Dos formas de atajar la crisis, de Guillermo de la Dehesa en El País

Esta última semana el pánico ha contagiado ya no sólo a los inversores individuales e institucionales, también a los bancos. El mercado interbancario prácticamente no existe. Antes de la crisis, los bancos tomaban prestado a pocos puntos básicos por encima del tipo de intervención. El 30 de septiembre, el interbancario a un día en dólares llegaba en EE UU al 6,88%, tres veces el tipo de los fondos federales y la del Banco Central Europeo (BCE) en dólares alcanzó al 11%, cinco veces más que antes de la crisis. Ese día, los bancos europeos, en lugar prestar a otros bancos la enorme liquidez tomada del BCE, la atesoraron y redepositaron en el BCE 44.000 millones de euros a un punto porcentual más bajo del que pagaban, antes que ganar un margen al prestarlos a un día.

Hace una semana, mientras se intentaba aprobar el Plan Paulson, algunos políticos europeos hablaban de la pérdida definitiva de la supremacía financiera americana, mientras mostraban cierta complacencia sobre la situación bancaria europea (cuando hay bancos europeos más apalancados que los americanos). Dos días después, cinco bancos europeos han tenido que ser rescatados o nacionalizados y varios países de la UE han tenido que garantizar todos los depósitos de sus bancos. Pero hoy, algunos bancos no sólo están amenazados por las corridas sobre sus depósitos por los ahorradores sino también por las corridas sobre su capital por los inversores institucionales a través de la venta en corto de sus acciones.

Al aumentar el pánico y la probabilidad de que esta crisis sea sistémica, ya no puede ser resuelta sólo con soluciones nacionales. Cuando una crisis deviene sistémica, la política monetaria y de liquidez de los bancos centrales es mucho menos importante que la presupuestaria. El presupuesto federal de EE UU es enorme. El de la UE es pequeño para recapitalizar los bancos europeos y el de los países miembros está sujeto al Pacto de Estabilidad, para evitar déficit y deuda excesivos.

En EE UU el plan Paulson ha sido aprobado y la FED ha mantenido los tipos bajos, lo que va a ayudar mucho, pero no es suficiente. Hace falta también una acción fiscal europea contundente. EE UU ha aprendido que ir salvando un banco cada vez no funciona y ha adoptado una respuesta más sistémica. La UE está todavía tratando la crisis banco a banco y además por cada gobierno individualmente. Lo único que añade el acuerdo del G4 es que la acción va a ser nacional pero “coordinada” y que pueden incumplirse el Pacto de Estabilidad y la política de competencia del Mercado Único. Este acuerdo muestra poca voluntad de política común y puede no ser suficiente. Además, puede crear conflictos entre los países miembros, especialmente con los países pequeños con bancos grandes, pone más presión sobre el BCE y puede terminar resultando en una balcanización del sector bancario europeo.

Guillermo de la Dehesa, presidente del Centre for Economic Policy Research.

Dinero por basura, de Joaquín Estefanía en El País

Se ha aprobado definitivamente en el Congreso de EE UU el Acta de Estabilización Económica de Urgencia 2008, que es la denominación oficial de las medidas de rescate al sistema financiero. El mercado se derrumbó y sólo el Estado ha acudido a salvarlo. No queda más que la discusión académica o ideológica, y la analogía histórica, sobre si era mejor no intervenir o si hubiera sido mejor otro plan que éste.

En esencia, su contenido se centra en tres o cuatro aspectos: la compra de activos tóxicos por parte del Tesoro por una cantidad máxima de 700.000 millones de dólares (dinero por basura); una reducción de impuestos a largo plazo por valor de 150.000 millones; la ampliación de las garantías a los depósitos, que pasan de 100.000 a 250.000 dólares; un muy discutible cambio en las normas contables de modo que la comisión de valores pueda anular el requisito de contabilizar los activos a precio de mercado; y el control fiscal a los paracaídas de oro (las indemnizaciones y bonos que reciben los grandes ejecutivos y que han hecho que las diferencias de emolumentos sean en algunas empresas de EE UU de 1.000 a uno: por cada dólar que recibe el empleado más humilde, el primer ejecutivo recibe mil). Hagan los cálculos en sus sueldos para comparar y evaluar la resultante.

Aprobado dicho plan, sigue vigente la mayor parte de las incógnitas que se han mantenido en su recorrido parlamentario. Entre otras, las siguientes:

1. ¿Por qué ese máximo de 700.000 millones de dólares? ¿Es una cifra cabalística o el Tesoro conoce las carteras de los bancos en dificultades, las garantías aportadas ante el impago de las hipotecas, los métodos internos de valoración utilizados, o los ajustes realizados a los mismos conforme se aproximaban los problemas?

2. La letra pequeña que se va conociendo es muy controvertida y poco equilibrada. No sólo el arbitrismo que emana -¿cómo y qué expertos valorarán los activos tóxicos, imposibles de vender, y por consiguiente con una gran dificultad en ponerles precio?; ¿quién los controlará?; ¿qué criterios se utilizarán para suspender la regla contable que obliga a los bancos a actualizar de manera permanente sus balances a valores razonables?; ¿no generará esta suspensión mayores dosis de desconfianza en la situación real de los bancos? También las contrapartidas establecidas: a cambio de quedarse con la basura hipotecaria, el Estado participará en el accionariado de los bancos que se acojan a su intervención, pero sin derecho a voto. ¿Por qué? ¿Una nacionalización vergonzante sin derecho a voto?

3. Cuando en enero próximo entre en la Casa Blanca, el nuevo presidente habrá de olvidarse de sus ambiciones económicas. El país queda gravado a largo plazo: si a los 700.000 millones se le suman los 150.000 de recortes impositivos y los 900.000 millones concedidos hasta ahora en ayudas para refinanciar y garantizar las hipotecas con riesgo de impago, el control de la aseguradora AIG, el socorro a Fannie y Freddie, los créditos a JPMorgan para comprar Bearn Stearns, etcétera, etcétera, sale un esfuerzo fiscal cercano a 1,8 billones de dólares, más de un 16% del PIB norteamericano. Las cifras son heterogéneas y algunas partidas podrán ser devueltas en el medio plazo, pero… ¿Cuánto subirá el porcentaje de deuda pública que estaba sólo en el 30% del PIB? El balance económico de ocho años neocon es tremendo.

4. El mapa crediticio para el ciudadano se ha achicado. El paisaje de la concentración bancaria de los depósitos en Estados Unidos da hasta ahora como resultado un oligopolio de cuatro grandes grupos: Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo (si se consolida la absorción de Wachovia por este último). Y a bastante distancia, los restos de la banca de inversión, con Goldman Sachs al frente. El capital de estos gigantes financieros se ha visto penetrado por los fondos soberanos de los países exportadores de materias primas.

Inmediatamente después de que la Cámara de Representantes de EE UU diese el visto bueno al paquete de medidas de rescate, ya se oyeron voces advirtiendo del riesgo regulatorio que puede producirse. Ni un día de luto para velar al muerto. No se puede presentar el fracaso del pasado como objetivo del futuro, pero lo intentarán.

La secularización del Derecho y el aborto, de Enrique Gimbernat en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

Según la religión católica, la única relación sexual permitida -cuya finalidad prioritaria es la de procrear hijos- es la genital-genital dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer.

