Las cantinelas del liderazgo, de Ángel Gabilondo en La Vanguardia

Desde luego que para ser un buen líder se precisa tener una gran capacidad de convencer y de motivar. Pero eso sólo ocurre si es asumido por los demás, que son quienes, en definitiva, lo reconocen. Ni se convence ni se motiva sin argumentos, que siempre lo son en relación con alguien. Así que se es líder con otros, por los otros, para los otros. Ser líder no es un acto de autoproclamación personal. En todo caso, es sorprendente la frecuencia con que la falta de liderazgo se esgrime contra alguien, como arma arrojadiza, como si estuviera claro o se diera por supuesto en qué consiste. Así que también hemos de poner en cuestión a quienes son expertos en expedir certificados de liderazgo. En este asunto, como en tantos otros, convendría que el análisis y la reflexión no estuvieran contaminados por una simple lucha de intereses, o de poder.

Ciertamente precisamos de referencias, de quienes tengan la capacidad de escuchar y de comprender, más allá del simple rumor de la superficie. Hay quienes saben anticiparse, leen incluso libros aún no escritos, ven surgir y brotar las palabras, las ideas, pueden prevenir lo que ha de llegar, abren otras perspectivas. Tienen la capacidad no sólo de asistir a lo que sucede, sino también de hacerlo suceder. No son simples visionarios, sino personas con capacidad de hospitalidad y de acogida para cuanto existe y para con los otros. No son, sin embargo, meros recipientes o receptáculos, ni simples voceros o portavoces, ni una suerte de relatores con alguna facilidad de palabra y con buena imagen. Se trata de tener la capacidad de dar y de ofrecer nuevos sentidos, pero desde la asunción de lo hecho y vivido.

Hay quienes sostienen un discurso, que es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas. Ello tiene que ver con discurrir, inventar, reflexionar, pensar y tomar posición. En este sentido, no ha de confundirse la rotundidad con la contundencia. Un líder no se erige o proclama como un caudillo que guía o manda. Su labor, siendo más discreta, no es menos significativa. No se es más líder porque se sea más inflexible o más impositivo, o porque lo que uno no diga resulte aplastante e indiscutible. Una vez más, se malentendería el valor, la valía o el coraje confundiéndolos con la arrogancia de quien hace ostentación de su dominio.

El líder se caracteriza por su capacidad de aglutinar, de aunar voluntades, de hacer causa común, de conjugar intereses, por propiciar espacios de decisión compartidos, por dar visibilidad a lo colectivo desde su palabra y su estilo propios, por concretar objetivos y caminos, y no sólo ideas, sino también los proyectos correspondientes. Responde a una concepción que orienta los caminos. Su capacidad de fecundar, de germinar, de hacer crecer es un estímulo que procura intensidad y reactiva los equipos, las instituciones. El líder no acalla sino que potencia la palabra de los demás. Y no por su decir vocinglero, sino por su capacidad de enriquecer lo individual en el conjunto de lo plural.

Es curioso que, en ocasiones, los mismos que exigen del líder que tenga iniciativa propia, capacidad de decisión y singularidad en los planteamientos censuran que sea así. Quieren que promueva lo que ellos desean, como si en última instancia el liderazgo consistiera en hacerles caso, dado que, ellos sí, se consideran los auténticos intérpretes de la mayoría. Si son minoría, el liderazgo consistiría en hacerse eco de la excelencia de los supuestamente más avanzados, que bien pudieran ser los más rezagados.

Sólo quien es capaz de escuchar las buenas razones es capaz de motivar, de movilizar, de emocionar. Y de mirar y ver más lejos. Ilusión no es lo mismo que emoción, pero una y otra se trenzan con las convicciones y los principios constituyendo una posición y propiciando un discurso que alguien ha de saber hacer. El buen líder debe dejarse aconsejar, pero nunca podrá conformarse con una palabra al dictado, aprendida de memoria, no vivida, no sentida. No se puede tener una capacidad postiza de liderazgo. Ninguna actuación impecable cubrirá la laguna de lo que uno no cree, sabe ni puede. Sin duda es posible cambiar la actitud, aprender modos y maneras, mejorar en las intervenciones, en las comparecencias, pero no se fabrica el liderazgo. Hay quienes con su mera presencia ya nos dicen algo, nos dicen mucho. Su forma de ser, de hacer, nos importa y no siempre porque nos cautive o fascine, sino porque nos abre y marca caminos, nos ofrece posibilidades, constituye horizontes y desafíos por los que merece la pena luchar. Es su modo de tratar con nosotros, de tratarnos, de sentir y saber que le importamos, lo que nos atrae.

Reñir, desautorizar, cuando no descalificar, parecerían signos de firmeza. Sin embargo, más son síntomas de debilidad, como la incapacidad para reconocer errores y modificar posiciones. Persistir en la equivocación no denota entereza, sino estupidez, y la capacidad de liderazgo nunca es una forma acreditada de estulticia. Necesitamos seres ejemplares, admirables, pero no tanto para la imitación (sólo para hacer como ellos) cuanto para la emulación y el estímulo (para hacer con ellos). El buen líder evoca, convoca. No se limita a ordenar, organiza.

ÁNGEL GABILONDO, rector de la Universidad Autónoma de Madrid.

El divorcio Catalunya-España, de Francesc-Marc Alvaro en La Vanguardia

Cualquier observador extranjero y más o menos neutral de nuestra realidad política podría darse cuenta, pasando unas pocas semanas entre nosotros, de tres hechos probados, a saber: a) los poderes políticos, económicos y sociales españoles tratan de cerrar definitivamente la cuestión territorial, que ven como un lastre insostenible para el éxito y la proyección de una España que tiene en el pujante Madrid su escaparate y punta de lanza; b) el prestigio de lo catalán ha descendido notablemente en toda España y, a la vez, se ha extendido la idea, entre la sociedad española, de que las demandas de más poder y más recursos de Catalunya son hoy una pesada anomalía que debe ser combatida sin descanso en todos los frentes, ya sea el Tribunal Constitucional o el mundo de los negocios; c) se ha convertido en algo absolutamente normal en la agenda pública de Catalunya el debate sobre la hipótesis soberanista o independentista que plantea un divorcio pacífico y democrático entre Catalunya y España, y no sólo por parte de quienes basan su programa político en esta idea. Tales evidencias conforman un paisaje nuevo que queda oculto detrás de la foto fija de los resultados electorales.

España quiere ser finalmente España: una referencia atractiva y moderna que, una vez alcanzados el progreso y la democracia homologada, aspira a un lugar protagonista en el mundo, para lo cual cuenta -y no es poco- con la fuerza del segundo idioma de uso global. Como bien nos explica Enric Juliana, el actual Madrid, que atrae y multiplica el talento y las inversiones de toda la Península, no es más que ese París que los españoles no edificaron en su momento. Bueno es recordar que el catalanismo político, que nace a principios del siglo XX, puso muchos granos de arena en la construcción de esta España que, por vez primera en la edad contemporánea, vende éxito y prestigio.

La nueva moral de victoria de la sociedad española infunde a los actores políticos, PP y PSOE, la necesidad de completar la gran tarea histórica: consolidar un proyecto español fuerte que disuelva las tensiones territoriales hasta hacerlas imperceptibles. Así las cosas, nadie será hoy escuchado en las Españas si, como ya propuso Miquel Roca en 1986, trata de argumentar “otra forma de hacer España”. A la inmensa mayoría de los españoles le gusta España tal y como ha quedado. Precisamente, el gran obstáculo de la negociación de la financiación autonómica es más ideológico y cultural que económico: ¿por qué deberían aceptar los demás que Catalunya tenga un trato bilateral con el Estado? ¿Por qué deberían reconocer que el aporte catalán a las arcas comunes es una solidaridad excesiva cuando para ellos es lo normal?No hay solución posible para contentar a todas las partes. Los negociadores lo saben.

Estamos en la hora del desempate, por usar la metáfora de Gaziel que ya he citado otras veces. La nueva España quiere desempatar y lograr que la diferencia catalana y su corolario de permanente insatisfacción desaparezcan. Esta operación de desempate a gran escala más la nula acogida que tienen en Madrid las visiones federalizantes alimentan de forma creciente la hipótesis del divorcio Catalunya-España. Ello ocurre incluso en esferas tradicionalmente refractarias a este debate, como el mundo de la empresa. Una reciente investigación de la Universitat Oberta de Catalunya señala que un 36,5% de los catalanes votaría a favor de la independencia si pudiera hacerlo en un referéndum, un 22,1% lo haría en contra, un 27,1% se abstendría (dato que revela un grave cansancio de la política y los políticos) y un 11,7% afirma no saber qué haría. Dicha encuesta puede ser discutida, pero señala, como hacen otros trabajos recientes, que crece el número de quienes llegan a una misma conclusión.

