Conversación privada sobre el ‘caso Madoff’, de Casimiro García-Abadillo en El Mundo

A FONDO

Mi fuente se dedica a gestionar fondos de renta fija para instituciones financieras. Ha trabajado muchos años en Nueva York para bancos de inversiones. Vive en Madrid, no muy lejos de donde tiene su domicilio Andrés Piedrahita. Entre los inversores que suelen recurrir a él en ciertos momentos está George Soros.

No les diré su nombre. El prefiere mantener el anonimato. Tampoco su nombre les diría nada. No es una persona conocida. No asiste a muchas fiestas y sus amigos forman parte de un reducido grupo de personas con las que mantiene relación desde que era un chaval.

Lo que sí les adelanto es que del negocio del dinero sabe mucho, y la prueba de ello es que le va muy bien a pesar de cómo está el patio.

Mi fuente conocía de la existencia del mito Madoff desde hace mucho tiempo. Hace 10 años invirtió en uno de sus fondos 100.000 dólares, tan sólo para ver si, efectivamente, la cosa era tan segura como se decía en los círculos más informados. Desde entonces, hasta ahora, los rendimientos no han variado de un margen del 10% al 12% anual. Y eso que han sucedido cosas en los últimos 10 años: explosión de la burbuja tecnológica; 11 de septiembre; hipotecas subprime… Nada, como un reloj, tic-tac, los intereses ingresaban en su cuenta cada mes.

En 2001, nuestro hombre fue a las oficinas del Fairfield Greenwich Group (el fondo que, desde hace cuatro años, comercializa Piedrahita en España) en Nueva York. Se pusieron exquisitos. Si quería entrar en Fairfield tenía que comprar participaciones en otros fondos que vendía la firma.

Lo que más llamaba la atención a mi interlocutor era conocer en qué se basaba el secreto de Madoff para lograr una casi nula volatilidad pasara lo que pasara en el entorno.

«En el fondo», me confiesa, «un gestor cree que su éxito está en ser más listo que el mercado: eso es lo que vendemos a nuestros clientes».

O sea, que Madoff había logrado lo que todo el mundo lleva buscando durante decenas, tal vez centenares, de años: ganar dinero siempre pase lo que pase.

Fue la curiosidad o tal vez la sana envidia la que llevó a nuestro experto a indagar aquí y allá para conocer el truco.

Por fin logró información precisa de las personas de Fairfield que decían conocer el sistema. Lo que hacía Bernard Madoff, le confesaron, era operar con opciones de compra (call) y de venta (pull) de los 25 títulos más líquidos de la Bolsa de Nueva York. Madoff se ahorraba el bid offer spread en la compra venta de opciones y ese ahorro le permitía tener una especie de colchón para garantizarles las ganancias a los clientes.

Es decir, era como si un mayorista renunciara a la ganancia de su margen para tener más contentos a sus clientes.

Le dijeron que con la comisión que cobraba como gestor (el asset management fee), que representa entre el 1% y el 1,5% del volumen de inversión que gestionaba, tenía suficiente.

«Pero yo no conozco a ningún judío, ni a ningún cristiano tampoco, que regale el dinero», dice con socarronería.

Algún malicioso le susurró que Madoff también hacía lo que en el argot bursátil se llama front running: cuando su firma recibía órdenes voluminosas de compra o de venta, él se posicionaba primero para comprar o vender y así aprovecharse de la subida o de la bajada de los títulos que esas órdenes iban a provocar en el mercado. En fin, una forma segura y eficaz de ganar dieron con información privilegiada sin que te pillen.

Pero nuestro hombre lo intentó desde el punto de vista teórico y los números nunca le salían. Porque, además de todo eso, para que surtiera efecto la fórmula, tenías que acertar siempre con la tendencia del mercado.

Y eso es prácticamente imposible. «Los hedge funds son como una orgía en la que entras con los ojos tapados. Nunca sabes lo que va a pasar», bromea mi fuente.

Por mucho que uno sea muy listo, siempre hay algún momento en el que se equivoca. Y Madoff no se equivocaba nunca, ni siquiera en ese proceloso mundo de los hedge.

Los ranking de fondos más rentables del mundo son como la canción del verano. Cada temporada cambian. Lo que demuestra que no hay nadie que pueda mantener elevados índices de rentabilidad de forma permanente.

Es más, advierte mi fuente tirando piedras contra su propio tejado: «A la larga no hay ningún fondo tan rentable como el índice de la Bolsa».

O sea, que Madoff no es que fuera el más listo de Wall Street, donde están los más listos de todos los listos del planeta, sino que montó un sistema que consistía lisa y llanamente en engañar a sus clientes haciéndoles creer que podía darles rentabilidades más modestas que otros pero más seguras en el tiempo.

¿Por qué lo hizo? «Yo no creo que lo hiciera para ganar mucho dinero. De hecho, por lo que se sabe, su fortuna ahora no pasa de los 300 o 400 millones de dólares. Eso no es nada teniendo en cuenta el volumen de dinero que movía. Más bien creo que lo hizo por el reconocimiento social que conlleva ser el responsable de una firma de prestigio que ha hecho ganar dinero durante muchos años, que tiene una clientela fija y que aparece ante la sociedad como un benefactor que, además, dona su dinero para causas justas».

De hecho, si no le hubieran reclamado de repente el reembolso de 7.000 millones de dólares tal vez nunca se hubiera descubierto el pastel. Un pastel que, por lo que parece, ni siquiera sus hijos conocían.

Pero en el asunto Madoff aún nos faltan muchas cosas por conocer.

Sólo sabemos, como decía el gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en la entrevista que publicaba ayer El País, lo que ha contado él: «Y lo que cuenta un delincuente vale poco».

Nuestro hombre se hace una pregunta: «¿Qué ocurría con el dinero que entraba en Madoff. Al margen de pagar la rentabilidad, ¿dónde iba el resto? ¿Cuáles eran las cuentas bancarias donde se ingresaba ese dinero? ¿Había ingresos financieros? Es imposible que se hayan esfumado 50.000 millones de dólares así como así».

Otra pregunta interesante es saber quiénes estaban al tanto de la trama fraudulenta.

¿Es creíble que ni siquiera sus hijos -que son los que han denunciado el caso ante el FBI- lo supieran?

Es más: ¿Es creíble que su socio desde hace más de 20 años, Walter Noel -el creador de Fairfield Greenwich-, no supiera nada de nada?

Uno de lo hombres que conoce a Piedrahita y que ha tenido la suerte de no caer rendido ante sus encantos bromea: «Al final, los ricos españoles son los que han soportado durante los últimos años la pirámide de Madoff. Cuando habían engañado ya a los ricos de Nueva York y de Londres vinieron a engañar a los españoles, que son bastante pardillos».

Si nuestra fuente, finalmente, no recomendó a sus clientes entrar en Madoff porque no se fiaba (como hizo también, por cierto, Credit Suisse), ¿por qué otros gestores creyeron en Madoff sin preguntar?

Más aún, de todo el dinero perdido por los multimillonarios en esta aventura, ¿qué porcentaje es dinero blanco y qué parte es inconfesable para Hacienda?