De este principio, aplicado consecuentemente, derivan, entre otras, las siguientes prohibiciones: la prohibición del divorcio, ya que en tal caso, y como la Iglesia mantiene que el matrimonio es indisoluble, el que se contrae entre divorciados supone que la actividad sexual que se desarrolla dentro de él es una extramatrimonial; la prohibición de la homosexualidad, puesto que la satisfacción de la libido entre parejas del mismo sexo, además de igualmente extramatrimonial, no puede tener como consecuencia la generación de la prole; la prohibición del uso de instrumentos contraconceptivos, porque con ellos el placer sexual queda disociado de la posibilidad de tener hijos; la prohibición del adulterio, puesto que se trata de un comercio carnal al margen del matrimonio único e indisoluble; la prohibición de la difusión de la pornografía, ya que con ello se promueve la obtención de un placer sexual no encaminado a la procreación; y, finalmente, la prohibición del aborto: si ya está vedada la evitación de la concepción sin más, con mayor motivo tiene que estarlo interrumpir el desarrollo del óvulo ya fecundado, llegando la doctrina católica tan lejos que, en el supuesto de que en el momento del nacimiento se presente el dilema de que el niño sólo puede venir al mundo a costa de la vida de la madre, la ortodoxia religiosa exige que se sacrifique a ésta, es decir: exige una conducta por parte del médico que, si se realiza sin el consentimiento de la embarazada, debe ser considerada, en términos estrictamente juridicopenales, un asesinato de la mujer.

Debido a la influencia de la religión cristiana en general -no sólo de la católica-, los Códigos del siglo XIX de la práctica totalidad de los países en los que se profesaba esa religión incorporaron a sus preceptos tales prohibiciones -configurando como delitos, por ejemplo, el adulterio o la homosexualidad libremente consentida entre adultos-, manteniéndolas hasta más allá de la mitad del siglo pasado, si bien en la España nacionalcatolicista esa incorporación adquirió caracteres aún más radicales: a diferencia de lo que sucedía en las naciones de tradición cristiana no-católica, o en las que había una estricta separación entre la Iglesia y el Estado, en la legislación civil española no existía el divorcio, y en la criminal, el Código Penal franquista consideraba delito en su art. 416 -incluyendo este tipo penal dentro del Capítulo III del Título VIII: «Del aborto»- «la divulgación en cualquiera forma que se realizare de los [medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos] destinados a evitar la procreación, así como su exposición pública y ofrecimiento en venta», e, igualmente, «cualquier género de propaganda anticonceptiva», y, por lo que se refiere a la «ofens[a] [a]l pudor y a las buenas costumbres» (antiguo art. 431), recuerdo alguna antigua sentencia del Tribunal Supremo en la que fue condenada por un delito de escándalo público una persona que fue sorprendida en la frontera franco-española portando dos ejemplares de la revista Playboy.

En los años 70 se inicia en la Europa democrática un proceso descriminalizador -proceso del que quedan al margen, en parte, por la influencia del puritanismo en esa nación, los Estados Unidos de América- sobre la base del principio de que los Códigos Penales tienen que distinguir estrictamente entre los dogmas religiosos y la protección de la sociedad, y de que la única razón de que un determinado comportamiento sea pecado para una confesión concreta no es legitimación suficiente para que aquél sea elevado a la categoría de delito.

Este proceso de desvincular al Derecho de los dogmas religiosos se inicia en España con un cierto retraso respecto de los demás países, ya que la democracia no llega a España plenamente hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Pero a partir de entonces, además de aprobarse la ley del divorcio, desaparecen del Código Penal delitos tales como el adulterio, la propaganda y difusión de anticonceptivos, el escándalo público o la homosexualidad (para la que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social preveía una medida de seguridad privativa de libertad).

Por lo que se refiere al aborto, la conducta ha sido despenalizada, en el sentido de la solución del plazo, en prácticamente todos los países europeos, cuyos legisladores, con ello, han colocado en su sitio a la religión, especialmente, a la católica: sus dogmas pueden aspirar a tener vigencia sólo para sus feligreses, pero ya han quedado atrás los tiempos en los que la Iglesia pretendió -y consiguió- que la vulneración de sus particulares mandatos morales fuera respaldada por el Estado imponiendo una pena criminal a quienes los quebrantasen. Los únicos países europeos en los que el aborto sigue siendo delito de manera prácticamente absoluta -como en Irlanda- o relativa -sólo se ha despenalizado parcialmente cuando concurren determinadas «indicaciones», como sucede en Polonia y en España- tienen en común que en todos ellos la Iglesia católica ejerce una influencia tan acusada que, en mayor o menor medida, hay que seguir considerándola un poder fáctico (el católico Portugal sólo ha podido liberarse de la influencia eclesial en 2007, cuando, mediante un referéndum ganado por los partidarios de la despenalización, se da vía libre a una ley de plazos). Por lo que se refiere a Latinoamérica, donde ese poder fáctico de la Iglesia sigue siendo determinante, sólo desde 2007, y únicamente en un territorio de los Estados Unidos Mexicanos, en México D. F., rige una «ley de plazos», mientras que en el resto de los países americanos de habla española o portuguesa, el aborto, en todo caso, o con la excepción de algunos supuestos extraordinariamente restrictivos, sigue constituyendo delito. Ciertamente que en EE UU el aborto está despenalizado siempre que se practique en los primeros meses del embarazo, pero esa despenalización no puede considerarse arraigada definitivamente, ya que existen numerosos grupos cristianos integristas que desarrollan una campaña permanente con la finalidad de que, en función de la composición de la Corte Suprema, ésta acabe declarando inconstitucional esa legislación permisiva de la interrupción del embarazo.

Despenalización parcial

Ante el temor a una reacción todavía más virulenta por parte de los grupos católicos -estos grupos, no obstante, también se rasgaron las vestiduras en su día ante esa tímida descriminalización de la interrupción del embarazo-, el Gobierno del PSOE, apartándose de la regulación mayoritaria en toda Europa, y rechazando, por consiguiente, la solución del plazo, introdujo en 1985 una despenalización parcial del aborto, el cual sólo deja de constituir un delito cuando concurre alguna de las siguientes tres «indicaciones»: sin límite alguno de tiempo, y hasta el momento mismo del parto, «cuando sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada»; hasta «las doce primeras semanas de gestación» cuando «el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de violación»; y, finalmente, cuando «se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas… siempre que se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación».

Esta vigente regulación del aborto, aunque en teoría es muy restrictiva, se ha aplicado de tal manera que, hasta hace poco, se podía decir que de hecho lo que regía en España era una ley de plazos. Ello se debía a las dos siguientes circunstancias: en primer lugar, a que el 98% de las interrupciones del embarazo fueron practicadas por la sanidad privada en clínicas concertadas; y, en segundo lugar, a que el 97% de esas interrupciones se acogieron, sobre la base de dos dictámenes emitidos por psiquiatras vinculados a esas clínicas privadas, al «concepto jurídico indeterminado» de «grave peligro para… la salud… psíquica de la embarazada».

Pero esta situación de hecho de una ley de plazos semejante a la que rige en el resto de Europa -en España el 95% de los abortos se ha llevado a cabo antes de las 16 semanas de embarazo, y de ellos el 63% antes de las ocho primeras- se ha visto alterada recientemente por dos acontecimientos: por una parte, por la actividad desplegada por grupos integristas pro-vida que han presentado toda una serie de denuncias por abortos ilegales contra clínicas privadas, exigiendo que se compruebe si los dictámenes en los que se acreditaba el grave peligro para la salud psíquica de la madre tenían o no una base real; y, por otra parte, por la incoación en Cataluña de un procedimiento penal contra el personal sanitario de diversas clínicas en las que supuestamente se habrían realizado abortos de fetos viables, es decir: de fetos de 23 semanas o más que podrían haber sobrevivido fuera del claustro materno en un nacimiento natural o inducido, una conducta que, de haberse producido, y salvo casos excepcionales -como de riesgo para la vida de la gestante- constituye delito, y con razón, incluso en los países con una legislación más permisiva respecto del aborto.

A la vista de estos dos recientes acontecimientos, la reforma del Código penal en el sentido de la solución del plazo viene exigida tanto por la seguridad jurídica como por la necesidad de que el Derecho penal español se emancipe, de manera definitiva, de la perniciosa influencia que durante tantos siglos ha ejercido la religión católica, consiguiendo que los legisladores declararan delito lo que no era más que una conducta que dicha religión consideraba pecado mortal.

