El agua está donde siempre, de Enrique Badía en Estrella Digital
Ha acabado pasando lo que tenía que pasar: el Gobierno de la Generalitat de Catalunya estudia a toda prisa proyectos de trasvase de cuencas políticamente rechazados para tratar de paliar la aguda escasez que amenaza el área metropolitana de Barcelona y significados enclaves del litoral. Sólo que procura hacerlo de tapadillo, presentando como distinto lo que a todas luces es igual. Así, a modo de muestra, propone capturar caudales de la margen izquierda del Ebro, restándolos de los afluentes que nutren el río, en lugar de acopiarlos en las partes finales de su recorrido hasta el mar. Sería interesante conocer, entre otras cosas, qué opinan los expertos ecologistas sobre el impacto ambiental de esta solución.
Dejando aparte las opiniones que merezca este ejercicio de prestidigitación política —otros dirán hipocresía—, lo peor es que sigue poniendo de manifiesto una inquietante incapacidad o falta de voluntad política —quizás ambas cosas— para abordar seria y rigurosamente un problema capital para esta sociedad: el agudizado desequilibrio entre disponibilidad de agua y concentraciones de población. A lo que se podrían añadir otras dejaciones no menos relevantes: el olvido perpetuo de que alrededor del 80 por ciento del agua consumida se destina a usos agrícolas, no siempre sujetos a racionalidad económica; o que la pérdida en conducciones y distribución urbana alcanza cuantías imposibles de justificar.
Sin demasiada lógica, se ha implantado la consideración de que los caudales son algo así como propiedad de quienes residen en las riberas de los cauces por donde fluyen. Haciendo abstracción, según tan insólito planteamiento, de los hipotéticos derechos que pudieran corresponder a los moradores de las tierras donde llueven. Sobre esa idea se ha construido lo esencial del debate político, hasta quedar plasmado en algunos de los estatutos de autonomía ya revisados, otorgando a las autoridades territoriales la plena potestad de disponer sobre los cauces y aguas que discurren por su comunidad.
Ese planteamiento obvia muchas cosas, pero una que no suele comentarse es la referida a la concentración poblacional. El caso de Barcelona, y por extensión el conjunto de Cataluña, es ilustrativo.
El Principado catalán cuenta hoy con una población en torno a los 8 millones de personas, sin contar los flujos turísticos captados que, por cierto, lo mantienen como el principal receptor de visitantes del Estado. Teniendo en cuenta que hace diez años apenas alcanzaba los seis millones, resulta que ha crecido alrededor de un 30 por ciento sin aumentar un ápice sus disponibilidades hídricas. Huelga decir que todos esos nuevos moradores se han establecido allí libremente, igual que lo hicieron otros muchos en la segunda mitad del pasado siglo. Una realidad que, sin duda, se puede abordar desde lecturas diferentes, pero con conclusiones parecidas en lo que se refiere al problema de que el agua disponible no alcance para satisfacer sus necesidades.
Una deducción es que muchos han elegido vivir allí y no en otros lugares con abundancia de agua, incluso trasladándose desde éstos al territorio catalán. Los muchos aragoneses residentes en el Principado, por ejemplo, ¿no tienen el mismo derecho que los que se han quedado en su lugar de origen a reclamar su cuota parte del agua del Ebro considerada aragonesa? El razonamiento puede sonar un tanto absurdo, pero no más que la reivindicación de propiedad que esgrimen los naturales del lugar.
Otra evidencia tiene carácter más amplio, dado que también se puede aplicar a territorios que, como el señalado caso de vastas áreas de Murcia, reclaman de forma ruidosa la solidaridad del resto. Es, ni más ni menos, que la dejación que ha caracterizado el desarrollo urbanístico, en parte también el agrícola, de zonas en las que de siempre estaba claro no existían recursos —agua— para asegurarles una mínima viabilidad. Es, en definitiva, un asunto complejo en el que, aunque sea fácil recurrir a ellas, resultan poco útiles la demagogia y la simplificación.
Un debate racional, ponderado y riguroso sobre el problema del agua, que diera paso a una política eficiente y lo más consensuada posible, sería un propósito a cubrir en la legislatura que está a punto de iniciarse… pero, tal como están las cosas, suena más a utopía ingenua que a potencial realidad.