No estoy diciendo que exista, como les gusta creer a algunos partidarios del autoengaño, una gran ola de movilización independentista. Pero es perceptible, entre sectores informados que no responden a consignas de partido alguno, una conclusión clara: el edificio español ha fracasado a la hora de integrar y defender con lealtad la diferencia política de Catalunya y los intereses de la sociedad catalana. Son sectores para los cuales ya no tienen sentido los esfuerzos para que el hecho catalán sea plenamente entendido y respetado en España. Son sectores ubicados en la centralidad social, para los cuales la hipótesis del divorcio Catalunya-España no es una aventura, una moda ni un desahogo de fin de semana. No hablamos ya del català emprenyat, ni tampoco de practicar ese contraproducente y primario antiespañolismo infantil.

La paradoja dramática de la hipótesis del divorcio Catalunya-España es que los vendedores oficiales de esta idea en el mercado electoral, los dirigentes de ERC, desacreditan este proyecto con su nefasto estilo de hacer política. Ellos han contribuido como nadie a normalizar la palabra independencia, pero, a la vez, la han contaminado con su falta de seriedad, su torpeza, su sectarismo y su escaso sentido institucional. ERC pierde muchos votos (en las últimas generales y en las últimas autonómicas) y, a la vez, crece la hipótesis independentista en la sociedad. Algo está pasando: será que la idea merece ser, de verdad, considerada.

El despertar económico de Cenicienta, de José María Ridao en El País

Tras la inmobiliaria, se está cebando otra burbuja: la de una confianza económica que el Gobierno no acaba de aclarar en qué se apoya. O peor aún, que parece sustentar en un uso abusivo de los eufemismos para describir la situación. El celo con el que se evitan términos como “crisis” resulta tan evidente en las declaraciones oficiales que, al final, está produciendo el efecto contrario al que se busca. Por otra parte, los pronósticos sobre la mejora inminente de la economía están perdiendo credibilidad: algunos de ellos, como el de la próxima reactivación del crecimiento o el de la contención de la inflación que debería haberse producido en estas fechas, se están revelando demasiado optimistas, cuando no abiertamente infundados. Tanto, que si aún se siguen tomando por pronósticos y no por simple gesticulación es porque, ante realidades que nadie desea ver confirmadas, la credulidad suele aumentar al mismo ritmo que se deteriora la credibilidad.

Ante un panorama económico como el que empieza a perfilarse, las medidas que pueda adoptar un Gobierno son, sin duda, la decisión más importante, con la limitación de que es escasa la capacidad de un solo país para influir sobre factores externos como las consecuencias de las hipotecas basura en el sistema financiero mundial o las del alza sin precedentes del precio del petróleo. Pero junto a las medidas es necesario encontrar el discurso político que las acompañe, y que, en el caso de España, no puede seguir basándose en una mezcla de eufemismos cada vez más transparentes y pronósticos cada vez más improbables. Las declaraciones de un Gobierno, de éste o de cualquier otro, determinan en gran medida el comportamiento de los agentes económicos, desde las grandes empresas hasta los simples ciudadanos que deben decidir acerca de sus ahorros y sus gastos. Si esas declaraciones no encuentran el tono y el ángulo adecuado, si no reafirman el liderazgo del Gobierno en materia económica, corren el riesgo de convertirse en un factor negativo adicional.

La cuestión de encontrar un discurso político para enfrentarse a la situación económica no se limita, como pretende la oposición, a que el Gobierno hable con mayor o menor crudeza de lo que está pasando: la crudeza, sin más, puede desencadenar el pánico, y sólo una oposición irresponsable desearía llegar al poder en brazos de un severo deterioro económico. Pero tampoco es un asunto que pueda confiarse a los omnipresentes expertos en comunicación: ahora no se trata de provocar que los ciudadanos piensen o no piensen en elefantes de uno u otro color. Éstos y otros sucedáneos han podido tener éxito mientras Gobierno y oposición sólo jugaban en el terreno de la politique politiciènne, como ocurrió con tanta frecuencia durante la anterior legislatura. Pero ha terminado la hora del marketing y ha llegado la de gobernar.

Adoptar un discurso político ante la situación económica significa, entre otras cosas, insertar los datos que se están conociendo en una descripción verosímil de lo que sucede, que sirva a los agentes económicos, y en particular a los ciudadanos, para conocer sus opciones. Hasta ahora, parece como si los datos fueran por un lado y la descripción que realiza el Gobierno, por otro. No puede ser, por ejemplo, que la economía española se esté comportando peor que la europea en paro e inflación mientras que, al mismo tiempo, el Gobierno asegura que está mejor preparada para hacer frente a la “desaceleración” o al eufemismo que corresponda emplear. Tampoco tiene sentido invocar las altas tasas de crecimiento en el pasado cuando lo que hay que explicar es por qué están cayendo hoy más que las de nuestro entorno. Y menos aún seguir insistiendo en que se garantizarán las prestaciones sociales sin distinción, cuando algunas de ellas, precisamente las más electoralistas y menos sociales, son producto de recientes alegrías a cuenta del superávit y no es seguro que se deban ni que se puedan mantener. Entre otras cosas, porque nunca debían haberse establecido.

El final de la burbuja inmobiliaria, que desde 1998 todos los Gobiernos conocían y ninguno combatió, es responsable en gran medida del preocupante comportamiento de la economía española, sobre la que cada vez se ciernen nubes más cerradas. No tiene mucho sentido que, cuando el país empieza a desembarazarse del sueño del ladrillo y a advertir sus consecuencias, se comience a cebar otra burbuja: la burbuja de una confianza económica sin otra base que proclamar el optimismo. Será menos visible que la otra pero no menos real, y está igualmente condenada a provocar graves efectos. Si lo que se pretende a golpe de eufemismos y pronósticos es que el país afronte una crisis sin enterarse de que lo está haciendo, a la espera de inducir un letargo que, como el de Cenicienta, dure hasta que llegue otra vez el príncipe de la bonanza, puede que lo único que se esté propiciando sea un amargo despertar.

Bilateralidad múltiple, de Pedro Puy en El País de Galicia

Hace unos 20 años, recapitulando a propósito de la publicación de una compilación de sus principales trabajos sobre el desarrollo del federalismo en América, el conocido politólogo norteamericano William Riker concluía: “Las disputas intergubernamentales son inherentemente necesarias al federalismo; claramente, si no hay disputas, o es porque el sistema político federal ha sido completamente centralizado, o porque se ha colapsado”. Como especie dentro del conjunto más amplio de los sistemas políticos federales, el Estado de las Autonomías, sin llegar a ser propiamente un estado federal, comparte la característica esencial enunciada por Riker. Y pocos ámbitos mejores para comprobarlo que el relacionado con las disputas sobre la financiación autonómica.

El vigente sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es el resultado de un complejo proceso de negociaciones políticas de todo tipo desde sus orígenes. Entonces las necesidades de gasto de los nuevos gobiernos autonómicos fueron fijadas bilateralmente a través del conocido método del coste efectivo (que sigue en vigor cuando se realizan nuevos traspasos competenciales), con el resultado de que las valoraciones se determinaron, muchas veces, por criterios de afinidad política antes que por criterios técnicos. Después, generalizado el hecho autonómico y en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano, sólo, “de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera”), han sido sucesivas negociaciones políticas, cada una en un contexto político concreto, las que han condicionado la evolución del sistema de financiación autonómica.

El resultado es un sistema que difícilmente puede ser más complicado y que no se ajusta a ninguno de los modelos comparados de los países federales, pero que contiene, porque se han ido aceptando a petición de cada uno de los gobiernos autonómicos en función de su coyuntural capacidad de influencia, elementos utilizados en prácticamente todos ellos. Parte de los ingresos propios son de índole tributaria, como en Estados Unidos y Suiza, pero con severas limitaciones al ejercicio de la autonomía normativa, limitación que no existe en esos países. La otra gran porción de los ingresos proviene de la participación en los ingresos del Estado, pero no se hace el reparto, como en Alemania, en base a la recaudación territorializada, sino a través de un Fondo de Suficiencia que aúna objetivos de suficiencia y solidaridad y que contiene, para su cálculo, nada menos que (1) una limitación inicial (recursos a repartir para financiar tres “bloques” de gasto autonómico: servicios comunes, sanidad, y servicios sociales); (2) un cálculo de las necesidades de gasto para cada comunidad que se realiza de acuerdo con distintos criterios (población, dispersión, territorio, insularidad…) según el bloque de que se trate, y dos reglas técnicas de modulación que se aplican con posterioridad al reparto inicial; (3) una ponderación adicional que se aplica a continuación para minorar las necesidades de gasto en función de la capacidad fiscal de cada comunidad; y (4) unas garantías mínimas de evolución de los recursos que garantizan un suelo de incremento para cada comunidad a lo largo del tiempo.

Y si las reglas parecen (porque lo son) difíciles de comprender, facilitando el poco democrático recurso, por las autoridades autonómicas, de la ilusión fiscal, más aún lo son los resultados: ni la renta per capita, ni el PIB per capita, ni el coste real de prestación de los servicios en cada territorio, parecen explicar que los recursos que obtiene cada comunidad sean tan diversos. Y por si todo ello no fuera suficiente, dos comunidades, la vasca y la navarra, mantienen, mediante su peculiar sistema foral (confederal) de financiación, un plus de recursos muy superior al de la media de las 15 comunidades de régimen común para prestar más o menos los mismos servicios, lo que acentúa el agravio comparativo y las tensiones del sistema.

