dos líneas, con “lo mucho que, afortunadamente, ha cambiado Savater …”, y añadiendo misteriosamente que “el sectarismo progre, base de la legitimación de la política histórica discriminatoria, sigue incólume”. ¿Será pues, pienso, el sectarismo progre y no el Gobierno el responsable del desaguisado?
Pero lo portentoso incompresible es la opinión que sigue a “incólume”: “Peor aún: sigue imperando (el sectarismo progre, está claro) hasta en los manifiestos que combaten esa discriminación”. (Cursiva mía).
Tras otra alusión a los “simios” de difícil interpretación, advierte el Sr. J. L., con desconsuelo, que “La Lengua Común ha sido convertida automáticamente en ‘lengua castellana’ o ‘castellano’. Y no sólo en EL PAÍS, que podría tomarse como arteria para llevar a portada la causa por la que a algunos viene linchándonos la jauría prisaica desde hace décadas”. Y añade: “Hasta los medios más antiprogres han perpetrado ese cambio…”. No tengo clave para este lenguaje; hago las citas a causa, precisamente, del atractivo de su impenetrabilidad. Impenetrabilidad para mí, quiero decir.
Algo más arriba, el Sr. J. L. deja “a otros menos machacados (’menos machacados’, se supone, que el Sr. J. L.) el estudio de la preponderancia izquierdista y la genuflexión (empiezo a notarme genuflexo, con lo mal que tengo la rodilla derecha) ante la izquierda de los distintos manifiestos en defensa de la libertad lingüística (…), desde el primero, el de los 2.300, hasta este último”. (Cursiva mía).
No entiendo, pero cito porque me resulta hipnótico. ¿Qué mosca me habrá picado?, ¿el tse-tse, creador de sueños amarillos, o la tarántula visionaria, que el propio Kratevas Rizotomo, servidor venéfico de Mitrídates, mantenía en respeto?
Dije y digo que el manifiesto era razonable. En su literalidad lo sigue siendo, pero ya no en sus potencias. Lo ha desconcertado la política enmascarada. Así que, Srs. ideólogos de El Mundo, su Manifiesto ha sufrido seria avería en sus propias manos. Lo siento, pero tengo que rectificar: NO. El manifiesto ya no es razonable.
Antonio Gamoneda es poeta, Premio Cervantes 2006.
Lengua común y manifiestos, de Jordi Sánchez en El País de Cataluña
Estos días algunos andan muy excitados con la defensa de la lengua común y otras cosas que no dicen. Si a esto le añadimos el subidón que algunos de ellos -por no decir muchos- deben de tener por el gran papel de la roja en la Eurocopa, no hay duda de que esta última semana algunos deben estar viviendo lo más parecido a lo que es la felicidad. Dicho esto, de lo cual, de ser cierto, me alegro porque no es fácil en los tiempos que corren abrazar la felicidad y el optimismo, vale la pena detenerse a analizar algunos elementos que se esconden detrás de esta proclama.
La primera cuestión por la que podemos interesarnos es por el momento en el que aparece esta iniciativa. Alguien podrá decir que esta cuestión no tiene más trascendencia. Disiento. Siendo esta iniciativa de un profundo calado político -definida por uno de sus relevantes promotores como la iniciativa política más importante impulsada por la sociedad civil desde la transición-, nadie debería dudar que sus promotores -o como mínimo algunos de ellos- han evaluado el cuándo tanto como han evaluado su contenido. No creo que sea casual que este manifiesto aparezca poco antes que el Tribunal Constitucional delibere sobre el recurso contra el Estatuto. Crear un determinado estado de opinión puede razonablemente tener consecuencias en la visión de los magistrados respecto a la constitucionalidad de la reciprocidad entre el catalán y el castellano en lo que se refiere a la obligatoriedad de comprender y el derecho de usar ambas lenguas por parte de los ciudadanos.
