Copago y buena salud, de Salvador Cardús i Ros en La Vanguardia

Estoy absolutamente a favor de la implantación de un sistema de copago sanitario moderado, tanto en la atención primaria y hospitalaria pública, como en el gasto farmacéutico. Pero también creo que en ningún caso debería ser defendido como medida para paliar la crisis, aunque circunstancialmente sirviera para ello. El copago de los servicios públicos – los sanitarios y todos los demás- debería ser simplemente una medida al servicio de la buena educación sanitaria de los ciudadanos y, en definitiva, de nuestra propia salud.

En primer lugar, el copago tiene una función autorreguladora que favorece la racionalización del uso de los servicios sanitarios. No hacen falta grandes estudios científicos para argumentarlo, aunque sean necesarios para medirlo con exactitud. Basta llegarse hasta una consulta pública y hacer una hora de cola para descubrir que mezcladas con las personas verdaderamente necesitadas de atención, se encuentran un sinfín de gentes que acuden al médico como entretenimiento. El simple pago de una tasa, por pequeña que fuere, supondría un alivio en las colas y una mejor atención médica. En este caso, el copago apenas tendría ningún efecto en el ahorro de la factura sanitaria pública, pero mejoraría la calidad asistencial.

Por otra parte, el copago, junto a una factura detallada del conjunto del gasto efectuado en cada servicio médico, debería producir un aumento de la conciencia de lo que cuesta este tipo de atención. Nos hemos acostumbrado al uso – y abuso- de sistemas carísimos de diagnóstico y los exigimos para cualquier nimiedad. No se trata de dejar a nadie sin atención, por supuesto, pero lo que no es razonable es este camino alocado que, a más calidad y mejor asistencia, lleva a más insatisfacción y quejas. Tal como podemos consultar los precios aproximados de los distintos modelos de automóviles o de los nuevos televisores de pantalla plana, sería deseable que también pudiéramos saber con facilidad los costes de las intervenciones quirúrgicas más habituales, del gasto anual que supone atender a un enfermo crónico con diabetes o del precio que se acaba pagando por una conducta irresponsable como ciertas formas de agresión auditiva propias de algunas actividades de ocio.

Tan importante como los anteriores objetivos, el copago serviría para favorecer conductas más responsables en la medida que frenaría la automedicación y forzaría a desarrollar una cultura sanitaria individual y familiar apta para dar respuesta a aquellas enfermedades más habituales que, en la mayoría de los casos, no necesitan atención médica profesionalizada. Saber distinguir un resfriado común, no alarmarse ante una ligera subida de la temperatura o atender adecuadamente una indigestión, por solo recordar algunas de las indisposiciones que treinta o cuarenta años atrás todo el mundo sabía cómo solucionar, debería volver a ser un patrimonio ciudadano a favor de una mayor autonomía y responsabilidad personal.

No me cabe ninguna duda de que estos cambios también podrían suponer un cierto ahorro y, en cualquier caso, un mejor uso del gasto actual. Pero me parece un error justificar el copago como una medida para tiempos de crisis, ya que sugiere al contribuyente que, con tal decisión, el sistema va a ser o menos generoso o más injusto. Nada de eso tendría por qué ser cierto. El copago debería prever las exclusiones justificadas de esta obligación y asegurar, precisamente, que contribuye a una mejor redistribución de la renta, justo lo que ahora no ocurre. En realidad, una correcta aplicación del copago llevaría a lo contrario: a un sistema sanitario más eficiente y a una mayor calidad de atención y, en este sentido, a un sistema realmente más generoso y a un modelo más justo para todos. Y por si existiera alguna duda, para tomar ejemplo sólo hace falta ver cómo funcionan los sistemas sanitarios europeos de los países más avanzados en prestaciones sociales (véase La Vanguardia del 24 de octubre).

Sí, ya sabemos que los responsables políticos no parecen estar por la labor. En Catalunya, la tímida propuesta de copago se refiere tan sólo a la factura farmacéutica, que es justo sobre lo que el Govern no tiene competencia. Y el Gobierno central, que podría, ya ha dicho que no. Quizás se piense que no sería popular. Y, ciertamente, planteado como una medida para apretarse el cinturón, no lo va a ser. Lamentablemente, llegamos tarde: el copago debería haberse aplicado en los momentos de menor apuro económico. En cualquier caso, se trata de un asunto de tanta importancia – nos jugamos el futuro de nuestro sistema de previsión- que quizás debería plantearse como resultado de un pacto político nacional. Y, por supuesto, debería ser anunciado y comprometido en los propios programas electorales. Hay que aplicarlo bien, pero no tengo la menor duda de que el día que un dirigente político se atreva a decir la verdad a la gente, por dura que esta sea, sobre el negro futuro de la Seguridad Social si sigue tal como ahora está, que sea capaz de poner remedio al desorden y el abuso sanitario – por otra parte, conocido por la mayoría-, y que pida una mayor corresponsabilidad de cada uno de nosotros en nuestra propia salud, se va a ganar la confianza de todos.

salvador.cardus@uab.cat