Nada hay de extraño, Riker dixit, en el hecho de que cada vez que se renegocia la financiación autonómica aparezcan disputas. Sí resultan, en cambio, mucho más extrañas a los sistemas políticos federales que estas discusiones pivoten exclusivamente sobre el “qué hay de lo mío” y fuera del marco de un modelo general y coherente de financiación; y que estas disputas no se resuelvan en un foro legislativo adecuado para el análisis, la discusión y la adaptación del sistema (como el que debería ser nuestro Senado). Las negociaciones bi, multi, parcialmente laterales y colaterales tienen lugar en agradables citas gastronómicas en las que resulta más sencillo, ahora sí con coherencia, que los amigos puedan arrimar el ascua a su sardina.

¿Es creíble una Unión Suramericana de Naciones?, de Araceli Mangas Martín en El Mundo

TRIBUNA LIBRE

Hace sólo unos días, se firmó el enésimo tratado para crear otro sistema más de cooperación de Suramérica. La anterior iniciativa se llamaba Comunidad Suramericana de Naciones (2004); la nueva que la sustituye se llama Unión Suramericana de Naciones (UNASUR, 23-5-2008). El presidente brasileño Lula da Silva puso como espejo de la iniciativa a la Unión Europea y trató de engatusar a su homólogo boliviano, Evo Morales, señalando a Cochabamba como la futura capital de la nueva experiencia unificadora, comparándola con Bruselas en el marco de la exitosa UE.

Lo previsible es que no haya sorpresas y que esa iniciativa se la termine llevando consigo el tiempo. Desde las iniciativas bolivarianas de panamericanismo, cuyo mejor y más constante ejemplo es la Organización de Estados Americanos, a UNASUR hay una espesa sopa de letras. Conviene aclarar que los dirigentes de aquel continente crean, ingresan, simultanean y se retiran de unas y otras organizaciones con facilidad. Despilfarran sus energías con floridas palabras sin dar pruebas de voluntad real de compartir soberanía. Con la misma facilidad que se increpan sus jefes de Estado y amenazan de guerra por toda Suramérica (febrero-marzo), se firman tratados de unidad eterna cuyos propósitos no van a cumplir (mayo).

La Comunidad Andina no impidió que se desataran el pasado febrero graves incidentes armados entre dos de sus cuatro socios. Colombia atacó por tierra y aire el territorio ecuatoriano que albergaba campamentos del grupo terrorista de las FARC. Es un hecho ilícito usar la fuerza contra un Estado, no respetar su soberanía territorial y, por consiguiente, Colombia violó el derecho internacional (art. 2.4 de la Carta de la ONU), aun usando la fuerza de forma limitada y focalizada en el grupo terrorista en un ataque de ida y vuelta. La violación fue un hecho grave, pero no ha perdurado en el tiempo (no hubo invasión con permanencia de tropas) y Colombia ha reconocido su ilícito.

Pero la violación del Derecho internacional por parte de Ecuador (y la conducta de Venezuela no difiere nada) no fue menor. Ecuador, como cualquier Estado, tiene derecho a ejercer con plenitud y exclusividad su soberanía territorial sobre las personas y cosas que se encuentren en su territorio. Pero la soberanía territorial es también una fuente de obligaciones internacionales: Ecuador, Venezuela y todo aquel que no sea un Estado gamberro tiene el deber de impedir en su territorio la formación de expediciones hostiles contra otros gobiernos (Res. 2625 de 1970).

La Corte Internacional de Justicia ha proclamado la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas que se utilice su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de otros estados. Un Estado serio debe proteger en su territorio también los derechos de los demás, y, en concreto, no puede utilizar ni dejar utilizar a terceros (grupos terroristas u otros Estados) su territorio de manera que esa utilización tenga por finalidad o por efecto atentar contra el Derecho a la integridad e inviolabilidad de Colombia. La soberanía no es absoluta, tiene límites y obligaciones.

Colombia tiene derecho a defenderse dentro de su territorio de los grupos terroristas formados en los años 60, como las FARC y el ELN. Y tiene derecho legítimo, con los límites del mismo Derecho Internacional, a usar la fuerza y el código penal contra quienes quieren imponer su voluntad mediante el asesinato y el secuestro al margen de las urnas. Cierto es que en Colombia todavía hay iniquidad, desigualdad y miseria para una parte de la población, aunque bastante inferior que la que siguen soportando los ecuatorianos y venezolanos; pero también lo es que el conflicto armado y el narcotráfico han contribuido a aquella situación y la han corrompido hasta enmarañarlo todo de forma casi irresoluble.

El conflicto parecía beneficiar a bastantes, sobre todo a los narcotraficantes, que encontraron en las FARC su brazo armado para vigilarles los cultivos de droga -pues han llegado a controlar el 40% de los municipios- a cambio del pago de armas y sumas ingentes de dinero. Los campesinos han sido las principales víctimas: trabajaban para los narcoguerrilleros que les aseguraban así el pancomer, aunque también les han obligado a sumarse a sus filas. Y como han sido el blanco de los paramilitares, millones de ellos han desembarcado en los últimos años como refugiados en Bogotá, sin medios para sobrevivir y cayendo en la delincuencia.

También hay que señalar que al existir conflicto armado, las Fuerzas Armadas cobraban un plus y ni se han dado la suficiente prisa ni han estado nunca convenientemente entrenadas y pertrechadas.Aun así, sus efectivos han cobrabado siempre menos que los paramilitares y con frecuencia han tenido que soportar las críticas de una ejemplar prensa libre y de organismos de derechos humanos y del poder judicial que, con riesgo para sus vidas, no han dejado nunca de denunciar sus excesos.

Como las Fuerzas Armadas estaban poco motivadas y debían respetar los derechos humanos, hubo guerra sucia y se permitió a las Autodefensas Unidas de Colombia -los paramilitares- toda suerte de matanzas.Las AUC, que defendían a los grandes ganaderos y hacendados, estaban formadas por quienes abandonaban el Ejército, pero también desertaban los narcoguerrilleros de las FARC y del ELN, atraídos por un mayor sueldo y el derecho al botín.

El presidente Uribe ha logrado su desmovilización con el incentivo, eso sí, de no indagar sobre su pasado criminal y su fortuna, de exoneración de toda responsabilidad penal, así como de la promesa de una reinserción social y política, escandalosa para cualquier demócrata. Con la ingente ayuda financiera y asistencia técnica de EEUU desde la época de Clinton, tras el convencimiento del nexo de las FARC con la producción de droga, el Plan Colombia ha formado al Ejército y se han fumigado campos de cultivo de droga, recuperando el control de amplios territorios en una lucha no siempre escrupulosa con los derechos humanos. Asimismo, se ha reducido la fuerza y moral de los narcoterroristas y se ha puesto en evidencia su falta de escrúpulos ideológicos: ha bastado poner precios astronómicos a las cabezas de los cabecillas terroristas para que se maten entre sí o se entreguen antes de que les maten sus subordinados y cobren la recompensa.

A pesar de los sufrimientos y pobreza que los grupos terroristas han provocado, Colombia posee una sociedad civil bien formada en todos los ámbitos, culta, con un dominio envidiable de la lengua española, muy sensible a los derechos humanos y que no ha decaído en su dignidad a pesar de las brutalidades y decenas de miles de muertos en medio siglo de conflicto. Existen evidentes deficiencias, pero el país tiene una Administración por encima de la media en Latinoamérica, algunas dignas universidades públicas y privadas y el Estado colombiano, a pesar de todo lo sucedido, se ha esforzado en mantenerse en la senda democrática y ha dado pruebas ejemplares de generosidad y perdón (con el M-19 y los paramilitares).

Quienes con frecuencia visitamos y trabajamos en Colombia hemos visto en los últimos años lo que supone recuperar la libertad y la seguridad para la ciudadanía. Por ello, ¿cómo dar crédito al Tratado de UNASUR cuando dos estados socios y vecinos (Ecuador y Venezuela desde 1999) prestan ayuda a los grupos terroristas colombianos? La proclama de integración de las naciones sudamericanas choca con la existencia de estados gamberros en la zona, de estados que viven al margen del Derecho Internacional y que no dejan vivir en paz al pueblo colombiano, su vecino y socio.

Para los estados de Latinoamérica, la soberanía es una noción absoluta, megalómana, que no se puede subordinar a ningún valor, ya sea la paz, los derechos humanos, la democracia, la inclusión social o la igualdad de oportunidades. Su concepción de la soberanía es la que circuló entre la Edad Media al siglo XIX. La sacralización de la soberanía por parte de estos dirigentes es una cortina de humo para seguir manteniendo la brecha de miseria material e intelectual de sus pueblos. Los repetitivos ensayos integracionistas nacen muertos por la persistente tendencia a ignorarlos al día siguiente aferrándose a la irrestricta soberanía e independencia, eje central del nuevo Tratado UNASUR.