Tampoco creo que sea casual la aparición y el uso de este manifiesto poco después de la voluntad anunciada por Mariano Rajoy de reanudar el diálogo con los nacionalistas vascos y catalanes. A muchos de los promotores de esta proclama -aunque no sean del PP- les desagrada pensar que Rajoy pueda abrir vías de entendimiento con los nacionalistas vascos y catalanes, de la misma manera que les horroriza que lo haga el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es evidente que este manifiesto -más allá del alcance que tenga- pone en un aprieto a Rajoy; si lo firma, empieza muy mal su giro y aproximación al PNV y a CiU; si no lo firma, da más bazas a los críticos del PP con la nueva dirección. Sin negar que los promotores de ese documento tienen un interés por la lengua común, es imposible negar que algunos de ellos tienen también un indiscutible interés en participar e influir en el debate y la vida política española para corregir -o como mínimo condicionar- lo que no les gusta. Y parece claro que la agitación con el uso de la lengua común es una buena excusa para ello.
La segunda cuestión tiene que ver con la dimensión sustantiva del documento, con su contenido. La defensa de lo común, de lo que une, siempre es positivo y atrae simpatías. Pero hay que advertir que la manera de justificar la defensa de lo que denominan lengua común, supone claramente un ataque a lo que ellos -sin decirlo- consideran lengua particular, en nuestro caso la lengua catalana. Evidentemente, no es un ataque burdo ni tan sólo explícito. Es tan sutil que con seguridad todos los promotores negarán la mayor de mi afirmación y se escudarán diciendo que nunca la defensa de la libertad y los derechos individuales puede ser concebido como un ataque a nada ni nadie. El problema es que lo que no es creíble es precisamente el eje de su argumentación. Si trasladamos este debate a otros ámbitos lejos de la cuestión lingüística, podemos llegar a la conclusión de que las tesis de los ultraliberales que niegan al Estado cualquier derecho a intervenir en la vida de los individuos es la posición adecuada. Si esa no es la posición ideológica de los promotores, tendrán que admitir que ese debate entre políticas públicas y libertad individual sólo debe servir para cuestionar las políticas lingüística de las lenguas que ellos definen como no comunes. La aplicación tan particularista y ad hoc de un debate que ellos han querido vender como tan universal desacredita a sus promotores y, lo que es más importante, desacredita la lógica argumentativa del manifiesto.
Lo que el manifiesto no dice es que para mantener la cohesión social en Cataluña la lengua común también debe ser la catalana. Y la única manera de que en Cataluña el catalán sea también lengua común es que todos los que viven en esta comunidad dominen la lengua catalana. Sin ese dominio por parte de todos los que viven en Cataluña, no hay posibilidad para que el catalán pueda considerarse común. Y la consecuencia de que el catalán deje de ser común no sólo es que amenace el futuro de esa lengua, sino que también puede afectar gravemente la convivencia y la cohesión.
Silenciar que en Cataluña todos los jóvenes -con excepción de los inmigrantes- menores de 30 años dominan indistintamente la lengua catalana y la castellana es miserable. No incorporar en ningún momento de su discurso que la inmersión lingüística es sólo una técnica que en el contexto catalán ha evitado la separación de los alumnos en una doble red escolar, es miserable.
Argumentar que las tesis contra la inmersión son una defensa de los socialmente más indefensos, de los que no pueden escoger ni tan sólo alzar su voz, es de un populismo impropio de alguien que aspire a ejercer liderazgo intelectual.
Algunos promotores de ese manifiesto viven y trabajan en Cataluña y su profesión guarda relación con la docencia. Desconozco en qué lengua imparten sus clases, pero me gustaría que identificaran un solo alumno que tras su escolarización no tuviera un dominio del castellano.
Negar que cualquier institución pública que tiene que gestionar la cooficialidad de dos lenguas en su territorio -y una de ellas en situación de precariedad social por motivos históricos y de mercado- no tenga como misión evitar la segregación y la separación de sus ciudadanos, es profundamente insensato.
Si ese modelo de convivencia que se ha dado en Cataluña no cabe en la definición de lo común que algunos ahora proclaman, es que su visión de lo que es común es excesivamente restrictiva y sectaria.