Reggio’s Weblog

De nuevo han surgido noticias -probablemente debidas a filtraciones interesadas- sobre el hipotético contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Una vez más, el Tribunal ha sido utilizado como instrumento de la batalla política. Ello es doblemente lamentable: primero, porque se trata de un órgano fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de derecho y, segundo, porque el carácter reservado de sus deliberaciones le impide defenderse sin vulnerar su deber de secreto.

En este caso la noticia ha sido que, supuestamente, el Tribunal ya ha considerado constitucionalmente admisible que el preámbulo del Estatut proclame que Catalunya es una nación aunque ello no tenga consecuencias jurídicas, dado que los preámbulos carecen de fuerza normativa. Todo ello parece bastante increíble por una razón muy simple: el preámbulo del Estatut no dice en ningún momento que Catalunya sea una nación. Es más, si lo dijera, o pudiera interpretarse que lo dice, tal afirmación sería contradictoria con la parte normativa del Estatut que define a Catalunya como una nacionalidad. Pero veamos todo ello con un poco de calma.

Es cierto que en la propuesta de reforma del Estatut que aprobó el Parlament de Catalunya el 30 de septiembre del 2005, Catalunya es considerada nación. No sólo así se dice por tres veces en el preámbulo, sino que el apartado 1 del artículo 1 lo formula de manera breve, clara y contundente: “Catalunya és una nació“. Es evidente, por tanto, que en dicha propuesta Catalunya era considerada nación.

Ahora bien, ello fue modificado de forma drástica en el Congreso de los Diputados, que estableció la redacción siguiente: “Catalunya, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Este texto, ratificado por el Senado y finalmente aprobado por referéndum en Catalunya, es el actualmente vigente. Asimismo, por si hubiera alguna duda, el artículo 8 del mismo Estatut afirma que Catalunya está “definida como nacionalidad en el artículo primero”. Por tanto, está clarísimo que Catalunya es jurídicamente una nacionalidad y, como es sabido, in claris non fit interpretatio, es decir, en aquello que está claro no hace falta interpretación alguna. Mal podría el Tribunal Constitucional hacer una interpretación contraria al sentido gramatical del texto.

Por otro lado, este artículo 1.1 del Estatut vigente coincide casi textualmente con el también artículo 1.1 del Estatut anterior, el de 1979, que decía así: “Catalunya, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. Como puede comprobarse, el único cambio supone, simplemente, una puesta al día del texto: el vigente Estatut ya no permite “acceder” a la autonomía porque ya se accedió a ella mediante el Estatut de 1979, ahora de lo que se trata es de “ejercerla”. Así pues, reconoce que el llamado principio dispositivo ha dejado de tener vigencia. La nueva redacción no añade nada sustancialmente nuevo: no hay, en consecuencia, problema constitucional alguno.

Si ello es así, más de un lector puede pensar: ¿por qué se dice, por parte de unos y de otros, que el nuevo Estatut proclama que Catalunya es una nación? En efecto, tanto partidarios como contrarios al Estatut suelen sostener que en su texto se define a Catalunya como una nación. Se trata, sin embargo, de opiniones políticas con escaso fundamento jurídico, unos para hacer perdonar sus concesiones, otros para hacer evidente la inconstitucionalidad del texto. Ambos se basan en el siguiente párrafo del preámbulo: “El Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación. La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Catalunya como nacionalidad”.

Tras comprobar su pésima redacción, del párrafo transcrito podemos deducir tres afirmaciones: una verdadera, otra falsa y otra no verificada. La verdadera es que el Parlament definió de forma mayoritaria a Catalunya como nación. Exactamente fue el 30 de septiembre del 2005, al aprobar la propuesta de reforma que después fue modificada. La falsa es que el artículo 2 de la Constitución reconoce a Catalunya como nacionalidad: en dicho precepto, entre otras cosas, se dice, simplemente, que España está integrada por nacionalidades y regiones, sin referencia alguna a Catalunya. La no verificada es que el Parlament recogió el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos de Catalunya al definirla como nación.

Pero no hay ningún argumento razonable para sostener que en dicho párrafo del preámbulo se afirma que Catalunya es una nación. Menos aún si tenemos en cuenta que en la parte dispositiva del Estatut se afirma que Catalunya es una nacionalidad. El mismo texto permite resolver cualquier duda, el Tribunal, en este punto, lo tiene fácil. Más peliagudo es el artículo 2.4. Lo dejamos para otra ocasión.

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

NOTAS DE MADRID

No hay desmentidos que valgan. La corriente favorable al aplazamiento del debate sobre la financiación autonómica es cada vez más robusta, en el interior del PSOE y en el propio Gobierno. Incluso podría asegurarse que esta es hoy la posición dominante en las estancias principales del palacio de la Moncloa. El debate asusta, por dos razones. Porque podría estropear el 47º congreso federal del PSOE, convocado para el próximo mes de julio. Y, sobre todo, porque coincide con el cambio de ciclo económico, expresión suave con la que estos días los medios oficiales se refieren a la crisis económica en ciernes. Crisis que viene con más fuerza de la prevista.

No, no hay desmentidos que valgan. Los socialistas andaluces aprietan fuerte, muy fuerte; no hay día en que no se produzca algún tipo de declaración pública de responsables de la Junta de Andalucía o del propio PSOE andaluz, al que me atrevo a calificar de Convergencia i Unió del Sur, puesto que actúa como el más genuino partido regionalista de Andalucía. Felipe González también ha pedido el aplazamiento del debate, para concentrar todas las energías en la política anticrisis. Alfonso Guerra le ha secundado. Y Mariano Rajoy, también. Rajoy ha dicho que esta vez está de acuerdo con González. ¡Caray! El frente es cada vez más amplio.

Sin ánimo de hurgar en ninguna herida, puesto que la situación política catalana se halla en fase de gran susceptibilidad, dos preguntas son obligadas en este peculiar momento: ¿podrá resistir el Govern de la Generalitat de Catalunya tanta presión?, ¿servirá para algo su alianza táctica con la Generalitat valenciana? El presidente José Montilla ha exigido desde el Parlament de Catalunya el cumplimiento estricto de la cláusula del Estatut que prevé que antes del 9 de agosto estén fijados los criterios de la nueva financiación de la autonomía catalana.

El punto débil de la posición catalana es el de siempre: la falta de cohesión. Desde la extinción del mandato de Josep Tarradellas, hace ya de ello 28 años, no es capaz de reconstruir el mínimo común de otras épocas; un mínimo común como el que encarnaron la Solidaritat Catalana (1906-09) y la Assemblea de Catalunya (1971-82). ¿Sería posible una Acció Catalana del siglo XXI? En estos momentos es casi imposible responder afirmativamente.

Y sin embargo, argumentos no le faltarían. En lo que se refiere a la financiación de la autonomía, ahí van cuatro razones para cuestionar la congelación del statu quo que con tanto ahínco defiende Felipe González:

1) La crisis económica tendrá una especial incidencia –en costes sociales- en aquellas autonomías con mayor número de inmigrantes, puesto que estos serán los más castigados por el paro. Las autonomías con mayor número de inmigrantes legalizados son Catalunya (798.904-21% del total); Madrid (780.752-20,9%), y Comunidad Valenciana. (581.985-15,6%), según datos oficiales de 2006.

2) Los servicios sociales que serán objeto de una mayor presión social en los próximos meses, se hallan transferidos a las autonomías.

