Entre normas y privilegios, de Jordi Borja en El País de Cataluña

Creo que fue Ridruejo, ya convertido en un liberal progresista, el que dijo que de entrada se conformaba con una Constitución que estableciera que nadie tenía derecho a pretender salvarnos. La Constitución nos protege en nuestras libertades en bastantes aspectos, pero no de la vocación salvadora de las religiones y de las instituciones políticas. Regreso de una semana de estadía en París; el gran tema ya no es Sarkozy y sus amores sucesivos, sino la prohibición de fumar en cualquier local cerrado. No soy fumador, pero como le dijo Churchill a un opositor: “No estoy de acuerdo con sus ideas, pero lucharé siempre para que usted pueda defenderlas”. Los derechos de fumadores y no fumadores pueden ser compatibles sin que sea preciso aniquilar a los primeros. En París estuve en el encantador Cirque d’Hiver de la familia Buglione, pero en Barcelona la obsesión ordenancista del gobierno municipal le hizo prohibir los espectáculos con animales y los circos deben instalarse en la periferia. Pero el Zoo (municipal) ofrece espectáculos con animales y se olvidan que los de los circos viven de su trabajo y si se les quita no les queda otra salida que la reclusión o el sacrificio. En nuestra ciudad este afán redentor ha alcanzado cimas dignas de guinness: declaración de ciudad antitaurina sin ser competente en la materia o el examen de los músicos y las estatuas humanas de La Rambla para calibrar su “calidad” antes de autorizar su oferta callejera. Sin olvidar la lamentable ordenanza de “civismo” que pretende protegernos del “escenario visual no deseado”, como decía su primera exposición de motivos; es decir, el derecho a no ver lo que puede disgustarnos, y que es rigurosamente inaplicable.

Uno sospecha que esta voluntad ordenancista, que es retórica e inoperante en unos casos y abuso de poder sobre sujetos vulnerables en otros, y que en nombre de unos derechos infringe otros, puede ocultar la incapacidad de garantizar derechos superiores o que afectan a muchos más ciudadanos. Como no resolvemos bien el acceso de todos a un buen transporte público, aumentamos las medidas de control sobre los automovilistas, aunque la política de infraestructuras da prioridad al uso del vehículo privado. Como no podemos garantizar la vivienda para los jóvenes, multiplicamos las medidas reglamentistas sobre el espacio público o sobre la vida nocturna para conseguir apoyos en la tercera edad. Como hemos hecho la opción de la ciudad parque temático para turistas, tomamos medidas de un puritanismo provinciano en nombre de los derechos de los vecinos y lo llamamos “política de proximidad”.

Todo esto es peccata minuta, algo anecdótico, comparado con la brutalidad episcopal que uno encuentra al volver a casa. Esta vez sí que nos enfrentamos en serio con una agresión consciente a nuestras libertades fundamentales y a nuestros derechos constitucionalmente reconocidos. Los obispos promotores de un absurdo clima de guerra civil son unos fundamentalistas peligrosos. Fundamentalistas al considerar que el único modelo de familia es el que ellos denominan “cristiano”; es decir, el matrimonio religioso destinado a la procreación, que por cierto ellos no practican (y mejor no citar otras prácticas frecuentes a las que parece que son adictos). Es negar la realidad de la diversidad de familias, entendidas como núcleos de convivencia cotidiana basados en el afecto. Obsesionados por el sexo, ven pecado en cualquier manifestación que exprese el placer de los sentidos. Son fundamentalistas en la moral, consideran válida únicamente la suya, y demuestran una ignorancia sólo comparable con su intolerancia. Denuncian el divorcio, el aborto, la relaciones entre homosexuales, la investigación en células madres, etcétera, y pretenden dictar normas obligatorias para toda la sociedad sin aceptar la diversidad de valores sobre estas cuestiones, ni el derecho de los ciudadanos a ejercer unos derechos que les hace en unos casos iguales entre ellos o les permite evitar males mayores. Son fundamentalistas a la hora de determinar que sólo es política democrática la que sigue sus dictados; es decir, son teocráticos, no conciben una educación cívica que no se fundamente en sus anacrónicos catecismos, ni una enseñanza pública que no sea la pariente pobre de la privada y religiosa, que es un negocio subvencionado por el Estado.

