Un suspenso endémico en educación, de Justino Sinova en El Mundo

EL REVES DE LA TRAMA

Precisamente ahora que se acerca el trigésimo aniversario de la Constitución de la democracia vuelve a manifestarse la crisis de dos instituciones que deberían funcionar medianamente bien para que el sistema se sintiera arraigado: la justicia y la enseñanza. Acabamos de ver cómo los partidos políticos han asestado otro golpe a la credibilidad y a la eficacia funcional del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de jueces y magistrados, a quienes la norma suprema quiere «independientes» y «sometidos únicamente al imperio de la ley». Es imposible que con la presión vigilante del poder político la administración de justicia sea plenamente independiente y libre, o al menos es imposible confiar en ello.

Sobre la enseñanza ha planeado también en estos años la coacción política, a la que se ha sumado, superándola tantas veces, la incapacidad para diseñarla y organizarla de modo adecuado, o sea, primando el esfuerzo de los alumnos, amparando la autoridad de los profesores y protegiendo la libertad del ámbito académico. El resultado ha sido un suspenso continuo, endémico, como ponen de manifiesto todos los estudios de instituciones de todos los colores, nacionales o extranjeras. Este es un asunto sobre el que se registra una total unanimidad. El último aviso ha llegado del informe anual de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que vuelve a reprobar al sistema español porque, entre otros datos significativos, no alcanza a todos los que debería, el índice de fracaso es más elevado que en la media de los países desarrollados, desciende el gasto público en educación y el salario de los profesores, cimientos del sistema, se reduce.

Y no será por las leyes que en sucesivas legislaturas se han aprobado: hasta seis ha elaborado el Parlamento nacional en 30 años y son incontables las generadas por los parlamentos autonómicos, más las normas, reglamentos e instrucciones de los gobiernos repartidos por España. Todo ha sido inútil, o más bien deberíamos decir que tanto furor normativo ha creado y protegido el cauce para la incursión política en el espacio educativo. Véase cómo en las autonomías con lengua propia se usa la enseñanza para forjar ciudadanos de determinada condición más que personas educadas y cómo en muchas se cercena el horizonte de los alumnos a favor de una concepción aldeana de la propia identidad. Hay comunidades autónomas en las que a los niños se les induce a odiar la idea de España, según denuncias de los padres.

La política dominando la enseñanza, que causa estragos en la educación de la persona, llevó a desterrar de la escuela el valor del esfuerzo y del mérito. Así, hay multitud de alumnos que abandonaron al llegar a la Universidad, cuando se encontraron con una exigencia inesperada, como también hay abdicaciones en la Universidad en favor de dar facilidades a estudiantes desprotegidos por una enseñanza ineficaz. Conviene recordar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impidió la aplicación de la Ley de Calidad de la Educación, aprobada en la legislatura anterior, que pretendía precisamente restaurar el predominio del esfuerzo en las aulas. Y al mismo tiempo inventó esa asignatura llamada Educación para la Ciudadanía, que supone el intento de influir desde el poder en las ideas de los escolares. Pero lo que necesita la enseñanza es calidad y no política, para lo cual hay que reforzar, proteger y prestigiar al profesorado, alejar la presión política del aula y mejorar las inversiones. En España sobran ministerios (Vivienda, Igualdad…) cuyos presupuestos mejor estarían en el de Educación. (Y, por supuesto, ya que empezábamos con ello, también en el de Justicia).

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