3) La desaceleración de la economía y el creciente colapso del negocio inmobiliario está reduciendo de manera sustantiva los ingresos públicos. Pero esa disminución de ingresos afecta de una manera muy especial a los impuestos transferidos a las autonomías. La disminución en la recaudación del IVA también afecta de manera sustantiva a las administraciones autonómicas.

4) ¿Dónde están hoy el Norte y el Sur? ¿Dónde, los pobres y los ricos?¿Quién sufrirá con mayor severidad los estragos de la crisis que se avecina, el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramenet o la ciudad de Carmona, en la vega del Guadalquivir; el barrio de Entrevías en Madrid, o El Ejido, en la Almería de los prósperos invernaderos?

Las conmemoraciones históricas -milenarios, centenarios, etcétera- destapan la caja de los tópicos y amenazan con anegarnos, impulsadas por el conformismo de la costumbre y las lecciones parvulares, mantenidas en el inconsciente colectivo con tenacidad de lapas. El famoso 2 de Mayo, con heroísmos de cartel y consignas de monumento en piedra, es una fecha propicia para dejar sueltos los demonios del patriotismo más rastrero y del nacionalismo más exaltado de pancarta y paredón. ¡Pobres héroes de la guerra de la Independencia, que no tenía nada que ver con la guerra de la Libertad! Siempre me he hecho una pregunta contra corriente: ¿por qué aquella guerra del 1808 se ha llamado desde el principio, sin ninguna vacilación, guerra de la independencia y no guerra de la libertad o, como se diría hoy, guerra de liberación?

Pero al fin me he dado cuenta de las razones que asisten al pensamiento histórico conservador, que es el que en España siempre ha cortado el bacalao, para llamar a aquel conflicto guerra de la independencia y no guerra de la libertad. Porque no son dos expresiones iguales e intercambiables, ni tampoco sinónimas, ni tan siquiera equivalentes. La independencia es circunstancial y la libertad es esencial. La independencia se produce frente a algo, contra algo que no se tolera. Luchar por la independencia es tratar de evadirse de una opresión que nos impide vivir. La libertad, por su parte, es un producto singular que afecta a los individuos, como personas, como proyecto de vida, como ascensión de su individualidad señera. Es una cuestión que se le plantea a cada ser humano. Uno puede ser independiente pero no libre. Sin embargo, es imposible ser libre si no se es independiente. Digamos que la independencia es el primer paso hacia la libertad.

Por eso es justo llamar a la iniciada en 1808 la guerra de la Independencia, porque era esto lo que se dirimía y no nada relacionado con la libertad, que es una palabra, como se sabe, nefasta, peligrosa, prohibida en el habitual vocabulario de la España oficial, relegada, por no decir confinada, a la literatura de los panfletos y las proclamas revolucionarias, tan mal vistas y tan mal traducidas por la historia ad usum Delphini.

Parece natural que esta dicotomía semántica explique el significado de aquel enfrentamiento, que en muchos aspectos, ocultaba una más de las guerras civiles españolas, probablemente la primera o más importante, que dejaría tan dolorosas secuelas en la historia de la España moderna y contemporánea, a lo largo del siglo XIX y gran parte del XX. Aceptar que aquel hecho luctuoso, que sacó a la luz tantos trapos sucios nuestros, fue el punto de partida que dio cohesión y validez a la idea de España como nación no sólo es un abuso de confianza y una mentira histórica, sino una contribución a perpetuar la idea de España como país cainita, fratricida, hirsuto y montaraz, condenado a una convivencia imposible y a una larvada guerra civil interminable, que tendría tan largas secuelas y justificaría tantos desmanes, apoyados en la idea de que España es diferente.

Porque, entre los diversos grupos que se enfrentaron en aquella conflagración nacional, tan admirablemente analizados y clasificados por el profesor Artola, no todo fue lucha entre gabachos indeseables y castizos angelicales. Hubo unos cuantos españoles, perseguidos y demonizados, que no veían en los franceses napoleónicos a sus enemigos naturales, sino a los representantes de una herencia valiosa de liberación y racionalidad, que venía directamente de la Revolución Francesa y propiciaba el cultivo de la libertad y la modernización del país. Eran los afrancesados, las mentes más lúcidas y más cultivadas, que por eso mismo recibían el odio de los poderes fácticos -la aristocracia terrateniente y la Iglesia católica-, que veían en ellos los liquidadores de sus privilegios históricos, como había ocurrido en el antecedente francés.

En los levantamientos populares contra el invasor, tuvieron mucha participación los púlpitos, que excitaban las conciencias de sus feligreses para considerar a los franceses como enviados por el demonio a colonizar la católica España, camuflando así sus intereses como el interés general. Incluso corrió de mano en mano un catecismo, en forma de preguntas y respuestas, en el que, imitando los textos de las sacristías, podían leerse cosas como éstas: “¿Quién eres tú, niño? Español, por la gracia de Dios. ¿Qué son los franceses? Antiguos cristianos convertidos en herejes”. Se mezclaba así religión y política y se llegaba a jugar frívolamente con el misterio dogmático de la Santísima Trinidad, como en el siguiente diálogo de ese catecismo: “¿Qué es el emperador de los franceses? Es un malvado, la fuente de todos los males, de todos los vicios. ¿Cuántas naturalezas tiene? Dos, la naturaleza humana y la diabólica”. “¿Cuántos emperadores de los franceses hay? Uno verdadero en tres personas engañosas. ¿Cómo se llaman? Napoleón, Murat y Godoy. ¿Cuál es el peor? Los tres son iguales. ¿De quién procede Napoleón? Del pecado. ¿Y Murat? De Napoleón. ¿Y Godoy? De la fornicación de los otros dos. ¿Es pecado matar un francés? No, padre, matando a uno de esos perros herejes se gana el cielo”.

Cuando estaba preparando mi primera novela, El cuarzo rojo de Salamanca (1993), sobre la francesada en mi ciudad, traté de ilustrarme sobre los entresijos de aquella guerra y se me fue haciendo evidente que los verdaderos héroes de aquella batalla, sin menoscabo de los heroísmos individuales del pueblo, fueron los afrancesados, divididos entre sus ideas liberales y su rechazo de la invasión napoleónica, digamos, entre su pensamiento y su corazón, si es posible aceptar esta separación, por aquello que decía Unamuno de siente la cabeza y piensa el corazón.

Que se lo digan a Goya, que tuvo que sufrir el exilio y encontrar la muerte en Burdeos, muy lejos de España, como consecuencia de la persecución de sus ideas por el rey Fernando VII, heredero de la España castiza, que endiosó la guerra de la Independencia, sacralizándola y colocándola en el altar de sus devociones, que no de la libertad. Goya vio la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol desde una ventana de la calle del Arenal y perpetuó aquel gesto en un cuadro inmortal. Después, en su estudio, cambió los retratos de los generales franceses que había pintado por los retratos de los generales españoles, lo que no le sirvió para nada, porque, a fin de cuentas, tuvo que salir del país por piernas antes de que el casticismo nacional lo liquidase.

