Para Barcelona y más, de Francisco Cabezas en El Mundo
EL DEBATE DEL AGUA
El problema del agua ha vuelto al primer plano de la actualidad política al hilo de una situación de grave emergencia como es el riesgo cierto de desabastecimiento del área metropolitana de Barcelona y su entorno que, a fecha de hoy, no tiene la plena seguridad de un suministro estable y garantizado en el próximo futuro. Para abordar el problema, además de otras medidas de orden interno ya adoptadas o en estudio por la Administración catalana, se ha propuesto la prolongación hasta Barcelona del ya existente trasvase del Ebro a Tarragona.
En los años 70, Tarragona vivía una situación de escasez y deterioro de sus disponibilidades hídricas. Sustentadas éstas en acuíferos sobreexplotados o salinizados, había que sustituirlos por otros recursos alternativos, suprimiendo la sobreexplotación y garantizando y mejorando la calidad del suministro. Para ello se aprobó la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, que autorizaba el trasvase desde el Ebro a dicha provincia con un máximo de 4 m3/s. Este minitrasvase del Ebro lleva en funcionamiento casi 20 años. En la actualidad los volúmenes concedidos suponen la disponibilidad efectiva de unos 120 hm3/año, de los que Tarragona está consumiendo unos 70-80, por lo que existe un remanente de la concesión de 40-50 hm3/año, no utilizados pero reservados para las futuras necesidades de la provincia.
A la vista de estas circunstancias, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 se consideró ampliar este trasvase a Barcelona de forma temporal mientras se desarrollaba el ramal norte del PHN, con el que se podría incluso compartir parte de la infraestructura. Así se dispondría a corto plazo de una importante seguridad adicional para Barcelona, mientras se desarrollaba a medio plazo el nuevo ramal, que retornaría la reserva a Tarragona y podría incluso complementarla. Para ello se acordó llevar a cabo la habilitación legal y la programación de la infraestructura correspondiente.
La habilitación legal se llevó a cabo en la Ley del PHN, modificando la ley del minitrasvase añadiendo dos palabras «…y Barcelona», de forma que se ampliaba el ámbito de aplicación del agua a esta provincia, además de a la de Tarragona. Por su parte, la infraestructura (conexión CAT-Abrera) se programó en el Anexo II de la Ley del PHN.
Iniciado el desarrollo de estas actuaciones, el Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificó la Ley del PHN, derogó todos los artículos relativos al trasvase del Ebro tanto en el ramal norte hacia Cataluña, como en el ramal sur hacia la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, suprimiendo la conexión prevista desde Tarragona. Posteriormente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modificó el PHN, suprimió las palabras añadidas «y Barcelona», anulando tanto la habilitación legal como la infraestructura necesaria para llevar agua a Barcelona.
A fecha de hoy, la sequía ha evidenciado la necesidad de retomar aquella iniciativa, derogar la derogación, y restablecer la previsión del PHN de 2001, bien habilitando mecanismos de cesión de derechos, concesiones con posibles remanentes u otra fórmula jurídica que, por el momento, no ha sido completamente perfilada. En cualquier caso, Barcelona tendrá agua del Ebro.
La historia permite observar que lo que ahora se va a ejecutar por un mecanismo de emergencia es exactamente igual a lo que se planteó en el PHN de 2001 y se derogó en 2005. La obra ya podría estar ejecutada y haber contado, además, con financiación de fondos europeos. En segundo lugar, resulta evidente la necesidad de que la política de agua sea objeto de acuerdos políticos a largo plazo. Cada vez más escasa y sometida a mayores presiones, ha de ser una política de Estado, al margen de coyunturas y vaivenes del momento. Resulta evidente en tercer lugar, la necesidad de una visión integrada para aproximarse a los problemas del agua. Prescindiendo de prejuicios técnicos y anatemas nominales, no debe descartarse a priori ninguna alternativa que pueda contribuir a resolver los problemas.
El problema de Barcelona debe ser resuelto sin vacilaciones, de forma definitiva, con medidas diversas programadas a corto, medio y largo plazo. Pero hay que recordar el problema que se vive desde Castellón hasta Almería. Acaso menos visible, paliado a costa de inadmisibles cotas de sobreexplotación y degradación medioambiental, es igualmente grave y requiere análoga atención. Es cierto que no se han producido restricciones para usos urbanos, pero existe una permanente restricción a otros usos, como el regadío, que está ahogando al sector, desertizando el territorio e induciendo al medio ambiente hídrico daños cuyo alcance tardará en poderse percibir en toda su dimensión.
Es urgente y prioritario poner todos los medios posibles para impedir que Barcelona se quede sin agua para sus usos urbanos e industriales, pero es igualmente importante prever los medios para que esto no se produzca en otros lugares. Los mecanismos se instituyeron en la Ley de Aguas de 1985 y posteriores reformas. Se requiere sólo la voluntad de su cumplimiento.
Francisco Cabezas es director del Instituto Euromediterráneo del Agua.
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