El estado de la Justicia, de Enrique Badía en Estrella Digital
El reconocimiento de que unas 270.000 sentencias penales están pendientes de ejecución en España tiene una parte loable, por lo que supone de transparencia, pero quizás debería ir acompañado de algo más contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primero, pero también de los gobiernos —central y autonómicos— con competencias en la materia, después. El dato, por espectacular, es indicativo del estado que atraviesa la Administración de Justicia en términos de eficacia y probidad. ¿También de algo más?
La evaluación llevada a cabo por los servicios de inspección del Consejo no queda claro si considera o no los efectos de la huelga que recientemente han mantenido los funcionarios de las comunidades autónomas a las que no se han transferido plenamente las competencias… si es que tales efectos se pueden medir a fecha de hoy. En todo caso, las causas esenciales vienen de lejos, van más allá de las consecuencias de un conflicto laboral y tienen bastante de índole estructural. Con el añadido de que las cosas no van mejor en el resto de jurisdicciones; es posible que algunas incluso vayan peor, si no en ejecución de fallo, en duración del procedimiento y plazo de resolución.
Que la Justicia no funciona como debería se ha convertido en una especie de lugar común. Parece que la sociedad cuenta con ello y lo tiene catalogado como uno de esos asuntos que no tienen solución: lo malo es que los representantes políticos parecen participar de idénticas actitudes y percepción. Hace pocas semanas, un medio informativo propuso a sus habituales una pregunta aparentemente sencilla: ¿puede funcionar la economía sin que funcione la Justicia?
Las cifras son llamativas, más apropiado sería decir escandalosas, pero aún lo es más que no pase nada: ¿a nadie sonroja?, ¿nadie siente inclinaciones a renunciar a su puesto?, ¿nadie admite responsabilidad o culpa?, ¿nadie se va a su casa…? Lo máximo a lo que se llega es a expresar preocupación.
No menos chocante resulta que sea un diagnóstico sobre el que no se discrepa: incluso los dos grandes partidos estatales, a menudo incapaces de ponerse de acuerdo hasta en la hora o el clima, comparten la idea de que es un asunto grave que convendría arreglar. Tan es así que la Justicia ha sido, en los últimos años, el único aspecto de la gestión pública en el que han sido capaces de suscribir un pacto de Estado, además de lo relativo a la lucha antiterrorista. Aunque, la verdad, sin resultados tangibles que reseñar.
Como acostumbra a pasar en el ámbito público, la tesis más socorrida es que falta personal, desde jueces a funcionarios de apoyo, correlativo al aumento de causas que se ha producido en los últimos años. Un argumento difícil de combatir, puesto que se vierte en forma genérica, sin aportar datos concretos sobre la correlación entre unos y otros, la evolución del número de asuntos resueltos por dependencia y, en definitiva, las ratios de productividad de jueces, juzgados y tribunales. Pero, en todo caso, resulta difícil admitirlo, ya que elude explicar por qué en unas dependencias judiciales se dan más atascos que en otras, incluso en una misma demarcación, o por qué unos titulares de juzgado son más o menos productivos que su predecesor o sucesor al frente del mismo. Por no mencionar qué misterio impide un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar.
Fuera por las razones que fuese, la presión corporativa y la iniciativa política se aunaron en la etapa constituyente para asegurar el grado de autogobierno de los jueces. Se eligió para ello el modelo italiano, entonces muy de moda, pero no parece que haya resultado ser el mejor.
Hace tiempo que el funcionamiento de la Justicia no admite parches: requiere una profunda transformación que nadie parece dispuesto a emprender o siquiera patrocinar de verdad. ¿Servirá la contundencia de los últimos datos para cambiar de actitud?