Es verdad que aquellos sucesos son complicados de interpretar por la complejidad de cualquier hecho histórico (sólo el reduccionismo analfabeto y la interesada voluntad de tergiversación no tienen problemas a la hora de saber lo que pasó en realidad). Pero la historia siempre es así y el punto de vista depende del observador. Como Merleau-Ponty escribió, “la Historia no sólo es un objeto que se halla frente a nosotros, lejos de nosotros, fuera de nuestro alcance, sino que también nos suscita a nosotros como sujetos”. Y más claro todavía, Sartre, tan denostado por el pensamiento neocon, dijo: “La Historia en lo que tiene de inteligible es el resultado inmediato de la voluntad y, en el resto, una opacidad impenetrable”. Y, naturalmente, la voluntad es lo que nos define.

L. G. Egido es escritor, premio Nacional de la Crítica 1996 y premio de las Letras de Castilla y León, 2004.

Un variado conjunto de elementos han convertido de nuevo el tema de la inmigración en un elemento central de la agenda política en Europa, en España y en Cataluña. Como han denunciado en estas mismas páginas Ridao y Ramoneda, está tomando cuerpo en Europa una iniciativa para ir deteniendo y expulsando a los ocho millones de inmigrantes que supuestamente pululan por el continente sin papeles, reduciendo significativamente, además, sus garantías jurídicas. Es evidente que el tema está alimentando a la derecha europea, en esa mezcla de “nacionalismo ciudadanista” (como diría el profesor Ricard Zapata) y de pulsión securitaria que tan buenos resultados ha dado al conservadurismo autoritario en sitios tan dispares como Holanda, Francia, Dinamarca, Suiza o Italia. Pero tampoco desde las posiciones socialdemócratas se sabe muy bien cómo responder a esa incomprensión generalizada sobre el mundo al que nos estamos asomando. No resulta fácil tratar de capear el temporal con posiciones ambivalentes y con mensajes contradictorios. El último en llegar no puede dictarnos qué es lo que tenemos que hacer, pero tampoco está claro qué es lo que une realmente a los penúltimos con los de en medio y los primigenios (si es que alguien es del todo primigenio).

En España, el reciente cambio de gobierno nos ha conducido a crear un ministerio que ha trasladado a su rótulo las competencias de trabajo e inmigración. Pero todos sabemos que la inmigración no es sólo trabajo, es también salud, educación, vivienda, ocio y religión. Y en los últimos meses, el incremento de los recién llegados por razón de reagrupamiento familiar lo refuerza si cabe. El nuevo ministro del ramo, el ex alcalde de L’Hospitalet Celestino Corbacho, ha manifestado un cierto cambio de talante con relación a su antecesor. Y ello parece que tiene que ver con la sensación de que los socialistas no estaban afrontando con suficiente seriedad un tema que es considerado muy preocupante para dos de cada tres españoles, y con una opinión pública cada vez más favorable a endurecer normas y acceso a prestaciones para inmigrantes. Corbacho está tratando de combinar cierta mayor rotundidad en las formas (no más regularizaciones, más precauciones en los procesos de reagrupamiento, menos contemplaciones con los rasgos diferenciales…) con afirmaciones claras de integración para los que ya están “regularizados” (participación política, acceso garantizado a servicios básicos…). Todavía recuerdo una de sus frases en L’Hospitalet: “La base de toda integración está en la escuela y en la escalera”. Y a esto quiero también referirme.

La portada del martes de la La Gaceta de los Negocios decía: “Los inmigrantes son un negocio para el Estado y una ruina para las autonomías”. El Estado recauda impuestos de los inmigrantes por valor de 24.000 millones de euros, y esa misma cantidad es la que se gastan las comunidades autónomas (CC AA) en proveer de servicios a esa población. Los inmigrantes, según esa fuente, aportan el 6,6% de la recaudación total de las administraciones públicas y reciben el 5,4% de las prestaciones. Recauda el Estado, gastan las CC AA y los municipios. Y ése es el problema. Los municipios son, de hecho, los que mayores esfuerzos están haciendo en el tema de la inclusión social de los inmigrantes, sin que se les reconozca adecuadamente el esfuerzo que en general están realizando. Acaba de aparecer un informe del Síndic de Greuges, La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes (www.sindic.cat), en colaboración con la Fundación Pi i Sunyer, en el que se demuestra que la clave del proceso de inclusión de los inmigrantes es el papel que, de manera más o menos proactiva, desempeñan los municipios en el proceso de empadronamiento. Si un inmigrante está empadronado, tiene acceso a servicios sanitarios y educativos, y se le abren las puertas a otras prestaciones. Los ayuntamientos son claves en los procesos de enraizamiento y en la cuestión del reagrupamiento. Nadie les agradece nada y en muchos casos no saben a qué atenerse. ¿Tienen que hacer la vista gorda y empadronar a alguien que no tiene papeles muy claros? ¿Han de exigir muchas garantías sobre el domicilio en que afirman residir? Sin prejuzgar cuál es la respuesta adecuada, lo cierto es que el informe del Síndic demuestra que predomina el campi qui pugui. Hay algunos municipios que se arriesgan y empadronan (incluso en direcciones del propio Ayuntamiento) como medio para que los inmigrantes acaben incorporándose en “la escuela y la escalera”, y otros que optan por cerrar la puerta antes de que la corriente de aire acabe generando más de un disgusto. En las bases del reciente Pacto Nacional por la Inmigración del Gobierno catalán, se aboga por unificar criterios en estos temas y facilitar la acogida. En el fondo, como casi siempre, todo acaba siendo un problema de valores.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

De sobra sabe José María Aznar que sigue y seguirá siendo durante el resto de sus días -Dios quiera que muchos - un dirigente político, aunque en la actualidad no desempeñe ningún cargo público. Quien lideró la refundación del PP a finales de los 80, quien presidió su partido durante 15 años (1989-2004) y el Gobierno de España durante ocho (1996-2004); quien designó directamente a finales de agosto de 2003 a su sucesor, no puede ni debe permanecer al margen de la grave crisis -que no «marejadilla», como de forma un tanto simple ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps- que asuela a su partido.

Es perfectamente comprensible que Aznar pueda tener serias dudas sobre si debe intervenir o no en la crisis del PP. Pero cuando lo que está en juego en estos momentos es que Zapatero pueda llevar a cabo sin ningún tipo de oposición, porque ésta se encuentra agónica, su cambio de régimen o segunda transición, entonces no hay reparos que valgan. Cuando lo que está en juego no es quién vaya a ser el secretario general del PP o cuántos avales consigue Rajoy -¡qué espectáculo está dando el político gallego recorriendo el país para conseguirlos en lugar de dedicarse a ejercer de líder de la oposición!-, sino el futuro de España como nación; cuando existe el peligro real de que la opción política que representa al centro derecha se perpetúe en la oposición, Aznar no puede seguir mirando para otro lado, como si todo esto no fuera con él.

Por ese conjunto de responsabilidades que ha tenido en el pasado reciente -y no únicamente por la de haber designado sucesor a Rajoy -, José María Aznar tiene la obligación de intervenir de la manera que considere más conveniente para intentar frenar el deterioro que está sufriendo su partido. Tiene la suficiente autoridad moral para ponerla en valor en este momento especialmente delicado para una fuerza política que representa a 10.300.000 españoles. El cómo tiene que hacerlo es otra cuestión, pero debe de hacer oír su voz, su opinión, sobre el presente y el futuro del PP.

Ni Rajoy ni ninguno de los dirigentes que han estado junto a él en estos últimos cuatro años pueden tener queja alguna respecto al comportamiento del actual presidente de Faes. Algunos, más fuera del PP que dentro y como fruto de un sectarismo y una animadversión personal exacerbada, han querido negarle a Aznar el derecho a hablar desde que dejó la Moncloa. El ex presidente ha hecho muy bien en no callarse y en decir lo que pensaba sobre cuestiones clave referidas a la situación política nacional. Argumentaban sus detractores que cada vez que hablaba, perjudicaba a su sucesor.