En la UE hay una renuncia a ejercer unilateralmente determinados derechos soberanos por parte de los gobiernos, parlamentos, regiones y municipios, y se transfiere su ejercicio a las instituciones comunitarias. La mayoría de las decisiones se pueden tomar por mayoría cualificada; la norma europea tiene primacía sobre el derecho interno y se aplica directa e inmediatamente. Hay un Tribunal de Justicia con competencia exclusiva para declarar quién cumple o no, con autoridad sobre los estados y los particulares.UNASUR, en cambio, nace ligado al consenso y al derecho de veto, con instituciones sin poderes decisorios, sin Tribunal, con la prerrogativa de cada Estado a autorizar en su Parlamento cada norma… Más de lo mismo. ¿Servirá UNASUR para erradicar la ayuda al terrorismo y pacificar a su socio, Colombia? Entonces habrá valido la pena el viaje, aunque desde Cochabamba nunca se alcance a ver Bruselas.

Araceli Mangas Martín es catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.

© Mundinteractivos, S.A.

Matar al mensajero, de Leonor Mayor en El Mundo de Cataluña

CUESTION DE CUESTIONAR

EL EX CONSELLER VALLES Y UN EQUIPO DE EXPERTOS HAN REDACTADO UN INFORME EN EL QUE DETECTAN QUE LA CULPA DE LA PERDIDA DEL INTERES DE LA CIUDADANIA POR LA POLITICA ES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y SU MAL HACER

Cuando se celebró el referéndum del Estatut, ahora hace dos años, los políticos de todos los colores se quedaron sorprendidos del escaso interés que la convocatoria tuvo entre la ciudadanía, algo que resultaba extraño después de la polvareda levantada por el debate estatutario.

En las elecciones a la presidencia de la Generalitat posteriores se confirmó la tendencia: a la gente corriente y moliente cada vez le importa menos la política y la abstención va en aumento, sobre todo, en los comicios autonómicos y locales, pues, a la vista está que las generales siguen atrayendo al personal a las urnas.

Preocupado por la creciente desafección de la ciudadanía hacia la política, el conseller encargado de la Particiación, Joan Saura, dio con una solución para tratar de paliar el problema: encargar un informe a expertos en la materia, que explicase por qué la peña pasa olímpicamente de la política [catalana].

Saura puso al frente de este equipo de estudiosos al ex conseller de Justícia Josep Maria Vallès y hace unos días el informe se materializó en un documento de varios folios, previo pago a los autores de 24.000 eurillos del ala, que fue presentado a bombo y platillo ante la prensa.

Gracias a la labor de estos expertos se pudo dar con el culpable de todos los males: la prensa. El estudio concluye que los periodistas «no supieron explicar ni la alternancia [en el poder] ni el proceso estatutario» durante la época del Gobierno de Pasqual Maragall.

Los medios de comunicación, asegura este informe, «alimentaron a menudo una imagen banal, ridícula y negativa de la política».Para colmo, resulta que los periodistas catalanes tienen cada vez «más dificultad para distinguir entre información y opinión y para interpretar los mensajes». Y, por si fuera poco, parece haberse puesto de moda entre estos profesionales «la divulgación de rumores, noticias e informaciones de origen anónimo».

Con semejante pandilla de catetos al frente de los medios de comunicación, no es de extrañar que al primer tripartito las cosas le salieran mal y que la ciudadanía haya perdido interés por la política. Una ciudadanía que tampoco debe de ser muy espabilada, pues en lugar de arremeter contra la prensa, culpable de todo el desatino, lo ha hecho contra la clase política, cuyo nítido mensaje no supieron transmitir los periodistas.

Claro que también puede ser que el informe de marras no haya dado en la diana. Y es que quizá Vallès no es el hombre más adecuado para detectar a qué se debe la famosa desafección. No lo es porque formó parte del Gobierno de Maragall y siendo pieza activa de la política de aquella época está demasiado implicado para poder juzgarla.

Además, cuentan los cronistas de tribunales que el ex conseller nunca tuvo muy buena relación con la prensa y que se molestaba muchas veces por sus interpretaciones de la realidad. No entendía Vallès, por ejemplo, por qué los medios hablaban de fuga [de presos] cuando en realidad se referían a no retornos [a la cárcel de presos de permiso]. Los periodistas son incapaces de distinguir este tipo de matices, ya que para ellos, los convictos evadidos son todos iguales.

En la pérdida de interés de la gente de a pie por la política tuvieron mucho que ver los debates incomprensibles para el común de los mortales, la crispación, las traiciones, los viajes secretos, las renuncias a cosas irrenunciables y, sobre todo, el hecho de que tanto el Gobierno como la oposición entrasen en el mismo juego, porque así se dejó al votante sin opciones alternativas.Quizá la culpa no fue del mensajero.

© Mundinteractivos, S.A.

Lo que nos faltaba: el desplome de los bonos anuncia próximas subidas de tipos, de Eduardo Segovia en El Confidencial

Por si no tuviéramos bastante en España con nuestra crisis actual, se aproximan nubarrones aún más negros en el horizonte. El desplome de los precios de los bonos y la fuerte subida de sus tipos de interés -que se mueven a la inversa de los precios- anticipan próximas subidas de los tipos del Banco Central Europeo (BCE). La imparable escalada inflacionista y la fortaleza de la economía alemana lo hacen casi inevitable; de hecho, el Euribor haya cerrado mayo en el 5%, descontando este escenario.

En estos días en que se cumple el décimo aniversario del BCE, se ha abierto un debate sobre si España sufriría una crisis aún mayor sin el euro. En todo caso, se pone de manifiesto que una política monetaria única para un conjunto de países tan heterogéneos y con ciclos distintos perjudica a España. Así, mientras nuestra economía se recalentaba, el BCE mantenía los tipos reales negativos por culpa de la debilidad de Alemania, lo cual contribuyó decisivamente a la burbuja inmobiliaria que ha estallado con tanta violencia. Y ahora que nuestra crisis requiere bajadas de tipos para estimular la actividad en nuestro país, la recuperación alemana -en el primer trimestre logró el mayor crecimiento en 12 años- permite que Trichet los suba para controlar la inflación.

Y es que el IPC de la zona euro ha alcanzado en mayo su máximo de estos 10 años en el 3,6%. Con este panorama, y a la luz de las declaraciones de altos cargos del BCE en las últimas semanas, culminadas por las del propio Jean-Claude Trichet, parece que no hay salvación: los tipos van a subir en breve en Europa, lo que inevitablemente deteriorará aún más la crisis española, aunque ayudará a frenar la actual espiral inflacionista.

Los bonos no auguran nada bueno

La gran historia de los mercados la semana pasada fue el derrumbe de los bonos. En marzo, el bono europeo marcó máximos históricos de precio coincidiendo con lo peor de la crisis financiera: el rescate de Bear Stearns. Pero ahí comenzó un declive que le ha llevado de vuelta a los mínimos de octubre del año pasado. La rentabilidad del bono alemán se ha disparado hasta el 4,45% y la del español, hasta el 4,61%. La diferencia con octubre es que entonces el dinero salía de la deuda hacia unas bolsas en máximos históricos; ahora no se marcha con ese destino -el escenario de la renta variable es muy confuso y peligroso-, sino por miedo la situación económica.

JP Morgan señala en un informe que existe un alto riesgo de un desplome mayor de la deuda por culpa de las tensiones inflacionistas, en cuyo caso la bolsa de vería arrastrada irremisiblemente. Pero aunque el petróleo se relaje un poco, cree que continuará el descenso del precio de los bonos y la subida de su rentabilidad por la mejora de la actividad económica, que puede alcanzar el 5,3% en el Bund alemán y el 5% en el bono a 10 años norteamericano.

En el caso de la inflación, la mayor esperanza reside en la moderación salarial. “El principal argumento contra una subida significativa de la rentabilidad de los bonos por culpa de la inflación (no por el crecimiento) es la falta de reacción de los salarios al repunte del IPC, a diferencia de lo ocurrido en los años 70″, asegura el equipo de estrategia europea de este banco de inversión.

En EEUU, tres cuartos de lo mismo

No se trata sólo de un problema europeo. La escalada del crudo afecta a todo el mundo, y en EEUU los bonos han seguido el mismo camino que los europeos: su rentabilidad ha superado el 4% (el jueves cerró en el 4,08%, máximo anual, antes de recuperar ligeramente el viernes), lo que supone duplicar el actual nivel de los tipos de la Fed. Es decir, allí el mercado no sólo está convencido de que Ben Bernanke ha dejado de bajar tipos, sino de que los va a subir notablemente en los próximos meses.

Ahora la inflación ha pasado a ser la primera preocupación, como han dejado claro numerosos miembros del Comité de Mercado Abierto, y los últimos datos conocidos (la revisión del PIB del primer trimestre, los pedidos duraderos) apuntan a un freno en el deterioro de la actividad. De hecho, en las actas de la última reunión quedaba claro que, aunque se confirme el escenario de estanflación (ausencia de crecimiento con inflación, el mismo peligro que amenaza a España), la prioridad son los precios, no la actividad.

