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El Gobierno teme una nueva escalada de agravios en Valencia y Murcia

Algunas de las letras giradas durante la anterior legislatura están venciendo antes de que se constituya el nuevo Parlamento español. En puertas de una crisis económica de inciertas proporciones, emerge por mandato de ley orgánica - por mandato del Estatut de Catalunya- el debate sobre la financiación de las autonomías, embravecido por el misterio de las balanzas fiscales. Y reaparece, como el Guadiana, pero un poco más arriba, el psicodrama de los trasvases de agua.

En plena ofensiva de los barones regionales del PSOE (Andalucía, Extremadura, Galicia…) contra la publicación de las balanzas fiscales, el Gobierno en funciones prohibió ayer al Govern de la Generalitat la extracción de agua del río Segre hacia la cuenca del Llobregat para el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona, afectada por una grave sequía. Así lo anunció, sin medias tintas, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, al término del Consejo de Ministros. Era la penúltima reunión de un mandato que comenzó precisamente con la abrogación del trasvase del Ebro proyectado por el gabinete Aznar, con el aplauso entusiasta de la mayoría de valencianos y murcianos. La historia, una vez más, adoptaba un movimiento circular. Tanto es así que la vicepresidenta, diputada electa por Valencia, dijo: “No hay ni habrá trasvase del Ebro”. La señora De la Vega daba así por supuesto que el río Segre es afluente del Ebro. Más claro el agua.

Hay dos mensajes. En primer lugar, el Gobierno ejerce su competencia sobre la cuenca hidrográfica del Ebro, exhibiendo autoridad política ante la Generalitat de Catalunya. Sin preaviso. Es la primera vez que ello ocurre, al menos de una manera tan rotunda, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Nos nos temblará el pulso ante el tripartito catalán, vino a decir ayer la vicepresidenta del Gobierno. En segundo lugar, evita el recrudecimiento del conflicto con Valencia y Murcia, comunidades que se han fortificado como bastiones del Partido Popular, gracias a la querella del agua y al mito de los catalanes “insolidarios”.

Según fuentes gubernamentales consultadas, la cuestión de Valencia y Murcia ha sido determinante en el enérgico veto del Gobierno, pese a la grave situación de sequía que padece Catalunya y particularmente el área de Barcelona. Ayer mismo, el promotor del trasvase, el conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, hablaba de “emergencia nacional”.

Grandes palabras de escaso vuelo. La “emergencia nacional” reverberaba por la mañana como justificante de una iniciativa problemática; al mediodía yacía sepultada bajo el peso del Estado; y por la tarde iniciaba la retirada por la senda de la semántica. Según el conseller, no se trata de un trasvase sino de una extracción provisional de agua (siete u ocho meses), difícil de calificar. “Pronto encontraremos una palabra”, dijo, en un alarde creativo.

La cuestión de Valencia y Murcia ha sido determinante. Pero pintan bastos. Para la aventura tripartita de José Montilla, que nunca ha gustado al PSOE. La música con la que se anuncia la segunda legislatura de Zapatero no es catalana. No lo es.