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Muere Montesquieu, de Pedro G. Cuartango en El Mundo

TIEMPO RECOBRADO

Uno de los fenómenos más inquietantes a los que estamos asistiendo en los últimos tiempos es la degradación del Parlamento, que se ha convertido en un cascarón vacío donde los diputados y los senadores se intercambian insultos y dirimen querellas que no interesan a nadie.

El último episodio de este proceso de deterioro es el debate y aprobación de los Presupuestos que tuvo lugar el jueves pasado. La votación fue un auténtico fraude, como dijo Cristóbal Montoro, pero no sólo porque las cuentas públicas se hayan quedado totalmente desfasadas sino, sobre todo, porque las decisiones del Congreso no sirven para nada, son puro papel mojado.

Explicaré lo que quiero decir: el Gobierno de Zapatero está tomando medidas como el plan de rescate de los bancos o la inversión de 8.000 millones para obras municipales al margen del Parlamento e incluso del Consejo de Ministros, que se limita a ratificar lo que el presidente ya ha anunciado públicamente.

Zapatero pacta con la banca unas ayudas de 250.000 millones de euros, equivalentes al 25% del PIB anual, que ni siquiera han sido debatidas o aprobadas formalmente por el Congreso, pero luego se enzarza con la oposición para polemizar en la Cámara sobre hechos que sucedieron en 1936.

La realidad es que hace ya mucho tiempo -desde la etapa de Felipe González- que las grandes políticas no se discuten en el Parlamento porque las decisiones las adoptan los jefes de Gobierno o se pactan en secreto con la oposición.

El Congreso se ha quedado para números como el que montaron recientemente Dolors Nadal, diputada del PP, y la ministra Elena Salgado en un apasionante debate dialéctico sobre los urinarios de La Moncloa.

Pese a su discurso regenerador, Zapatero es el menos interesado en revitalizar un Parlamento convertido en fachada de cartón que oculta las profundas carencias de nuestro sistema democrático. Al fin y al cabo, siempre se vive mejor en el poder si no hay incómodos controles.

Nunca he mitificado el Congreso porque soy consciente de sus muchas limitaciones en un sistema donde los diputados se ciñen a ratificar lo que decide previamente el Ejecutivo. Pero al menos deberían guardar mejor las apariencias.

Nuestra democracia ha ido derivando hacia un presidencialismo que contradice la letra y el espíritu de la Constitución. Se habla mucho de reformar la Carta Magna para poner un techo a las competencias de las autonomías, pero nada se dice del excesivo poder que han ido acumulando los presidentes del Gobierno, que asumen también la función de jefes del grupo parlamentario y líderes del partido.

El Congreso -con un personaje populista como Bono de presidente- se ha convertido en una caricatura de sí mismo y en una demostración de que la política ha degenerado en banal espectáculo. No en vano proclamó Alfonso Guerra la muerte de Montesquieu.

© Mundinteractivos, S.A.

Las denuncias falsas, de María Sanahuja en El País

Han pasado más de cuatro años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004. Se empezó a decir en voz alta que no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España, que las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales, provocaban dolor innecesario, suponían un despilfarro para el erario público y no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.

Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión. Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.

Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado. Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.

La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales. Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender; fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador; policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que “ellos también tenían familias”; abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos; periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre); y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.

Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema. Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres…), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado. Mueren tantas mujeres como antes.

La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.

La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie. Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina “agresor” al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos. Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.

María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas.

Sáhara, de Almudena Grandes en El País

De la semana pasada, un banquete para cualquier columnista, me quedo con una aparente pequeñez. Más allá de los vuelos de ida -problema para el PP- y vuelta -problema para el Gobierno- a Guantánamo, por encima de la auténtica crisis griega y de la comedia de enredo del PSC, al margen de la blancura de los guantes que usaba Madoff para robar a los patronos de los criados de guantes blancos, y hasta del impulso que ha experimentado el personaje de Aznar, que para pasar de padre de la patria a caricato de astracán sólo necesita que le pongan un micrófono delante en el extranjero, voy a escribir sobre una tristeza pequeña y sucia.

Me gustaría celebrar la derrota que los bárbaros de las 65 horas semanales han sufrido en Estrasburgo, pero me ha afectado más esta noticia breve, discreta, sin grandes titulares.

Porque yo creía que a los saharauis ya no les quedaba ni un centímetro de espalda libre para otra puñalada, pero el Gobierno español ha encontrado hueco para asestarla. Discreta, casi sigilosamente, Zapatero ha respaldado el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. A cambio, el primer ministro de Marruecos, Abbas el Fassi, ha declarado que está dispuesto a seguir dificultando la partida de los 100.000 desesperados subsaharianos que esperan la oportunidad de subirse a una patera para morir, quizás, en el Estrecho. Ya sé que mucha gente me dirá que esto se llama pragmatismo, realismo, diplomacia o sentido del Estado. Yo propondría otros nombres, abandono, injusticia, irresponsabilidad. Mientras tanto, en el desierto de Argelia, ante la indiferencia del mundo entero, los saharauis siguen custodiando las llaves de sus casas de Villa Cisneros, y enseñando a sus hijos por qué esa ciudad tenía un nombre español. Y ya sé que para su tragedia interminable no hay futuro, pero a mí, sólo de pensarlo, se me parte el corazón.

Ideas, intereses y oscuridades, de Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia

El 63% de los catalanes cree que el Gobierno de Zapatero incumple el Estatut en materia de financiación. El sondeo del Instituto Noxa para La Vanguardia,publicado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre pasados, así lo indicaba. La misma encuesta arrojaba otro dato que guarda una gran relación con el anterior: un 61% de ciudadanos apoyaría un nuevo referéndum para asegurar la integridad del Estatut aprobado en el 2006. Hasta aquí, una foto bastante coherente. Con estos resultados, cualquier político podría pensar que más de la mitad de la población se pondría a su lado en caso de tomar medidas de presión excepcionales para hacer valer los intereses generales de Catalunya. Pero el relato no es tan claro. El sondeo ofrecido por este diario también mostraba que un 51% de la ciudadanía es partidaria de acatar cualquier sentencia que emita el Tribunal Constitucional sobre el texto estatutario, aunque recorte y vacíe su contenido o lo interprete a la baja. Para redondear el cuadro, el mismo estudio demoscópico dejaba sobre la mesa otra información: sólo el 8% de los catalanes se sienten preocupados por el autogobierno cuando se les pregunta sobre los principales problemas del país, como si los dineros de la autonomía fueran de otra galaxia y como si los fenómenos que más les inquietan (paro, coste de la vida, inmigración, vivienda, inseguridad ciudadana y educación) nada tuvieran que ver con las políticas del Govern de la Generalitat. Como se señalaba en la explicación de estos datos, la sociedad catalana “sufre una verdadera escisión psicológica”.