La licitud del aborto practicado durante las primeras semanas del embarazo -sin necesidad de que la mujer tenga que dar ninguna clase de explicaciones sobre las razones que la impulsan a una decisión tan personal- es la única manera de que no se atropellen masivamente sus derechos constitucionales a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a su dignidad y a la libertad ideológica. Esta despenalización conforme a la solución del plazo debe ser completada con la ulterior despenalización del aborto que se lleve a cabo -si es que la embarazada lo desea- cuando se detecte médicamente -independientemente de en qué semana de gestación se encuentre- que el feto presenta graves taras físicas o psíquicas y cuando la gestación -también sin plazo alguno y cuando la embarazada esté de acuerdo- suponga un grave peligro para su vida.

Nueva regulación

Esta deseable nueva regulación del aborto se encuentra en la sociedad española con la oposición tan aislada como frontal, virulenta y movilizadora de la Iglesia católica. Según ella, y como he señalado al principio de esta Tribuna Libre, el placer sexual sólo está justificado cuando deja abierta la posibilidad de procreación y cualquier barrera que se levante contra esa posibilidad sería un atentado contra la vida. Ello no sólo rige para el aborto del óvulo fecundado, del que se afirma que es una persona, porque tiene ya su propio código genético, sino, consecuentemente, también para el empleo de cualquier método anticonceptivo, ya que la mitad de ese código genético lo porta el espermatozoide al que se le impide acceder al óvulo que porta la otra mitad. En este sentido se pueden encontrar afirmaciones en la jerarquía católica como la del Papa Juan Pablo II, quien en 1990 se dirigió a los farmacéuticos italianos, exigiéndoles que no vendieran instrumentos anticonceptivos, ya que se trataba de instrumentos «contra la vida», o las del cardenal Ottaviani, que calificó a todo método anticonceptivo de un «asesinato anticipado», doctrina de la Iglesia que es la que explica que, como ya he expuesto, el Código Penal nacionalcatólico del franquismo incluyera el delito de propaganda y difusión de métodos anticonceptivos dentro del Capítulo «Del aborto».

Para reforzar su posición a favor de la prohibición penal del aborto -y, que, en realidad, tiene su origen en su hostilidad contra la sexualidad, ya que, si sólo se pudiera ejercer para tener hijos, apenas se podría disfrutar de ella-, la Iglesia, al equiparar al óvulo fecundado con una persona, enseña que todo lo que impide su desarrollo es un asesinato, con lo que está llamando asesinas, entre otras, a las mujeres que utilizan como método anticonceptivo el dispositivo intrauterino, ya que con ese instrumento lo que se impide es la anidación de un óvulo ya fecundado.

El óvulo fecundado -que en sus primeras etapas no tiene forma humana ni actividad cerebral- al principio es de un tamaño microscópico, mide seis milímetros al final de la cuarta semana del embarazo, y pesa siete gramos y tiene un tamaño de 9 centímetros al terminar la duodécima. La Iglesia es muy libre de definir qué conductas deben ser consideradas pecado, pero el argumento de que un óvulo fecundado es una persona sólo puede tener fuerza de convicción para los creyentes. Porque, si lo que aplicamos es la lógica más elemental, equiparar ese óvulo fecundado a una persona es simplemente un insulto a las reglas del método de razonamiento basado en la analogía («Si un óvulo fecundado es una persona, entonces un huevo es una gallina, con lo que deja de tener contenido la vieja pregunta de qué es lo que fue primero», escribía hace unos años un lector alemán en una carta al director de Der Spiegel).

Ciertamente que todavía existen Estados teocráticos, como Arabia Saudí o Irán, donde los mandatos de los Libros Sagrados se incorporan a sus Códigos Penales y se lapida a las adúlteras, se encierra a los homosexuales y se corta la mano a los ladrones. Pero España es un Estado de Derecho democrático, pluralista y laico, y nuestros legisladores deben obrar en consecuencia; también en relación con la regulación penal del aborto donde todavía encuentra refugio el último vestigio de la nefasta influencia de la Iglesia en la legislación penal.

Enrique Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la UCM y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Acaba de aparecer el libro Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, publicado en 2 tomos por la editorial Edisofer.

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El dinero negro, al rescate de los bancos, de Casimiro García-Abadillo en El Mundo

A FONDO

«Inaction is not an option». La frase («La inacción no es una opción») fue pronunciada por el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos John McCain en un mitin pronunciado en Des Moines (Iowa) el pasado 30 de septiembre. Dicen que el líder del Partido Demócrata en el Senado, Harry Reid, echó mano de ella el pasado miércoles para justificar su apoyo y el de su grupo al paquete de rescate financiero apadrinado por Bush que, por fin, obtuvo el visto bueno de los congresistas el viernes 3 de octubre.

En España, más de uno debería aplicarse el cuento. Algún destacado miembro del Gobierno mira a su alrededor para ver si al pronunciarla («ése debería ser el lema del presidente», afirman), alguien se da por aludido.

Porque hay algo que está haciendo aún más daño al Ejecutivo que la propia crisis económica: la imagen de que no se está haciendo nada o casi nada para hacer frente a una situación que ha llevado a España a batir su récord histórico de aumento del número de parados en un año: 600.000 en los últimos 12 meses.

Ya se ha visto que la deducción de los 400 euros y otras medidas adoptadas en la primavera no han servido para frenar el tsunami que se nos ha venido encima.

Las medidas tienen que ser de calado e ir a la raíz del problema para que tengan un efecto perceptible por los ciudadanos. En estos momentos, el nudo gordiano de la crisis está en la falta de liquidez del sistema financiero. Es decir, en que los bancos no dan créditos a las empresas y familias que los necesitan, aunque los demandantes tengan más que suficientes garantías para devolverlos.

No es que los bancos no quieran prestar. Es que no pueden. Ahí tenemos lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Las entidades han entrado en una guerra a muerte por el pasivo para aliviar su falta de fondos. Unos regalan coches, otros dan intereses por encima del 6% por abrir una cuenta a plazo fijo. En fin, lo nunca visto.

Ahora les voy a contar una idea que se está manejando entre algunos miembros del Gobierno y que está siendo torpedeada por los partidarios de la inacción. Es decir, por los que con tal de no equivocarse prefieren no hacer nada.

El asunto. En estos momentos hay en España en circulación 108 millones de billetes de 500 euros, según los últimos datos del Banco de España. Es decir, nada menos que 54.207 millones de euros. O sea, el 5,4% del PIB. España es el país del mundo con mayor circulación de ese tipo de billetes, a los que popularmente se les llama Bin Laden, porque se sabe que existen pero nadie los ha visto. Poseemos el 26% de todos los billetes de 500 euros que circulan por Europa.

Esa demanda de billetes grandes tiene una relación directa con la cantidad de operaciones opacas que se han hecho en España los últimos años. Muchas de esas compraventas con dinero negro de por medio se han producido en el sector inmobiliario.

Pues bien, la idea consiste en ofrecer algún tipo de incentivo fiscal para que esos 108 millones de billetes salgan de debajo del ladrillo o de la caja fuerte y entren en cuentas bancarias.

Aunque sólo el 50% de los billetes recalaran en las sucursales de los bancos, ese efecto acabaría con la penuria financiera, ya que los depósitos aumentarían en 22.000 millones de euros. La restricción crediticia se relajaría y las entidades volverían a dar préstamos a las empresas y a las familias que los demandasen. El sector inmobiliario se reanimaría y las pequeñas y medianas empresas podrían volver a financiar su capital circulante o incluso acometer alguna inversión ahora en suspenso.

La idea, que a Zapatero no le parece del todo mal, choca con la oposición de la Secretaría de Estado de Hacienda (Ocaña) y con la renuencia del Banco de España (Miguel Angel Fernández Ordóñez).