Lo sorprendente es que no haya sido el propio Rajoy quien haya tomado la iniciativa de llamar a Aznar. Más que sorprendente es inconcebible, como también lo es el que no haya hablado con antiguos pesos pesados del PP como Rato o Alvarez-Cascos. Cada vez está más extendida la opinión de que Rajoy es, desde la noche del 9-M, un candidato perdedor, que no está pilotando acertadamente la grave crisis por la que atraviesa su partido. Si mal está que prolongue su agonía política personal, lo está aún más que con ello arrastre al PP y le condene a no ser alternativa real al Gobierno de Zapatero durante un buen periodo de tiempo. Aznar es de las pocas personas en el PP que pueden modificar ese estado de cosas. Ahí radica su responsabilidad.

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PRISMA

Día 1 de mayo. En Barcelona se convocan dos manifestaciones distintas. Una, por la mañana, la de los «sindicatos mayoritarios» según los identifica la prensa (CC.OO y UGT), la otra por la tarde, convocada en forma unitaria por numerosos movimientos sociales, desde sindicatos minoritarios alternativos, hasta la CNT, pasando por grupos anticapitalistas. Antes algunos de estos grupos habían organizado una comida de hermandad con grupos de inmigrantes en el Raval, a la amplia luz pública. Que yo sepa, ambas manifestaciones eran igualmente legales.

De la manifestación de los sindicatos mayoritarios han dado amplia cuenta los medios, de la otra, llamémosle alternativa no he logrado ver ni leer una simple referencia en dichos medios (quizá haya alguna pequeña alusión en algún medio que no he visto o no conozco, pero en todo caso sería mínima). Me consta que fue lo suficientemente numerosa como para que no pasara desapercibida. Y sin embargo, los medios la han ignorado totalmente. ¿A qué es debido? Dudo mucho que se deba a mera incompetencia de los medios que no hacen bien su trabajo. Pero entonces, ¿por qué? Es muy difícil no pensar que se debe precisamente a la naturaleza alternativa de la manifestación; pero, si es así, ¿dónde queda la supuesta neutralidad de los medios? ¿Qué les lleva a seleccionar de este modo los acontecimientos a relatar? Es por lo menos curioso que algunos otros años en que al final de esta manifestación alternativa ha habido alguna algarabía violenta, todos los medios la han reflejado ampliamente.¿Es que es necesario incurrir en actividades poco cívicas para lograr una referencia pública?

Esto no es todo. La manifestación alternativa constituyó toda una expresión de reivindicaciones en el buen humor, bien organizada, en la alegría, la solidaridad, sin ningún problema de incivismo ni actitudes violentas. ¿Por qué se ha de suponer siempre que los grupos más radicales han de ser violentos?

Esto es lo que debió de pensar el ínclito Sr. Saura, ya que envió más de 18 furgones de policía a vigilar a los alternativos -¿eran necesarios tantos si ni siquiera merecen una mención pública?-.¡Qué pronto se dejan de lado las ideas cuando se llega al poder¡ La presencia de tantos furgones era ya por sí misma una provocación, pero aún si se aceptara que ello era debido a los problemas que se habían producido en años anteriores o en otras manifestaciones alternativas, no hubiera sido necesario que las furgonetas hicieran gala de sus luces intermitentes que hacían mucho más conspicua y provocativa su presencia. Si tenían miedo de los alternativos, o si como cínicamente parece que se ha dicho, se trata de «proteger a los manifestantes» las furgonetas ¿no hubieran podido estar situadas más discretamente? Fueron los propios manifestantes los que se organizaron para que ante tan obvia provocación nadie se desmandara, como parecían esperar ¿o desear? las autoridades.

Si esta es la democracia de la que podemos disfrutar en 2008 en este país está claro que los antisistema tienen razón y sólo una sociedad alternativa, fundada en formas totalmente distintas de organización social pueden garantizar una convivencia social armónica y justa.

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“El criterio liberal es que el Estado tiene un fin sustantivo y religioso, realizar el reino de Dios en la tierra: la cultura” (Unamuno)

“Llamo liberalismo a aquel pensamiento político que antepone la realización del ideal moral a cuanto exija la utilidad de una porción humana, sea ésta una casta, una clase o una nación”. (Ortega)

“El liberalismo reclama para existir la democracia. Son el alma y el cuerpo en que existe. Democracia quiere decir que los hombres libres defienden, ejercen, garan­tizan por sí mismos su propia libertad. … La democracia es una operación activa de engrandecimiento y bienestar moral. De­bemos considerar a la nación como un gran depósito de ener­gías latentes, de obras posibles, que sólo necesitan una buena explotación, aprovechamiento cabal. Es un deber social que la cultura llegue a todos, que nadie por falta de ocasión, de ins­trumentos de cultivo, se quede baldío» (Azaña)

¿De qué liberalismo se está hablando en el gallinero mediático a propósito de cacareada crisis que se vive en el PP? ¿Qué rigor tienen muchos de los que esgrimen su credo liberal? ¿Qué bagaje teórico pone sobre la mesa la otrora ministra de educación y actual Presidenta madrileña cuyos gazapos soberanos tanto y tanto sobresalieron? ¿Hablamos sólo de liberalismo económico llevado a sus últimas consecuencias? ¿De eso se trata? ¿Entre los que tal cosa postulan, alguien se tomó la molestia de leer lo que don Miguel de Unamuno escribió al respecto?

¿De qué liberalismo hablamos precisamente en este país? Un mero tránsito por el siglo XIX, sin necesidad de grandes profundizaciones, aclararía mucho las cosas.

Don Félix Aramburu, en la Universidad de Oviedo en 1902, dentro de un ciclo de conferencias dedicado a don Agustín Argüelles, fue muy claro al respecto: «Porque hoy más que nunca es necesario acudir al ejemplo de los hombres que en otras épocas de la vida nacional fueron modelo de honradez, de carácter y de patriotismo».

Liberalismo que buscaba la emancipación, ya que del divino Argüelles hablamos, que defendía la libertad de expresión, la abolición de la esclavitud y la libertad de imprenta. Todo ello, frente a todo lo que significaba el antiguo régimen, con la Iglesia como principal aliado.

Hay una especie de “edad de la inocencia” del liberalismo español que arranca en las Cortes de Cádiz, y que alcanza su mejor sazón en las generaciones del 98 y del 14. Sugiero a quienes tanto hablan de liberalismo que hagan siquiera un rastreo somero por lo que escribieron al respecto Unamuno, Azaña, Ortega, Madariaga y Marañón. Y que, con todas las diferencias y matices, se pregunten si eso tiene algo que ver con la defensa a ultranza de un liberalismo meramente económico, con la apuesta por el sector privado en derechos considerados básicos como la sanidad y la enseñanza. Sugiero también a los tales que se lean uno de los últimos ensayos de Marichal, titulado “El Secreto de España”.

Hablar de liberalismo prescindiendo de la cultura como uno de sus principales baluartes es, al menos desde una óptica que dice ser española y patriótica, una tergiversación en toda regla. Hablar de liberalismo y tener como principal aliado en cuestiones de ética y moral la prédica de Rouco Varela supone una bofetada a la historia de nuestra cultura.