¿Qué haría usted si fuera presidente de la Generalitat? A la luz de una Catalunya que apuesta por una cosa y su contrario a la vez, gobernar se convierte en algo más que cuadrar un colosal sudoku de intereses en conflicto, que es lo propio de cualquier nación desarrollada. La diferencia entre la sociedad catalana y la española en su conjunto es que los catalanes, poco o mucho, bien o mal, mantenemos abierto un debate público que va más allá de las políticas concretas y sectoriales que articulan el combate democrático en los países que gozan de estabilidad y progreso. Es el debate, siempre tenso, sobre el reparto del poder, los recursos y los símbolos en la España contemporánea, una auténtica prórroga de la transición. Tanto si usted está de acuerdo con el actual statu quo como si no, tanto si a usted le interesa el asunto como si le tiene harto, no se puede entender la política de Catalunya sin tener esto en cuenta. Aquí, por ejemplo, hablamos de mejorar la educación y, a la vez, de cómo la Administración central trata, a menudo, de invadir las competencias que tenemos. Así ocurre con todo. Lo cual no nos disculpa para nada de lo que hacemos mal nosotros solitos.

¿Qué mantiene vivo este debate singular que complica tanto la agenda política? Uno: la existencia de algo que llamamos catalanismo o nacionalismo, que actúa como relato estructurador de una sociedad, incluso para todos aquellos que son indiferentes o contrarios al mismo, empezando por los que más radicalmente niegan el hecho diferencial. Dos: la constatación creciente y objetivable de que muchas decisiones del poder central frenan, bloquean y retrasan el desarrollo y las oportunidades de Catalunya, obviando -por cierto- que la Generalitat también es Estado. Valga como ejemplo de este malestar la caída, en los diez primeros meses de este año, del 31,6% en las obras licitadas por el Gobierno en Catalunya, según han denunciado la Cambra de Comerç, el Cercle d´Economia, Foment del Treball y el RACC, entidades que no están dirigidas precisamente por maulets enardecidos. Puede que el catalanismo sea -como les gusta recordar a algunos- minoritario, irrelevante o poco visible entre las elites económicas, pero ocurre algo extraordinario a lo que no damos suficiente valor: sólo las premisas catalanistas proporcionan legitimidad fuerte a la defensa de unos intereses colectivos lesionados diariamente. En esto, estamos en el mismo punto que en 1901, pero con un Estado que, ahora sí, se ha modernizado. Los vascos y los navarros mantienen el mismo mecanismo de recubrimiento ideológico de intereses, pero lo han ocultado dentro de un consenso que nunca ha provocado escándalo en Madrid: todos los partidos, desde el PP hasta la ilegal Batasuna, están de acuerdo en mantener el concierto fiscal. Y, lo que es más fuerte, nadie del PP o del PSOE, ni los extremeños ni los andaluces, utilizan el caso para avivar la demagogia, como hacen con los euros de Catalunya. Sería demasiado perverso y fácil pensar que la tragedia terrorista no es ajena a esta disparidad de raseros.

Asistimos a la retransmisión en directo de los contactos Montilla-Zapatero para -nos dicen- concretar esa financiación que el Estatut debía poner a salvo de la coyuntura y “el peix al cove”. Atrapado en su estrecha viñeta, el socialismo catalán balbucea y hace oposición a la oposición con más histerismo que razones, lo cual es contraproducente: nunca el presidente de Catalunya se ha visto tan débil y menospreciado. El drama es que Montilla no se atreve a alterar ni un pelo la escisión psicológica de la sociedad catalana porque ello -se supone- rompería el PSC en dos mitades. Así, es incapaz de liderar nada y sólo le cabe esperar el último apaño. No se olvida de que muchos electores catalanes de Zapatero votan, sin saberlo, contra sus propios intereses. Viven, satisfechos, en la oscuridad.

Esta es la paradoja insalvable, triste y letal, que Maragall descubrió cuando entró en Camelot, y así le fue. Y así nos va.

Sindicatos, de Xavier Bru de Sala en La Vanguardia

A mayor responsabilidad y prudencia gubernamental, más tendencia sindical al griterío primario, que satisface los instintos de rebeldía pero contribuye a agravar la situación. El paro, además de injusto y dramático, es consecuencia de una situación que los trabajadores no han propiciado. A nadie se le ocurre echar las culpas de la crisis a la acción sindical, pues nada hay más alejado del capital financiero -en el epicentro de todos los terremotos- que CC. OO., UGT y sus homólogos en los países desarrollados. Incluso puede decirse de los sindicatos españoles, a diferencia por ejemplo de los franceses, que no se han movilizado contra la modernización de la economía ni en defensa de los privilegios de unos trabajadores a costa de todos los demás.

Concluido el reconocimiento, y antes de pasar a mayores, dos parabienes. El primero, europeo, porque el Parlamento ha tumbado la iniciativa de las sesenta y cinco horas. Segundo, por el Pacte Nacional per a la Immigració, que deja encauzado el tema, mucho más candente a medida que se reduce la demanda de puestos de trabajo, por acuerdo entre la consellera Capdevila, los agentes sociales y el casi habitual cuatripartito.

Es obvio que los sindicatos representan una función primordial en esta profunda crisis, y más en una economía productiva y de servicios como la catalana. Es primordial no coger fama de país especialmente conflictivo. Al contrario, la flexibilidad y la negociación deberían ser normas básicas, a pesar de las innumerables tensiones generadas por las dificultades de las empresas (que en la inmensa mayoría de los casos son debidas, no a una mala gestión sino a la contracción de la demanda). Si los sindicatos no son responsables, tampoco suelen serlo las empresas, por lo que procede repartir las cargas, so pena de agravar aún más la situación hasta provocar el cierre o el traslado a otros países con menores costes laborales. El objetivo primordial común, o en cualquier caso el sindical, es que las empresas no cierren o no se desplacen, porque entonces la pérdida de puestos de trabajo es total. Ante esta perspectiva, y a partir del mencionado reparto de cargas, no pocos sacrificios parciales son lo más recomendable.

No así las amenazas, como la lanzada por Josep Maria Álvarez a Sony, en el sentido de un boicot a los productos de la marca. El boicot conllevaría el cierre total de la factoría que se pretende salvar. Al contrario, los sindicatos deberían ofrecerse a favorecer la compra de productos fabricados aquí, por el beneficio que conlleva en mantenimiento de puestos de trabajo.

Mientras IU deriva hacia la aventura, mientras la división de CC. OO. conlleva riesgo de escorar hacia la demagogia populista, no se ha oído una palabra de pacto para aumentar la productividad.

La crisis financiera y el Estado accionista, de José María Garrido en Cinco Días

Los planes de rescate han vuelto a poner de actualidad una vieja cuestión del gobierno de las sociedades: el Estado como accionista. El autor reflexiona sobre los problemas que puede generar esta condición y que afectan a la libre competencia en el sistema financiero y al gobierno societario

Una de las consecuencias más notables de la actual crisis financiera es la puesta en marcha de planes de ayuda al sector financiero que contemplan la posibilidad de que el Estado adquiera acciones en las sociedades cotizadas de carácter financiero. Esta posibilidad ya se ha utilizado en Estados Unidos y en algunos países europeos. En España, la adquisición, por parte del Estado, de acciones y de otros títulos emitidos por entidades financieras se ha recogido en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 7/2008, aunque se afirma que, de momento, no se utilizará esta medida.