Esperemos que este renacimiento de la Iglesia preconciliar, este nacionalcatolicismo antidemocrático que hoy se expresa en la Conferencia Episcopal, reoriente las prioridades higienistas de nuestros gobiernos hacia otras cuestiones y otros sujetos mucho más peligrosos que los fumadores, los circos o los jóvenes noctámbulos. Ahora aparecen los efectos perversos de la timidez del Gobierno a la hora de hacer efectivos los derechos reconocidos por las leyes (como ocurre con el aborto en el ámbito público) o de reducir los injustificables privilegios de la enseñaza privada subvencionada (que imponen la religión y excluyen a la población inmigrante). No sólo no ha servido para apaciguar las resistencias de la cúpula episcopal, que hace la campaña ultra al servicio del PP, sino que les ha envalentonado y ahora proclaman lo que hace 20 años no se atrevían ni a murmurar. Es hora ya de que se aplique lo que es propio de cualquier Estado democrático europeo, la separación de la Iglesia y del Estado, el fin de los privilegios de aquélla y el tratamiento por igual a las diversas creencias religiosas. El laicismo no va contra las religiones, sino contra la voluntad, en nuestro caso, de impedir que una religión en particular imponga sus preceptos y sus privilegios al conjunto de la ciudadanía.

Jordi Borja es profesor de la Universitat Oberta de Catalunya

El dudoso encanto del anacronismo, de Francisco M. Erice Sebares en La Voz de Asturias

Las monarquías actuales poseen el dudoso encanto del anacronismo. A más de doscientos años de la proclamación solemne de la soberanía del pueblo, a los monarcas se les continúa llamando “soberanos”. Después de siglos de secularización, los reyes siguen recibiendo el título de “majestad”, que evoca cualidades típicas de la divinidad. La monarquía exhibe ostentosamente la fuerza de la sangre en sistemas que reivindican en sus bases la igualdad de los ciudadanos independientemente de su nacimiento. ¿Cómo puede explicarse que una institución así pueda no sólo pervivir en muchos lugares, sino incluso haber revivido en un país europeo como la España de la segunda mitad del siglo XX? Hay, seguramente, una significativa paradoja que debería movernos a reflexión: las democracias realmente existentes, portadoras de algo tan imprescindible y a la vez tan insuficiente como las libertades políticas, se han asentado históricamente sobre estructuras económicas y sociales no democráticas sino rígidamente jerárquicas, sobre formas de dominación patriarcales, y en instituciones (ejércitos, iglesias, incluso monarquías) ajenas al sufragio o la decisión ciudadana. Más que como sistemas basados en el gobierno del pueblo, aun entendido en sentido amplio, han funcionado como mecanismos de selección de élites gobernantes. La existencia en España de una monarquía no es, ciertamente, una anomalía en una Europa donde pueden encontrarse situaciones análogas. Lo anómalo es que esa institución proceda de otro anacronismo que duró cuarenta años y que, paradójicamente, para consolidarse, tuvo que actuar en el sentido de acabar con el régimen que hizo posible su re-instauración. El franquismo sin Franco era un imposible: ni la presión de las fuerzas populares, ni los cambios sociológicos, ni el contexto europeo lo hubieran permitido. Mérito del monarca o de quienes le rodeaban fue comprender que era preciso que todo cambiara (las formas políticas), para que todo siguiera igual (los grandes intereses económicos y sociales).

La Transición fue una operación perfectamente diseñada que, si tuvo algún piloto, fue colectivo (los poderes que mandan a los que gobiernan). La mitología al uso, arropada por una construcción de imagen y un culto a la personalidad muy eficaces, otorga un papel privilegiado a un personaje individual que, suponiendo que hubiera querido, no habría podido hacer algo sensiblemente distinto. Sin restar mérito a los individuos, sabido es que no pueden oponerse a las grandes fuerzas de la historia. Juan Carlos I hizo lo que seguramente hubiera hecho otro bien aconsejado en su lugar; de no ser así, se hubiera convertido en el breve, triste y trágico destino que algunos optimistas opositores de entonces auguraban a quien hoy ostenta la corona de España.

La tranquilidad que el Rey pudo imponer a los poderes fácticos era la seguridad de que las fuerzas de un cambio más avanzado habían sido eficazmente embridadas y que España entraba en el camino de una tranquila democracia coronada, donde un nuevo partido conservador-canovista (hoy el PP) y otro liberal-sagastino (PSOE) se turnarían pacíficamente en el ejercicio del gobierno. El poder, evidentemente, es otra cosa.

La monarquía antaño aristocrática se ha ido haciendo burguesa. Sus detentadores se dedican ahora a los negocios, casan a sus hijos con plebeyos y llenan las páginas del papel cuché. Y en este sistema más estancado que estable, la clase política aupada por la soberanía del voto y la alta institución elevada por encima del sufragio cumplen al unísono el mismo papel. Todos defienden, en las cumbres internacionales los intereses de España (o sea de las multinacionales españolas), la Europa neoliberal, la economía de mercado y el sistema parlamentario cristalizado en 1978. Es evidente que, en este contexto, la monarquía cumple su función, y el Rey es o ha sido y probablemente es un buen funcionario. Pocos reproches se le pueden hacer en ese sentido. De hecho, durante muchos años, casi nadie parecía acordarse que este país, hace ahora 77 años, albergó el hermoso sueño de convertirse en lo que la Constitución de 1931 denominó una “república de trabajadores de todas clases”.

Francisco M. Erice Sebares, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Oviedo