Ahora bien, si se quiere llamar liberalismo a aquello que se enfrente a lo público, a aquello que se sustente en lo moral en un conservadurismo rancio, si es esto lo que se pretende, convendría desmarcarse de toda una tradición literaria y cultural que arranca en el siglo XIX, que sufre el absolutismo de Fernando VII, que tiene entre sus cimeras figuras a Larra, a Clarín, a Galdós, y a lo mejor de las generaciones del 98 y del 14.

Que alguien intente explicar qué tiene que ver con todo esto el discurso de doña Esperanza Aguirre y de todos sus entusiastas corifeos.

¿De qué liberalismo hablamos cuando prescindimos de la cultura, cuando se intenta encumbrar a un personaje político que demostró, en el mejor de los casos, un desconocimiento preocupante de la literatura española?

¿De qué liberalismo hablamos cuando se admira a una señora que no se caracteriza precisamente por un entorno informativo en el que impera la pluralidad en las opiniones?

Dígase entonces que lo que aquí se defiende es lo contrario al llamado Estado del bienestar, a las políticas sociales. Dígase entonces que lo que aquí se postula es el discurso moral de una Jerarquía eclesiástica mucho más integrista que la que hubo en la transición.

Llamen a eso liberalismo y, parodiando a Costa, encierren bajo siete llaves el mejor periodismo y la mejor literatura de los siglos XIX y XX.

Les dejo con Unamuno: “La característica del tradicionalismo español es, en efecto, su vaciedad de contenido político y social, vacío que se llena con pura retórica, hasta como tal retórica de ordinario mala”.

Podría haberlo escrito hoy.

Prólogo al libro de Hernando Calvo Ospina “Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”

Dada la actualidad, y con la autorización del autor y las editoriales, publicamos el prólogo de Ignacio Ramonet al libro de Hernando Calvo Ospina sobre la historia del terrorismo de Estado en Colombia

Según la historia, a partir de la segunda mitad del siglo XIX existen en Colombia dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. No es falso. Pero ello no es suficiente. En realidad, desde esa época, el país está dividido entre aquellos que lo poseen todo y aquellos que nada tiene.

No entraré en los detalles de la tragedia colombiana, que Hernando Calvo Ospina desarrolla aquí ampliamente y con gran talento. A modo de introducción, me contentaré con recordar algunos hechos significativos, emblemáticos de esta penosa historia.

Elegido al Congreso en 1929, el liberal Jorge Eliécer Gaitán decidió combatir a lo que él llamó la oligarquía: los ricos de ambos partidos. Con el paso del tiempo sus discursos se hacen incendiarios. Desde la tribuna, en mangas de camisa, él remata sus arengas con “¡Contra la oligarquía, a la carga!”. A pesar de ello, aboga por un cambio pacífico. Cuando se le daba como favorito a la presidencia de la república, el 9 de abril de 1948 es asesinado en Bogotá.

Un detalle insólito: La ley estadounidense permite a sus ciudadanos examinar, después de ciertos años, los documentos que poseen organismos públicos como la CIA, el FBI, o el Departamento de Estado. La CIA tiene información sobre la muerte de Gaitán pero hasta el día de hoy se niega a revelarla.

El asesinato de Gaitán provoca una insurrección generalizada -que Washington atribuye al “comunismo internacional”-, y una guerra civil a la que se ha llamado “La época de la violencia” (1948-1957): unos 300 mil muertos quedan tirados en los campos. En ese tiempo de horror y Apocalipsis los liberales y comunistas, señalados como objetivo, son destinados al suplicio.

Como complemento del poder, políticos y terratenientes utilizan a policías que, en uniforme o en civil, demuestran una crueldad sin límite. Se les conoce como chulavitas. También a sueldo de los mismos, los llamados pájaros van “volando” de región en región haciendo del terror su compañera.

Condenados a muerte, casi vencidos, y dispersos en un primer tiempo, los opositores entienden que una lucha gigantesca ha empezado. Han sido abofeteados, tratados de hez de la sociedad, perseguidos como a vagabundos importunos. Los miles de miserables que no poseen nada, y para quienes el respeto a la vida y un pedazo de tierra es suficiente, se suman a otros perseguidos que, armados de escopetas y machetes, se están organizando en incipientes grupos. Esos, que en realidad sólo tratan de subsistir y defender la vida de sus pequeñas comunidades, ahora van a combatir. Influidos por la revolución cubana, varios intelectuales y estudiantes los apoyan.

En 1964, para acabar con esta revuelta, la de esa guerrilla de campesinos insumisos a los cuales se les denominó “moscovitas”, Estados Unidos dona 300 millones de dólares, envía asesores y armamento. Se implementa la Operación Marquetalia. En 1999, Estados Unidos aportó 1.600 millones de dólares para impulsar el llamado “Plan Colombia”. Hasta el 2006 ya había gastado 4 mil millones de dólares en el Plan. Sin más resultados que en 1964.

Se sigue diciendo que la inmensidad de las llanuras, los obstáculos naturales, la presencia de selvas inexploradas, hace imposible aniquilar a los guerrilleros. Pero no a la población civil.

Al año siguiente, 1965, para luchar contra esos “subversivos”, los consejeros militares estadounidenses sugieren la creación de organizaciones civiles armadas. Ya no se les llama pájaros o chulavitas, sino “autodefensas”, legalmente reconocidas.

En una fecha tan lejana como es el 2 de septiembre de 1958, esos campesinos guerrilleros le hacían llegar una carta al presidente Alberto Lleras Camargo: « la lucha armada no nos interesa, y estamos dispuestos a colaborar por todas las vías a nuestro alcance en la empresa pacificadora que decidió llevar este gobierno. » Entre los firmantes, Manuel Marulanda Vélez, actual jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

En carta al Parlamento, con fecha del 20 de julio de 1984, y mientras negociaban con el presidente Belisario Betancur, las FARC anuncian el lanzamiento de un movimiento político nacional, la Unión Patriótica, UP. La intención de esa guerrilla era, junto a otros partidos y movimientos democráticos, ir ingresando a la vida política legal. Este trabajo de Hernando Calvo Ospina cuenta en detalle cual fue su destino. Una tragedia para tres mil militantes, simpatizantes y dirigentes de la UP, víctimas de escuadrones paramilitares… Pocos, realmente, pertenecían a las FARC. Una intransigencia política total de la clase dirigente.

Se dice que Colombia constituye una excepción notable en América Latina: sólo ha vivido cinco golpes de Estado desde su independencia de la Corona española. En 1958 se depuso al general Gustavo Rojas Pinilla, y desde entonces el gobierno ha estado siempre en manos de civiles. Rige cierto modelo democrático. Sin embargo, tan solo en cuatro años fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo (1990). Con sus particularidades, todos reclamaban reformas. Extraña concepción de lo que es una democracia…

Es que, sobrealimentados y avaros, incapaces de confrontar la realidad, ricos y poderosos piensan que los civilizados dignos de ese nombre pueden, para reducir y acabar con los “bárbaros”, utilizar bárbaros más bárbaros que ellos. Así lanzan las hordas de paramilitares, que son las mismas “autodefensas”, y les permiten que hagan alianza con los barones de la cocaína para que ayuden a financiar “su” guerra. Las Fuerzas Armadas los convierte en parte de su cuerpo, corazón y alma. Por eso los equipa, los instruye, los informa, los apoya… Con el pláceme de un gran sector de la clase política y de los gremios económicos.