La posibilidad de adquirir acciones -u otros títulos- constituye una medida obvia y directa para reforzar los recursos propios de las entidades financieras en crisis. Sin embargo, y a pesar de la simplicidad de la medida, no son pocos los problemas que puede generar. Algunos de esos problemas afectan a la libre competencia en el sistema financiero y al gobierno societario de las propias entidades financieras.

Los planes de rescate han vuelto a poner de actualidad una vieja cuestión del gobierno de las sociedades: el Estado como accionista. En realidad, la experiencia del Estado como accionista es tan vieja como la propia sociedad anónima, pero es lícito preguntarse hasta qué punto el Estado ha asimilado los cambios en el gobierno societario y qué medidas adoptará para preservar los rasgos positivos de ese modelo de gobierno.

El primer recelo, naturalmente, se refiere a la libre competencia en el sector: no se trata solamente de que estas adquisiciones de acciones puedan suponer ayudas de Estado, sino especialmente de que la existencia de sociedades en las que el Estado tenga una importante participación accionarial, en un sector especialmente regulado, y con las conexiones entre el organismo que ostente las participaciones accionariales y los supervisores financieros y los responsables de la política económica y monetaria, puede provocar, potencialmente, desigualdades informativas y de trato en el desarrollo de las actividades financieras. Es extraordinariamente importante, por ello, que queden totalmente separadas las funciones regulatorias de la posición del Estado como accionista de las sociedades que participan en el mercado.

Pero no es ése el único problema. Al convertirse en accionista, el Estado tiene que asumir una posición responsable en el buen gobierno de las sociedades. No puede afirmarse, como se ha hecho desde Estados Unidos, que el Estado va a ser un inversor pasivo. Si el Estado asume participaciones significativas en sociedades anónimas, ha de comportarse con responsabilidad y participar en la vida societaria.

Un Estado que obliga a los fondos de pensiones, o a las instituciones de inversión colectiva, a participar como accionista en las sociedades en las que tienen importantes inversiones no puede adoptar una actitud pasiva. Sería importante, por ello, que los organismos estatales que vayan a adquirir acciones en sociedades financieras adopten líneas de actuación como las recomendadas por la OCDE, de modo que el Estado se comporte como un accionista responsable, y que desarrolle sus actuaciones como accionista con arreglo a criterios definidos y previsibles. Tan dañino para el interés social puede ser que el Estado se comporte como un accionista que persigue fines políticos y extrasocietarios, como que el Estado haga dejación de sus derechos como accionista.

Además, el Estado ha de asegurar que existe transparencia e igualdad informativa entre los accionistas, en lugar de prevalerse de su condición para relacionarse con los administradores y acceder a información privilegiada sobre la sociedad. Al mismo tiempo, no es positivo que el Estado se involucre en la gestión diaria de las sociedades en las que invierta, sino que debe limitarse a controlar a los gestores mediante el ejercicio de los derechos que le corresponden como accionista. En particular, el Estado debería ejercer su influencia para que la remuneración de los administradores -que se ha convertido en una de las cuestiones más polémicas- favorezca el interés a largo plazo de la sociedad y evite los excesos que han caracterizado al sector en los últimos tiempos.

Por supuesto, estas breves consideraciones no agotan el catálogo de problemas relacionados con la condición del Estado como accionista: es preciso reflexionar sobre el régimen de las operaciones vinculadas y los contratos que las entidades financieras concluyan con el Estado, y sobre la posibilidad de que el Estado tenga participaciones accionariales en distintas sociedades competidoras, lo cual puede provocar conflictos particularmente intensos, especialmente si se plantean fusiones entre dichas sociedades.

José María Garrido. Catedrático de Derecho Mercantil, miembro del Foro Europeo de Gobierno Corporativo y consejero de Cuatrecasas.

Artificios contables y aguinaldos navideños, de Jesús Cacho en El Confidencial

CON LUPA

El señor Zapatero está tan entregado a remediar la crisis (¿qué crisis? ¿Es que alguna vez hubo una crisis?), que, para hacer feliz a la ciudadanía, ha decidido que las empresas en quiebra, o sea, aquéllas en que el activo realizable es inferior al pasivo exigible, dejen de serlo. Pero no porque los socios repongan los recursos que la empresa ha perdido vía ampliación de capital, no, que eso sería lo fácil. El Gobierno ha solucionado el grave problema con una sencilla modificación legal. En efecto, mediante una disposición adicional única introducida en un Decreto-Ley, ya no considera incursas en  causa de disolución a las sociedades anónimas y limitadas que, pongamos por caso, hayan perdido todos sus fondos propios y más. Basta con que las pérdidas sean por el deterioro (sic) en rúbricas del balance tan poco significativas como el Inmovilizado Material, las Inversiones en Inmuebles y las Existencias. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Esto no son artificios contables. Son milagros contables.

Se trata del Real Decreto-Ley 10/2008, publicado en el BOE del pasado viernes 13 de diciembre, que, con la que está cayendo, ha pasado casi desapercibido a pesar de su indudable trascendencia. Un escándalo mayúsculo, en un país donde los escándalos se suceden un día detrás de otro. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América proclamó como derecho inalienable de los hombres la búsqueda de la felicidad. Nuestro Gobierno ha profundizado en la idea. Para que esa felicidad pueda alcanzarse con más facilidad, nada más apropiado que disponer, rango de ley mediante, que aquí no quiebra nadie. ¿No es fantástico? Para mí que Zapatitos se ha quedado corto, porque, ya puestos, lo mejor sería abolir la propia contabilidad, esa ciencia o técnica -depende de las escuelas- que tantos quebraderos de cabeza produce a las empresas.

Una solución alternativa podía consistir en que las empresas vuelvan a la “cuenta de la vieja”, la única que vale: la de Caja y tiro porque me toca. Los auditores internos, externos y mediopensionistas, al paro por aguafiestas y cicutas. Descubierta la magia del Decreto-Ley, sólo hay un paso en el camino de perfección por el que nuestro Gobierno nos conduce con mano firme: que, por el mismo procedimiento, disponga que no hay crisis (¿qué crisis? ¿Es que alguna vez hubo una crisis, José Luis querido, pedazo de estadista?). No sé si los parados tendrán trabajo o los empresarios tendrán créditos, pero crisis, lo que se dice crisis, ninguna. Lo ha dispuesto el Gran ZP.

Una ventaja adicional nada desdeñable del Real-Decreto que consagra el Fin de la Contabilidad es que, al no existir ninguna empresa en la desagradable situación que supone una quiebra, los bancos no tendrán que provisionar crédito de ningún tipo. ¿No es maravilloso, again? ¿Cómo no se le habrá ocurrido a Madoff? Para terminar de arreglarle el cuerpo a los banqueros ahora que estamos en fiestas, José Luis les ha preparado un aguinaldo (“regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía”, según el DRAE) bancario: con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado, banqueros y altos ejecutivos bancarios tributarán por las rentas de capital recibidas de sus propias entidades al 18%, en lugar de al 43%. Una medida de gracia solo aplicable a bancos y cajas.