Dicen en la inspección de Hacienda que garantizar a los poseedores de esos billetes la vista gorda es hacer, en la práctica, una amnistía fiscal. Y no les falta razón. Lo que ocurre es que, a veces, lo práctico choca con lo correcto.

¿Qué hacer? ¿Sería acaso una medida antisocialista?

No es, por desgracia, la primera vez que el PSOE en el gobierno recurre a amnistías fiscales.

Volvamos la vista a la anterior gran crisis, la de principios de los 90. Entonces era ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga. En el segundo semestre de 1991 se dio la oportunidad a los suscriptores de pagarés del Tesoro (opacos al Fisco) de regularizar su situación. A los poseedores de dichos títulos (que nacieron para financiar a bajo coste el déficit público en la etapa de Miguel Boyer) se les dieron dos opciones: hacer declaraciones complementarias sin sanción; o bien, canjearlos por la llamada Deuda Pública Especial, que tenía muy baja rentabilidad.

Aquello tuvo un evidente coste fiscal y, sobre todo, de imagen, pero sirvió para aflorar cientos de miles de millones de pesetas.

Ahora la situación sería menos gravosa para las arcas públicas, dado que ya no se tiene que pagar el impuesto sobre el patrimonio. El perdón fiscal a los poseedores de billetes de 500 euros que no hubiesen declarado ese patrimonio tendría, además de facilitar liquidez a los bancos, la ventaja de aflorar mucho dinero negro que, al blanquearse, entraría en el circuito fiscal y, por tanto, generaría en el futuro mayores ingresos para Hacienda.

Hay que utilizar la imaginación de la forma menos perjudicial posible para el ciudadano. Todo menos recurrir a aquella ocurrencia, también de Solchaga, de subir el impuesto sobre la renta con carácter retroactivo (y es que el año 1992 dio para mucho).

Naturalmente, si el Gobierno decide finalmente poner en práctica esa medida, debería hacerlo con el consenso del PP. Y, por tanto, debería estar inscrita en un paquete más amplio en el que tendrían que incorporarse otras medidas fiscales (reducción de impuestos a las pymes), o de apoyo a la compra de viviendas (mayores desgravaciones o alargamiento de las hipotecas) y de incentivos a la creación de empleo.

Esta semana está prevista la reunión del vicepresidente Pedro Solbes con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro. Posteriormente, se producirá el encuentro entre el presidente y Mariano Rajoy.

Curiosamente, esas reuniones se producen en paralelo con la discusión del Presupuesto para 2009 en el Congreso de los Diputados.

Tanto el Gobierno como el PP tienen dos opciones: acudir a esas reuniones con la intención de llegar a acuerdos, o bien convertir la economía en campo de batalla político.

Lo que ha ocurrido en EEUU es una muestra de que se puede llegar a acuerdos, incluso a unas semanas de las elecciones, cuando la situación lo requiere. Demócratas y republicanos, Obama y McCain, han puesto los intereses de los norteamericanos por encima de los intereses de sus partidos.

¿Es consciente Zapatero de que la situación requiere de un gran consenso nacional? No es la hora de promesas imposibles de cumplir, sino de pedir a los ciudadanos grandes sacrificios para los próximos meses e incluso años. Ese esfuerzo sólo se puede hacer con un gran respaldo político que solamente puede ofrecer ahora el PP.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

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Tiempo de enseñar y de estudiar, de Ángel Gabilondo en La Vanguardia

Se habla reiteradamente, y con buenas razones, de la importancia de aprender. Incluso se insiste en acuñar expresiones ya asentadas del tipo “aprender a aprender”. No se trata de desconsiderar esta necesaria denominación. Al contrario. Sin embargo, nos inquieta que pudiera desprenderse de ello algo así como que uno mismo, por sí mismo, desde sí mismo, a base de tesón y de esfuerzo, pudiera crecer solo. Sin duda es un camino, pero no todo crecimiento se nutre exclusivamente de la dedicación y, menos aún, se reduce al empeño. También es cierto, en última instancia, que ningún crecimiento puede producirse únicamente con una determinada intervención externa. Uno crece, nadie le crece. Pero ello no ha de ser una coartada para abandonar a alguien, nunca mejor dicho, a su propia suerte.

Nos permitimos reivindicar, en esta ocasión, que para aprender requerimos de los demás. Incluso para ser autodidacta es indispensable la existencia y la asistencia de los otros. No nos amparemos en la excusa de que eso es cosa de cada cual y asumamos la necesidad de enseñar y de que nos enseñen.

Enseñar no es sólo mostrar o exhibir. Tiene razón quien dijo que enseñar es dejar aprender y que lo más difícil de enseñar es el aprender, enseñar a aprender. Eso es lo que podemos esperar de quien es un maestro, no sólo del enseñar sino del aprender. Efectivamente, necesitamos más que nunca de esos buenos maestros, en la lectura más abierta y amplia de lo que ello significa. Nos hacen falta aquellos a quienes no sólo escuchar o seguir, sino sobre todo con quienes hacer algo. Por ejemplo, estudiar, o desear, o necesitar ponerse en ello. El hecho de que sea necesario aprender siempre no significa que no hayamos de aprender algo alguna vez o que alguien nos lo enseñe, o que nos indique el camino para que con estudio lleguemos a ello.

Hemos de reivindicar el estudio. Tal vez sea demasiado esperar aquello en lo que creemos, que estudiar pueda llegar a ser estimulante y placentero. Quizás en el corazón de la palabra estudio se convoca a un esfuerzo serio e intenso, a una reflexión, a una determinada labor personal, a un demorarse, a un escuchar lo que se dice y se viene diciendo, a una labor pausada y cuidadosa. No hemos de temer señalar que hay una línea que entrelaza enseñar con investigar. Mientras este último término recibe hoy los parabienes y el reconocimiento social, parecería que estudiar, aunque sea para aprender, se considerase un modo poco actual de hacer las cosas, propio de otros métodos. Pero sin estudio no hay ni conocimiento ni transferencia del saber. Es cierto que no se trata de adquirir conocimiento, si por tal se entiende algo así como tomar algo y depositarlo en un supuesto recipiente interior. Pero es asimismo adecuado reconocer que el estudio procura no sólo disciplina personal, también procura incorporación, que es más que la adquisición y otra cosa que ella, de conocimientos. Ni enlatados, en buena conservación, ni clausurados, sino, en definitiva, saberes y modos de saber. Por eso, singularmente en las actuales circunstancias de proliferación de discursos sobre la pertinencia de aprender, señalamos la necesidad ineludible de estudiar.

Por otra parte, es un camino adecuado para abrirnos a otras perspectivas y liberarnos del limitado horizonte en el que nos desenvolvemos. En definitiva, alguien que es capaz de enseñar de verdad no ha de conformarse con un mero proceso de adaptación a lo ya existente, como si el objetivo consistiera en que uno llegara a ser quien ya es aquel a quien enseña, como si profesores o educadores hubieran de reducirse a asimilarse, a repetir y a reproducir en ellos lo que el estudiante o el discípulo es. No estamos negando que haya una pluralidad de modos de enseñar y que, efectivamente, es preciso organizar, programar, promover, orientar, como parte consustancial de esa esencial tarea que no se reduce a impartir discursos. Hace falta formación y oficio y se requiere preparación y dedicación. E, insistimos ahora, conocimiento y un modo determinado de saber.

Aunque enseñar no es precisamente enseñarse a sí mismo, está claro que se enseña no sólo a partir de lo que uno ya sabe. En gran parte se aprende desde lo que uno es, no limitándose a copiarlo o reiterarlo. Y no simplemente porque lo que en verdad se enseña es también una forma de vivir lo que ya se sabe, sino porque se enseña fundamentalmente por contagio, por contacto, acercándose a alguien y acercándose con él a algo otro que lo que ya ambos saben. Enseñar es un acto de comunicación, una relación y, en cierta medida, una transformación. No un trasvase de saber, sino una transmisión que requiere sintonizar y tener la capacidad de escuchar algo con alguien, no sólo de escucharle a él.