Los paramilitares se ensañan con la población civil rural. Sistemática y calculadamente van acabando con la oposición política legal. Así estos seudo clandestinos, que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajan uno a uno todos los escalones que separan lo humano de la bestia. El terror tiene que golpear en el corazón de quien pueda ser enemigo en potencia. Asesina a uno y asustarás a mil.

En diciembre de 1997, el presidente Ernesto Sámper Pizano anuncia la creación de un “bloque especial de búsqueda” para capturar a los jefes paramilitares. Promete que esos grupos “serán perseguidos hasta en el infierno.” Todo queda en intenciones. Tres años después, Phil Chicola, jefe de la oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los intereses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formalmente en la lista [de grupos terroristas].” [1] En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, sin pruebas, trató de “narcoguerrilla” a las FARC. Por decisión del presidente George W. Bush, esa guerrilla y el otro grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se convierten en “narcoterroristas” después del 11 de septiembre 2001. Dos pesos, dos medidas.

¿“Narcoguerrilla”? ¿“Narcoterroristas”? ¿Ex revolucionarios descarriados? Provocando el empobrecimiento de importantes sectores de la población, los sucesivos gobiernos han favorecido el cultivo de la coca y las actividades ligadas al tráfico de cocaína. Pero son muchos los que tienen las manos metidas en el “negocio”: los militares, bastantes políticos de derecha y los sectores económicos. Bien metidas las tienen los paramilitares. Y aunque en una muy mínima medida, algún sector de la guerrilla también se ha untado con el pretexto de ayudar a financiar la causa.

Me conformaré con citar las palabras de Daniel García Peña, quien en 1997 dirigió una Comisión exploratoria para definir los términos y condiciones de posibles conversaciones de paz, bajo la presidencia de S

Sámper: “El discurso mil veces repetido sobre una guerrilla sin ideales y convertida en organización mafiosa es falso. Se trata de una organización político-militar que, como la guerra cuesta caro, impone su impuesto revolucionario sobre la cosecha [de coca], pero no tiene ninguna participación en el tráfico. Si se tratara de un cartel, no tomaría pueblos ni adelantaría operaciones militares.” Un poco más tarde, el 18 de mayo de 2003, el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, James Lemoyne, afirma: “La columna vertebral de la principal guerrilla del país se compone de personas comprometidas ideológicamente.”

Todo conflicto político se termina en una mesa de negociaciones. Y por qué no, ya que son necesarias, con reformas sociales. Eso no sucede en Colombia. Con un empecinamiento en extremo sorprendente, cada gobierno le ha declarado la guerra a las guerrillas; ha multiplicado los gastos militares; les ha subido el sueldo a las Fuerzas Armadas… Y cada presidente, desde mediados de la década de los sesenta, ha prometido acabar con la guerrilla antes del final de su mandato. Para constatar, al partir, ¡qué la oposición armada es más fuerte que cuatro años antes! La injusticia social la ha nutrido. Y, también, sin duda, la represión indiscrimada y ciega.

Nada. Aquí nada se debe al azar. La “limpieza” política realizada por el ejército y los paramilitares ha vaciado de campesinos pobres a muchas regiones colombianas. Hombres y mujeres que cometieron uno de estos “errores”, o todos juntos: vivieron en territorios inmensamente ricos; se organizaron para exigir sus derechos; militaron o dieron su voto a formaciones políticas de oposición; o quizás -quizás- simpatizaron con las guerrillas. Sus tierras pasaron a manos de terratenientes, jefes paramilitares, y de representantes de poderosos intereses económicos.

El azar no existe. En 1997, evocando el futuro de las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos, el embajador estadounidense Myles Frechette declaraba: “Mi gobierno invita con insistencia al gobierno colombiano a que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la ley colombiana, o de ser necesario que cambie la ley para adoptar las reglas adecuadas y efectivas de competencia.” [2] Luego reclamó lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura. Dos años más tarde, una de las exigencias de la enmienda al Plan Colombia que imponen algunos senadores estadounidenses, es que se les dé la prioridad a las inversiones extranjeras, y en particular al sector de la industria petrolera. El Consortium US Columbia Business Partnership –Occidental Petroleum Company, BP, Caterpillar, Bechtel & Pfizer- defendía con toda fuerza la adopción del Plan.

Todo fue aceptado. Y más: las Fuerzas Armadas y sus paramilitares se encargaron, con el apoyo del Plan y de los asesores estadounidenses, de incrementar el vaciado de campesinos e indígenas en las extensas zonas petroleras.

Dando también entera satisfacción a quienes “ordenan”, el presidente Álvaro Uribe Vélez, “negocia” desde el 2006 un Tratado de Libre Comercio con Washington. Su firma será como un asesinato a la economía colombiana…

Este mismo presidente le ofrece una reinserción “suave” a los paramilitares. Washington no se opone, aunque ya los tiene incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Al contrario, sus diplomáticos participan en varios actos públicos con jefes paramilitares, cuya extradición pide su gobierno por narcotráfico. Es que no sólo han masacrado poblaciones: los paramilitares se han convertido en el cartel de droga más poderoso de Colombia. Washington se contenta con hacer esporádicas declaraciones. Los paramilitares no han atacado ni el mínimo de sus intereses estratégicos en Colombia: los han cuidado como si fueran suyos.

Entonces el presidente Uribe Vélez ha tenido manos libres para firmar la ley de Justicia y Paz, 21 de junio de 2005. Esta les otorga a los “paras”, también acusados de crímenes de lesa humanidad, una casi impunidad, la legalización de sus fortunas y una jubilación dorada. A pesar de que en cuatro años, desde que firmaron un “cese al fuego” el 15 de julio de 2003, hayan cometido unos 3 mil asesinatos más.

Pero, ¿este gobierno hubiera podido ser menos bondadoso con el paramilitarismo? Fue este gobierno, como los que le precedieron, quien derramó esa plaga sobre el pueblo. Fue el Estado quien formó, fomentó, animó y protegió al paramilitarismo. Porque el paramilitarismo es una estrategia estatal, avalada y apoyada por Washington, para el beneficio de los poderosos conglomerados económicos. Han sido aliados en la destrucción y la muerte para compartir el botín.

Pero se dejó que los paramilitares se convirtieran en poderosos señores de la guerra. Y esos jefes mafiosos, que casi ni aceptan el mínimo castigo, y menos aún ser los únicos en cargar con toda la culpabilidad, lanzan una amenaza a quienes los criaron y dirigieron: si la justicia se “encarniza” con ellos, podrían revelar sus inmensos secretitos.

A partir de documentos confiscados a uno de ellos, “Jorge 40”, marzo 2006, se llevó a cabo la detención de varios diputados y senadores de la costa atlántica, todos ligados a los partidos que apoyan al presidente Uribe Vélez. Desde ese momento el fuego se extendió sobre hierba seca, porque comenzó el escándalo conocido como la “Parapolítica”. Por culpa de su padre y hermano, inculpados de relaciones con los paramilitares, la ministra de Relaciones Exteriores, Maria Consuelo Araujo, ha debido renunciar. Por las mismas razones Jorge Noguera, ex jefe de la policía política -Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que depende de la presidencia de la República-, uno de los protegidos del presidente, fue encarcelado.