Por partes. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), en su art. 46, introdujo una limitación en el cómputo de los rendimientos de capital mobiliario que tributarían al tipo fijo del 18%, al excepcionar de dicho tipo a los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios cuando procedieran de entidades vinculadas con el contribuyente, ya que, en estos casos, por imperativo legal, pasan a formar parte de la renta general, tributando por consiguiente a la escala general del impuesto.

Con independencia de la injusticia que late bajo semejante tratamiento fiscal, el presidente del Gobierno se ha encargado de empeorar la situación haciendo gala de su desprecio infinito a los contribuyentes. A tal efecto, la  Disposición Final Tercera, apartado Dos, del Real Decreto 1804/2008 introduce, con efectos 1 de enero de 2008, una nueva Disposición Adicional Séptima al Reglamento del IRPF que, en definitiva, supone que a partir de dicha fecha los rendimientos que satisfagan las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, etc.) a, pongamos por caso, sus consejeros, no se va a considerar que proceden de entidades vinculadas, a los efectos de aplicar lo dispuesto en el citado art. 46 de la LIRPF.

Es decir, los rendimientos que estos perceptores (personas físicas vinculadas a las entidades de crédito) obtengan derivados de la cesión de capitales propios tributarán al tipo fijo del 18% y no al tipo de gravamen de la escala general (un 43% para las rentas más altas), como le ocurrirá “al resto de los mortales” que se encuentren en igual situación, esto es, vinculación con entidades distintas de las de crédito. Se hace así de peor condición, en lo que a tributación se refiere, a cualquier persona vinculada con una entidad que no sea de crédito.

Conviene decir que el articulito en cuestión forma parte de un Decreto-engrudo donde, por haber, hay hasta normas relacionadas con el mecenazgo. La señora Vicepresidenta ha dicho que en su promulgación ha habido “absoluta trasparencia”, sin duda la que en Física distingue a los llamados agujeros negros. Digamos también que el Real Decreto lleva la conformidad del Consejo de Estado, aunque algunos rumores apuntan a que el “Supremo Órgano Consultivo” no habría informado de una norma fiscal que se habría introducido a última hora, lo cual podría explicar una “conformidad” que, de otro modo, implicaría un desconocimiento del Derecho por parte del alto organismo, en la forma, y una indigencia intelectual extrema, en el fondo.

Porque la norma de marras, una especie de compendio de infracciones de principios elementales en un Estado civilizado, vulnera abiertamente, ahí es nada, principios tan poco importantes como los de legalidad y jerarquía normativa, y el de igualdad ante la ley (“a igual renta, igual tributación”): arts. 14 y 31 de la Constitución Española.

El referido aguinaldo es, en definitiva, uno más en la larga lista de favores a la banca y a los banqueros, un postre muy navideño para ese gigantesco menú de rescate que, por importe de 250.000 millones, ha venido a premiar una gestión nada profesional capaz de enladrillar al lucero del alba. Y mientras el Gobierno despliega sus favores con los señores del dinero, al pequeño y mediano empresario que se deja las pestañas intentado pagar la nómina, que le vayan dando. Se le trata como lo que es: un súbdito que paga y calla.

En fin, la vida siga, y dentro tres años y pico volverán a salir elegidos, mutatis mutandis, el mismo Gobierno y la misma oposición. Cánovas y Sagasta, Sagasta y Cánovas. Extraña España la nuestra, dizque potencia mundial y democracia avanzada, pero que esencialmente responde a  esquemas propios de una sociedad estamental supuestamente abolida en el lejanísimo trienio liberal 1820-1823, clausurado a sangre y fuego por los absolutistas del Rey Felón. Feliz Navidad, queridos amigos de El Confidencial y que los Dioses repartan hoy suerte.

Todo a peor, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

La escalofriante entrevista que ayer se publicó en El País con el gobernador del Banco de España, la primera en profundidad que concede, remite a un escenario socio-económico verdaderamente dramático. “Nadie se escapa de la parálisis”, afirma Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que subraya que “los consumidores no consumen, los empresarios no contratan, los inversores no invierten y los bancos no prestan”, y remata: “La desconfianza es total”. La verdad es que la descripción de la situación no por pesimista deja de ser cierta. Hora era de que se dijesen las cosas como son, más allá de apelaciones a un “optimismo patriótico”, que es el que acostumbra a manejar con donaire el presidente del Gobierno.

Sobre el diagnóstico del gobernador del Banco de España puede sustentarse la afirmación de que la situación tiende a empeorar en todos los aspectos. También en el político. La izquierda más dura -Izquierda Unida- ha optado por el discurso contundente del comunista Cayo Lara, y el sindicato más importante, Comisiones Obreras, ha sustituido a un pragmático y burócrata José María Fidalgo por un secretario general -Ignacio Fernández Toxo- que augura un discurso más radicalizado. La crisis, el desempleo, el fracaso de la regulación del libre mercado y las excrecencias morales que está mostrando la recesión son circunstancias que favorecen la emergencia de dinámicas antes preteridas y que se pensaban periclitadas. Vuelve, que nadie se engañe, una oleada ideológica que reivindica un remozado marxismo social.

El Gobierno y la oposición, sin embargo, no parecen salir de su tono mediocre y rutinario pese a los avisos de todo orden que reciben de la sociedad y de las instancias institucionales independientes. Mientras el PP persiste sumido en una confusión desconsoladora, el Gobierno, además de sacar adelante unos Presupuestos fallidos, se ha sumergido en una negociación bilateral con la Generalidad de Cataluña para acordar la financiación de esa comunidad autónoma que está encendiendo a las demás y quebrando el modelo estatal unitario y autonómico yendo, de hecho, hacia prácticas federales e, incluso, confederales. El conflicto se avizora en el reparto de fondos a las Autonomías y es una realidad cuajada y preocupante en la Universidad y en la Justicia. Los universitarios insisten en sus movilizaciones contra el Plan Bolonia como pretexto para mostrar su desazón y malestar, y los jueces y magistrados se plantean, retadoramente, una serie de huelgas y protestas activadas, desde luego, por sus deficientes condiciones retributivas y laborales, pero también por el cambalache en la designación de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial.

Todo, en consecuencia, a peor en una coyuntura en la que desconfianza social se ha enseñoreado de una España que, después del sorteo de lotería de Navidad, se dispone a despedir el año 2008 en medio de las más graves incertidumbres de las últimas décadas. Nadie duda ya de que la actual es la segunda Gran Depresión.

Los Grundrisse de Marx, 150 años después, de Marcello Musto en SinPermiso

Como ocurre ahora de nuevo, 150 años después, con la crisis de las subprime, en 1857 los EEUU fueron el teatro de desarrollo de una gran crisis económica internacional, la primera de la historia. Tal suceso generó gran entusiasmo en uno de los más atentos observadores de la época: Karl Marx.