Se puede enseñar y se debe estudiar. Asumamos la responsabilidad y seamos exigentes, sobre todo con nosotros mismos. Estos caminos son a menudo lentos pero es indispensable insistir en que si no hay transmisión, ni traslación, ni recreación del conocimiento y del saber, se producirá el resentimiento y la violencia de quien es exigido y convocado a tareas para las que no se ha ofrecido la posibilidad de formarse. Incluso para pedir conviene darse.

ÁNGEL GABILONDO, rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

De vértigo, de Xavier Bru de Sala en La Vanguardia

Cuando los políticos sufren vértigo suelen hacer dos cosas. O bien se sostienen, gobierno y oposición, para no caerse juntos, o bien aprovechan el desequilibrio de ambos para dar al contrario un empujón que lo precipite al abismo. Con frecuencia, ambas cosas a la vez, con el consabido riesgo de que el empujado se caiga agarrado a quien le empuja. Así que, tanto al negociar como al embestirse, es grande la dificultad de cualquier observador para distinguir los abrazos de los empujones, los acuerdos del veneno.

En tiempos de zozobra, los políticos no dedican sus principales energías a resolver o paliar los problemas sino a utilizar el malestar colectivo para quedar bien y dejar al contrario panza arriba. Hay que dudar por tanto de la capacidad de ambos para tomar medidas eficientes, ya que el redoble de su lucha obsesiva dificulta grandemente la toma de decisiones sensatas y eficientes. No les culpen a ellos porque, de estar ahí arriba, cualquiera experimentaría las reacciones encontradas del vértigo en compañía de un enemigo, rival o contrincante, del uno que se desea deshacerse, al tiempo que reconoce la misma intención en el otro: utilizarlo como seguro anticaída, al tiempo que se le ofrece un brazo, tan dispuesto a salvar de una caída como a propiciarla. No les culpen, pero tampoco esperen de ellos que, con acuerdo o a la greña, tomen o propongan medidas de calado de cara a afrontar la crisis mejor pertrechados, sufrir menos sus efectos o salir antes y más airosos de ella.

En Estados Unidos, ante el vértigo de la situación, han tomado una medida de vértigo, los mundialmente conocidos y en algo tranquilizadores millones para el rescate. En Europa, los países con entidades financieras al borde de la quiebra han acudido a su rescate de manera unilateral, mientras los líderes de los cuatro grandes, porque todavía son cuatro y no cinco, se hacían una oportuna pero poco resolutiva foto. En España, sufrimos uno de los dos problemas de la economía global, la falta de liquidez del sistema financiero, pero no el otro, pues se comprueba la fortaleza de nuestras entidades bancarias. En contrapartida, la crisis del mercado inmobiliario es específica. De ahí que corresponda a nuestras autoridades, en principio y a falta de posibilidades reales para atajar por nuestra cuenta la crisis financiera, hacer algo para reactivar la adquisición de viviendas. Sin embargo, como tal reactivación va ligada a la ausencia de liquidez de los bancos y cajas, que no tienen para conceder hipotecas, es dudoso que cualquier iniciativa gubernamental, como por ejemplo una rebaja de la fiscalidad en la adquisición de la vivienda, incidiera de veras en la resurrección del sector.

Estamos pues pillados, a la espera de que vuelva la confianza en los mercados internacionales. Pero, en vez de reconocerlo, unos y otros, se limitan a reaccionar como lo que son, políticos con vértigo.

Ya tenemos plan de rescate: ¿Se ha acabado la crisis financiera?, de Eduardo Segovia en El Confidencial

Habemus plan, como titulaba Cotizalia el viernes. El Congreso de EEUU, asustado por las posibles consecuencias de mantener su rechazo tras el derrumbe histórico de Wall Street el lunes pasado y unas cifras de paro que anuncian una severa recesión, rectificó y dio el visto bueno al Tesoro para que compre los activos tóxicos de crédito a los bancos con los famosos 700.000 millones de dólares. Para la mayoría de los medios, se trata del principio del fin de la crisis, el primer paso para que la confianza vuelva a los mercados y la situación se normalice. Sin embargo, ya la fuerte caída de Wall Street el viernes nos dice claramente que el mercado no está ni mucho menos seguro de ello; y que, aunque a partir de ahora las cosas empiecen a mejorar, el camino no va a ser nada fácil.

Hace dos semanas, les planteábamos las grandes incógnitas del plan de rescate de la banca. Muchas de ellas ya se han resuelto: el plan se ha aprobado finalmente en el Congreso, el Gobierno ha tenido que hacer muchas concesiones a ambos partidos para lograrlo, podrán apuntarse los bancos europeos y empezamos a conocer los daños colaterales de su aprobación (básicamente, un monstruoso aumento de la deuda pública que condicionará la política fiscal de EEUU durante muchos años). Pero todavía quedan bastantes incertidumbres por despejar, sobre todo las referidas a la valoración de los activos para su compra y, por supuesto, si el plan tendrá éxito.

A este respecto, los expertos están divididos. El gran objetivo del plan es que los bancos vuelvan a prestarse entre sí en el interbancario para que el crédito vuelva a la economía, al eliminar el temor  a los muertos que puedan tener los bancos en su balance: ahora podrán vender esos muertos al Gobierno, sean cuales sean. Según Joe Belew, presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, el sector puede tomar aire, relajarse y empezar a prestar. Ahora bien, no espera que eso vaya a ocurrir de la noche a la mañana, sino que la vuelta a la normalidad puede tardar semanas o meses. El propio George Bush ha admitido que llevará tiempo.

En buena medida, esa vuelta a la normalidad va a depender de cómo se valoren los activos, que es la madre del cordero de todo el plan. Henry Paulson, el secretario del Tesoro, puede optar por comprar los activos a un precio muy bajo, lo cual sería la mejor opción para los contribuyentes: reduciría el coste del rescate y permitiría al Gobierno ganar dinero cuando los vuelva a vender una vez que el mercado se normalice en los próximos años, uno de los objetivos del plan. Pero eso no resolvería los problemas de los bancos, que tendrían que seguir provisionando pérdidas en sus cuentas -no todas pero sí una parte- y mantendrían la necesidad de aumentar su capital para mantener su solvencia, algo que es muy difícil en los mercados actuales.

La economía necesita algo más

Otros expertos señalan que el plan no basta para solucionar los graves problemas de la economía norteamericana, cuyo origen está en el mercado inmobiliario. A su juicio, mientras no se frenen los impagos de hipotecas y el desplome de los precios de la vivienda, los bancos seguirán sin prestar dinero pese al rescate: “Esta ley no contienen ningún elemento de estabilidad para el mercado inmobiliario o para la economía real. Los problemas van a volver y la falta de confianza, también”, asegura Christian Menegatti, analista jefe de la firma de análisis RGE Monitor (uno de los sitios favoritos de S. McCoy), en CNNMoney.

De hecho, uno de cada tres ejecutivos del sector financiero esperaba que los requisitos de crédito siguieran endureciéndose aunque el plan de rescate fuera aprobado, según una encuesta realizada por Deloitte el jueves pasado. “¿Será capaz el Tesoro de hacer que los bancos participen? Y, si es así, ¿desearán conceder nuevos créditos una vez que puedan deshacerse de los tóxicos?” se pregunta David Kelly, estratega jefe de JPMorgan Asset Management. La prueba de fuego llegará hoy en los mercados monetarios, donde la semana pasada el Euribor marcó máximos históricos en los plazos más cortos y el Libor norteamericano vivió la mayor subida de todos los tiempos.