Son unas muestras. Pero la lista que señala acusadoramente a la clase política tradicional colombiana, en especial a los aliados del presidente Uribe Vélez, es muy grande. La hecatombe judicial continúa, y toca a senadores, diputados y muchos altos funcionarios de Estado. Sin dejar por fuera a mandos militares y de policía.

Cierta cantidad de “personalidades” tiene cada día más dificultad en tragar saliva. Han descubierto que el perro que los cuidaba ayer, los amenaza hoy. Para impedir posibles revelaciones, 59 jefes paramilitares fueron trasladados, de repente, del centro vacacional donde habían sido concentrados, hacia una prisión de alta seguridad. Entonces anunciaron, el 7 de diciembre 2006, que consideraban el “proceso de paz” como terminado. El presidente Uribe dice que debe seguir.

Acorralado por las constantes revelaciones, el presidente Uribe responde con ataques, y se ensaña en quienes no debe. Acusa a los movimientos de defensa de los derechos humanos y a la izquierda legal, como al Polo Democrático Alternativo, de pactar “con los terroristas”. Parece que no le importa que con ello haga correr a sus miembros inmensos peligros: Al menos que sea algo deliberado. Desde hace algunos meses nuevos escuadrones de la muerte surgen por todo el país, que ya amenazan y van asesinando a los opositores…

Sin parar la arremetida, el jefe de Estado se fue contra la Corte Suprema de Justicia. Su presidente, Cesar Julio Valencia, se vio obligado a reaccionar en octubre 2007, rechazando acusaciones de Uribe Vélez. Le dijo al presidente que con ellas pretendía obstruir la acción de la justicia, en el cuadro de las investigaciones adelantadas sobre “parapolítica”. Es que los jueces estaban pisando huellas profundas de las relaciones existentes entre jefes narco-paramilitares y demasiados parlamentarios: 17 presos y más de 40 judicializados, todos pertenecientes a grupos políticos pro-Uribe. Sin contar a gobernadores y alcaldes presos “uribistas”.

No cabe duda que apenas comienza el forcejeo. ¿Quién sabe si las importantes revelaciones hechas en este libro por Hernando Calvo Ospina, sobre los mecanismos del terrorismo de Estado en Colombia, no serán a corto o mediano plazo confirmadas por los propios implicados? Por tanto este trabajo es sumamente valioso. Más aun, su atenta lectura es indispensable para entender la tragedia del pueblo colombiano.

Traducción del francés: Karine Álvarez.

“Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”. Editorial Akal-Foca. Madrid. “El terrorismo de Estado en Colombia”. Fundación Editorial El Perro y la Rana. Caracas.

[1] El Tiempo, Bogota, 1 de mayo 2000.

[2] Apolinar Díaz Callejas, “Colombia bajo doble fuego: crisis interior y señorío de EE UU”. Papeles de cuestiones internationales, N° 62, Madrid, 1997.

La dictadura militar que gobierna con mano de hierro en Myanmar (Birmania) no se apoya sólo en sus propias fuerzas. Se beneficia del apoyo cómplice –a veces discreto, otras descarado– de los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que son un buen puñado (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, además de la propia Birmania), a los que en ocasiones se unen China, Japón y Corea del Sur (ASEAN + 3). A ese respaldo hay que añadir las inyecciones subterráneas de capital que le prestan algunas grandes firmas occidentales, que pasan olímpicamente de todos los boicots oficiales con tal de beneficiarse de las materias primas del país. Y luego está el detalle, nada anecdótico, de que Birmania es la segunda productora mundial de adormidera. O sea, de opio. O sea, llegado el caso, de heroína.

Myanmar es un país potencialmente próspero, pero se halla entre los más pobres del mundo. Y lo peor para sus dictadores es que su población es cada vez más consciente de ello. Lo evidenciaron las grandes manifestaciones de 2007, cuya cara más visible y publicitada fue la resistencia de los monjes budistas. Buena parte del pueblo de Myanmar es consciente de que la oligarquía armada se ha hecho de oro a costa de la miseria de la gran mayoría.

Ahora, la Junta Militar está poniéndose aún más en evidencia. Bloquea los envíos internacionales que tratan de socorrer a los damnificados por el ciclón del pasado domingo y se reserva su control. Es inevitable que la población deduzca que las va utilizar para enriquecerse todavía más. Además, sabe que el Gobierno fue avisado de la cercanía del ciclón y que se quedó cruzado de brazos.

Birmania es un secarral social que cualquier chispa puede incendiar. No sería la primera vez que una revolución se inicia tras un desastre natural que exacerba las contradicciones sociales. El terremoto de Nicaragua (1972) fue decisivo para la caída de la dictadura de los Somoza. Lo mismo sucedió en Irán en 1979: al seísmo natural le siguió el cataclismo político.

Ojalá sucediera lo mismo en Birmania. Que no haya mal que por bien no venga.

Según parece, el PNV ha decidido rendir otro fuerte y abandonar también la defensa de la autonomía parlamentaria, bandera esgrimida a lo largo del proceso contra Atutxa, Bilbao y Knörr por no obedecer la orden de disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak. En consecuencia, en caso de volver a tener que decidir entre asumir una ley que la mayoría del Parlamento considera antidemocrática o desobedecerla amparándose en la autonomía, el PNV elegirá una vez más la senda del acatamiento constitucional.

La excusa esgrimida para ese cambio de postura es la negativa de Ezker Abertzalea a apoyar el «blindaje» de la Mesa del Parlamento frente a un nuevo ataque de la judicatura española. La excusa no podría resultar más obscena, puesto que exige a las parlamentarias de Ezker Abertzalea un acto de solidaridad con aquellos que no están dispuestos a realizar el más mínimo gesto, no sólo de solidaridad, sino de reciprocidad. Dado que ese supuesto «blindaje» sólo afecta a los daños colaterales de la Ley de Partidos y no a sus verdaderas víctimas ¿por qué debería Ezker Abertzalea garantizar la seguridad jurídica de aquellos que no tienen pudor en asistir a su «lapidamiento» civil y político? El PNV exige inmunidad respecto a la Ley de Partidos a la izquierda abertzale, cuando lo normal sería que exigiese a Zapatero su derogación como condición previa a cualquier pacto.

Una de las razones evidentes del descalabro del PNV en las últimas elecciones es la incapacidad de los líderes jeltzales para diferenciar su discurso del discurso del PSE. No sólo eso, en este momento una parte del electorado jeltzale ve que las incapacidades del PNV para garantizar que se cumplan sus acuerdos con el Estado se disiparían si el encargado de gestionar esos acuerdos fuese del mismo partido que gobierna en Madrid. Si el PNV hace dejación no ya del nacionalismo, sino del más mínimo autonomismo, no corre sólo peligro de perder las próximas elecciones. Corre el riesgo de perder el pulso del país o de sufrir otro cisma.

El debate sobre el nuevo modelo de financiación se presenta ante la opinión pública como un tira y afloja entre las regiones denominadas ‘ricas’ (Madrid, Cataluña, o Baleares) y las ‘pobres’ (Extremadura, Andalucía o las dos ‘castillas’). Pero los datos de la Agencia Tributaria no indican, precisamente, una correspondencia directa entre renta per cápita y capacidad de compra de los ciudadanos.