En realidad, después de 1848, Marx había sostenido repetidamente que una nueva revolución sólo podría venir como consecuencia de una crisis, y cuando estalló la de 1857, se resolvió, a pesar de la miseria y los problemas de salud que lo atenazaban, a reemprender los intensos estudios que había comenzado en el British Musuem de Londres en 1850 y a dedicarse nuevamente a su obra de crítica de la economía política. Resultado de ese trabajo, desarrollado entre agosto de 1857 y mayo de 1858, fueron 8 voluminosos cuadernos: los Grundrisse, el primer esbozo de El Capital.

Esos cuadernos terminaron luego sepultados bajo los tantos manuscritos inacabados de Marx, y es probable que no fueran siquiera leídos por el propio Friedrich Engels. Tras la muerte de éste, los manuscritos inéditos de Marx pasaron a ser custodiados por los archivos de la SPD, pero fueron tratados con gran negligencia. La única parte de los Grundrisse dada a imprenta durante ese período fue la “Introducción”, publicada en 1903 por Karl Kautsky. Esa publicación suscitó un notable interés –constituía, en realidad, el tratamiento más detallado jamás escrito por Marx de cuestiones metodológicas— , y fue rápidamente vertida a muchas lenguas, convirtiéndose en uno de los escritos más comentadas de toda su obra.

A despecho de la fortuna experimentada por la “Introducción”, los Grundrisse permanecieron todavía inéditos durante mucho tiempo. Su existencia sólo se hizo pública en 1932, cuando David Riazanov, director del Instituto Marz-Engels en Moscú, los redescubrió al examinar el legado literario de Marx conservado en Berlín. Los fotocopió, y en los años que siguieron varios especialistas soviéticos descifraron su contenido y lo dactilografiaron. Cuando aparecieron publicados en Moscú, en dos volúmenes (1939 y 1941), constituyeron el último manuscrito importante de Marx hecho público. Sin embargo, al haberse publicado en vísperas de la II Guerra Mundial contribuyó a que la obra permaneciera desconocida. Las 3.000 copias de la edición de Moscú se convirtieron en una rareza bibliográfica, y muy pocas lograron traspasar las fronteras soviéticas. Hubo que esperar a 1953 para su reimpresión.

Como ya había ocurrido con la “Introducción”, fue otro extracto de los Grundrisse lo que generó un interés particular que en cierto modo eclipsó al conjunto de la obra: las “Formaciones precapitalistas”. Lo cierto es que, a partir de los años 50, ese texto fue traducido a muchas lenguas, y el prefacio del editor inglés, Eric Hobsbawm, contribuyó a difundir y dar resonancia a su contenido: “se trata del intento más sistemático jamás realizado por Marx de plantear la cuestión de la evolución histórica, y se puede afirmar que cualquier discusión historiográfica marxista que no haya tenido en cuenta este texto deberá replantearse a la luz del mismo”.

La difusión de la versión íntegra de los Grundrisse fué un proceso lento pero inexorable, y una vez concluido, permitió una apreciación más completa y, en según qué aspectos, distinta del conjunto de la obra de Marx. Las primeras traducciones se realizaron en Japón (1958-65) y en China (1962-78). En la Unión Soviética, en cambio, no aparecieron hasta 1968-69.

A fines de los años 60, los Grundrisse comenzaron a circular también por Europa occidental. Aparecieron, primero, en Francia (1967-68) y en Italia (1968-70), por iniciativa de empresas editoriales vinculadas a los partidos comunistas. En lengua castellana fueron publicados en Cuba (1970-71) y en Argentina (1971-6) y luego, en otras ediciones, también en México y en España. La traducción inglesa sólo vio la luz en 1973, en una edición al cuidado de Martin Nicolaus, quien en el prólogo afirmó lo que sigue: “los Grundrisse son el único esbozo de conjunto del proyecto económico-político de Marx, y someten a prueba a cualquier interpretación seria de Marx concebida hasta la fecha”.

Los años 70 fueron la década decisiva también para la traducción en la Europa del Este, y los Grundrisse fueron publicados en Checoslovaquia (1971-7), Hungría (1972), Rumanía (1972-4) y Yugoslavia (1979). En el mismo período, parecían también en Dinamarca (1974-8), mientras que, en los años 80, se publicaron en Irán (1985-7), en lengua eslovena (1985), en Polonia (1986) y en Finlandia (1986). Por lo demás, tras 1989 y el fin del llamado “socialismo real”, los Grundrisse siguieron siendo traducidos en otros países: Grecia (1989-92), Turquía (1999-2003), Corea del Sur (2000), Brasil (2008), y a día de hoy, han sido íntegramente publicados en 22 lenguas, con un total de 500.000 mil ejemplares salidos de imprenta. Una cifra que sorprendería a quien, a sólo beneficio de inventario, tratara de hacerse una idea de alcance de los estudios de economía política.

El primer comentarista de los Grundrisse fue Roman Rosdolsky, cuya obra Génesis y estructura del ‘Capital’ de Marx, publicada en 1968, constituye la primera monografía dedicada al texto marxiano. Ese mismo año, los Grundrisse sedujeron a algunos de los protagonistas de de las revueltas estudiantiles, que comenzaron a leerlos, entusiasmados por explosiva radicalidad de sus páginas. Por lo demás, los Grundrisse ejercieron una fascinación irresistible entre quienes, sobre todo en los finales de la nueva izquierda, estaban empeñados en superar la interpretación de Marx suministrada por el marxismo-leninismo.

En el mismo período, también los tiempos habían cambiado en el Este. Tras una primera fase en la que los Grundrisse se estudiaban con desconfianza, pasaron a ser definidos por el prestigioso investigador ruso Vitali Vygodski como una obra genial a la que había que prestar la debida atención. Así pues, en unos pocos años, los Grundrisse se convirtieron en un texto fundamental con el que estaba obligado a medirse cualquier estudioso serio de la obra de Marx.

Aun con diversos matices, los varios intérpretes se dividieron entre quienes consideraban los Grundrisse un texto autónomo, al que podía atribuirse una compacidad conceptual completa, y quienes lo estimaban un manuscrito prematuro y meramente preparatorio de El Capital. El trasfondo ideológico de las discusiones sobre los Grundrisse –el núcleo de la disputa tenía que ver con el mayor o menor fundamento de la interpretación misma de Marx, con todas sus implicaciones políticas derivadas— trabajó a favor del desarrollo de tesis interpretativas inadecuadas y que hoy resultan hasta risibles. Entre los comentaristas más entusiastas de ese escrito, los hubo que hasta se avilantaron a sostener su superioridad teórica respecto de El Capital, aun cuando este último contenía los resultados de una década de intensísima investigación ulterior. Y al revés, pero análogamente, entre los principales detractores de los Grundrisse no faltaron quienes, a pesar de los significativos pasos consagrados a la alienación,  afirmaban que no añadían nada a lo ya sabido de Marx. Entre las encontradas lecturas de los Grundrisse, destacan las no-lecturas, el caso más llamativo de las cuales es el de Althusser, que concibió una polémica subdivisión del pensamiento de Marx en obas juveniles y obras de madurez, ignorando por completo el contenido de los Grundrisse

Mas, en general, a partir de mediados de los años 70, los Grundrisse conquistaron un número creciente de lectores e intérpretes. Varios estudiosos vieron en ese texto el lugar privilegiado para profundizar en una de las cuestiones más debatidas del pensamiento de Marx: su deuda intelectual con el legado de Hegel. Y aun otros quedaron fascinados por los proféticos pronunciamientos contenidos en los fragmentos dedicados a las máquinas y a su automatización.