En esta situación, un elemento que causa inquietud es la recuperación del dólar frente al euro, que la semana pasada cayó desde 1,58 hasta 1,55 dólares. Aquí los analistas señalan que, mientras en Europa hace mucho tiempo que el mercado esperaba una bajada de tipos -o por lo menos estaba seguro de que no habría bajadas-, en EEUU el escenario de tipos ha cambiado en las últimas semanas: hasta entonces, el mercado creía que la Fed iba a dejar los tipos bajos durante mucho tiempo (los futuros sobre los Fed Funds dan una probabilidad del 56% para una subida de tipos en octubre, frente al 24% de hace un mes). El movimiento de las divisas sería, por tanto, un ajuste a esas nuevas expectativas.

El Gobierno y la crisis dramática en los medios, de José Antonio Zarzalejos en Estrella Digital

Por más que trate de evitar mostrarse pesimista —ésa es la táctica del presidente Zapatero—, España ha entrado en una crisis económica profunda y larga. Todos los sectores están tocados y, aunque exista un extraño pudor en subrayarlo, el de los medios de comunicación, lo está de manera dramática. El descenso de los ingresos publicitarios en periódicos y televisiones —han aguantado mejor la radio e internet— oscilan entre el 20 y el 35 por ciento en el primer trimestre. Los resultados de los grandes grupos durante los tres primeros meses del 2008 son elocuentes: Vocento ha entrado en pérdidas; Antena 3 ha reducido sus beneficios casi un 30 por ciento; Prisa se sostiene, al igual que Telecinco, pero todos sin excepción registran cotizaciones a la baja en su valor y Unidad Editorial, editora de El Mundo, gana aquí lo que su matriz pierde en Italia.

La crisis del consumo está golpeando fuerte y duro sobre los media y en algunas sedes se comienza a columbrar sobre si el Gobierno puede o no “echar una mano” al sector lo mismo que va a hacer con otros mediante esas treinta medidas que anunció el presidente en la clausura de los actos del aniversario del Círculo de Economía en Barcelona.

La petición más perentoria es que las dos cadenas públicas de TV y las autonómicas dejen de emitir progresivamente publicidad (se llevan el 18% del pastel publicitario de un total de 3.300 millones de euros). Lo ha pedido UTECA —que agrupa a las comerciales— de manera formal. Las TV privadas han reclamado también al Gobierno que se mantenga firme en el expediente de infracción que ya está abierto en Bruselas y que acusa a las emisoras españolas de infringir la directiva “TV sin fronteras” que limita a 12 minutos por hora la emisión de publicidad. La UE aduce que las españolas emiten hasta 17 (TV española ha reducido, sin embargo, de 12 a 11 minutos el espacio para la publicidad), y la comisaria europea para la Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding, ha lanzado un ultimátum y amenaza directamente con ir al Tribunal de Justicia.

Por otra parte, los medios están pidiendo sotto voce que las Administraciones Públicas no dejen de comportarse como grandes anunciantes. Ahora lo son y los editores reclaman que los ministerios publiciten sus logros y proyectos; que el Ejecutivo venda en spots e inserciones sus planes en infraestructuras, las inauguraciones e induzca a los contratistas y subcontratistas —en general a los adjudicatarios de obras y servicios públicos— a evitar que el mercado publicitario se desplome. El carácter de “motor” publicitario de las Administraciones —que además financian patrocinios e iniciativas editoriales concretas— es un elemento dinamizador contrastado.

Los medios y sus editores, por si fuera poco, contemplan el avance imparable del nuevo soporte de la comunicación que está en internet. El informe anual del BBVA (Internet en España) demuestra que aumenta en todos los ámbitos aunque no sea aún mayoritario. En tres años, sin embargo, los hogares con conexión a la Red han pasado del 31 al 41 por ciento. En el 2005, el 75 por ciento de los usuarios de internet prefería leer los periódicos en papel; ahora ese porcentaje ha descendido al 63 por ciento. Ciertamente, son los jóvenes los usuarios preferentes de la Red: el perfil medio del internauta está entre 25 y 34 años, hombre, con estudios universitarios, bachillerato o formación profesional y trabajador. Es decir: el internauta es, precisamente, el candidato perfecto para ser captado como lector de periódicos. Sin embargo, es posible que no llegue a serlo nunca. Por varias razones: por la gratuidad del acceso a la información; por la interactividad que proporciona la Red; por la velocidad de actualización de las informaciones; por la amplia oferta de opciones informativas; por las múltiples posibilidades de internet (ocio, servicios, correo electrónico, información, redes sociales…) y por el carácter integral del computador, a través del cual se puede ya ver la televisión —véase la experiencia de la web de TV española— y escuchar la radio. Y en el horizonte, la fragmentación que va a propiciar la digitalización de las televisiones.

Todas estas circunstancias conducen al sector mediático tradicional a un esfuerzo de adaptación para el que no está preparado todavía. El problema es económico y de cultura empresarial; pero que el Gobierno no se engañe: lo mismo que los pescadores se manifiestan ante el Ministerio de Elena Espinosa, el titular de Industria puede encontrarse con una concentración de operarios de rotativas en cualquier momento. Porque el viejo mantra de que la “gente no lee” es falso. La Federación de Gremios de Editores de España, con motivo de la Feria del Libro de Madrid, acaba de publicar un estudio que demuestra que en nuestro país el hábito de lectura, aunque bajo, es estimable (lee un 43%) y, sobre todo, igual que ocurre con internet, dispone de capacidad de desarrollo en los próximos años.

Por último: el papel es una materia prima cara y de producción limitada, lo que introduce una variable de limitación que no aparece con las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Y demasiados lectores tradicionales —observando a los jóvenes— hacen suya la reflexión de Edmund Wilson, recordada recientemente por el catedrático Julio Ortega, según la cual “la vejez comienza cuando uno siente que el New York Times del domingo pesa demasiado”.

En los análisis sobre la crisis, el Gobierno, a partir de ahora, ya no podrá obviar la referencia al sector de los medios de comunicación como uno de los más postrados y afectados por la crisis económica, porque si lo hace va a empezar a generarse, junto al problema económico, otro político muy serio.

Ibarretxe, de Javier Ortiz en sus “Apuntes del Natural”

Son muchos los comentaristas de los medios de comunicación que atribuyen a una marrullería electoral el aviso que ha hecho el lehendakari Ibarretxe de que, si la sociedad vasca no respalda el planteamiento de la consulta popular que ha anunciado su Gobierno, él se irá “a casa” (a la suya propia, en Llodio, que no al palacio de Ajuria Enea, donde ha residido la mayor parte del tiempo desde 1999).

Yo no sé qué puede tener en estos momentos Juan José Ibarretxe en su cabeza, porque ni me lo ha dicho ni yo podría verificarlo. Lo que sí sé, y mucha gente ignora, es que su apego al cargo es bastante limitado.

Él no quiso ser lehendakari. De hecho, decidió en 1998 abandonar la política profesional, que siempre concibió como una ocupación transitoria, e ir a completar en los EEUU su formación de economista experto en administraciones públicas y, ya de paso, sus conocimientos de inglés. Ya tenía hasta los pasajes de avión y las maletas hechas cuando José Antonio Ardanza y Xabier Arzalluz lo llamaron para convencerle de que encabezara la candidatura peneuvista a la presidencia del Gobierno vasco. Se resistió, y mucho –es una historia que expliqué hace años con bastante detalle en un libro–, pero al final aceptó el requerimiento, tomándose la tarea como un deber patriótico, si es que no aciago.

Conociéndolo, doy por hecho que no le causaría ningún agobio, sino más bien todo lo contrario, retomar aquellos planes y volver a trabajar en la economía privada, más acorde con su temperamento, menos absorbente y, desde luego, más rentable (aunque no creo que eso le preocupe, dado su ascetismo personal).

Lo supongo sumido en una contradicción. De un lado, imagino que, determinado como es, deseará sacar adelante a toda costa su compromiso de consulta popular. Pero, del otro, no me resultaría nada extraño que alentara el deseo secreto de que la evolución de los acontecimientos le permitiera mandarlo todo al carajo.

Juramentos públicos y simbología religiosa, de Leopoldo Tolivar Alas en El Comercio

El pasado martes, el Congreso de los Diputados rechazó por amplia mayoría (309 votos contra 9, más las seis abstenciones del PNV), una proposición no de ley, del grupo de Izquierda Unida-ICV, solicitando, como ha trascendido, la eliminación de crucifijos y biblias en los actos de juramento o promesa de altos cargos. La invocación de la aconfesionalidad del Estado, reconocida por el artículo 16.3 de la Constitución, no bastó para convencer a PSOE, PP, Convergencia i Unió y Coalición Canaria, aunque si halló eco en el Bloque galleguista, en Nafarroa Bai y en doña Rosa Díez.