Pero incluso en el caso de que la confianza vuelva a la banca y se normalice la concesión de créditos, esto puede no ser suficiente para resolver la gravísima crisis económica que afronta EEUU y que se está trasladando a Europa. El fuerte aumento del paro -creció en 159.000 personas en septiembre, algo que apunta a una una recesión tan grave como la de 1980-82- ha sembrado el temor entre los norteamericanos, que son más reticentes a gastar y a invertir aunque puedan conseguir el crédito para ello. “Puede decirme que tengo crédito, pero no lo quiero. Si la gente no va a comprar coches, tengan o no crédito para ello, el plan no va a ayudar a la economía”, según Amiyatosh Purnanandam, profesor de la Universidad de Michigan.

Y eso puede provocar un círculo vicioso: si los consumidores no gastan, la economía no mejorará y los nervios volverán a los mercados, lo cual puede provocar otra intervención gubernamental. Intervención que también puede ser forzada por las administraciones estatales: el viernes California pidió una inyección extraordinaria de fondos porque asegura no poder hacer frente a sus compromisos. Además, dedicar tal cantidad de dinero a apuntalar los errores del pasado impedirá que esos recursos se asignen a usos más creativos y productivos, lo que reduce la actividad y la eficiencia de la economía: “Eso podría hacer más profunda cualquier recesión, y ciertamente es probable que la extienda”, afirma Martin Hutchinson en Breakingviews.com.

En conclusión, es posible que el plan sea la primera piedra para construir la recuperación, pero la obra va a ser larga y complicada, y no hay ninguna garantía de que el edificio no vaya a volver a derrumbarse.

Mucho más que una crisis financiera, de Luis de Velasco en Estrella Digital

Lo que eran tres páginas dictadas por el secretario del Tesoro, Paulson, se han convertido en una ley, aprobada finalmente por el congreso de Estados Unidos y rápidamente firmada por Bush, de cuatrocientas cincuenta páginas. Paulson, anterior primer ejecutivo de Goldman Sachs, pensaba que se dirigía dando órdenes a sus subordinados en esa empresa. Pero resulta que los 435 representantes y un tercio de los 100 senadores se juegan su reelección el próximo 4 de noviembre. Resultado: esas más de cuatrocientas páginas llenas de exenciones impositivas, ayudas de todo pelaje y muchos kilos de pork, que es como en la jerga del Capitolio se califica a las concesiones particulares a los congresistas para sus Estados o lobbies particulares. En total, cerca de ciento cincuenta mil millones de dólares adicionales a añadir a los setecientos mil. Todo sea, según se dice, para proteger a Main Street, es decir, al americano de a pie.

Entramos en un territorio desconocido y nadie sabe a ciencia cierta si este bailout (o rescue, como se le llama ahora, más pudorosamente) servirá para algo. Algunos, como David Weidner en www.marketwatch.com, afirman que sí ha servido a Goldman Sachs (el más importante, hasta la crisis, banco de inversión y por tanto uno de los responsables del caos), uno de los grandes beneficiados. En otro artículo clave, Gretchen Morgenson habla en el New York Times del pasado 28 de septiembre de una reunión decisiva para salvar AIG, aseguradora con la que Goldman tenía un riesgo de veinte mil millones de dólares. A esa reunión, además del secretario del Tesoro y del presidente de la Fed, asistió el máximo ejecutivo de Goldman. Esta empresa y otras serán los principales beneficiarios, vía contratos, de la implementación del rescate, porque el Tesoro lo va a externalizar. Los que analizan estas crisis desde las alturas angelicales de la teoría económica deberían bajar a tierra de vez en cuando para ver lo que realmente pasa.

Tema fundamental es cómo se vaya a financiar el desembolso del rescate (aunque, según afirman, al final se ganará dinero, siendo el tema clave lo que se pague por esos activos tóxicos). Se hará con recursos externos y aumentará así el enorme endeudamiento. ¿Lo permitirán los acreedores de Estados Unidos y en qué condiciones será posible? Como afirma un alto funcionario del Tesoro en la Administración Reagan, Paul Craig Roberts, “para que los acreedores extranjeros financien este bailout debe ser creíble. Y el mejor sistema para obtener esa credibilidad es combinarlo con una reducción en las otras formas de endeudamiento norteamericano, concretamente el déficit presupuestario y el comercial”. Pero, ¿eso es viable?, y ¿con qué efecto en la economía productiva?

Se pueden hace muchas más consideraciones sobre este caos financiero. Pero hay algunas claras. Una, Bush, el peor presidente de la historia del país (y alcanzar ese título no es nada fácil), termina su catastrófico mandato en el absoluto descrédito. Dos, ya no estamos sólo ante un crisis financiera y sólo en Estados Unidos. La crisis está también ya en Europa y en la economía productiva. Una depresión en forma de L, tipo Japón, no es descartable, con España en cabeza de la clasificación. Tres, cuando los historiadores estudien estos hechos y en el plano político y militar el desastre de Iraq, señalarán que se produjo un punto de inflexión en la evolución del Imperio Americano que inició entonces su fase de declive.

Financiación autonómica: un debate con trampa neoliberal, de Juan Torres López en Rebelión

El Plural

Desde hace meses los ciudadanos contemplamos, yo creo que bastante atónitos, una puesta en escena verdaderamente lamentable entre las diversas comunidades autónomas. Casi todas contra todas, pugnan entre ellas para tratar de llevarse la mayor parte posible de la tarta de la financiación autonómica.

Además, al coincidir esa batalla con una crisis de tanta envergadura como la que vivimos los planteamientos se desdibujan, las reivindicaciones se radicalizan e incluso algunos generalmente lúcidos como Felipe González proponen que se retrase el asunto, olvidando que hay compromisos constitucionales y estatutarios que nunca es bueno que nazcan para ser incumplidos.

Lo más lamentable quizá sea que los argumentos tienden a territorializarse, olvidándose a menudo que la equidad, la solidaridad y la justicia más auténticas no son las que se dan o dejan de darse entre espacios sino entre personas. Y, sobre todo, que tal y como se está planteando el asunto es inevitable que todos veamos en el debate una contienda sin sentido del Estado, muy disgregadora y simplista.

Ahí está, por ejemplo, el desgraciado recurso de las balanzas fiscales, un instrumento de análisis que en sí mismo constituye una preclara expresión de lo imperfecto a la hora de evaluar la contribución de unos y otros, toda vez que, como foto fija que es, no permite nunca contemplar las realidades dinámicas, el peso de los factores históricos y, por supuesto, los idiosincráticos, las condiciones de entorno que unos han provocado sobre otros y que tanta importancia han tenido y siguen teniendo.

Pero lo que en mi opinión constituye el verdadero meollo de la cuestión es que el debate de la financiación autonómica se está planteando como un juego de suma cero que no puede resolverse sino en términos de ganadores y perdedores. Por eso estamos continuamente entrando en el discurso estúpido y peligroso de quién debe a quién, de quién se aprovecha del otro o de quién recibe más ayuda de los demás, es decir, en una espiral de juicios comparativos (como digo, generalmente a través de instrumentos de análisis bastante imperfectos y casi siempre concebidos ad hoc para demostrar lo que quiere ser demostrado) que no pueden crear sino sentimientos de insolidaridad y una suma de agravios entre comunidades que terminarán por erosionarnos a todos.

¿Y por qué me parece que este es un planteamiento falseado?
Lo que está ocurriendo es que las políticas económicas neoliberales que se vienen aplicando orientadas a controlar el gasto y especialmente el social están provocando un continuo deterioro en el fondo de recursos que las comunidades necesitan para afrontar la consolidación de un auténtico estado de bienestar en España.

La trampa del debate sobre la financiación autonómica, su falseamiento, consiste en que se obliga a las comunidades a luchar por el reparto de fondos insuficientes cuando lo que se precisa sería un aumento sustancial del tamaño de la tarta.

Esa es la cuestión. Los gobiernos vienen reduciendo el porcentaje del gasto social sobre el PIB español desde 1993, lo que significa que en lugar de converger con la Europa avanzada, se incrementa nuestro déficit social. Ni siquiera con el gobierno de Zapatero se ha logrado romper de modo sustantivo la tendencia que ya inició el último de Felipe González (en parte por la crisis de 1992 y en parte por el peso de las corrientes más liberales dentro del PSOE) y que se exacerbó de modo extraordinario en el mandato de Aznar.