Hoy, con la distancia de 150 años, los Grundrisse muestran la persistente capacidad explicativa de Marx a la hora de explicar el modo capitalista de producir. Su capacidad para entender el papel histórico del capitalismo, en el que la creación de una sociedad cada vez más avanzada y cosmopolita en relación con las que le han precedido queda perspicazmente dibujado junto con la crítica de los obstáculos que el capitalismo pone a un desarrollo social e individual más completo. Por lo demás, los Grundrisse tienen un valor extraordinario, porque recogen un sinnúmero de observaciones (entre ellas, las que tienen que ver con el comunismo) que su autor no tuvo ocasión de desarrollar luego en ninguna parte de su incompleta obra. Es harto probable que las nuevas generaciones que se acerquen a la obra de Marx queden también fascinadas por estos seductores manuscritos, y es lo cierto que resultan todavía indispensables para quienes quieran pensar seriamente en la crisis de la izquierda y en la transformación del presente.

Marcello Musto es coordinador y coautor de Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Kart Marx tra filologia e filosofia, (de aa.vv.), Manifestolibri, 2006, Roma, que está siendo traducida al castellano por Guillermo Almeyra y será publicada en breve en México. Residente actualmente en Berlín, y colaborador de la nueva edición  crítica internacional de las obras de Marx y Engels (nueva MEGA), es uno de los jóvenes marxólogos europeos más activos y prometedores

Traducción para wwws.inpermiso.info: Leonor Març, revisada por Antoni Domènech

www.sinpermiso.info, 21 diciembre 2008

“El lamento del cabrón”, de Juan Gelman en Página 12

Es el título de una conocida canción del trío español de rock pesado Orthodox, pero nadie piense mal: se refiere al macho cabrío o cabra muy grande y no el adjetivo en que el uso común ha convertido al sustantivo. Uno de los versos de la letra dice “oye al cabrón que llora”. Claro que, en castellano, es difícil separar las dos acepciones. El cabrón-caprino estuvo presente en la mitología y las religiones desde tiempos muy lejanos. Artemisa lo consideraba un animal sagrado y un atributo dionisíaco. En el Antiguo Testamento es símbolo de la adoración de falsos dioses (Isaías, 13:21 y 34:14). El sumo sacerdote del templo de Júpiter tenía prohibido tocarlo. Pero éstas son divagaciones.

El presente artículo se refiere más bien a declaraciones recientes de W. Bush. Cuando un periodista de TV le preguntó cuál era, a su juicio, el mayor fracaso de su gestión, el mandatario saliente explicó (abcnews.go.com, 1-12-08): “Lo que más lamento de mis dos presidencias serían las fallas de (los servicios de) inteligencia en Irak”. Dicho de otra manera: los servicios de espionaje le informaron que Saddam Hussein tenía un arsenal de armas de destrucción masiva (ADM) y no le quedaba otro remedio que desatar la guerra. No se compunge por lo que hizo, que cuesta ya más vidas estadounidenses que el atentado contra las Torres Gemelas y un número de víctimas iraquíes que tal vez asciende a centenares de miles, sino por lo que presuntamente le hicieron. Que el victimario se haga la víctima es un viejo tic de nuestra civilización y exige mucho olvido, propio y ajeno.

El 7 de octubre del 2002, W. advertía en Cincinnati que “no se debe permitir al dictador iraquí que amenace a EE.UU. y al mundo con venenos, enfermedades terribles y gases y armas atómicas”. Ya olvidaba entonces que ocho meses antes un informe de la CIA no encontraba “evidencias de que Irak esté comprometido en acciones terroristas contra EE.UU. desde hace casi una década, y que está asimismo convencida de que el presidente Sa-ddam Hussein no ha proporcionado armas biológicas o químicas a Al Qaida y grupos afines” (The New York Times, 17-2-02). Es que la decisión de invadir Irak se había tomado ya en Camp David durante el fin de semana que siguió al 11/9.

El presidente Bush acentuó su no responsabilidad en la entrevista de la cadena ABC: “Mucha gente arriesgó su reputación y dijo que la posesión de ADM era una razón para derribar a Saddam Hussein. No sólo personas de mi administración opinaron así, muchos miembros del Congreso, antes de mi llegada a Washington D.C., en el debate sobre Irak, y muchos líderes de naciones de todo el mundo se basaron en los mismos datos de inteligencia… y yo habría deseado que la inteligencia hubiera sido diferente, supongo”. Dicho de otra manera: W. no tuvo más remedio que plegarse a la idea imperante sobre Saddam. Qué desmemoria: Thomas Ricks, corresponsal de guerra del Washington Post, relató en su libro Fiasco (The Penguin Press, Londres, 2006) que sólo cinco parlamentarios habían leído la evaluación clasificada de la comunidad de espías. Habrán encontrado luego –se supone– que la Casa Blanca había mutilado el texto del informe que se hizo público para convencer al pueblo estadounidense del peligro iraquí: desaparecieron advertencias y pruebas contrarias a lo que Bush quería demostrar (New Republic, 30-6-03). Un olvido más qué le hace al tigre.

El mensaje del gobierno norteamericano se volvió cada vez más intimidante en el 2000: el 26 de agosto, el vicepresidente Cheney –que mucho hizo para ocultar la realidad– subrayaba en Nashville que Saddam poseía “un arsenal de armas terroríficas que constituyen una amenaza para nuestros amigos de toda la región y que podrían someter a EE.UU. y a cualquier otra nación al chantaje nuclear”. Los analista de la CIA no estaban de acuerdo: en general daban por buenos los resultados de las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica acerca del programa nuclear iraquí: no existía, según el organismo de la ONU. Hasta el departamento de inteligencia del Pentágono elaboró una evaluación que señalaba: “No hay información fidedigna acerca de si Irak está produciendo o almacenando armas químicas o si ha restablecido, o se propone restablecer, sus instalaciones de producción de armas químicas” (www.dia.mil, septiembre 2002). La Casa Blanca no tomó en cuenta el informe: su voluntad política no quiso.

La invasión de Irak y Afganistán obedeció a planes de los “halcones-gallina” muy anteriores al 11/9 y su olor a petróleo y designios imperiales se extendió por el planeta. Los históricos olvidos de la historia que perpetra W. Bush tienen precedentes muy antiguos. Hace 25 siglos, la sangrienta oligarquía de Los Treinta prohibió en Atenas por decreto recordar la derrota militar que le infligiera Esparta. Hoy, la repetición de las versiones oficiales torna innecesarios los decretos.