Realmente, como bien han destacado los medios, las ceremonias públicas en las que el texto constitucional se hace acompañar de símbolos religiosos, cada vez son más escasas, por lo que la proposición rechazada ponía el punto de mira en el Palacio de la Zarzuela, donde la Casa del Rey sigue colocando las Escrituras y la representación de Cristo en la cruz, cada vez que presidentes, ministros y otras dignidades del Estado se acercan para cumplir el trámite solemne de jurar -las menos de las veces- o prometer el cargo.

Nada dice la Constitución (artículos 99 y 100) de que el jefe y los miembros del Ejecutivo deban comprometerse, con liturgia alguna, al desempeño fiel del cargo. Tampoco lo hace la Ley del Gobierno, aprobada por el Partido Popular el 27 de noviembre de 1997, pese a referirse a «los requisitos de acceso al cargo» y al nombramiento. Para encontrar esta exigencia, con orígenes pluricentenarios, hay que acudir a un simple Real Decreto, de 5 de abril de 1979, que reguló las tomas de posesión de cargos o funciones públicas y que admite dos modalidades. La primera, contestar con un simple «sí» a la pregunta de quien da posesión de «¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo ( ) con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?», con la que el concernido puede usar un monosílabo y no especificar, en su afirmación, si jura o promete. En la segunda fórmula, más habitual, el juramento o promesa es prestado, en primera persona, por quien va a tomar posesión, que de este modo, exterioriza, más o menos, si opta por Dios o por su conciencia y honor. Aunque es cierto que a nadie se le obliga a expresar sus creencias, lo que prohíbe el artículo 16.2 de la Carta Magna, es evidente que quien presencia estas escenas, saca sus conclusiones, lo que quizá no fuera el deseo del constituyente.

Aunque el citado decreto se refiere a cargos y funciones públicas, lo cierto es que, en el ámbito funcionarial, se ha venido distinguiendo, aunque pudieran coincidir en unidad de acto, el juramento y la posesión. Y así lo sigue haciendo el moderno Estatuto del Empleado Público, de 12 de abril de 2007, que diferencia, en su artículo 62, «el acatamiento de la Constitución ( ) y del resto del ordenamiento jurídico» de la «toma de posesión» dentro de plazo.

La cuestión, sobre la que recayó el aludido debate parlamentario, es si tiene sentido el mantenimiento junto a la norma fundamental, a cuyo cumplimiento va a comprometerse el nuevo cargo público, de unos objetos religiosos, por más que exista una tradición y los mismos merezcan el respeto de todos y la veneración de muchos. El debate de los crucifijos es viejo en Europa, aunque ahora no hablemos de aulas u hospitales sino de las mismas dependencias del jefe del Estado. Particularmente, creo que la explicación dada en la Cámara Baja desde la portavocía del grupo mayoritario, aunque parezca evasiva, es correcta. No puede, de un plumazo, cambiarse con prohibiciones legales, una práctica cuya supresión puede herir susceptibilidades y crear nuevos enfrentamientos. Por más que lo de dar al César lo que es del César y a Dios, lo suyo, no sea, precisamente, una frase electoral acuñada en Ferraz.

Pero el asunto tiene más trastienda, en este caso laica y, aunque por móviles distintos, la ha sacado a la luz el PNV al instar, sin éxito, la abrogación de toda fórmula de prestar juramento o promesa. En el caso de esta formación, dicen los suspicaces, lo que podría molestar es el acatamiento explícito y público de la vigente Constitución. Pero al margen de los motivos subjetivos, cabría hacer una reflexión más amplia sobre estas solemnidades palatinas, donde tanto pesa la escenificación. Y utilizo esta expresión, no porque esté en contra del protocolo que exterioriza nuestra peculiar ‘grandeur’, sino por la irrelevancia jurídica posterior que ese juramento o promesa tiene. Si exceptuamos el vago concepto de «traición» de los miembros del Gobierno (artículo 102.2 de la Constitución, limitado por el artículo 588 del Código Penal a declaraciones irregulares de guerra y paz), ¿en qué se traduce un incumplimiento frontal de lo prometido? Pues, sencillamente, en nada, porque, como diremos, ese acatamiento público es una mera exigencia administrativa. Un trámite vistoso sin más consecuencias que las vinculadas a la asunción del puesto.

La norma fundamental tiene muchos preceptos y no es, precisamente, impensable que los gobernantes conculquen alguno de ellos, queriendo o sin querer. Pues bien, aunque la legislación punitiva incluya bajo la rúbrica de «delitos contra la Constitución» los tipos criminales más diversos (rebelión, regicidio, usurpación de funciones, invasión de las Cortes, asociación ilícita, violación de derechos fundamentales o ultraje a la bandera, entre otros muchos) y la normativa básica para los funcionarios, prevea una falta muy grave por no respetar la Constitución, con lo que todos podrían ser enjuiciados si delinquen en el ejercicio de sus cometidos, el hecho de haber jurado en falso lealtad al texto constitucional, no tiene trascendencia adicional alguna. Y esa laguna, en cuanto que no hay una previsión intimidante, vuelve vacuo cualquier compromiso y cualquier ceremonia.

El perjurio se ha quedado, confesonarios aparte, para testigos, peritos e intérpretes que puedan incurrir en falso testimonio ante los tribunales. No para los altos cargos, por más que incumplan los mandatos constitucionales que han jurado guardar y que han guardado en el cajón. En todo esto, claro está, late la devaluación del respeto a la palabra dada; verdadero problema ético y de ciudadanía que conviene volver a inculcar vigorosamente en las escuelas. La palabra, al valer poco, lleva a que, faltar a ella, esté destipificado penal y socialmente.

En los últimos años del franquismo, cuando al régimen ya no había quién lo apuntalara, en algunas administraciones lo que se estilaba era limitarse, discretamente, a poner a la firma, con la posesión, en un papel donde se hablaba del acatamiento de los Principios del Movimiento y demás tramoya leguleya. Nadie creía en aquello, ni nadie pensaba que alguien podría mantener aquel compromiso, por lo que, cuanto más vergonzante, mejor.

Por tanto, a lo mejor lo que procede es una reflexión tan sosegada como profunda acerca de estos rituales, su significado y sus consecuencias. Partiendo siempre de que la mejor manera de honrar la Constitución no es prometerla, sino cumplirla en el día a día y para quienes defiendan la visión evangélica del servicio al prójimo, por encima de juramentos, con o sin símbolos, está la sentencia de que por sus obras los conoceréis.

Leopoldo Tolivar Alas, Catedrático Derecho Administrativo UNIOVI.

¡Oooh Italia…! ¡Porca miseria!, de Asier Blas en Gara

Ni radicales, ni centro-izquierdas ni gaitas liberales, todos amén. Estigmatizar y criminalizar colectivos por acciones individuales sólo por el hecho de ser extranjeros, pobres, tener una cultura diferente y/o pertenecer a otra etnia El centro-izquierda italiano durante su corta etapa de Gobierno ha gobernado el país con políticas de claro corte derechista y populista, haciendo dejadez de los mínimos exigibles a una posición progresista y liberal en términos políticos

Como bien dice el refrán, quien siembra vientos recoge tempestades. El centro-izquierda italiano durante su corta etapa de Gobierno ha gobernado el país con políticas de claro corte derechista y populista, haciendo dejadez de los mínimos exigibles a una posición progresista y liberal en términos políticos.

Fue en noviembre de 2007 cuando empezaron en Italia a organizarse las primeras cacerías y agresiones masivas contra los gitanos rom originarios de Europa del Este. Al parecer, un miembro de un asentamiento gitano cometió un crimen y a partir de ahí comenzaron las cacerías contra todo romaní que se moviese en los alrededores de Roma.

La reacción del Gobierno italiano fue vergonzosa. El que por entonces era alcalde de Roma y secretario general y líder del Partido Democrático de centro-izquierda (sic), Walter Veltroni, reclamó a Prodi medidas inmediatas contra los inmigrantes que se agolpaban en los asentamientos de chabolas. Las declaraciones de Veltroni, en referencia a los gitanos rumanos, incluían frases que enamoraron a la ultraderecha italiana: «El 75% de las detenciones afectan a los rumanos»; «no son inmigrantes que vienen a buscarse la vida, tienen como característica la criminalidad»…

Ante tantas presiones, Romano Prodi lideró con urgencia un decreto para ampliar a los ciudadanos comunitarios los supuestos que, hasta entonces, permitían expulsar a los extracomunitarios y para conceder plenos poderes a la Policía.

Los únicos que mostraron su oposición fueron los dirigentes de Rifondazione Comunista. El resto estaba maravillado con la estrategia del castigo colectivo para el delito individual. Ni radicales, ni centro-izquierdas ni gaitas liberales, todos amén. Estigmatizar y criminalizar colectivos por acciones individuales sólo por el hecho de ser extranjeros, pobres, tener una cultura diferente y/o pertenecer a otra etnia. Prueba de ello es que nadie quiso reparar en que la detención del culpable del crimen fue gracias a la denuncia realizada por un compatriota de éste que pertenecía al mismo asentamiento gitano.