Aunque Zapatero ha manifestado su voluntad de romper la tendencia anterior, la realidad es que su supeditación a un dogma tan reaccionario, injustificado, sin base científica y socialmente tan dañino como el de la estabilidad presupuestaria, le está impidiendo conseguir que las series estadísticas cambien como sería necesario para acercarnos a los estándares europeos.

Estamos entrando en un pelea de vecinos entre las comunidades no porque éstas sean insolidarias, o porque nuestro estado de las autonomías sea intrínsecamente perverso. No es por eso. Lo que está provocando esta situación es la insistencia en una política de gasto público antisocial e insuficiente que beneficia a los ricos (de unas comunidades y de otras) y que perjudica a los pobres (de unas comunidades y de otras).

Los dirigentes socialistas que están gobernando deberían tener la inteligencia de abordar el asunto con realismo y el valor para enfrentarse a dogmas sin fundamento científico, sin rigor y sin efectos positivos contrastados sobre la estabilidad económica y el bienestar.

Ahí está la crisis abriendo las tripas de todas las economía para que quien quiera ver a dónde llevan las desregulaciones, las privatizaciones, la renuncia de los gobiernos a gobernar y la demonización de lo público lo vea sin dificultades. ¿Dónde está la eficacia de todo eso para lograr estabilidad?

Lo que se debería hacer ahora que estamos en crisis no es ahuecar la cabeza debajo del ala dejando para otro momento un problema fundamental. Todo lo contrario, si queremos que la crisis se convierta en una oportunidad para iniciar un camino diferente, lo que hemos de pensar es el modo en que podemos hacer que nuestra economía descanse sobre otras bases.

Podemos aumentar la tarta del gasto público, como demanda nuestra sociedad y como es necesario para parecernos cada vez más a nuestro entorno más. Claro que para ello hemos de empeñarnos en hacer que nuestra sociedad sea más justa y, sobre todo, en evitar que los ricos (que son los que no necesitan gasto público social) tengan cada vez más privilegios.

En ese contexto, cuando las comunidades dispongan de los recursos que necesitan, el debate sobre financiación sería sin lugar a dudas de otra forma.

Juan Torres López es catedrático de Economía de la Universidad de Málaga. Su web personal: http://www.juantorreslopez.com

Las cosquillas del sistema, del Editorial en Gara

A diario los medios de comunicación se hacen eco de algunas de las consecuencias más graves de la actual crisis económica, como las caídas en bolsa o la quiebra de grandes entidades que sólo por el nombre impresionan. Grandes firmas y sagas de capitalistas en las que se basa el sistema actual se encuentran en apuros y, lógicamente, su situación es causa de preocupación para todos. Sin embargo, esos grandes titulares han eclipsado a las verdaderas víctimas, actuales y venideras, de esta crisis: los trabajadores y las personas en situación de exclusión, que si hasta ahora eran muchas a partir de ahora se multiplicarán exponencialmente.

Tal y como expone el reportaje que hoy publica GARA, tan sólo en el Estado español hay 180.000 familias que ya no pueden hacer frente a los pagos de sus hipotecas. En consecuencia, y debido a las condiciones draconianas que los bancos les hicieron firmar en su momento, muchas de ellas se encuentran al borde del embargo. Para hacer frente a esta situación una asociación promovida por la ONG AESCO, dedicada a los derechos de los inmigrantes, ha creado una iniciativa para que los particulares y las familias se puedan acoger a la figura de suspensión de pagos, hasta ahora sólo aplicada a empresas a través de la ley concursal. Varias familias vascas que se encuentran en esa situación límite ya se han interesado por esta iniciativa.

El futuro de esta iniciativa es aún incierto y los más escépticos considerarán que el recorrido que puede llegar a tener buscar los resquicios legales del propio sistema es limitado. Sin duda es así. Pero también es cierto que, aun cuando este tipo de recursos no cuestionan el sistema como tal ni ofrecen una alternativa al mismo, le buscan «las cosquillas» al sistema financiero y bancario. Unas cosquillas que no harán ninguna gracia a todos esos banqueros que, además de inhibirse de su responsabilidad en la crisis, buscan ahora la comprensión y la empatía de la sociedad. Por lo tanto, y como mínimo, la iniciativa tiene la virtud de poner el foco en los verdaderos paganos de la crisis.

La crisis y el final de un sistema, de Antonio Gershenson en La Jornada

Lo principal de la crisis que se empieza a vivir no es lo del momento, sino su desarrollo. Primero, por lo menos de las cosas que más llamaron la atención fue la crisis inmobiliaria. Las inmobiliarias, relacionadas directamente con los préstamos hipotecarios para viviendas y otras construcciones o departamentos, tuvieron cada vez más dificultades para cobrar.También se involucraron en negocios de alto riesgo, sin la plena seguridad de poder cobrar lo que suponían que iban a lograr. Dos de las mayores fueron “rescatadas”, el gobierno estadunidense les transfirió recursos, les prestó apoyo. Aparentemente se pasaba el problema, pero al rato saltaba por otro lado, y eran varios bancos y financieras los que tenían problemas similares. Gastaron más de lo que en realidad podían, incluso comprando otro banco.

Se ha dado más a conocer lo que pasa en Estados Unidos, pero el problema va mucho más allá. En general, se han transferido grandes sumas a bancos y otras instituciones financieras, para evitar su quiebra. Ya eso rompe con las reglas ultraliberales que se quisieron imponer a todo el mundo durante décadas. Pero en Europa las cosas fueron más allá.

Uno de los principales bancos belga-holandés, también aseguradora, Fortis, recibió una fuerte inyección de dinero pero también fue nacionalizado, según algunas fuentes parcialmente. Pero unos días después, el gobierno holandés decidió hacerse cargo de todas las funciones de Fortis en su país, bancarias y de seguros, incluso las acciones que este banco había comprado el año pasado, de ABN Amro, otro de los mayores.

En Inglaterra se nacionalizó el banco Bradford and Bingley, para evitar que fuera adquirido por el español Santander, que ya acaparaba bastante. En Islandia, se nacionalizó a Glitnir, el tercer banco del país. De modo que es un problema mucho más amplio, como es amplia la gama de soluciones que se han buscado de un país a otro. Pero lo que debemos notar es que las viejas reglas, tan defendidas por el Fondo Monetario Internacional, ya fueron tiradas a la basura. Todas y cada una de las acciones mencionadas son intervenciones del Estado en la economía de sus respectivos países.

Debemos hacer notar que la crisis tiene otras expresiones, el que el crédito se haga caro y difícil les pega a otras ramas, ya productivas. En Estados Unidos, en agosto los pedidos a fábricas bajaron 4 por ciento. Dentro de esto, los pedidos de vehículos de motor bajaron 10.6 por ciento en el mismo mes. En septiembre, se vio un efecto especialmente duro en la venta de coches japoneses ahí mismo. Si antes la gasolina cara les pegó a los fabricantes estadunidenses de vehículos, especialmente los traga gasolina, y los japoneses con mejor rendimiento de ese combustible la libraron, ahora no es el dinero para la gasolina sino el dinero y en especial el crédito para comprar el coche. Las ventas de Toyota en Estados Unidos bajaron 32 por ciento en este último mes.

En la crisis iniciada en 1929 también sucedió algo así. El sistema que llevó a esa crisis era indefendible. Las medidas tomadas de un país a otro eran no sólo muy diferentes, sino en algunos casos y desde ciertos puntos de vista fueron incluso opuestas. En Estados Unidos, por ejemplo, se llegó a reactivar la economía con obras públicas en grandes volúmenes. Los países dominados por el nazifascismo activaron las industrias bélicas. En México, se llegó a la expropiación petrolera. Pero en todos los casos se trataba de formas de intervención del Estado en la economía.

