Suelen decir, algunos de los personajes más culpables del sibilino procedemiento seguido por la izquierda asturiana para convertir Asturias en el rincón de la geografía española en el que más inversiones eléctricas se van a ejecutar en los próximos ocho años, que la planificación eléctrica no existe. Y así se quedan tan contentos, engañando al pueblo, a los ciudadanos, a las gentes sencillas condenadas a padecer en sus carnes y en sus economías, el desarrollo brutal, en esta comunidad, del nuevo sector especulativo que viene a sustituir, como negocio, al desastre del ladrillo, en su capacidad de creación de grandes bolsas de riqueza en muy pocas manos, a costa del desastre para la mayoría de la población, decisiones que se explican, como la política seguida en la construcción, por las necesidades de financiación de los partidos políticos, y la codicia de algunos personajes individuales, que desde la empresa y la política, hacen su agosto, mientras predican la buena nueva ecologista y la catástrofe del cambio climático.
Tengo que decir, con pruebas en la mano, que esta afirmación es rotundamente falsa, y quienes sueltan tal cosa en público, en conferencias, mesas redondas, charlas y asambleas ciudadanas -como las celebradas contra la instalación de la regasificadora de El Musel- en las que se debate con preocupación sobre lo que aquí está ocurriendo, que esto es lisa y llanamente mentira, y quienes estas cosas dicen, unos mentirosos.
Cierto es que la energía no se planifica ahora como antes, puesto que las inversiones quedan en buena parte, en virtud del imperativo legal, al albur de las deciciones de las compañías, pero no es menos cierto que todas esas inversiones se basan en una planificación indicativa, sobre la que se apoyan las decisiones políticas en materia de subvenciones y bonificaciones, y que por lo tanto, las grandes decisiones de las compañías, siempre siguen las indicaciones de los gobiernos.
Pero es que además hay una parte de la planificación, que es obligatoria, la esencial, la de las infraestructuras, que contempla todas las decisiones que se toman sobre las redes de transporte eléctrico -de acuerdo con lo previsto en la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico-, las de transporte gasísitico -regulado por a su vez por la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos-, así, como las decisiones sobre la capacidad de regasificación
La mayor parte de las inversiones contempladas en Asturias en el período correspondiente a la “Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016“, por comunidades autónomas, va a Asturias, y esto se aprobó el pasado 30 de mayo de 2008 por el Consejo de Ministros, modificando la planificación recogida en la revisión 2005-2011, que modificaba a su vez la Planificación aprobada en 2002 con horizonte 2011. Se trata de las infraestructuras de transporte eléctrico, líneas de alta tensión, subestaciones, gasoductos y la capacidad de la regasificadora de El Musel. Todos ellos forman parte de la denominada “planificación obligatoria”.
La “planificación obligatoria”, por imperativo legal, ha de ser sometida a la normativa autonómica que regula la protección del medio ambiente y la ordenación del territorio, en cada comunidad autónoma, y en Asturias, hasta donde sabemos, este proceso no se dio, entre otras cosas, porque el Gobierno de coalición PSOE-IU realizó su propia planificación indicativa para remitirla a Madrid, que fue aprobada el 12 de abril del año 2007 -sin publicidad- a escondidas de los ciudadanos, sin pasarla, hasta donde sabemos, ni por la CUOTA, ni por la CAMA, comisiones contempladas por la legislación asturiana para la gestión de la ordenación del territorio y el cuidado del medio ambiente.
Para afirmar esto que digo, me baso en el hecho de que coincidiendo con todas estas decisiones, el pasado 15 de mayo se aprobó un decreto que regula las directrices de ordenación del territorio para el aprovechamiento de la energía eólica, que se ha tramitado separadamente, al margen del resto de las infraestructuras, lo que viene a indicar que el resto de las mismas no ha sido sometida a ningún tipo de mecanismo de ordenación, siendo como son, instalaciones de enorme impacto, que forzosamente, todas ellas, eólicas y no eólicas, tenían que haber sido tramitadas en un instrumento conjunto, como de hecho lo fueron, que tenía que haberse debatido forzosamente en la Junta General del Principado y los ayuntamientos afectados, para dar participación al conjunto de los ciudadanos.
Es evidente, y a expensas de lo que vayamos averiguando, que la situación de todas estas decisiones, dado el oscurantismo, la trapacería y la ocultación con las que se ha actuado, es de una extremada ilegalidad, pudiendo ser recurridas por los ciudadanos que lo deseen, y que consigan escapar al pernicioso influjo de buena parte de los grupos ecologistas asturianos, que han sido los encargados de contrubuir de manera eficaz a la ocultación de todas estas decisiones, por su condicion de terminales de los grupos políticos de la izquierda.
El futuro de Asturias queda así, en manos de sus ciudadanos, si deciden actuar, ante la barbarie que se nos viene encima, y que nos convierte en el prototipo de república banananera que desprecia de manera olímpica la suerte y la opinión de sus gentes.