Pero ahora nadie quiere acordarse de estos acontecimientos anteriores, tampoco de que el Gobierno progre anterior rehusó solicitar la subvención que la Unión Europea facilita para impulsar la integración económica y social del pueblo gitano. No, no. Simplemente, ahora es el momento de verter toda la mala leche sobre el extravagante, corrupto y ultraderechista Silvio Berlusconi. Y no es para menos, en una Italia putrefacta, en la que el crimen organizado está introducido en todos los resortes del poder y que se ha dedicado a liderar la persecución contra los gitanos en los suburbios de las ciudades, a los gobernantes italianos (coalición entre Berlusconi, Lega Nord y los neofascistas de Fini reconvertidos a populares europeos) no se les ha ocurrido otra cosa que aprobar un decreto que convierte la inmigración ilegal en delito. Decisión que antaño sólo podría ser propuesta por opciones ultraderechistas del estilo de Le Pen, pero que ahora ha colonizado la práctica de gran parte de gobiernos de derecha y algunos de centro-izquierda.

Fascinante, el 70% de los habitantes del país de la Cosa Nostra, la Mafia y la Camorra están de acuerdo con las repatriaciones y medidas tomadas por este Gobierno pseudo-fascista. Triste hipocresía la de aquellos que identifican el problema de inseguridad ciudadana de un país con 150.000 gitanos del Este que se han instalado en los suburbios de sus ciudades. Y por ello lo que se lleva en Italia es la caza del gitano; preferiblemente de origen rumano, albano o de la ex Yugoslavia. Muchos de ellos refugiados de guerra, estos sí de tercera o cuarta categoría para la ONU, el Tribunal de La Haya y cualquier otra instancia que pretenda mostrarse concernida por la ciudadanía de la ex Yugoslavia afectada por diferentes guerras.

En está última ocasión, la gota que colmó el vaso, se defienden los promotores y/o defensores del progromo contra los gitanos, fue el intento de una joven rumana por secuestrar a un bebé en Nápoles; acto seguido vino la respuesta con linchamientos y chabolas incendiadas. El Parlamento Europeo ha condenado los hechos. No está mal por una vez, aunque demasiado a menudo suele callar e incluso apoyar leyes restrictivas de derechos para inmigrantes. En Rumanía, en cambio, la preocupación principal es desvincularse y diferenciarse de los gitanos rumanos. Incluso se les culpa de mancillar el prestigio del país, sin reparar en el trato que se le dispensa en Rumanía a éstos. Los gitanos rumanos fueron esclavos hasta el siglo XIX, pero no por dejar de serlo han conseguido posteriormente un trato igualitario y no discriminatorio por parte de las instituciones y la sociedad rumana.

Y finalmente, todo esto ocurre mientras se silencia otra realidad de estos asentamientos gitanos, esa realidad en la que hay irrupciones nocturnas, redadas indiscriminadas, malos tratos de la Policía y niños gitanos que desaparecen en la nada. Pero Veltroni y sus camaradas callan.

Asier Blas. Profesor de la UPV-EHU.

Medios y democracia, de Horacio Verbitsky en Página 12

La Fundación de García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano organizó en Madrid, en colaboración con la Corporación Andina de Fomento, la multinacional Cemex y la Fundación Carolina, un seminario sobre medios y democracia. Expusieron Rosental Alves, Jean-François Fogel, Gumersindo Lafuente, Germán Rey, Clóvis Rossi, Sergio Ramírez, Mónica González, Geraldinho Vieira, José Salgar, Hermenegildo Sábat y Horacio Verbitsky.

Para el periodista brasileño Rosental Alves, pionero latinoamericano del periodismo para Internet con la edición on line del Jornal do Brasil, estamos viviendo una transformación sólo comparable a la de Gutenberg, que desencadenó el Renacimiento y la revolución industrial. Con la misma alegría con que desafina una canción de Chico Buarque para explicar por qué la Fundación Carolina lleva ese nombre, Rosental recorre el mundo con su exultante visión sobre el periodismo digital. A su lado, el francés Jean-François Fogel, quien asesoró en su transformación digital a Le Monde y ahora está trabajando con el New York Times, parece un sombrío racionalista, con su barba rala de juez argentino. Sin embargo, cree que el diario dejará de contar aquello que pasó ayer y que ya todo el mundo sabe, pero seguirá siendo el lugar de debate de una sociedad sobre sí misma. Ambos son miembros del Consejo Rector de la Fundación de Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI, para los enigmáticos amantes de las siglas) y compartieron un panel en la Casa América con el periodista español Gumersindo Lafuente, quien trabajó en la edición en papel de El País y dirigió la edición digital de El Mundo, que es como haber jugado en River y en Boca. Luego creó el sitio soitu.es, cuyo rigor periodístico y caudal publicitario lo hace engañosamente parecido a un diario. En Internet hay muchísima información falsa, pero el propio sistema la depura, “con nuestro oficio filtramos el rumor de la noticia”, dice. Por eso el periodista seguirá siendo importante para el funcionamiento de la democracia, aunque el papel de los medios en Internet “será nulo. La pregunta sigue siendo quién pagará el almuerzo”. Blanco como una ricotta, el binario cartesiano Fogel responde: “O se vende contenido a la audiencia o se vende la audiencia al anunciante. Igual que con la radio, cada nuevo oyente no aumenta los costos pero sí los ingresos”. Rosental se burla de quienes temen la desintermediación que Internet propicia. “En 1530 se decía lo mismo que ahora, que había miles de panfletos mentirosos, que sólo los monjes deberían estar autorizados a publicar. Estos son los dolores del parto de algo grandioso”.

Un bien público

En el panel siguiente sacó las primeras chispas el analista colombiano de medios Germán Rey, al mencionar una encuesta de Naciones Unidas según la cual en América Latina hay demasiada gente dispuesta a soportar un gobierno autoritario siempre que le solucione sus problemas económicos. O dicho de otra manera, la democracia no ha demostrado que eduque, alimente y cure. Germán, cuya primera profesión es la de psicólogo pero que con su flequillo que le cae sobre el rostro como a un perro de aguas es en realidad un filósofo de la cultura, se pregunta si los medios no se han convertido en actores en vez de representantes, cuál es su relación con los grupos económicos y quién los fiscaliza a ellos. Cuando ciertas decisiones ya no las toma la política sino la economía, donde además de actores nacionales hay que contar con los internacionales, la vieja relación entre información y gobernabilidad cambia: cada vez menos es un problema de empresas mediáticas y cada vez más de empresas tecnológicas. Se produce también un desplazamiento del concepto de ciudadanía, de una democracia de representación a una de ciudadanos. Pero cuando Germán habla de libertades civiles, de responsabilidad social y papel de los medios, habla de todos los ciudadanos, no sólo de los medios de comunicación, porque la información es un bien público que compete a toda la sociedad. En América Latina se daba por sentada la exclusión de los no ilustrados, las fidelidades partidarias y la analogía entre lectores y sectores hegemónicos. Pero a partir de 1930 la radio, la televisión e Internet fueron rompiendo esta limitación. “Las audiencias son mutantes, fluidas y anfibias”, dice Germán divertido con la sorpresa por la elección de cada palabra. A través de esos medios, los no ilustrados se van incorporando a los proyectos de modernidad, salteándose la escritura ilustrada. Por último, hay nuevas experiencias ciudadanas que rompen la dicotomía entre regulación estatal o autorregulación de los medios, porque la ciudadanía busca participar en forma crítica por medio de observatorios, veedurías o ligas de televidentes, que constituyen un movimiento ciudadano de derecho civil a la información.

La basura en el ojo

El escritor y ex vicepresidente sandinista de Nicaragua Sergio Ramírez se dedicó más a los gobiernos que a los medios y se preguntó qué une o desune a la nueva izquierda latinoamericana. Las diferencias sobran pero sólo una le parece decisiva: la aceptación de la alternancia en el poder o la voluntad de continuismo. “Allí se borra la frontera entre izquierda y derecha”. La idea del líder insustituible no es precisamente de izquierda, “viene desde el oscuro fondo de la historia de América Latina, del profundo abismo de la sociedad patriarcal, cuando el terrateniente se convirtió en líder militar y luego en presidente perpetuo”. Desde el siglo 19, ha sido “fuente de vicios, de corrupción, de confrontación, de violencia, de pobreza”. Los medios son “la peor basura en el ojo” de este intento. La democracia implica transparencia y control y los medios son capaces de fiscalizar a los que gobiernan. “Si todos los poderes se confunden en un solo puño, aunque sea un puño de izquierda, que se abre para regalar a los pobres, es más fácil que surjan fortunas ilícitas y que los que proclaman la redención de los pobres se vuelvan ricos de la noche a la mañana. Y todo es más fácil si nadie lo sabe”. Sin embargo, Sergio recuerda que “la realidad modifica las intenciones” y que “frente a las propuestas radicales sobreviene la polarización”. Los cambios de poder en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua se han dado por la vía de los votos y no de las armas. Por lo tanto “la voz de los ciudadanos debe ser oída y no pueden obviarse los mecanismos institucionales, por mucho que se los someta a manipulación. La democracia viene a ser así un proceso irreversible y junto con ella la libre opinión y la libre información”. Pero ese espacio de la multiplicidad de opiniones es algo que habrá que defender siempre. “Nunca ha sido un regalo de los dioses sino un bien terrenal, que ha costado no poca sangre”.

