Fosas, archivos, vidas, de Francesc-Marc Álvaro en La Vanguardia

Hoy, 14 de abril, 77 años después de la proclamación de la Segunda República, algunos recuerdan, otros olvidan, la mayoría ignora, y van quedando menos que puedan contar en primera persona. Una época se extingue porque fallecen los que la vivieron y murieron. Mientras parten los viejos, es un imperativo cívico buscar la verdad, conocer, comprender. Pero, ¿dónde buscar la verdad? El Govern de la Generalitat de Catalunya nos propone buscar la verdad reabriendo las 179 fosas de la Guerra Civil, una empresa complicada y costosa que, tal vez con buenas intenciones, transforma la historia en un ritual más doloroso que reparador.

Después de cuarenta años de propaganda oficial franquista a cuenta de los muertos de un bando, debemos andar con cuidado de no imitar lo peor del enemigo desde la legitimidad democrática. La democracia -es extraño tener que recordarlo- es un régimen moralmente superior, porque asume el pluralismo, incluso ante sus enemigos. Dice el conseller Saura que hay que abrir las fosas y, a la vez, remarca que no es de su competencia interesarse por unos restos aparecidos en las instalaciones de la brigada paracaidista de Alcalá de Henares que podrían corresponder a Andreu Nin, el líder del POUM asesinado en el año 1937 por orden de los soviéticos. Algo falla.

¿Qué tipo de verdad histórica se nos ofrece desde las instituciones? La pregunta no es nada teórica, de ella depende estar en guardia frente a constantes intentos de maquillar biografías y trayectorias. Todo el mundo ve como algo normal que hoy Santiago Carrillo presente un libro sobre los deportados republicanos a los campos de concentración nazis, ignorando que el PCE y el PSUC trataron como sospechosos de colaboracionismo a los supervivientes de aquel infierno, algo que ocurría en toda Europa pues era dictado por la paranoia estalinista. Insisto: ¿quién dirige la búsqueda de la verdad histórica en una sociedad? Están los muñidores de la memoria oficial, léase Memorial Democràtic y demás tinglados, y están los que son proscritos y silenciados por plantear preguntas incómodas.

El recientemente fallecido Josep Benet, en el prólogo a sus memorias, se hace la pregunta del millón: “¿I qui té el poder de decidir quina és de totes les memòries existents la democràtica?” La respuesta me la dio, hace tiempo y sin querer, un conseller socialista del tripartito: “Hemos entregado este juguete de la memoria a unos que lo convertirán en un negocio fácil para sus amigos”.

Hoy, 14 de abril, 77 años después de la proclamación de la Segunda República, más que exhumar las fosas lo que hay que hacer es seguir abriendo los archivos (lo cual nos recuerda que el Gobierno ha de entregar ya los papeles de Salamanca). Como ha hecho Enric Canals para escribir el libro Delators. La justícia de Franco, un trabajo riguroso que pone nombres y apellidos a uno de los fenómenos más execrables de la dictadura. Las nuevas generaciones deben saber que hubo delatores de un signo durante la Guerra Civil española en la retaguardia y que los hubo de otro signo en la larga posguerra. Como hubo buena gente de todas las ideologías que, durante el conflicto y también después, se arriesgaron para salvar vidas de adversarios.

¿Dónde buscar la verdad histórica? En esta misma complejidad a la que nos acabamos de referir. Una complejidad que no significa ambigüedad ni relativismo ante las causas probadas de los hechos, pero que no acepta el esquematismo urgente. La complejidad que, paradójicamente, corresponde a un tiempo dramático de doctrinas duras y compactas, de maniqueísmo sectario.

Una complejidad que, por ejemplo, ejemplifica la vida del general Antonio Escobar, católico al servicio de la República, de quien el veterano periodista e historiador Daniel Arasa ha escrito una apasionante biografía, Entre la cruz y la república. Complejidad que también aparece en la muy documentada obra Josep M. Planes. Set trets al periodisme a la Rabassada, donde el colega Jordi Finestres narra la carrera profesional y el trágico final de un intelectual demócrata y catalanista que fue asesinado en 1936 por los pistoleros de la FAI por denunciar sus crímenes en varios reportajes.

Por cierto, Josep M. Planes es un muerto de nadie: la dictadura, como es lógico, no lo incluyó entre sus “caídos por la patria” y hoy, por no haber muerto a manos de los franquistas, tampoco encaja en los homenajes que promueve el Memorial Democràtic.

Hoy, 14 de abril, 77 años después de la proclamación de la Segunda República, también recordamos el septuagésimo aniversario del fusilamiento en Burgos de Manuel Carrasco i Formiguera. Lo mataron los franquistas tras haber huido de Catalunya por las amenazas anarquistas, amarga ironía. Fueron otros catalanes, partidarios de Franco, quienes declararon contra el dirigente de Unió. ¿La verdad? Más que los restos de las fosas yo espero que alguien, tal vez un comisario de la memoria bien subvencionado, escriba pronto un libro tan valiente como Versión corregida, la obra donde Péter Esterházy narra cómo descubrió que su padre había colaborado como informador con la policía secreta del régimen comunista húngaro entre los años 1957 y 1980. Casos equivalentes, tan o más interesantes, no nos faltan en Catalunya.