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Pakistán: la pesadilla de Obama, de Immanuel Wallerstein en La Jornada

El 26 de noviembre de 2008, un pequeño grupo de 10 personas atacó dos lujosos hoteles y otros sitios en el centro de Bombay (India) y, por varios días, se las arregló para matar y herir a un gran número de personas y provocar una destrucción material masiva en la ciudad. Fueron necesarios varios días para poder ponerle fin a la matanza. Está muy extendida la suposición de que los ataques fueron conducidos por el grupo paquistaní Lashkar-e-Taiba (Ejército de los Buenos o LET por sus siglas), que se piensa tiene motivaciones similares a Al Qaeda, y que tal vez tiene vínculos directos con éste. La prensa mundial de inmediato calificó las matanzas de “el 11 de septiembre de India”, repetición de los ataques de Al Qaeda lanzados contra Estados Unidos en 2001.

Las motivaciones y la estrategia de Al Qaeda fueron en gran medida mal entendidos en 2001, tanto por Estados Unidos como por los analistas. Hay el riesgo de que ocurra la misma cosa ahora. Por supuesto, en 2001 Al Qaeda estaba buscando humillar a Estados Unidos. Pero desde el punto de vista estratégico, esto sólo era una motivación secundaria. Al Qaeda siempre ha dejado claro que su objetivo primario es la recreación del califato islámico. Y, como asunto de política estratégica, ha considerado que el primer paso necesario es el colapso de los gobiernos de Arabia Saudita y Pakistán. Al Qaeda considera que estos dos gobiernos han sido esenciales respaldos políticos de la dominación política occidental (sobre todo la estadunidense) en la más grande región de Medio Oriente, y como tal los mayores obstáculos a la recreación del califato, cuya base geográfica inicial estaría, por supuesto, en esta región.

El ataque del 11 de septiembre puede verse como un intento por hacer que el gobierno de Estados Unidos se involucre en actividades políticas que le pongan a los gobiernos paquistaní y saudita el tipo de presiones que terminen socavando su viabilidad política. Las principales acciones de Estados Unidos en la región desde 2001 –la invasión de Afganistán primero, y luego la de Irak– ciertamente cumplen las expectativas de Al Qaeda. ¿Cuál ha sido el resultado?

El gobierno saudita ha reaccionado con gran astucia política, esquivando las presiones estadunidenses que la podrían haber debilitado internamente, y ha sido capaz hasta ahora de minimizar el éxito político de Al Qaeda en Arabia Saudita. El gobierno paquistaní ha sido mucho menos exitoso. El régimen de Islamabad es mucho más débil en 2008 de lo que era en 2001 el que lo precedió, mientras que la fuerza política de los elementos tipo Al Qaeda no ha dejado de aumentar. Los ataques de Bombay parecen un esfuerzo por debilitar el Estado paquistaní todavía más. Por supuesto, LET quiso lastimar a India y a aquéllos vistos como sus aliados –Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel–, pero éste fue un objetivo secundario. El primario era derribar al gobierno paquistaní.

En Pakistán, como en cualquier país del mundo, las elites políticas son nacionalistas y buscan impulsar los intereses geopolíticos de su país. El objetivo es fundamentalmente diferente de los grupos semejantes a Al Qaeda, para los cuales la única función legítima de un Estado es impulsar la recreación del califato. La persistente negativa del mundo occidental a entender esta distinción es una fuente importante de la continuación de la fuerza de Al Qaeda. Es esto lo que tornará a Pakistán en la pesadilla de Obama.

¿Cuáles son los intereses geopolíticos de Pakistán? Antes que nada, se preocupa por sus vecinos principales: India y Afganistán. Estas preocupaciones han modelado su estrategia geopolítica durante los últimos 60 años. Pakistán ha buscado poderosos aliados contra India. Históricamente encontró dos: Estados Unidos y China. Ambos apoyan a Pakistán por una sencilla razón, mantener controlado a India, considerado por ambos países muy cercano geopolíticamente a la Unión Soviética, con la cual ambos han tenido conflicto.

En los años 90, con el fin de la guerra fría y la momentánea debilidad geopolítica de Rusia, tanto Estados Unidos como China buscaron tentativamente obtener relaciones más cercanas con India. India era un premio mucho más importante que Pakistán, y lo sabía. Una de las formas en que Pakistán reaccionó fue expandiendo su papel en (y su control sobre) Afganistán, y apoyando la eventualmente exitosa toma del poder de los talibanes en el país.

¿Qué pasó después de 2001? Estados Unidos invadió Afganistán, corrió a los talibanes e instaló un gobierno que tenía elementos amistosos hacia Estados Unidos, Rusia y aun Irán, pero para nada con Pakistán. Al mismo tiempo, Estados Unidos e India se acercaron con más confort mediante los nuevos arreglos de la energía nuclear. Entonces, el gobierno paquistaní se hizo de la vista gorda hacia la renovada fuerza talibán en las regiones tribales del noroeste que hacen frontera con Afganistán. Los elementos talibanes ahí, respaldados por Al Qaeda, renovaron sus operaciones militares en Afganistán, y con considerable éxito, debe resaltarse.

Estados Unidos se molestó bastante, presionó al ejército paquistaní a que actuara militarmente contra estos elementos talibanes/Al Qaeda, y se implicó en acciones militares directas (si bien encubiertas) en esta región. El gobierno paquistaní se halló de pronto entre una roca y un sitio duro. Nunca había tenido mucha capacidad para controlar las cosas en las regiones tribales. Y los intentos que hizo como resultado de la presión del gobierno estadunidense lo debilitaron todavía más. Pero su ineficacia empujó a los militares de Estados Unidos a actuar más directamente, lo que condujo a un severo sentimiento antiestadunidense aun entre las elites históricamente pro Estados Unidos.

¿Qué puede hacer Obama? ¿Enviar tropas? ¿En contra de quién? ¿Contra el propio gobierno paquistaní? Se dice que Washington está particularmente preocupado por el acopio nuclear con que cuenta Pakistán. ¿Intentará apoderarse de este acopio? Cualquier acción en esa línea –y Obama imprudentemente apuntó la posibilidad de acciones de ese tipo en su campaña electoral– haría que el fiasco iraquí se viera como un suceso menor. Sin duda condenaría los objetivos internos de Obama.

No faltará gente que le aconseje que no hacer nada significará una debilidad inaceptable. ¿Es ésa la única alternativa de Obama? Parece claro que continuar con su agenda, como él mismo la ha definido, requiere apartarse de las interminables y nada fructíferas actividades estadunidenses en Medio Oriente. Irak será fácil, porque los iraquíes insisten en que Estados Unidos se retire. Afganistán será más duro, pero no es imposible un arreglo político. Irán puede negociarse. El conflicto Israel/Palestina es por el momento irresoluble, y Obama no puede hacer mucho más que dejar que la situación se pudra aún más tiempo.

Pero Pakistán requiere una decisión. Si ha de sobrevivir algún gobierno paquistaní, será uno que pueda mostrar que se sostiene por sí mismo geopolíticamente. Esto no será fácil, dada la situación interna, y la enojada opinión pública de India. Si hay algún lugar en que Obama puede actuar con inteligencia ése es el sitio.

© Immanuel Wallerstein

Traducción: Ramón Vera Herrera.