Llega la hora del sudoku, de Enric Juliana en La Vanguardia
NOTAS DE MADRID
El nuevo Estatut de Catalunya es un texto importante. Incorpora la más generosa lectura de la Constitución a favor de la autonomía realizada hasta la fecha, esboza elementos diferenciales que fueron imposibles de pactar durante la Transición (el reconocimiento del sentimiento nacional catalán), e incorpora, en sus disposiciones adicionales, dos compromisos de fuerte calado: la recuperación del déficit en infraestructuras acumulado en Catalunya y la negociación de unos nuevos criterios de solidaridad territorial, sin reclamar para la sociedad catalana un régimen fiscal privilegiado como el del País Vasco y Navarra.
El nuevo Estatut de Catalunya -relativizado por quienes se abstuvieron o votaron no en el referéndum de 18 de junio de 2006- es una novedad muy importante en el ordenamiento jurídico-político español. Por ello, la sentencia del Tribunal Constitucional está siendo objeto de un muy intenso forcejeo. El nuevo Estatut de Catalunya no es un objeto político menor.
Fruto de una negociación muy compleja, en la que seguramente sobró astucia y faltó sinceridad, el Estatut incorporó el compromiso de revisar antes del 9 de agosto de 2008, los criterios básicos de la financiación de la autonomía catalana. Dicho con menos eufemismo: el Estatut obliga a realizar una discusión a fondo de los mecanismos que determinan la solidaridad territorial en España. La madre de todas las insatisfacciones. Un asunto sobre el que todos los partidos han pasado de puntillas durante los últimos treinta años, en los que España ha prosperado económicamente, gracias a una gran estabilidad de fondo y a la generosa contribución de la Europa unida.
En política, como en los demás ordenes de la vida, suele ser imposible la predicción del futuro. Quienes pactaron la disposición adicional referida a la financiación autonómica, poco podían imaginar que en la primavera de 2008, España se encontraría ante la certeza de un cambio de ciclo económico, con todas las incertidumbres y angustias que ello plantea, agravadas por una panorámica internacional nada alentadora.
Este es hoy el problema: el Estatut obliga a iniciar el debate más difícil en el momento más complicado. Dos líneas rojas se entrecruzan: ninguna autonomía quiere salir perdiendo y el Estado deberá destinar el superávit presupuestario a los mecanismos amortiguadores de la crisis (seguro de paro, incentivos a la compra de viviendas, estímulo de las obras públicas…).
No han pasado dos meses de las elecciones generales y la mayoría de las autonomías gobernadas por los socialistas –la mayoría de ellas receptoras netas de la solidaridad territorial- ya se hallan en pie de guerra. Y el PSOE, estos días reconfortado por las brumas en el Partido Popular, celebra congreso el mes de julio.
Pedro Solbes dijo un día que los nuevos estatutos convertían la financiación de las autonomías en un complicado Sudoku. Se quedó corto.