En América Latina el proceso empezó desde antes del que ahora analizamos. A esta región le tocó la peor parte, y la reacción fue una sucesión cada vez más amplia de gobiernos de izquierda. Y, como hemos visto en estas líneas, el proceso en cuanto a las empresas públicas petroleras ha sido de participación creciente del Estado. Électricité de France (EDF), empresa pública francesa, acaba de adquirir British Energy, privatizada en 1996, que posee y opera las plantas nucleoeléctricas inglesas, y además anda sobre otros objetivos en Estados Unidos. Una empresa pública comprando empresas privadas. Hay excepciones, donde tecnócratas trasnochados sueñan con privatizar el petróleo. México es el caso típico.

Debemos estar atentos a este proceso, porque de una o de otra manera somos parte de él. Las declaraciones oficiales muestran absoluta ausencia mental de esta realidad. Falta un mes para las elecciones en Estados Unidos. Si las tendencias medidas con las encuestas se mantienen, el cambio será mayor del que ya estamos presenciando. Las actuales medidas son el resultado de negociaciones entre un poder legislativo de mayoría demócrata, y un gobierno republicano. Son medidas de transición.

Ya se habla de una reunión mundial para definir la nuevas reglas para el sistema financiero internacional, la cual se daría dentro de los próximos seis meses.

Así como desde 1929 ya no había reversa posible hacia el supuesto libre mercado, tampoco la hay ya ahora. La extensión y profundidad de los cambios, que son sólo el inicio de un proceso, así lo muestran. ¿Quién va a ir a Islandia a obligarlos a que reprivaticen al banco Glitnir, a Inglaterra a que lo hagan con el Bradford and Bingley, a EDF a que no esté comprando empresas privadas y así con las muy variadas medidas que se están tomando en diferentes países, o empezándose a tomar? ¿Quién va a meter al pollito de nuevo en su cascarón?

Las palabras de los discursos, sobre todo si están fuera del mundo actual, no van a alterar esta realidad, este proceso de cambios, esta transformación que apenas empieza. Al tiempo que reforzamos nuestra defensa del petróleo, es muy apropiado, muy oportuno, que se esté planteando un programa alternativo que apunta a ir resolviendo los problemas, con lo cual también empezamos a inscribirnos en este cambio.

gershen@servidor.unam.mx

La crisis del siglo, de Ignacio Ramonet en Le Monde diplomatique (Octubre 2008. Número 156)

Los terremotos que sacudieron las Bolsas durante el pasado “septiembre negro” han precipitado el fin de una era del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se ha tambaleado. Y el riesgo sistémico permanece. Nada volverá a ser como antes. Regresa el Estado.

El desplome de Wall Street es comparable, en la esfera financiera, a lo que representó, en el ámbito geopolítico, la caída del muro de Berlín. Un cambio de mundo y un giro copernicano. Lo afirma Paul Samuelson, premio Nobel de Economía: “Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la URSS fue para el comunismo”. Se termina el periodo abierto en 1981 con  la fórmula de Ronald Reagan: “El Estado no es la solución, es el problema”. Durante treinta años, los fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía razón, que la globalización era sinónimo de felicidad, y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.

La “edad de oro” de Wall Street se ha acabado. Y también una etapa de exuberancia y despilfarro representada por una aristocracia de banqueros de inversión, “amos del universo” denunciados por Tom Wolfe en La Hoguera de las vanidades (1987). Poseídos por una lógica de rentabilidad a corto plazo. Por la búsqueda de beneficios exorbitantes. Dispuestos a todo para sacar ganancias: ventas a corto abusivas, manipulaciones, invención de instrumentos opacos, titulización de activos, contratos de cobertura de riesgos, hedge funds… La fiebre del provecho fácil se contagió a todo el planeta. Los mercados se sobrecalentaron, alimentados por un exceso de financiación que facilitó el alza de los precios.

La globalización condujo la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea seis veces el montante de la riqueza real mundial. Y de golpe, esa gigantesca “burbuja” ha reventado.

El desastre es de dimensiones apocalípticas. Más de 200.000 millones de euros se han esfumado. La banca de inversión ha sido borrada del mapa. Las cinco mayores entidades se han desmoronado: Lehman Brothers en bancarrota; Bear Stearns comprado, con la ayuda de la Reserva Federal (Fed), por Morgan Chase; Merril Lynch adquirido por Bank of America; y los dos últimos, Goldman Sachs y Morgan Stanley (en parte comprado por el japonés Mitsubishi UFJ), reconvertidos en simples bancos comerciales.

Toda la cadena de funcionamiento del aparato financiero se ha colapsado. No sólo la banca de inversión, sino los bancos centrales, los sistemas de regulación, los bancos comerciales, las cajas de ahorros, las compañías de seguros, las agencias de calificación de riesgos (Standard&Poors, Moody’s, Fitch) y hasta las auditoras contables (Deloitte, Ernst&Young, PwC).

El naufragio no puede sorprender a nadie. El escándalo de las “hipotecas basura” (subprime) era sabido de todos. Igual que el exceso de liquidez orientado a la especulación, y la explosión delirante de los precios de la vivienda. Todo esto ha sido denunciado -en estas columnas- desde hace tiempo. Sin que nadie se inmutase. Porque el crimen beneficiaba a muchos. Y se siguió afirmando que la empresa privada y el mercado lo arreglaban todo.

La Administración del Presidente George W. Bush ha tenido que renegar de ese principio y recurrir, masivamente, a la intervención del Estado. Las principales entidades de crédito inmobiliario, Fannie Mae y Freddie Mac, han sido nacionalizadas. También lo ha sido el American International Group (AIG), la mayor compañía de seguros del mundo. Y el Secretario del Tesoro, Henry Paulson (ex presidente de la banca Goldman Sachs…) ha propuesto un plan de rescate de las acciones “tóxicas” procedentes de las “hipotecas basura” por un valor de unos 500.000 millones de euros, que también adelantará el Estado, o sea los contribuyentes.

Prueba del fracaso del sistema, estas intervenciones del Estado -las mayores, en volumen, de la historia económica- demuestran que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos. Se han autodestruido por su propia voracidad. Además, se confirma una ley del cinismo neoliberal: se privatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas. Se hace pagar a los pobres las excentricidades irracionales de los banqueros, y se les amenaza, en caso de que se nieguen a pagar, con empobrecerlos aún más.

Las autoridades norteamericanas acuden al rescate de los banksters (“banquero gangster”) a expensas de los ciudadanos. Hace unos meses, el presidente Bush se negó a firmar una ley que ofrecía una cobertura médica a nueve millones de niños pobres por un coste de 4.000 millones de euros. Lo consideró un gasto inútil. Ahora, para salvar a los rufianes de Wall Street nada le parece suficiente. Socialismo para los ricos, y capitalismo salvaje para los pobres.

Este desastre ocurre en un momento de vacío teórico de las izquierdas. Las cuales no tienen “plan B” para sacar provecho del descalabro. En particular las de Europa, agarrotadas por el choque de la crisis. Cuando sería tiempo de refundación y de audacia.

¿Cuánto durará la crisis? “Veinte años si tenemos suerte, o menos de diez si las autoridades actúan con mano firme”, vaticina el editorialista neoliberal Martin Wolf (1). Si existiese una lógica política, este contexto debería favorecer la elección del demócrata Barack Obama (si no es asesinado) a la presidencia de Estados Unidos el 4 de noviembre próximo. Es probable que, como Franklin D. Roosevelt en 1930, el joven Presidente lance un nuevo “New Deal” basado en un neokeynesianismo que confirmará el retorno del Estado en la esfera económica. Y aportará por fin mayor justicia social a los ciudadanos. Se irá hacia un nuevo Bretton Woods. La etapa más salvaje e irracional de la globalización neoliberal habrá terminado.

Notas:

(1) Financial Times , Londres, 23 de septiembre de 2008.