Madrid es, en efecto, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la segunda comunidad autónoma con mayor renta per cápita (29.965 euros) -tras el País Vasco-, pero la realidad es que casi la mitad de asalariados madrileños (el 48%) tenía un sueldo en 2006 menor o igual a dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de ese año. O dicho en otros términos, cobraban una nómina anual de 15.145 euros brutos, lo que significa como máximo entre 12.518 euros y 13.881 (en función de la situación familiar del asalariado). En términos netos, eso significa entre 894 y 992 euros al mes, una cantidad que en 2006 percibían nada menos que 1.475.846 asalariados, de los que un 48% son varones y el 52% restantes mujeres.

Loa datos los acaba de publicar la Fundación Sindical de Estudios (FSE) y forman parte de un informe realizado por el sociólogo Mariano Maroto García sobre la pobreza y la estratificación en el mercado de trabajo. Y entre las conclusiones se ofrece una cifra tremendamente representativa sobre los niveles salariales existentes en España. Nada menos que 10.841.623 asalariados tienen la condición de ‘mileuristas’. O lo que es lo mismo, el 58% de los trabajadores por cuenta ajena cobra menos de 1.000 euros. Eso significa que Madrid se encontraría diez puntos por debajo de la media nacional, si bien hay que tener en cuenta que el coste de la vida es, igualmente, superior. Según el estudio citado, el 62% de los ‘mileuristas’ se concentra en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Las estadísticas oficiales, inexplicablemente, todavía no ofrecen los datos de renta per cápita en términos de capacidad de compra (como hace el FMI o Eurostat), lo que permitiría hacer comparaciones más homogéneas, ya que, como se ha dicho, el coste de la vida es sensiblemente diferente en Madrid o Extremadura o Galicia, por poner un ejemplo.

‘Mileuristas’ en el conjunto de España

El mayor porcentaje de ‘mileuristas’, en cualquier caso, se encuentra en Extremadura, donde casi el 70% de los asalariados ingresa menos de 1.000 euros al mes. En el lado contrario, se encuentran Melilla y Ceuta, donde ‘solo’ el 46% y el 44% de los trabajadores por cuenta ajena, respectivamente, cobra menos de 1.000 euros, lo que puede explicarse por el elevado peso que tiene en ambas ciudades el empleo público, con salarios más altos que en el privado para determinadas escalas profesionales.

Los datos, dice el autor del estudio, ponen de manifiesto hasta qué punto “la generación mejor preparada de la historia de España, la del baby boom, sufre los rigores de los bajos salarios”. Y pone como ejemplo el “empobrecimiento económico de los titulados superiores”. Se pone como referencia un estudio de la Universidad de la Coruña en el que se demuestra que “los titulados universitarios, sean ingenieros, maestros, economistas o educadores sociales, cobran cada año que pasa salarios más bajos y firman un mayor número de contratos temporales”. Según ese estudio, que recoge datos comprendidos entre 2000 y 2006, “el porcentaje de recién licenciados que ingresó más de 1.200 euros mensuales en su primer empleo descendió del 41% al 29%, y el de aquellos que se estrenaron como trabajadores eventuales becarios o en prácticas creció del 75% al 85%”.

Para el caso de Madrid, el informe editado por la Fundación Sindical de Estudios -un think tank vinculado a CCOO de Madrid- pone de relieve que en total 704.184 asalariados (casi uno de cada cuatro) percibe unas retribuciones medias brutas situadas entre 1.604 y 5.704 euros, lo que significa que no alcanzan el 25% de la renta media española. Es decir, la cuarta parte de los madrileños está dentro de los que los sociólogos clasifican como pobreza severa o gran pobreza. Si se eleva el rango del nivel de los ingresos resultaría que nada menos que 1.039.553 asalariados madrileños o con residencia en la Comunidad “están en el umbral de la pobreza”.

Por último, hay que tener en cuenta que, según datos de la Agencia Tributaria, en 2006 la mitad de los nuevos asalariados entró en el mercado de trabajo cobrando menos que lo que establece el Salario Mínimo Interprofesional al trabajar a tiempo parcial o de forma esporádica.

El reconocimiento de que unas 270.000 sentencias penales están pendientes de ejecución en España tiene una parte loable, por lo que supone de transparencia, pero quizás debería ir acompañado de algo más contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), primero, pero también de los gobiernos —central y autonómicos— con competencias en la materia, después. El dato, por espectacular, es indicativo del estado que atraviesa la Administración de Justicia en términos de eficacia y probidad. ¿También de algo más?

La evaluación llevada a cabo por los servicios de inspección del Consejo no queda claro si considera o no los efectos de la huelga que recientemente han mantenido los funcionarios de las comunidades autónomas a las que no se han transferido plenamente las competencias… si es que tales efectos se pueden medir a fecha de hoy. En todo caso, las causas esenciales vienen de lejos, van más allá de las consecuencias de un conflicto laboral y tienen bastante de índole estructural. Con el añadido de que las cosas no van mejor en el resto de jurisdicciones; es posible que algunas incluso vayan peor, si no en ejecución de fallo, en duración del procedimiento y plazo de resolución.

Que la Justicia no funciona como debería se ha convertido en una especie de lugar común. Parece que la sociedad cuenta con ello y lo tiene catalogado como uno de esos asuntos que no tienen solución: lo malo es que los representantes políticos parecen participar de idénticas actitudes y percepción. Hace pocas semanas, un medio informativo propuso a sus habituales una pregunta aparentemente sencilla: ¿puede funcionar la economía sin que funcione la Justicia?

Las cifras son llamativas, más apropiado sería decir escandalosas, pero aún lo es más que no pase nada: ¿a nadie sonroja?, ¿nadie siente inclinaciones a renunciar a su puesto?, ¿nadie admite responsabilidad o culpa?, ¿nadie se va a su casa…? Lo máximo a lo que se llega es a expresar preocupación.

No menos chocante resulta que sea un diagnóstico sobre el que no se discrepa: incluso los dos grandes partidos estatales, a menudo incapaces de ponerse de acuerdo hasta en la hora o el clima, comparten la idea de que es un asunto grave que convendría arreglar. Tan es así que la Justicia ha sido, en los últimos años, el único aspecto de la gestión pública en el que han sido capaces de suscribir un pacto de Estado, además de lo relativo a la lucha antiterrorista. Aunque, la verdad, sin resultados tangibles que reseñar.

Como acostumbra a pasar en el ámbito público, la tesis más socorrida es que falta personal, desde jueces a funcionarios de apoyo, correlativo al aumento de causas que se ha producido en los últimos años. Un argumento difícil de combatir, puesto que se vierte en forma genérica, sin aportar datos concretos sobre la correlación entre unos y otros, la evolución del número de asuntos resueltos por dependencia y, en definitiva, las ratios de productividad de jueces, juzgados y tribunales. Pero, en todo caso, resulta difícil admitirlo, ya que elude explicar por qué en unas dependencias judiciales se dan más atascos que en otras, incluso en una misma demarcación, o por qué unos titulares de juzgado son más o menos productivos que su predecesor o sucesor al frente del mismo. Por no mencionar qué misterio impide un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías para mejorar.

Fuera por las razones que fuese, la presión corporativa y la iniciativa política se aunaron en la etapa constituyente para asegurar el grado de autogobierno de los jueces. Se eligió para ello el modelo italiano, entonces muy de moda, pero no parece que haya resultado ser el mejor.

Hace tiempo que el funcionamiento de la Justicia no admite parches: requiere una profunda transformación que nadie parece dispuesto a emprender o siquiera patrocinar de verdad. ¿Servirá la contundencia de los últimos datos para cambiar de actitud?

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