Lejos del asfalto

Geraldo Vieira es la imagen del brasileiro cordial. Más que los periodistas le gustan las personas comunes. Dirigió una agencia de noticias por los derechos de la infancia y publicó un libro cuyo título dice mucho de su pensamiento: “Complejo de Clark Kent. ¿Son superhombres los periodistas?”. El papel del periodismo es fiscalizar a los poderes, por medio de la investigación sobre los intereses públicos. Pero los medios de comunicación están entre los representantes del público menos transparentes. Ante su tendencia al monopolio, la gran esperanza para la participación ciudadana está en Internet. Para saber si el periodismo promueve la democracia, Geraldinho dice que hay que fijarse a quién da cabida. En Brasil hay muchos actores sociales no legitimados por los medios, donde sólo aparecen como amenazas; son los extraños, los sin tierra, los indígenas, los discapacitados, los inmigrantes, los villeros, a quienes aun en su encantador portuñol les llama favelados. Como no son consumidores, la lógica empresarial los excluye. En los medios la cobertura de los movimientos sociales es muy pobre y la ciudadanía no puede hacer oír su voz. “Les pregunto a los periodistas cuántas veces han ido a cubrir noticias en lugares donde no hay asfalto. Muy pocos, muy pocas veces. Por lo general cubrimos los asuntos de palacio. Para mí en una reunión de pauta la primera pregunta debería ser ¿cuál es el hecho nuevo?, la segunda, ¿cuáles son las tendencias? Y la tercera ¿cómo podemos investigar el futuro?” Como lo plantea la FAO al discutir la necesidad de un programa de seguridad alimentaria, para quienes viven donde no hay asfalto, “7 por ciento más o menos de arroz es una cuestión de supervivencia”. Sin ninguna repercusión se publicó un informe aterrador del Pentágono: en la próxima década morirán de 30 a 40 millones de seres humanos en las guerras por alimentos y recursos naturales. “¿Escuchará el periodismo a esos actores, o será darwinista y ayudará a construir tal clase de democracia?”

El gigante preantiguo

A sus 87 años, José Salgar pasea por el mundo su mujer mucho más joven y su leyenda como el maestro de García Márquez. Le dicen el Mono, porque así llaman en Colombia a los rubios. “Cuántos más años tengo, más corto escribo”, dice en el último panel. No le gustan los periodistas picapleitos que agregan apasionamiento personal o de intereses y caen en excesos como juzgar y condenar. Todo tiempo futuro le parece mejor y bendice a la crisis “si hacemos mejores periódicos”. Clóvis Rossi es el gigante bondadoso de la Fundación. Sus casi dos metros de altura han recorrido casi todo el mundo porque además de escribir su columna en La Folha de Sao Paulo quiere estar en la primera línea para que nadie le cuente los hechos. Frente a la posmodernidad se define como preantiguo y parafraseando una frase célebre de la transición española recuerda que contra las horribles dictaduras “vivíamos mejor, porque sabíamos en contra de qué estábamos. Éramos pro-democráticos. Ahora llegó el futuro y demócratas se dicen todos, incluso muchos de los que trabajaron para la dictadura”. Ser demócrata ya no basta para poner a nadie en el bando de los buenos. Clóvis recordó el slogan de Raúl Alfonsín en 1983 y dijo que lo hubiera votado, porque entonces estaba claro que ser bueno también era querer más igualdad y menos pobreza. Después buenos y malos, derecha e izquierda, coincidieron en los caminos para lograr esa meta, como el Consenso de Washington, el pensamiento único o las recetas neoliberales. Un intelectual socialdemócrata como Fernando Enrique Cardoso y un ex obrero y sindicalista como Lula “no difieren en proyectos de país. Se pelean a muerte por el poder, no por el bien público. Hasta me da vergüenza usar esa expresión, cuando ni la estabilidad política y económica ni el crecimiento fueron capaces de crear una democracia en que se coma más y mejor y en la que no haya que ver en Sao Paulo, la ciudad más rica de América Latina, a los cartoneros empujando sus carritos como burros de carga, una escena que remite al medioevo en pleno siglo 21”. Clóvis constata que se redujo la pobreza pero no la desigualdad, y se pregunta dónde están hoy los buenos. ¿O todos son buenos y con paciencia algún día llegará el paraíso? “Yo no la tengo ni creo que sea una virtud en el periodismo”. Por eso se reserva el derecho de elogiar “sólo cuando un gobernante va más allá del deber, cosa que ninguno de los cinco presidentes de la democracia hizo”. Reducir la pobreza es una obligación elemental en un país que está entre las primeras diez economías del mundo, pero en el puesto 60 o peor en el índice de desarrollo humano. “Mi ejercicio de dignidad en el periodismo en democracia es pedir a los gobernantes que pongan en su agenda lo imposible, para ensanchar al máximo los límites de lo posible”.

Callar, ocultar o disfrazar

El turno siguiente fue para la chilena Mónica González Mugica, la única mujer que hasta ahora ganó el premio homenaje de la Fundación de García Márquez. Por investigar los crímenes de la dictadura y los negocios de Pinochet la mandaron a una cárcel de hombres. En democracia dirigió los diarios La Nación y Siete y ahora codirige el Centro de Investigación e Información Periodística CIPER Chile. Su investigación sobre el asesinato de Prats en Buenos Aires fue uno de los hilos que condujo al apresamiento de Pinochet y la identificación de su red de sicarios. Su libro La Conjura es el mejor retrato del dictador, antes y después del golpe. La democracia es mejor que la dictadura porque cuando para un auto en la puerta uno sabe que no vienen a llevárselo sino que una pareja hará el amor. Pero sus desafíos no son fáciles. Las dictaduras militares fueron instigadas y sustentadas por los poderes económicos locales y transnacionales. Ese mismo sector se consolidó con el retorno a la democracia. Como empresas comerciales los medios de comunicación fueron parte de ese proceso, sostuvieron a las dictaduras y hablaron de “presuntos desaparecidos”. Los propietarios de esos medios y los periodistas que mintieron no van a la cárcel, nadie los interpela, siguen siendo respetables y el poder que sostuvo al poder dictatorial les encomendó que hicieran el balance. Los periodistas somos privilegiados. Tenemos acceso a los hilos del poder, a veces nos adormecemos. “Me gusta la jarana, pero cuando la vida es sólo eso, se te tapan los poros, no viajas en transporte público, desconoces el alma de tu propio pueblo”. Los medios de comunicación han dejado de ser un poder real y con relativa capacidad de independencia, porque se han sometido o han sido digeridos por la dictadura del poder económico que concentra la propiedad de los medios. “Aprendí el periodismo de investigación con una pistola en la espalda”. Pero hoy la competencia no se da por la mejor investigación sino por captar la mayor tajada de la torta publicitaria y para eso “es necesario saber qué conviene callar, ocultar o disfrazar”. En Chile el 80 por ciento de los hogares pudo comprar lavarropas, pero eso no se cita. Ahí están las mujeres que votaron tener manos para acariciar a sus hijos o al ser amado. “¿Y si los periodistas no hablamos de esto, de qué hablamos?”

El hospital y los pobres

El cierre le correspondió a Hermenegildo Sábat. El gran Menchi resistió todos los embates para que contara su historia con la presidente CFK, disimulando como un caballero el fastidio que le provoca verse congelado en esa imagen. Comenzó con una cita de Oscar Wilde, para quien “el periodismo es ilegible y a la literatura no la lee nadie”. Por eso, en La Opinión, que cambió su vida, exigió publicar sin palabras, porque las palabras mutan. Tanto que Massera publicó “El futuro de la democracia”. También contó cuando tuvo que guiar a Lanusse en una exposición. “¿Ésa es la idea que usted tiene del padre?”, le preguntó con brusquedad el dictador. “Es mi padre, no el suyo”, replicó el artista. En la Argentina hemos conocido la manipulación, con revistas que publicaban la foto de una muchacha en bikini y debajo el título “La historia secreta de la guerrilla”, dijo. Para referirse a la constante influencia del dinero, Sábat recitó una copla española de hace siglos, que le escuchó a su padre:

“El señor don Juan de Robles,
con bondadez sin igual
ha donado un hospital,
pero antes hizo los pobres”.

Agregó que no era ingenuo ni se quejaba. Pero “nuestro trabajo puede llevar a equívocos, como que elogien un pésimo dibujo mío”. Con melancolía concluyó: “Un hombre inteligente se recupera pronto de una derrota, pero un hombre mediocre no se recupera nunca de una victoria”.

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